De un tiempo a esta parte no dejan de crecer las críticas a la meritocracia tanto en el mundo académico como en la prensa, tanto en el ensayo político como en la literatura de ficción. En general, tales críticas -aunque ciertamente planteadas desde posiciones ideológicas muy distintas- recelan de las jerarquías basadas (teóricamente) en la inteligencia y el talento o asumen que la idea de mérito es, básicamente, una ficción tan arrogante como reconfortante, una suerte de coartada egoísta útil para la justificación de las desigualdades sociales (en general) o, en particular, para la elusión de las obligaciones tributarias o para la oposición a medidas de acción positiva y que la meritocracia (aunque sin precisar qué se entiende exactamente por ella) es un modelo no solo contrario a valores como la igualdad o la solidaridad, sino también al bien común. ¹

Si nos fijamos en los aspectos anti-intuitivos más llamativos de estas críticas (que la recompensa al mérito sea contraria al bien común), sería interesante recordar que desde la primera aparición del término -posiblemente en la ficción distópica de Michael Young The rise of meritocracy ² - la idea de meritocracia ya se habría presentado problemáticamente. En 1958, aquel sociólogo y activista político británico anticipaba un panorama sombrío, no exento de una amarga ironía, en un hipotético futuro en el que una suerte de élite legitimada por su inteligencia ostentaba el gobierno reforzándose continuamente hasta constituir paradójicamente una nueva casta no muy distinta a la rígida estructura estamental que precisamente la moderna idea de mérito había logrado derruir.

Otro argumento contrario a la meritocracia apunta a sus efectos sobre la igualdad. Efectivamente, la meritocracia es un modelo que sustituye las antiguas bases de legitimación de la desigualdad (el nacimiento, la familia o la compra de títulos) por otras en teoría más abiertas y plurales (básicamente, el esfuerzo individual, la aptitud, el examen o el título académico), pero pensar a fondo esta transformación y su impacto sobre la igualdad debería conducir a un juicio que mostrara no solo los aspectos negativos, sino cuáles de estos aspectos transformadores suponen un logro vinculado a la idea de progreso y cuáles, entre ellos, se caracterizan por una suerte de ambivalencia.

Efectivamente, aunque la idea de que quienes detenten méritos ocupen el poder es de larga data (en la antigua China ya hay un sistema de exámenes a lo que podemos considerar un precedente de los sistemas de acceso a la función pública y, en un sentido literal, Platón propuso en República que los más sabios ocuparan el poder) cuando hablamos de meritocracia aludimos a la moderna sustitución de un sistema de desigualdad basado en el nacimiento por otro basado en atributos individuales. Es cierto que la mayoría de ellos (pensemos, en la inteligencia o el esfuerzo desempeñado en una industria) resultan prontamente apreciados por el modelo económico del liberalismo, básicamente, la nota de la individualidad que adjetiva el desempeño o la iniciativa, así como el tipo de recompensa material que lleva aparejada. Con todo, la extensión del modelo meritocrático puede leerse también en un sentido consecuencialista relacionado tanto con la democracia como con el bien común. En El antiguo régimen y la revolución, Tocqueville describe ese proceso por el cual la nobleza feudal (basada en un criterio de legitimación carismático en los términos de Max Weber) fue sustituida por funcionarios cuya autoridad está delimitada por normas y cuyo desempeño se traduce en una serie de servicios y funciones que tienen como destinatario no solo al Estado, sino a la ciudadanía. En el periodo que va desde finales del siglo XIX a los años sesenta del pasado siglo, la idea de que los méritos educativos pudieran socavar, si no sustituir, los privilegios natalicios y las herencias de clase social no era, pues, ni una reforma conservadora ni una propuesta liberal, sino más bien, un conjunto de convicciones muy transversal que caía del lado de la modernidad. Ese conjunto de convicciones encontraba su origen en un impreciso momento en la evolución de las ideas situándose del lado del progreso (por ejemplo, enfrentado a las tesis sobre el mejor gobierno por la herencia de sangre, la fuerza, la conquista como contribución a la causa regia o las hazañas del pasado de la aristocracia francesa en el debate del conde de Sieyès contra la revolución).

Sin embargo, si un observador del último tercio del siglo XX se hubiera situado en el ángulo más estrecho de los discursos políticos, en lugar de asumir esta perspectiva histórica, habría tenido la limitada sensación de que poco a poco el germen distópico sembrado por Michael Young (en una obra de ficción cabe recordar) por el cual la meritocracia tenía un costado peligroso, se extendía naturalmente en el campo temático de la sociología y en el escenario de la cotidianidad política. Y es que tanto las ideas contraintuitivas como las consecuencias involuntarias o el descubrimiento de los efectos no buscados tienen una poderosa fuerza de atracción en el campo de la formación de la opinión pública. ¿No atrae y arraiga pronto en el imaginario sociopolítico la posibilidad de que una idea acabe provocando justamente los efectos que quería conjurar? Se trata de esa tesis muy repetida en la historia de las ideas políticas y que Albert O. Hirschman llamó “retórica de la perversidad”: ejemplos mundanos del fracaso en la previsión de actores humanos, hitos en la secuencia Hybris-Némesis, ³ renovaciones del mito de Edipo, figura mítica cuya suerte, si se piensa bien, se malbarató el día en que los hombres quisieron actuar frente a la profecía, convirtiendo la acción pensada para impedir la tragedia en un eslabón necesario de la cadena de desgracias que pretendían conjurar. La idea moderna, abstracta y general de mérito enarbolada para poner fin a los privilegios de origen (estamentales y familiares, pero no solo estos) en nombre de la igualdad comenzaba a usarse paradójicamente en un sentido anti-igualitario bajo el abrigo de la revisión neoliberal del credo iniciado en el Segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke.

En lo que sigue, trataré de situar las ideas de mérito y meritocracia en una perspectiva más amplia (más allá de la retórica neoliberal y de su crítica) que las integra y valora precisamente como solución a los problemas de discriminación, infrarrepresentación o “contaminación” de subsistemas sociales que lleva aparejada la influencia de la riqueza, la herencia familiar o el capital social en la asignación de cargos y posiciones.

Es posible que la sencilla fórmula utilizada por Michael Young para definir el mérito: I + E = M (inteligencia más esfuerzo es igual a mérito) ⁴ tuviera un excesivo aire de familia con la célebre enunciación que en el Segundo tratado sobre el gobierno civil estipulara John Locke para legitimar la adquisición (desigual) de la propiedad: Suma de “ingenio e industria” ⁵ Probablemente, esta lectura explicara también la paulatina fagocitación del significado del mérito por parte de la primera ministra Margaret Thatcher desde 1979 y su “hermanamiento” con el paradigma de la individual choice reiterado a fin de impulsar una concepción apologética de la estratificación meritocrática basada en la iniciativa individual frente a lo que se llamaba de forma solo en apariencia inocua “intervencionismo estatal”. En Against Meritocracy Culture, Power and Myths of Mobility, la socióloga británica Jo Littler ya ligaba expresamente el discurso de la movilidad social con una clave de la legitimación de la cultura neoliberal contemporánea en clave tory que, si bien prometía oportunidades individuales, de hecho creaba nuevas formas de división social convenientemente amplificadas -en su versión kitsch- por el discurso del emprendimiento y los “talent shows”. ⁶

