Una de las manifestaciones más relevantes de la precariedad es la dualidad del mercado laboral, que supone una marcada diferencia entre aquellos trabajadores desprotegidos que tienen un alto riesgo de verse desempleados y los trabajadores protegidos que no lo tienen. A raíz de esto, es plausible pensar que existe un cierto conflicto de interés entre grupos de trabajadores. No obstante, argumento que una teoría política adecuada tiene que poder dar cuenta de si existen afinidades de fondo y capacidad de acción colectiva entre ambos grupos. Para explorar esta posibilidad presento primero la concepción republicana del bien común y después el modelo laboral derivado de la misma. Finalmente, explico que, incluso en su situación actual, estos grupos de trabajadores aún mantienen fuertes intereses compartidos.
One of the most relevant manifestations of precarious work is the dualization of the labour market, which involves a sharp difference between the unprotected workers who have a high risk of being unemployed and the protected workers who do not. As a result, it is plausible to think that there is some conflict of interest between groups of workers. Nonetheless, I argue that an adequate political theory must account for whether there are underlying affinities and capacity for collective action between the two groups. To explore this possibility, I first present the republican conception of the common good and then the labour model derived from it. Finally, I explain that, even in their current situation, these groups of workers still maintain deep shared interests.
Las relaciones laborales configuran de manera fundamental nuestras expectativas de vida. Nos pasamos gran parte del tiempo trabajando, nuestros ingresos dependen de ello y las actividades que realizamos son decisivas para nuestro bienestar. Por eso, dada la relevancia normativa del trabajo remunerado, es importante tener en cuenta las transformaciones económicas que afectan a nuestras sociedades. La imagen de un trabajo estable, con una carrera predecible orientada en el largo plazo, con garantías o prestaciones e ingresos constantes, responde a lo que se ha dado en llamar “relaciones de empleo estándar” (
La precariedad laboral se refiere a una inseguridad e inestabilidad relacionada con la posición del trabajador en el mercado. Esta inseguridad e inestabilidad tiene diferentes dimensiones: 1) en relación con el empleo, significa la involuntaria falta de continuidad en el mismo, falta de oportunidades laborales o empleo involuntario en trabajos a tiempo parcial; 2) en relación con ingresos y servicios, significa menores oportunidades para obtener una fuente de ingresos estable, un peor acceso a salarios monetarios, subsidios, servicios sociales o beneficios privados otorgados por el empleo; 3) en relación con la representación colectiva, significa mayores dificultades para el apoyo organizativo en la relación laboral; 4) en relación con las condiciones de trabajo y los estándares laborales, significa menos control del tiempo trabajado, los horarios o las actividades realizadas, las horas extras o el lugar donde realizar la labor (
En Europa la precariedad está estrechamente relacionada con la dualidad del mercado de trabajo, que implica la existencia de una marcada distinción entre las personas que son vulnerables al desempleo y las personas que no lo son (
Las consecuencias políticas de la precariedad en mercados laborales duales son fundamentales. Se alteran las preferencias sobre políticas públicas y las percepciones sobre el Estado del Bienestar o las coaliciones posibles, puesto que no todos los implicados tienen los mismos incentivos, y organizaciones como partidos o sindicatos tienen que lidiar con demandas que pueden ser difícilmente compaginables (
... las transformaciones económicas recientes no solo estarían generando desigualdades en términos agregados, sino que podrían también estar haciendo más heterogéneos los intereses de los potenciales beneficiarios de la redistribución. […] Si las políticas del Estado de bienestar se entienden […] como seguros que la sociedad compra para protegerse de eventualidades asociadas al funcionamiento de los mercados y a las capacidades de los individuos de participar en ellos, entonces el que el perfil de los riesgos de unos y otros sea cada vez más diferente debería llevar aparejado una mayor dificultad para ponernos de acuerdo en qué tipo de políticas de protección social queremos (
En esta línea pueden plantearse dilemas en la elección de políticas públicas. Por ejemplo, se puede argumentar que las protecciones contra el desempleo que favorecen a los trabajadores estándar dificultan la flexibilidad del mercado laboral y son adversas para los precarios. En su crítica a la dualidad del mercado laboral europeo