Desde esta perspectiva, el uso del mérito individual por la retórica neoliberal sería otra pieza de la política que puntualmente coadyuvó al desmantelamiento del Estado social y al deterioro de las redes tradicionales de cooperación en términos de identidad social y lucha de clases para formar parte de un nuevo imaginario donde la sociedad es de hecho meritocrática aunque en puridad lo único que podríamos decir es que parte del significado que tomó la meritocracia en las últimas décadas del siglo XX fue moldeado por el neoliberalismo de acuerdo con aquella lectura parcial o indebida. Sin embargo, esa percepción sociopolítica tan reductiva del término “meritocracia” se impuso por doquier: al otro lado del espectro ideológico gran parte del laborismo teórico británico, y, sobre todo, una gran mayoría de los jóvenes académicos norteamericanos progresistas asumían ese uso impropio para renovar la razonable precaución del economista canadiense John Kenneth Galbraith:

Por último, si se quiere tantear la vigencia de esa actitud en las primeras décadas del siglo XXI basta atender a la facilidad con la que el filósofo de origen surcoreano Byung-Chul Han daba por hecho que: “Quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza, en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema”. ⁸ La descripción que hace Byung-Chul Han no es central en sus temáticas habituales, pero ello solo es probablemente otro indicador de la extraordinaria (y en mi opinión, imprudente) forma en que se ha extendido acríticamente el uso indebido, restrictivo, arrogante o politizado de la meritocracia que comenzó, probablemente, en una campaña electoral británica ya olvidada: hoy, la esperanza en que la meritocracia remueva formas de desigualdad social no deseables, mitigue la separación entre hijos de familias ricas y pobres o simplemente presente aspectos positivos (la “ambivalencia meritocrática”, por así decir) prácticamente ha desaparecido y la idea de que la meritocracia es un mito reaccionario o conservador se ha convertido en un lugar común.

¿Qué se quiere expresar cuando decimos que la meritocracia es un mito? Ajenos al significado polivalente del término “mito” (renovado en su día por Hans Gadamer no como opuesto a la verdad sino como forma alternativa de narrar), cuando se dice que la meritocracia es un mito posiblemente se quiere expresar que no hay correspondencias significativas (ni en el ámbito público ni en el privado) entre la asignación de posiciones y los méritos personales de un individuo. Si en el ámbito público la impugnación del sistema de acceso por mérito o capacidad implicaría poner el foco en algún sesgo previo, una barrera de entrada, o en la naturaleza de la prueba (sea de acceso o de promoción), en lo que toca al ámbito privado la crítica de la meritocracia apuntaría tanto a la pervivencia de las ventajas de clase como a los nulos, bajos o poco significativos índices de movilidad social vertical (una cuestión propia de la sociología). Pero el hecho de que no exista esa correspondencia, ¿implica que no deba haberla? Y la pervivencia de ventajas asociadas a la familia, a la clase social o al capital heredado, ¿significa que el meritocrático -la asignación de puestos de acuerdo a méritos acreditados en sistemas de competencia abiertos, concursos y oposiciones- no es un modelo deseable al menos en determinados ámbitos? ¿Bajo qué criterio de justicia deberían entonces distribuirse las plazas en una empresa privada, en la judicatura, en la universidad o en un hospital público?

En realidad, la idea de que la meritocracia es un mito es un juicio que resulta solo de cierta observación parcial o de un contraste coyuntural entre la realidad y su percepción (un aspecto de la realidad social y un espectro de la percepción). ¿Qué espectro de la percepción?: la idea de que los puestos de responsabilidad han sido ya distribuidos en función del mérito de las personas que los ocupan. Y en particular, la arrogancia de aquellas personas “de éxito” que atribuyen indebidamente su posición a su supuesto talento o a un hipotético esfuerzo, obviando la herencia familiar, la suerte, la influencia de clase social y una serie de factores no meritocráticos. Cuando en 2009, Stephen McNamee y Robert Miller publican The Meritocracy Myth y señalan que la meritocracia es un término dañino al legitimar por su abuso o por su simple uso desigualdades de poder y privilegios a través de “afirmaciones demostrablemente falsas” ⁹ están reaccionando justamente a ese discurso, lo cual sería legítimo (¡quién no reaccionaría así ante tanta arrogancia!) si no fuera porque al calificar a la meritocracia in toto, estaban cayendo en una falacia de composición lo suficientemente explícita como para pasar inadvertida (al modo de la famosa carta robada de Poe). Si el problema es el impacto de ese discurso arrogante en la distribución de bienes fundamentales, ¿no sería mejor defender la autonomía de ciertos subsistemas -en los términos de Niklas Luhman- o de “esferas” -en los de Michael Walzer- que deberían regirse por criterios distintos al mérito, como la igualdad o la necesidad?

La meritocracia es atacada frontalmente a pesar de que sea solo la soberbia y el envanecimiento de aquellos privilegiados que subestiman el peso de la suerte el leitmotiv de Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy (2016) el ensayo de Robert H. Frank. En Reino Unido, James Bloodworth insiste con mayor énfasis que sus predecesores en los componentes mixtificadores del mérito en un título que recuerda al clásico etnográfico de Paul Willis Learning to labour (How working class kids get working class jobs?). ¹⁰ En 2020, Michael Sandel traza en La tiranía del mérito: ¿qué fue del bien público? un diagnóstico de Estados Unidos por el cual la arrogancia meritocrática habría provocado la ruptura de la cohesión social. Lo mismo ocurre en nuestro país, siendo un gráfico ejemplo, el ensayo de César Rendueles Contra la igualdad de oportunidades. ¿No sería interesante resituar la cuestión?

El del mérito es un principio perfectible que debe ponerse en relación no solo con determinadas exigencias del principio de igualdad (una interpretación exigente tanto de la no discriminación como de la igualdad de oportunidades) sino también con una idea de justicia que reflexione sobre el sentido de lo que entendemos por mérito y merecimiento. Expresado como capacidad, esfuerzo, inteligencia, aptitudes o desempeño, el mérito parece todavía un criterio más abierto que la clase social, el origen familiar o rasgos aún más claramente discriminatorios como la raza, la orientación sexual o el género. La meritocracia puede ser entendida como la idea de que debe haber una correspondencia entre la trayectoria individual -laboral, profesional, empresarial, académica o política- expresada a través del sacrificio, la inteligencia y el esfuerzo depositados en una carrera, trabajo, empresa, institución etc., y el cargo o la posición socio-económica que el individuo finalmente ocupa.

Muchas de las críticas al mérito son, en realidad, críticas a la función legitimadora que este desempeña en contextos de gran desigualdad como el que resulta del paradigma neoliberal en el que crece alarmantemente y desvinculadas de verdaderas aportaciones al bien común, las diferencias de ingresos y riqueza. En ese contexto es comprensible la indignación contra las élites extractivas tanto en lo que toca a la magnitud de las diferencias como en las dudosa calidad o solidez de la hipotética base meritoria. Por ello, para seguir analizando estas críticas e intentar resituar la cuestión (ambos objetivos serían el propósito fundamental de estas Notas), cabría retener que más allá de los usos en el contexto de las confrontaciones entre partidos políticos (en Reino Unido, básicamente) en la coyuntura de los años ochenta (ligada a la ruptura de lazos comunitarios o al discurso de la competencia individual propios del neoliberalismo), la meritocracia admite esa ubicación más compleja en la historia de las ideas (muy anterior al libro de Michael Young), una aproximación desde la psicología social (en relación con la percepción social de la desigualdad y su límites) y una descripción sociológica (un cuadro no valorativo o Wertfreiheit, por así decir). Las tres me parecen imprescindibles para poder situar a la meritocracia como lo que es: una racionalización del acceso a la función pública y un modelo de asignación de puestos en la esfera privada en virtud de méritos personales (títulos, esfuerzo, nivel de estudios, etc.) distintos a la herencia familiar, las redes de influencia o el capital social. Ese modelo o criterio de justicia distributiva ni es el único (aquí mismo se defiende la idea de que muchos bienes sociales deben distribuirse por ejemplo según el criterio de necesidad) ni tiene carácter absoluto.

Si comenzamos por la primera de estas perspectivas -la historia de las ideas- la propuesta de que el talento y la inteligencia debían sustituir a la “sangre” se reflejó en el artículo 5 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 (mucho después de los exámenes de acceso en el funcionariado en el lejano oriente). Aunque en Justice and Meritocratic State, Robert Mulligan expresara una idea que muchos compartimos -la de que carecemos de una teoría de la meritocracia compartida-, ¹¹ lo que esta perspectiva pone de manifiesto es una obviedad, pero una obviedad que apenas se tiene en cuenta: tanto el mérito como la meritocracia son ideas amplias (rastreables incluso en la demokratía ateniense como preferencia por la axíosis como valoración dinámica sobre la riqueza heredada) ¹² que han ofrecido históricamente dos costados: uno positivo (o inclusivo) y otro negativo (excluyente). Es seguramente por ello que en la propia introducción de la distopía de Michael Young The rise of meritocracy se reflejaba “la intención de presentar los dos lados de la cuestión: tanto en contra como a favor de la meritocracia en la medida en que esta es valorada por su capacidad para desmantelar los privilegios heredados, pero también es criticada por su poder para crear nuevas e injustas divisiones sociales”. ¹³

Sobre un segundo prisma -el de la psicología social y las percepciones sobre los límites y las bases de la desigualdad legítima- cabría resituar las visiones de la mayoría de autores citados atrás (Sandel, Litter, Frank, Rendueles y otros) como reacciones frente a determinados usos espurios del mérito en el contexto de su ideologización en clave neoliberal, una ideologización caracterizada por el acento en la extensión de la competencia de tono individualista, la justificación del aumento de la desigualdad económica y el recurso al mérito como presunto título moral en oposición a políticas redistributivas. Esto es, las visiones críticas de la meritocracia e incluso de la igualdad de oportunidades no serían tanto una oposición a la meritocracia en sí misma (una concepto más amplio con muy distintas aplicaciones) como una reacción frente a determinadas creencias o actitudes (más allá del hecho de que las percepciones sobre la meritocracia no están desligadas nunca del contexto social que posibilita que surjan, se orienten o se acomoden las posiciones que los individuos ocupan en los entramados sociales). ¹⁴ Es decir, las reacciones críticas de las que nos estamos ocupando aquí parecen siempre enfocadas no tanto a contrastar con los postulados teóricos o los resultados empíricos sino a rebatir actitudes y discursos de las élites como si estas resumieran las ideas de mérito y meritocracia.

En tercer lugar (la perspectiva sociológica), aunque la idea de capacidad es central en el análisis weberiano de la burocracia, fue en una nueva obra de referencia -The Coming of Post-Industrial Society (1973)- donde Daniel Bell utilizaba la palabra “meritocracia” para referir nuevas formas de movilidad social generadas en la sociedad posindustrial. Es así, como hecho social, como se observaba mejor el mero desplazamiento de un principio de estratificación por otro: el de la adscripción por el del logro (achievement). Una forma de recompensa social que desatiende los atributos de nacimiento, los lazos de familiares, los rasgos étnicos, el hecho de ser hombre y mujer y cualquier otra característica de origen en favor de una idea abierta, dinámica y orientada al futuro, del mérito individual ¹⁵ funcional a las dinámicas de producción de bienes y a la cobertura eficiente de servicios. En lo que me interesa subrayar aquí, este tercer ángulo de la cuestión era justamente el que permitía depositar en las ideas de mérito y meritocracia una esperanza cifrada en el presupuesto de que -no habiendo diferencias (como no las hay) de inteligencia entre sexos, clases sociales, identidades sexuales o “etnias”- los cargos públicos y privados así como las posiciones sociales se abrirían con la meritocracia a una base si no universal (no lo es), sí mucho más amplia e inclusiva capaz de desmontar prejuicios, suspicacias y estereotipos sobre la presunta “inferioridad” de las personas de cualquiera de esos grupos. La meritocracia casaba mejor con el pluralismo, la democracia y las nuevas funciones (entre ellas la distribución de cargas y beneficios) del Estado social de derecho en su etapa constitucional.

El concepto de mérito es central en las teorías de la justicia contemporáneas sobre todo norteamericanas. Es una expresión tan rica que la filosofía política anglosajona distingue entre merit y desert. El primero se refiere a cualquier cualidad que permita atribuir recompensas: una amplia idea de merecimientos. Por su parte, para señalar acciones individuales concretas se utiliza desert. ¹⁶ En inglés, Merit puede traducirse como “mérito”, e indica una “cualidad” tanto dinámica como estática (tanto de “logro” como de “adscripción”) que se extiende a personas y a cosas. Desert refiere “lo que uno merece”, puede traducirse como “merecimiento” atribuido a un sujeto sobre la base del esfuerzo o el desempeño. En la práctica, desert (lo que uno merece) es sinónimo de la concreción epocal anterior: acciones individuales relacionadas con el desempeño, el nivel de estudios acreditado por el título académico, la inteligencia o el esfuerzo. ¹⁷

La tiranía del mérito (merit) es un ensayo sobre la más amplia concepción de merecimientos y su relación con la justicia, un tema que Michael Sandel ya había abordado en obras como El liberalismo y los límites de la justicia. La diferencia con sus trabajos más tempranos es que ahora (en un nuevo contexto caracterizado por el aumento de la desigualdad y la desafección política) se centra en su carácter socialmente problemático. El punto de partida es la lucha obsesiva de los norteamericanos mejor situados por conseguir entrar en universidades de élite. Alrededor de centros de prestigio como Harvard, Stanford, Georgetown se han creado redes y negocios, tesones que llevan al soborno, al crimen o la ruina, desvelos más allá de lo imaginable. Tal es la obsesión por la credencial, la medalla en el pecho, la certificación que cae del lado triunfante en la dicotomía winners/loosers de inspiración puritana. Al otro lado, el agravio no es solo económico sino moral y cultural: los ricos acreditados por el título no solo ocupan mejores posiciones sociales, sino que enarbolan indebida, impropia, contrafáctica o arrogantemente su éxito como resultado de una pretendida mejor inteligencia y un esfuerzo meritorio: al pobre no le queda ni siquiera el consuelo de renegar de su mala suerte, pues al igual que el rico merece su riqueza, el pobre merece su pobreza. Ese es el núcleo de la tesis de Sandel: el resentimiento hacia la élite y los movimientos populistas que sacuden la política estadounidense encuentran su origen en agravios laborales que se traducen en falta de reconocimiento social. Estos juicios morales implícitos o explícitos sobre los “perdedores” socavan la convivencia y producen un resentimiento; la gente “muerde el anzuelo” de la xenofobia, el relativismo moral o esa vieja-nueva forma de mentir que ahora se llama “posverdad” que políticos sin escrúpulos como Donald Trump se ocupan de rentabilizar. El esfuerzo laboral ha dejado de recompensarse, mientras que ha aumentado la distancia entre los ciudadanos sin estudios superiores y la élite académica.