Aunque, como argumenta Van Parijs, es plausible pensar que en cierta medida existen intereses diferentes y conflictivos entre grupos de trabajadores, lo que resulta más cuestionable es que sea un conflicto irresoluble de suma-cero o que una solución a esa situación tenga que concebirse únicamente como una distribución que compense a los menos aventajados
Para responder a este problema presento un marco normativo basado en la filosofía política republicana contemporánea. La visión republicana del bien común aporta criterios para discernir cómo los intereses de los ciudadanos se aúnan al conformar su vida conjunta bajo instituciones democráticas (Sec. 2.1.). A continuación, argumento que las ideas republicanas, tradicionalmente referidas a la ciudadanía, pueden trasladarse a las relaciones laborales (Sec. 2.2.). Este modelo normativo es más ambicioso y justo que la propuesta de alcanzar una solución de compromiso (
El republicanismo contemporáneo se asienta sobre la idea de que los ciudadanos deben vivir bajo instituciones que protejan su libertad, de modo que la comunidad política esté formada por individuos libres que determinan las condiciones de su vida en común. Según el republicanismo la libertad es ausencia de dominación. Ser libre significa estar resguardado frente a las interferencias incontroladas de terceros o del Estado (
Teniendo en cuenta esta sucinta exposición, hay tres condiciones generales implícitas en el buen funcionamiento de la comunidad política: se persigue el bien común cuando la ciudadanía es una condición relacional, institucionalizada y cooperativa. Primero, al estar diseñada para salvaguardar el estatus de libertad de todos los ciudadanos, la
Segundo, tradicionalmente los republicanos han entendido que aquellos mecanismos operan de acuerdo con instituciones y normas sociales que aportan garantías y procedimientos para habilitar la toma de decisiones conjuntas. Mientras que para la concepción liberal clásica lo primordial es distribuir derechos individuales que permitan limitar las intromisiones del Estado y otros particulares en nuestros negocios particulares (
Tercero, los ciudadanos se coordinan en contextos de suma positiva en los que pueden cooperar respecto a fines mutuamente compatibles. En un contexto de suma cero, donde cada ganancia de uno es simultáneamente la pérdida de otro, no puede existir cooperación que genere ventajas mutuas. Al contrario, cuando diferentes personas cooperan en un contexto de suma positiva los beneficios totales son mayores que la mera adición de lo que conseguirían por separado. En ese sentido, los Estados actuales consiguen coordinación a gran escala, proveyendo de bienes que difícilmente podrían proveer particulares, como el sistema de justicia, el alumbrado, las infraestructuras de comunicación o la seguridad. Además, debido a su escala son entidades formidables para reducir riesgos sociales, dado que, según la “ley de los grandes números”, cada vez que aumentamos el número de contribuciones individuales a algún fondo común, la pérdida máxima posible para cada individuo se reduce drásticamente (
La idea de suma positiva se complementa además con la de fines compatibles. Como explica Waheed Hussain, “las instituciones pueden maltratar a las personas definiendo un marco normativo en el que la única manera de que una persona asegure un bien importante es formulando y llevando a cabo con éxito un plan que interfiera con la formulación y la realización exitosa por parte de otra persona de un plan para asegurar un bien importante” (
En definitiva, hablamos del bien común de forma indirecta, como el subproducto de la actividad política de ciudadanos que son libres republicanamente. La ciudadanía tiene entonces la condición de ser relacional, institucionalizada y cooperativa. Como son características de un alto grado de abstracción no determinan estrechamente el contenido del bien común, pero sí que funcionan como constricciones sobre el tipo de resultados que son aceptables en el marco de una república bien ordenada, verbigracia, tendríamos que rechazar la destrucción de infraestructuras que van el interés de todos o que son notoriamente eficientes, u objetar las causas de dinámicas de rivalidad destructivas o el control de las decisiones de los ciudadanos por terceros agentes, etc. Salvadas las tres condiciones, las decisiones democráticas pueden caracterizarse como interferencias no-arbitrarias, orientadas al bien común. En suma, las condiciones para que surja el bien común nos señalan la clase de razonamiento práctico que incluye una mutua consideración por el resto de los ciudadanos.