Si nos fijamos bien, Sandel no argumenta contra el mérito, sino contra el uso arrogante del mérito por parte de una élite (¡en puridad, no meritocrática!) que no admite que esté jugando con ventaja porque su título no solo no se ha obtenido en igualdad de condiciones con otros ciudadanos, sino que es resultado de procesos de selección en los que han pesado argumentos extraacadémicos, como la influencia familiar o el dinero. Sandel repasa desde esas coordenadas las distintas justificaciones del mérito en términos de eficiencia y equidad. Sitúa el origen histórico e ideológico del mérito en Estados Unidos tanto en la retórica de los padres fundadores (Thomas Jefferson instaba a una estructura socio-política en la que el talento y la inteligencia se prefieran a la riqueza y el origen familiar) como en el plano de la ascesis laboral puritana. Se recoge la clásica crítica de John Rawls sobre el mérito: para el autor de Teoría de la justicia los dones naturales como la belleza o la inteligencia eran fruto de la “lotería natural” (una suerte genética): bases no merecidas moralmente. Especialmente comprometidas son las páginas dedicadas a los efectos negativos de la retórica del ascenso y su énfasis en la responsabilidad individual en el fracasado sistema de salud pública. Los argumentos que Sandel utiliza para presentar la meritocracia como tiranía son amplios pero no son nuevos: la tierra de oportunidades, el mito del self made man y otros elementos del imaginario del sueño americano tal como son desplegados de arriba abajo carecen de base empírica: de acuerdo con el Índice de Movilidad Social elaborado por el Foro Económico Mundial, Dinamarca, Noruega incluso Bélgica tienen una movilidad social muy superior. ¹⁸ Los hijos de familias humildes tienen muchas menos posibilidades de ocupar una posición deseada que los hijos de familias ricas y sin embargo las élites disfrutan mirando por encima del hombro a los pobres convertidos en objeto ora de condescendencia ora de una burla cínica.

Nada que objetar a Sandel en lo que toca a ese desagradable aspecto de la cuestión, pero entonces, ¿qué puede hacer un joven de familia humilde para desplazar al privilegiado poniendo fin a décadas de “reproducción” de los cargos por “herencia familiar”?, ¿bajar los brazos?, ¿optar solo a trabajos menos exigentes o peor remunerados y rumiar su frustración?, ¿asumir que las posiciones más valoradas socialmente están reservadas a una clase social que funciona como una casta hindú?, ¿con qué herramientas puede terminarse con las oligarquías económicas, el familiarismo y las representaciones cerradas y clasistas sino es diseñando una composición (realmente) abierta?

Una segunda duda, aún más amplia, podría asomar en la mente del lector: si Noruega es más igualitaria que Estados Unidos, si funciona mejor la igualdad de oportunidades y tiene índices más altos de movilidad social ¿por qué el modelo meritocrático de Noruega, heredero de décadas de intervencionismo estatal, no es deseable?, ¿por qué se generaliza la crítica al mérito y la meritocracia en lugar de poner el acento en su uso insolidario en estados con un mercado capitalista poco regulado? ¿Por qué se subraya solo el discurso espurio del ganador y no la necesidad de depurar estructuralmente el “terreno de juego” con reformas legislativas dirigidas a limitar los perniciosos efectos del mercado del capitalismo global en la distribución de la riqueza? Justamente, la coherencia con el compromiso con la igualdad de oportunidades y el consenso político sobre la deseabilidad de un sistema meritocrático podrían ser las bases desde las que transformar una sociedad como la americana para conseguir integrar a los excluidos, nivelar las relaciones de raza y de género, cubrir las necesidades básicas, dotar de autonomía económica a los ciudadanos y apostar por un sistema educativo público igual para todos. La pregunta que cabría hacerse entonces es: ¿Es el mérito el principio tiránico en todo caso o más bien este resulta fagocitado por los inasumibles y particulares rasgos de un particular estadio del capitalismo con su individualismo dicotómico (winners/ loosers), su estrés social frustrante y competitivo, su frágil sistema de cobertura social y una tendencia al despotismo descrita pronto y magistralmente por Tocqueville?

La propuesta de Sandel no entra en el fondo de esas cuestiones. Solo propone recomponer el tejido cultural y socioeconómico valorando aquellas actividades y empleos que realmente ayudan al bienestar o contribuyen al bien común. Es aquí -en la apelación a las virtudes- donde se hace más evidente el telos prioritariamente comunitarista (y no prioritariamente igualitarista) del autor. Aristóteles ya defendía que el progreso humano depende de la realización de nuestra naturaleza mediante el cultivo de habilidades, pero ahora el mercado solo recompensa actividades rentables desde el punto de vista de los consumidores. A continuación, para subvertir tal tendencia, Sandel propone suplementos salariales públicos para trabajadores con ingresos bajos, así como una revisión del sistema de impuestos centrado en la especulación improductiva. Pero de nuevo aparece esta cuestión: ¿Significa eso que debemos estar contra el mérito, o peor, contra la igualdad de oportunidades?

Si para el filósofo de Mineápolis, la meritocracia es una tiranía, para el sociólogo español César Rendueles -en la línea de las obras de Litter o Frank citadas atrás- no solo el mérito sino también la igualdad de oportunidades es una forma de elitismo (“élite” y “elitismo” son dos tabúes de nuestra época). Contra la igualdad de oportunidades (Rendueles, 2019) opone al mercado o a la llamada “sociedad de mercado”, podríamos asumir, la “democracia económica” y coincide con Sandel en la preocupación por la cohesión social. Rendueles no es un comunitarista. Su discurso, también podemos convenirlo así, se sitúa a la izquierda de Sandel por ello pone el acento en los problemas de la desigualdad social. Es difícil no coincidir con su estupendo análisis en este punto: el alarmante aumento de las diferencias socioeconómicas afecta al ejercicio de los derechos (incluso a la efectividad de los derechos civiles y políticos) y a la propia estabilidad social. Con buenos argumentos, Rendueles incluye en este panorama la crisis del sindicalismo, la nueva disciplina de la llamada “flexibilidad laboral” (ese eufemismo), la precariedad y el aumento de la vulnerabilidad como consecuencia de la ruptura de cierta conciencia de clase, la individualización de las relaciones laborales, la aparición de trabajos premodernos, serviles y subalternos o la fagocitación de los ideales emancipadores de la modernidad. A los argumentos de Sandel sobre el azar, el peso de la familia y las redes se añade una disección más profunda y sociológica de la base meritoria, en el sentido de que muestra cómo la riqueza privada nunca es resultado único de un esfuerzo individual: incluye un alto porcentaje de esfuerzo colectivo y gasto público indirecto. Debemos coincidir con Rendueles en ambos puntos. Pero, de nuevo la meritocracia es presentada o implícitamente se asume bajo la definición neoliberal que de esta hacen los privilegiados (en lugar del enfoque más neutro que señalábamos atrás), lo que puede llevar de nuevo a ciertas incoherencias, por ejemplo, a que se critique la “meritocracia” a la vez que se defiende la “burocracia” (basada precisamente -recordémoslo- en los principios de capacidad y mérito). Es cierto que la equiparación de la meritocracia con la igualdad constituye un malentendido (el principio del mérito sustituyó la desigualdad de nacimiento por otra desigualdad: el título académico) pero no es menos cierto que la imagen de la meritocracia que ofrece el autor sigue siendo reductiva: ¿quién podría estar a favor de una caricatura así, ¿de verdad la igualdad de oportunidades es una coartada de la desigualdad capitalista? Leemos en Los papeles de Puttermesserde la escritora Cynthia Ozick, el lamento de la protagonista por no poder sortear con su desempeño esforzado y honrado, los techos de cristal y la arbitrariedad del favoritismo (una expresión literaria de los problemas de reconocimiento expresados por Axel Honneth), ¿no está clamando por una verdadera igualdad de oportunidades? Si miramos a nuestro alrededor, por ejemplo, a la movilidad social en países como Finlandia o Canadá (países con mayor representación de las minorías en el tejido económico, mejores índices de igualdad entre hombres y mujeres, magníficos indicadores de calidad de vida y menos brecha socioeconómica), ¹⁹ esto es, si verificamos el conjunto del efecto de otro modelo de conciliación entre mérito e igualdad y levantamos la cabeza más allá del texto académico la realidad no es así. Es la igualdad social en términos de cohesión (que no haya excesivas distancias económicas) lo que permite una mayor igualdad de oportunidades y es esa igualdad de oportunidades lo que avala (siempre imperfectamente pero mejor que otros modelos de asignación de posiciones) a la meritocracia. ²⁰

Por ello, creo que es posible convenir en que muchas de las razones de la actual crisis de legitimidad del modelo meritocrático estriban en el incumplimiento coyuntural de dos límites que se plantearon pronto en las teorías sobre igualdad y ciudadanía. En un texto clásico, Igualdad (1931), el historiador inglés R. H. Tawney ya ligaba la percepción sobre la justicia de un determinado modelo social no tanto sobre la posibilidad de ascender y desigualarse legítimamente, sino en un tipo de bienestar cívico basado en la cohesión y la solidaridad. Por su parte, en Ciudadanía y clase social, (1949) T. H. Marshall avisaba de que la capacidad amortiguadora de la condición ciudadana (una categoría sociológica, pero también jurídica) en lo que respecta a la desigualdad económica presentaba dos límites: que las diferencias (materiales) no fueran demasiado profundas y que no generaran en las personas el sentimiento de llevar una vida que no merecen. ²¹ Hoy, podemos decir que las desigualdades materiales ya son excesivas y que hay un generalizado sentimiento de agravio social. La miseria diaria contrasta con las existencias desahogadas que exhiben sin pudor las vallas publicitarias, los reportajes de famosos o los insolidarios protagonistas de las series de ficción. La brecha socioeconómica y no solo la pobreza se ha convertido en un problema de primer orden. Autores como Atkinson, Wilkison, Stiglitz o Picketty han analizado la división social por las altísimas cuotas de desigualdad económica y sus preocupantes efectos sobre el bienestar y la cohesión social.

La crítica al mérito y a la retórica de la igualdad de oportunidades debe circunscribirse a ese estado de cosas (a superar) por el cual no solo no deja de crecer la brecha social, sino el lógico malestar social que lleva aparejado. Tal malestar se centra en la parte urgente de la cuestión obviando, por ejemplo, cómo la igualdad de oportunidades y la lógica meritocrática garantizada por accesos abiertos y plurales está permitiendo la composición paritaria de órganos jurisdiccionales, departamentos académicos, etc. y cómo se perfila en las empresas privadas como un poderosos criterio de corrección de desigualdades salariales que arrastran el viejo sesgo de género. Las mujeres en las empresas privadas aspiran legítimamente a acceder y promocionar en función de su desempeño o mérito por encima de favoritismos, amiguismos, complicidades masculinas o tratos paternalistas.

Las creencias, actitudes y percepciones constituyen constructos psicosociales relacionados con lo que las personas conocen acerca de la meritocracia, la disposición a favor o en contra de ella, y la frecuencia en la que se siguen o no principios meritocráticos en los distintos ámbitos del entramado social: acceso a la educación, cargos y puestos de responsabilidad. Y en este punto debemos atender a la psicología social.

Aunque no es este el lugar para una exposición detallada del conjunto de las percepciones sociales relativas a la legitimidad de la desigualdad económica, una conclusión que se repite en numerosos estudios relativos a la percepción social de la desigualdad es que existen diferentes concepciones psicosociales de la meritocracia asociadas a entornos específicos que oscilan sobre el peso del mérito pero que siempre lo evalúan en su relación con la premisa de la igualdad. ²² En la medida en que la creencia en la meritocracia como modelo basado en la valoración del esfuerzo y la ambición personales para lograr el ascenso social vaya acompañada de mecanismos efectivos para que se pueda progresar socialmente (ascender verticalmente) la meritocracia cumple una función de igualador social llegando a percibirse incluso como una amenaza para los grupos tradicionalmente privilegiados (por su patrimonio heredado, su origen social o familiar). En estos casos, las diferencias individuales de origen son al menos parcialmente corregidas por las instituciones públicas, básicamente la educación, el acceso a la cultura y un ámbito laboral informado por una ética profesional afín a valores meritocráticos. En cambio, cuando las condiciones sociales (oligarquías, barreras de entrada, clientelismo, familiarismo, redes cerradas de contactos, techos de cristal, etc.) no permiten o dificultan la movilidad social ascendente, el sistema de creencias y actitudes meritocráticas actúa como justificador social del statu quo. Ese es básicamente el objeto de las críticas tanto de Sandel como, en menor medida, de Rendueles: si nos va muy bien es porque nos lo hemos ganado y si ustedes están abajo es porque no son tan capaces o inteligentes como nosotros. Pero estos últimos sistemas donde el sistema de educación es tan desigual como podría serlo en el Ancien Régime no son meritocráticos, por ello los miembros de grupos desfavorecidos pueden experimentar resentimiento y frustración, pero no tanto por la discriminación o las barreras formales de entrada como por ser presentados como responsables materiales de su propia privación. Los falsos “perdedores” hacen bien en no asumir estas creencias como una explicación de su propia situación de privación social. Es la falsedad del relato unido a la arrogancia lo que explicaría la ira o la frustración de muchos seguidores de Trump al decir de Sandel.