Podría objetarse que el estatus de ciudadanía es un objetivo normativo republicano restringido a la esfera política. No obstante, el trabajo ha sido un medio de integración social -además de un medio de exclusión de las mujeres debido al modelo familiar de un solo sustentador-, que ha dado acceso a las prestaciones necesarias para adquirir lo que los republicanos siempre identificaron con la libertad, a saber, un estatus social mínimamente independiente. En el contexto de economías avanzadas posteriores a la II Guerra Mundial la ciudadanía adquirió un cariz “social” o “industrial” y la legitimidad democrática se hizo dependiente de los derechos sociales de los ciudadanos (
La empresa es una institución que internamente regula la coordinación de diferentes agentes gracias a relaciones de autoridad, sin tener que sustanciar cada proceso a partir de contratos adicionales (
Un gobierno es privado respecto a un sujeto si puede emitir órdenes respaldadas por sanciones, respecto algún dominio de su vida, de modo tal que ese sujeto no tiene voz sobre cómo opera ese gobierno y no tiene derecho a que se tengan en cuenta sus intereses […] en las decisiones tomadas (
Los trabajadores son gobernados “privadamente” cuando la autoridad del empleador no está embridada y actúa incontroladamente -de forma arbitraria- sobre sus vidas, como un poder social del que estos dependen
De hecho, para promover la libertad de los trabajadores no solo tenemos que democratizar las empresas, sino asegurar un entorno económico equitativo (
Las empresas existen porque su capacidad de coordinación resulta eficiente en comparación con la coordinación de productores independientes por el mercado (
Una cosa es proponer modelos normativos y propuestas institucionales bien fundadas, que de ser implementadas satisfarían a todos resolviendo el problema de los menos aventajados, otra cosa distinta es cómo enfocar este problema desde el punto de vista de los intereses inmediatos de los trabajadores y de las posibles coaliciones entre ellos. Podría suceder que, aunque el modelo republicano fuese completamente justo y factible como hipotético punto de llegada, trabajadores protegidos y precarios estuviesen irremediablemente enfrentados y sin visos de encontrar soluciones mutuamente satisfactorias en su contexto. Es decir, debemos preguntarnos por los “intereses compartidos”, esto es, las razones prudenciales que cada implicado tiene a favor de acciones o políticas que también benefician al resto de implicados. En ese camino, y a pesar de los conflictos mencionados en el primer apartado, presento dos argumentos:
Según el primer argumento, debe ser posible tomar como referencia la posición social de los menos aventajados sin que esto menoscabe a los grupos sociales adyacentes. Exploro brevemente esta posibilidad sin pretender dar una respuesta concluyente, que por otra parte depende de supuestos empíricos más detallados. No pretendo determinar con precisión la extensión del grupo más general de trabajadores, ni presumo que todo trabajador vaya a poder caer bajo esta categoría, simplemente ofrezco unos criterios orientadores según la concepción republicana del bien común, empezando por la condición relacional de los trabajadores y siguiendo con las condiciones cooperativa e institucionalizada.
Primero, según la condición relacional, los individuos tienen que compartir una serie de características sociales relevantes, en este caso, características de la relación laboral que indican una capacidad de agencia similar. Los dos aspectos fundamentales con los que la sociología clásica diferenciaba a los trabajadores asalariados de los empleadores, de Marx a Weber, son la autoridad laboral y los derechos de propiedad sobre el capital (
Respecto a la autoridad laboral los trabajadores tienen un interés en que el gobierno de la empresa sea eficiente y considerado con sus intereses, y a su vez, respecto del mercado necesitan oportunidades laborales para poder ser productores activos o para que el mantenimiento de su puesto no sea el resultado reticente de la falta de alternativas. Los trabajadores precarios son especialmente vulnerables frente a la autoridad del empleador, puesto que tienen un menor control de sus circunstancias laborales. Su menor seguridad en poder mantener su puesto puede llevarlos a mostrar deferencia y el resto actitudes serviles que los republicanos siempre relacionaron con el hecho de vivir
Segundo, las demandas de ambos grupos reflejarán intereses compartidos si apuntan a un contexto de suma positiva, de modo que puedan cooperar respecto a fines compatibles. Aunque diéramos por cierta la tesis de que grandes protecciones contra el despido empeoran la situación de los precarios, y que su eliminación les favorece y perjudica a los trabajadores estándar, de esto no se sigue que no haya una serie de políticas públicas factibles que sea Pareto eficiente respecto a ambas posiciones. Como apunta Wright, “diferentes segmentos de una clase comparten los mismos intereses generales sobre las reglas óptimas dentro del capitalismo, pero difieren en la prioridad relativa de cambios potenciales en las reglas existentes y pueden tener intereses opuestos sobre reglas específicas en determinados contextos históricos” (