Cabría diferenciar así entre las características objetivas de un sistema social y las actitudes subjetivas (creencias y percepciones) de los individuos relativas a si su sociedad es o debería ser meritocrática, hasta qué punto, con qué límites materiales y en qué ámbitos. Esta distinción es relevante porque las personas y los grupos se comportan no solo de acuerdo a las situaciones objetivas en las que se encuentran, sino en lo que creen sobre dichas situaciones, en otras palabras: cómo se representan socialmente los contextos de los que hacen parte. ²³ Un sistema social meritocrático se caracteriza porque habiendo igualdad de oportunidades educativas, la riqueza, los puestos de trabajo y el poder se distribuyen sobre la base del trabajo, el esfuerzo, la motivación y las habilidades de los individuos. Cuando las premisas fallan, el sistema es insoportable tanto desde el punto de vista de su funcionamiento interno como desde las percepciones psicosociales. En este punto, estaríamos tentados a confrontar la meritocracia con la conocida reflexión aristotélica de la degradación de las formas de gobierno, al igual que la monarquía se corrompe en tiranía, la democracia puede devenir en populismo y la aristocracia degradarse en oligarquía, una meritocracia en la que las élites privilegiadas por su dinero o por sus ventajas sociales y educativas tratan de presentarse a sí mismas (a sus estatus o a las posiciones sociales que ocupan) como meritorias es una imagen degradada de la meritocracia para la que aún no se ha acuñado un nombre.

Como hemos visto, el mérito está presente en cuestiones que van desde la justicia social al diseño de los concursos de acceso a la función pública, desde los límites de la desigualdad legítima a la representación política, y en general pública, de minorías y grupos infrarrepresentados. Si se leen así, la mayoría de las críticas a la meritocracia son críticas al uso ilegítimo, o a su politización como coartada insolidaria para no asumir las obligaciones tributarias. La idea de que ciertas desigualdades de ingresos no solo son inevitables, sino que estimulan los esfuerzos formativos y el desempeño -piénsese en el tiempo de preparación y estudio invertido en ámbitos tan distintos como la medicina o la astrofísica- así como la necesidad de remunerar de forma desigual los cargos y empleos en función de la responsabilidad siguen siendo todavía lo suficientemente fuertes como para avalar el principio del mérito. Además, que el mérito sea el principio de acceso a cargos, posiciones o que (por el grado de responsabilidad o desempeño) justifique una mayor retribución material y simbólica no implica asumir que haya una correspondencia moral entre mérito, individuo y posición. La elección de un candidato por sus méritos puede justificarse por las consecuencias que produce, esto es, por la calidad del servicio público o por la eficiencia con que se desempeñan determinadas funciones, por ejemplo, se elige a los mejores profesores por sus méritos y no por sus ideas políticas o sus lazos familiares con el fin de que los estudiantes vean en este punto satisfecho su derecho a la educación.

Por último, el criterio a cada cual según su mérito no agota ni mucho menos la idea de justicia distributiva. Por ejemplo, el criterio de necesidad informa muchos ámbitos de distribución de bienes -lo que Michael Walzer llama “esferas de justicia”- así en relación con las prestaciones sociales, la salud o la satisfacción de necesidades básicas. En Igualdad y libertad, Norberto Bobbio incluye el principio del mérito en la base de un criterio de justicia. El criterio de justicia “a cada cual según su mérito” solo es el criterio típico cuando hay finalidades selectivas. ²⁴ Es lo que ocurre en la Universidad, un ámbito en el que tradicionalmente la alternativa al mérito han sido fórmulas endogámicas no del todo superadas. Que el mérito cae del lado de la igualdad, y en ese sentido es una idea si no de izquierdas (puede ser compartida por derecha e izquierda) sí progresista, en un sentido enfrentado al pensamiento conservador interesado en mantener el statu quo, se puede observar bien en la lucha por la igualdad de la mujer en ámbitos donde se cumplían las condiciones que señalábamos en el epígrafe anterior. Como ha mostrado en muchos lugares Maggy Barrère, la conjunción de “mérito y capacidad” que rige obligatoriamente el acceso a la función pública ha logrado aumentar la presencia de mujeres de manera más que significativa en profesiones que hasta hace unas décadas les estaban vedadas. En cuanto se sustituyen las pruebas meritocráticas más objetivas (del tipo expediente académico) por apreciaciones más subjetivas, la representación de la mujer tropieza con el “techo de cristal”. El caso de juezas y magistradas resulta paradigmático al respecto. En pocas décadas las mujeres han pasado a ocupar más del 50 % de los puestos en la judicatura, es decir, el principio meritocrático basado en la capacidad ha llevado aparejado un crecimiento exponencial de la presencia de mujeres en la función judicial. Y, sin embargo, en cuanto se abre la distribución de cargos a la discrecionalidad, su participación en los tribunales superiores (no digamos ya en los tribunales o cortes constitucionales) continúa siendo residual. ²⁵

De otro lado, si se quiere aprehender la complejidad de la relación que el mérito mantiene con la igualdad es conveniente precisar primero el ámbito geográfico y cultural donde se esgrime la apelación anti-meritocrática, pues no es lo mismo pensar el mérito en una sociedad como la estadounidense con su feroz competencia individual, un modelo de trabajo postfordista con escaso peso sindical y mucha precarización laboral, universidades elitistas y escaso alcance del estado social, que en países con una larga tradición socialdemócrata de políticas redistributivas y una menor dualización social. Tampoco resulta útil importar las críticas a la meritocracia ajustada al modelo individualista neoliberal a países tan distintos como puedan ser Colombia o España que todavía luchan por mitigar los efectos de las redes de influencia familiar, la profunda brecha de clases o una rígida estructura social ligada a factores no meritocráticos tan distintos como la herencia inmobiliaria, las “puertas giratorias”, los “contactos” o el capital social.

El papel del mérito en la justicia distributiva siempre se ha desempeñado en tensión con otros valores como el de igualdad (no solo con la igualdad de oportunidades). La definición de la base del mérito (qué se considera meritorio en cada sociedad y en cada momento) nunca es neutral, y mucho menos, “natural”. Siempre oscilará en dinámicas de inclusión y exclusión y así como no debemos asumir visiones acríticas o ingenuas de la meritocracia, tampoco es posible obviar esas ambivalencias. Tanto la elección meritocrática “estricta” de los candidatos al cuerpo médico de un hospital privado sobre la base de su formación, experiencia o capacidad sin discriminaciones sexuales, étnicas, etc., como la composición de una institución pública bajo una interpretación “amplia” del mérito (por ejemplo más sensible al pluralismo o a la representación étnica y cultural) apuntan a una compleja interacción o conciliación de principios que pueden redundar en el bienestar, el bien común y la cohesión social. Si ponemos el foco en España, es cierto que sigue habiendo un extraordinario peso de las redes familiares no solo en el ámbito privado sino en ese “alto funcionariado” que Bourdieu llamó “nobleza del estado” ²⁶ donde aún se detecta cierto peso endogámico. ²⁷ Tal como revelan distintos estudios actuales (entre ellos el informe “Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social”, elaborado por la propia OCDE), nuestra sociedad aún se caracteriza por un marcado peso de la familia y una subsiguiente escasa movilidad social donde las redes clientelares, las expectativas intersubjetivas, el patrimonio familiar y otras fuerzas de influencia tradicional siguen mediando en la incorporación a carreras en la administración, despachos privados, y opacas carteras políticas, ¿no hace eso todavía más deseable la introducción de parámetros meritocráticos precisamente en nombre de la igualdad? ²⁸