La situación en la que se ven inmersos multitud de trabajadores contrasta con la suerte de superejecutivos y profesionales de altísimos ingresos, que pueden cobrar decenas o centenas de veces el salario mediano. Como bien ha señalado
Respecto a la tercera condición, ya vimos que el bien común surge de normas e instituciones que posibilitan la participación y deliberación de todos. Lo característico de luchas históricas como la del movimiento obrero es que han existido colectivos con la suficiente fuerza como para reclamar normas e instituciones que en su momento ni siquiera existían. Por tanto, desde el punto de vista de la capacidad de acción colectiva de los trabajadores resulta excesivo hablar de procedimientos y garantías legales que garanticen la igual libertad de todos -esta situación se daría en un modelo acabado de republicanismo laboral-, pero sí que es concebible que estos grupos basen esta capacidad en organizaciones, como sindicatos o partidos, que representen los intereses de sus miembros de forma confiable. Estas organizaciones se encaminan a su condición de institucionalizar el bien común si existen normas que regulen su comportamiento, procedimientos internos de decisión democráticos, además de una composición de miembros representativa y un
El mayor problema para que se antepongan los intereses compartidos seguramente se encuentra en esta última condición, precisamente porque los precarios sufren una falta de representatividad en partidos y sindicatos. De los tres criterios del bien común este último obedece a los medios necesarios para promover intereses de modo imparcial y estable, mientras que los dos primeros refieren a la similitud de posiciones y a los beneficios que eventualmente pueden conseguirse. Tenemos únicamente razones
Según el segundo argumento tenemos razones adicionales para pensar que las condiciones de precariedad laboral son objetables al margen de su comparación relativa con el trabajo estándar. Primero, el punto de discusión inicial era que los precarios padecen una inseguridad e inestabilidad crónicas debidas a su falta de inserción en el mercado laboral. No obstante, padecen esta situación, en parte, debido a condiciones que también perjudican o pueden llegar a perjudicar al resto de trabajadores (y empresas). Tienen peores oportunidades laborales, porque, entre otras cosas, ciertas empresas adquieren ventajas competitivas respecto a otras debido a que no cumplen con los mismos estándares laborales y de protección social. Este proceso, denominado
La dualidad fractura los intereses y hace más complicadas las coaliciones entre los individuos en la mitad inferior de la distribución de la renta. No obstante, la precarización podría expandirse hacia otras ocupaciones si la dinámica tecnológica o político-económica apunta en esa dirección, por ejemplo, a consecuencia de la robotización, lo cual facilitaría una mayor comunidad de intereses entre todos los afectados.
Finalmente, hay que mencionar que otrora republicanos como
Incluso en términos prudenciales hay razones para considerar que existe una comunidad de intereses entre trabajadores. Esto no es óbice para que estos intereses den lugar a lazos de solidaridad que refuercen las posibles coaliciones y las hagan más inclusivas. Lo dicho debe tomarse con un grano de sal, pues para que los intereses se transformen en coaliciones efectivas y políticas públicas deben darse las condiciones adecuadas, que difícilmente pueden establecerse con generalidad al margen de un estudio empírico más detallado de los grupos y su contexto. En resumen: en cierta medida existe un conflicto de intereses que da lugar al problema de los menos aventajados, ya que la dualidad dificulta consensuar prioridades entre trabajadores. Por una parte, la teoría republicana aporta un modelo normativo ambicioso, basado en la libertad recíproca de los ciudadanos, que puede trasladarse a las relaciones laborales. En ese modelo los trabajadores pueden convivir a la luz de reglas que garantizan su bien común. Por otra parte, respecto a sus intereses inmediatos los diferentes grupos de trabajadores tienen razones para desear medidas que vayan en su mutua satisfacción. Ello es así debido a que en cierto grado comparten una condición relacional, cooperativa e institucionalizada, y porque de otro modo sufrirían perjuicios mutuos derivados de la precarización.
Este trabajo se ha beneficiado de una beca FI de AGAUR y se enmarca en el proyecto de investigación “Justicia y trabajo: un análisis normativo de formas de trabajo no estándar”, ref. PGC2018-095917-A-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El autor agradece los comentarios a un borrador previo realizados por Pablo Magaña.