La remoción de los obstáculos que impiden que la igualdad sea real y efectiva (art. 9. 2 CE) es una condición de legitimidad del criterio meritocrático (nunca perfecto). Junto a una igualdad de oportunidades no formal sino material, incentivada con medidas predistributivas, ayudas públicas y un sistema de educación pública universal resultaría deseable introducir en el “juego” otras variables que evitaran las privaciones de los mal llamados “perdedores”. En primer lugar, procesos de desmercantilización de derechos asociados a las necesidades básicas como una buena parte de la vivienda y medioambiente, así como todo lo que se refiere a la salud y, de nuevo, a la educación. El mercado ya tiene suficientes incentivos como para que además de automóviles o casas de lujo se pueda “comprar” salud “de primera, de segunda y de tercera” o se acceda privilegiadamente a títulos educativos privados tan selectivos que aseguren posiciones exclusivas y estatus clasistas de apariencia meritocrática. Se trataría, insistimos en ello, de limitar el criterio meritocrático a una serie de subsistemas en los términos de Luhman o de esferas en palabras de Michael Walzer, así, el criterio del mérito es propio del deporte de competición, de la estructura de acceso y promoción de la administración pública y, en gran medida, de una parte sustancial de la economía competitiva de mercado, dejando fuera de la lógica meritocrática y del mercado el sistema de provisión de salud y educación. Paralelamente, la automatización y la precarización laboral hacen aconsejable la introducción de una renta básica universal que evite el destino cruel e inhumano de los “expulsados” aunque aquí solo podamos apuntar su relación con la igualdad de oportunidades.

La idea de que ciertas desigualdades de ingresos no solo son inevitables sino que estimulan los esfuerzos formativos y el desempeño, así como la necesidad de remunerar los cargos en función de la responsabilidad siguen siendo lo suficientemente fuertes como para avalar el principio del mérito. ²⁹ Ahora bien, las distintas recompensas materiales no deberían sobrepasar unos límites considerados bajo la idea de cohesión social. ¿Qué proporción marca el límite? Las exigencias derivadas de la dignidad humana aplicadas a salarios, alimentación, vivienda y otras condiciones de vida marcan un límite por debajo; por arriba podrían limitarse en atención a la protección de los vínculos sociales amenazados por las distancias excesivas y su efecto no en la titularidad, sino en el ejercicio de los derechos. Sería más eficiente a este propósito (la igualdad de oportunidades y la eficacia en el ejercicio de los derechos como corolarios de la meritocracia) abordar la desigualdad en origen antes que tener que dedicarle recursos administrativos (de monitoreo y redistribución). Entre otras, cabe pensar medidas relativas a la distancia salarial en el marco de políticas predistributivas. Así como no hay diferencias de inteligencia entre hombres y mujeres, negros y blancos, gitanos o payos, tampoco hay diferencias de desempeño y gestión tan elevadas que justifiquen que los ingresos más altos multipliquen por cien los peor remunerados. Entre las distintas fórmulas de justicia predistributiva, una propuesta 1/10, que el salario más bajo, pongamos 1000 euros mensuales coexista con salarios de 10.000 euros mensuales, pero no con salarios de 100.000 euros mensuales permite que todavía ambos ciudadanos coincidan (al menos alguna vez) en las mismas calles, en el mismo restaurante, o que compartan parques públicos, zonas comunes, espacios de encuentro como corresponde a cierto significado casi olvidado de la ciudadanía. Por ello, la polarización y no solo la pobreza es un riesgo para la democracia. Hace tiempo que los “ganadores” de la globalización ya habían puesto en práctica su propia distancia social en una tendencia a privatizar bienes como la educación, la seguridad física o la salud. Esa distancia social anterior a la pandemia consistía en la tendencia de las grandes fortunas a separarse de la vida en común, de los servicios públicos, de los espacios comunes de la ciudadanía democrática. Había cada vez menos experiencia de mezcla de clases en el curso ordinario de la vida, sea la escuela, el transporte público, las instituciones culturales, los centros de ocio. Hoy, la brecha social no hace sino ensancharse. ³⁰

Conciliada con la igualdad -más allá de los contextos locales de Sandel o Rendueles- la meritocracia como criterio abierto de asignación de posiciones contrario al amiguismo, el nepotismo o el capital social sigue siendo, según me consta, una esperanza en muchos países de América Latina asolados por dictaduras cuyos cuadros de mando lo componían gente sin formación ni ideas propias, acólitos y colaboracionistas y que en lo social se caracterizaban por una fuerte dualización y una casi inexistente clase media. En la mayoría de países sudamericanos, la meritocracia se inserta hoy en un proyecto de cambio sociopolítico y en un nuevo paradigma de la administración pública. ³¹ Tiene que ver con la calidad de la burocracia y a través de esta con el crecimiento de las economías pero también con la cohesión social, la representación de la multiculturalidad, la integración de personas con discapacidad y nuevos atributos en la gestión: cualidades humanas relacionadas con el cuidado y la empatía como méritos añadidos a las calificaciones académicas. Además, los países mejor posicionados en términos de calidad de vida ya disponen de servicios públicos eficaces, lo que apunta a la preferencia por una justificación consecuencialista (basada en la calidad, eficiencia del desempeño como forma de satisfacción de intereses y derechos de los usuarios) y no individual (en términos de virtud moral, atributo -justicially deserve- del sujeto meritorio) del principio del mérito.

La noción de meritocracia es lo suficientemente amplia y ambigua como para explicar el enorme desencuentro ideológico que produce. En eso coinciden autores tan distintos como David Miller cuando expresa que “no tenemos una comprensión clara de lo que significa la meritocracia, de manera que no disponemos de una vara contra la cual medir adecuadamente las realidades sociales, para determinar en qué medida se ajustan o no a criterios meritocráticos” o Amartya Sen cuando partía de la idea de que “la meritocracia puede tener muchas virtudes, pero la claridad no es una de ellas”. ³²

Aquí hemos tratado de distinguir distintos planos de análisis para situar las críticas a las tesis de Sandel y Rendueles (estupendos aunque matizables exponentes de un sentir más general) como respuestas a la arrogante auto-percepción meritocrática de las élites o al individualismo competitivo propio del modelo meritocrático neoliberal. Desde una exitosa convergencia de la historia de las ideas y el desarrollo de la administración pública que tiene que ver tanto con la igualdad como con el proceso de racionalización descrito por Weber, la meritocracia expresa, sin embargo, un logro irrenunciable que supone a su vez una fase de la racionalización de la administración del Estado: queda atrás el principio de adscripción estamental, la venta de cargos judiciales, el nepotismo y el caciquismo. Es cierto que el uso del discurso meritocrático en países como Estados Unidos ha creado su particular sistema de exclusión y desigualdad, pero aquí hemos señalado el uso espurio del mérito en modelos sociales y económicos con una visión estrecha o meramente formal de la igualdad de oportunidades. Sobre el eje comunitarismo/ individualismo, y en particular el desacuerdo relativo a si el merecimiento es exclusivamente responsabilidad del individuo o se diluye en un complejo juego de interacciones sociales, creemos preferibles los modelos consecuencialistas que los de corte individualista en el sentido de que la idea de que existe un nexo normativo (conexiones morales o jurídicas internas), entre el bien que se distribuye y lo que ese bien implica, o entre el bien que se distribuye y los rasgos del candidato a modo título moral personal es demasiado débil. Tanto el azar, como la herencia familiar y otras circunstancias sociales que nos tocan en suerte son demasiado determinantes como para defender la idea de ese nexo moral. La conexión entre mérito y responsabilidad es más compleja de lo que inicialmente se podría creer y en cualquier caso no es la única (ni en mi opinión la mejor) justificación del principio de selección por méritos: la justificación consecuencialista (en gran medida cercana al famoso lema de Marx en la Crítica al programa de Gotha) apunta directamente a la mejor satisfacción de las necesidades sociales e incluso en algunos casos (la política, por ejemplo) al bien común. La elección de profesionales mejor capacitados redunda en beneficio de la sociedad en su conjunto.