La precariedad puede usarse como un término que denota tendencias sociales generales, o como un término que se refiere únicamente a las condiciones laborales. En el primer sentido “ontológico” puede usarse para describir diversos aspectos de las sociedades contemporáneas -el sociólogo Zygmunt Bauman se refiere a la inestabilidad general de la cultura moderna y a la falta de referentes fijos de estas sociedades-. Aquí sigo el segundo sentido, que engloba las cuatro dimensiones que menciono, y que, si bien son conceptualmente diferentes, empíricamente suelen ir de la mano.
Según John Rawls “la idea intuitiva es que, puesto que el bienestar de todos depende de un esquema de cooperación sin el cual ninguno podría llevar una vida satisfactoria, la división de ventajas debería ser tal que suscite la cooperación voluntaria de todos los que toman parte en ella, incluyendo a aquellos peor situados” (
Si bien es cierto que Van Parijs usa la dualidad como premisa para argumentar a favor de una renta básica que eleve el umbral mínimo de ingresos de los trabajadores desprotegidos, otros autores pretenden mejorar la perspectiva de estos por medio de erosionar los derechos de los trabajadores estándar (
Esta noción de ciudadanía estaba ya clara en
Haciendo énfasis en el aspecto deliberativo de la democracia podríamos añadir que el bien común no surge de agregar las preferencias particulares de cada uno, como si de un “mercado político” se tratara (
En este artículo reconstruyo la postura republicana actual y no discuto otras concepciones del bien común. Por ejemplo, podría plantearse una concepción utilitarista basada en la maximización de las preferencias agregadas, o una concepción más reducida en la que el bien común se define por aquello que genera aceptación unánime (
La desigualdad asociada a la precarización y a la creciente acumulación de riqueza de las últimas cuatro décadas es, según Thomas Piketty, un retorno a la vieja normalidad del capitalismo, que había sido suspendida por el contrato social de posguerra. Siguiendo una caracterización que recuerda enormemente a Rawls, Piketty argumenta que, “en una democracia, la igualdad proclamada de los derechos del ciudadano contrasta de manera singular con la desigualdad muy real de las condiciones de vida, y para salir de esta contradicción es vital hacer que las desigualdades sociales sean el resultado de principios racionales y universales y no de contingencias arbitrarias. Por ello, en este caso, la desigualdad debe ser justa y útil para todos” (
Los empleadores tienen derechos residuales para decidir en todo lo que no está explícitamente cubierto por la ley y el contrato. En los mercados de trabajo no hay objetos definidos y perfectamente cuantificables para ser vendidos, solamente se establecen promesas de entregar una cantidad indeterminada de fuerza de trabajo (
Cabe señalar que la etimología del concepto de dominación proviene precisamente de las relaciones domésticas (del latín
Existe una pluralidad de enfoques republicanos según la relativa importancia atribuida a los diferentes medios que señalo. Hay un extendido énfasis en la participación de los trabajadores, pero aquí encontramos una división entre los que proponen la completa democratización de la economía y el control de los activos productivos a partir de cooperativas de trabajadores (
La eficiencia es un elemento distintivo en comparación con la esfera política, donde no juega un papel tan relevante. Es objeto de debate teórico y empírico hasta qué punto la eficiencia y la libertad republicana pueden o deben avanzarse conjuntamente (ver
Con el surgimiento de la
La propuesta de una renta básica incondicional que propone Van Parijs, en caso de estar basada en un sistema impositivo muy progresivo, sería una mejora simultánea para ambos grupos (p. ej. el primer y el quinto o sexto deciles). Como todos los ciudadanos adultos la reciben, supone una ventaja frente a las medidas condicionales porque no fiscaliza a los menos aventajados, no crea trampas de pobreza y no identifica a los que la reciben con un colectivo separado de los trabajadores activos.
Que los trabajadores tengan razones prudenciales para desear acciones o políticas mutuamente beneficiosas no implica que no existan incentivos en la dirección contraria, que los costes asociados a realizar acciones colectivas no sean altos, o que estas razones se den en todos los escenarios. Si los trabajadores protegidos únicamente observan un
Además de considerar las razones para la acción de diferentes grupos, también conviene desarrollar un análisis de los medios o herramientas de acción política que pueden transformar la situación presente en una dirección compatible con la
Agradezco a
Es posible que el argumento del grupo general sea hoy más complicado de plantear precisamente porque las instituciones actuales fomentan la rivalidad entre trabajadores, deteriorando su condición cooperativa (