En realidad, cuando funciona bien (con verdadera igualdad de oportunidades, medidas predistributivas, ayudas materiales, becas públicas y otros estímulos) la meritocracia es una buena idea (amplia en su consenso y perfectible, pero que puede verse como una idea “progresista”) al menos para la distribución de cargos, posiciones a los que optan un gran número de personas. De hecho, es la única forma que conocemos por la que una persona de familia humilde podría llegar a ocupar los puestos que tradicionalmente se reservan para sí mismos las clases altas, las familias adineradas, las élites y los grupos privilegiados. Lo que ocurre es que cuando no funciona también se usa por los favorecidos por la suerte o la herencia como argumento (indebido o falaz) para legitimar sus posiciones. En el plano de las actitudes hacia la meritocracia tal como la estudia la psicología de la movilidad social hay, pues una distinción fundamental según se entienda como la descripción de un orden de cosas ya existente (como si las posiciones ya estuvieran ocupadas de acuerdo con los méritos) o como del deseo de un orden de cosas donde la meritocracia estaría aún por realizar.

En realidad, los ataques de Michael Sandel no van dirigidos contra el mérito sino contra la visión de la meritocracia como descripción de una falsa descripción del orden social, contra la “compra” del mérito y contra el orgullo (la insoportable arrogancia y el posterior uso insolidario del mérito individual): en gran medida se trata de una cuestión de estilo. En definitiva, creo que la posibilidad de títulos tan rotundos como los examinados en estas notas críticas (La tiranía del mérito o Contra la igualdad de oportunidades) se explica por la extensión de un ambiente de opinión justamente resentido, muy crispado, cuyas razones de fondo aumentaron con la evidencia manifestada en la crisis de 2008 de la desvinculación de los privilegios materiales de las élites financieras en relación con sus aportaciones a la economía o la riqueza real. Esto es, más allá de los excesos verbales que se circunscriben en el lícito juego de provocaciones y cierta falta de matices léxicos (algo comprensible en los textos de naturaleza ensayística), en realidad, la mayoría de los argumentos contrarios al mérito o a la meritocracia son comprensibles denuncias de un uso espurio que tiene que ver con la arrogancia cuando no con el cinismo de la élite socioeconómica privilegiada que desde hace tiempo conquistó el ámbito de los títulos académicos. ³³ Junto a esa crítica a la arrogancia (más que al mérito en sí mismo) de una determinada fisiología, la propuesta de Sandel parece limitarse a cierto terreno simbólico propio de la nueva literatura de ideas: la crítica al mérito individual (desert) tal como la expone el norteamericano se puede leer como una crítica moral (aquí, de nuevo en una acepción próxima al moralismo francés de los siglos XVII y XVIII) que apenas contribuye a erosionar, por así decir, la piedra angular de las mixtificaciones del “self made man” y otras ficciones simbólicas del capitalismo, esto es, el individualismo propietarista (o posesivo al decir de C. B. Macpherson) pero que en lo que tiene que ver con la estructura legal o el marco jurídico real, se queda justo donde el antiguo pacto socialdemócrata había arrancado. Su particular idea de retorno al bien común es demasiado vaga, a mi entender, para lo que realmente importa hoy en términos de justicia: distribuir de forma decente la riqueza, reducir los límites de la desigualdad, desmercantilizar espacios, pensar la ciudadanía y la cohesión social de forma que la vida de millones de personas de estados increíblemente ricos en recursos no consista en una brutal lucha por la supervivencia en contextos de precarización laboral. Esos espacios que deben escapan a la lógica meritocrática (espacios que no se pueden comprar con el juego de las recompensas) son ámbitos referidos a necesidades básicas y derechos fundamentales: sanidad, educación, acceso a la cultura o derecho a una vivienda digna entre otros. Una senda esbozada de forma clásica por otro autor comunitarista, como fue el Michael Walzer de Esferas de la justicia.

En relación con el libro de Rendueles, a pesar de compartir su diagnóstico y su empuje igualitarista, ¿no es ilustrativo reparar en que el provocativo título coincide con aquella Against the Equal Opportuny de Matt Cavanagh de signo anarcoliberal? Que la igualdad de oportunidades sea usada como cobertura legitimadora de los estatus privilegiados inmerecidos por la nueva retórica neoliberal no agota el uso de este hito ni en la historia abstracta de las ideas, ni en la racionalización de la esfera pública, ni en las concretas luchas diarias de muchas personas. Porque en ese plano, ¿a quién beneficia la “bajada de brazos”, el fin de la igualdad de oportunidades, la desconfianza en el sistema educativo y en sus posibilidades de ascenso? Y en plano de la responsabilidad moral, ¿debemos asumir la conclusión -un tanto posmoderna y nihilista- de que nadie merece nada?

A pesar de las poderosas críticas de muchos teóricos sociales, filósofos morales o sociólogos de la movilidad vertical, (Wright, Blau, Duncan, Goldthorpe, Bowles, Gintis o Bourdieu, entre otros), el mérito y la capacidad siguen constituyendo el principio de acceso y promoción a la función pública en la mayoría de los estados del mundo y en gran medida es el concepto central de la teoría de los departamentos de recursos humanos encargadas de la selección de personal en las grandes empresas privadas. No es perfecto, pero ¿hay otro mejor? El mérito sigue corrigiendo o amortiguando (en mayor o menor grado según qué países) los excesos de discrecionalidad, favoritismo y politización de los cargos, el peso del capital social, la falta de transparencia, el “enchufismo”, así como ciertas formas de discriminación racial, por origen social y género ajenas a la aptitud, la competencia, el esfuerzo, o la inteligencia. Desgraciadamente, hoy en día una persona negra, emigrante, transexual o simplemente mujer sigue teniendo menos oportunidades para acceder y promocionar en el ámbito privado que en el público: una prueba, si se quiere, de la superioridad de la meritocracia más estricta sobre la discrecionalidad típica del ámbito privado. Desde luego que es peligroso suscribir versiones ingenuas y arrogantes de la meritocracia, pero eso no devalúa el modelo por completo.

La meritocracia puede ser un modelo no solo eficiente (en términos de estímulos de un mercado más reducido, calidad del desempeño de funciones y servicios sociales) sino también un modelo justo (quizás mejor un modelo no del todo injusto) pero para ello debe conciliarse seriamente con una idea de igualdad más allá de la no discriminación, medidas predistributivas y ampliación de la autonomía personal (una condición de la responsabilidad individual) así como con una nueva serie de valores, bienes y principios (en el horizonte se perfila la conveniencia de una renta básica como garantía de esa autonomía personal) que formarán una idea más compleja de justicia social. Si estamos de acuerdo en que el funcionariado debe abrirse a la capacidad o al desempeño de cualquier individuo del cuerpo social, ¿no es posible enriquecer el contenido del mérito para hacerlo afín a nuevas sensibilidades, valores democráticos y habilidades sociales -pienso en la mayor inclusión de personas con discapacidad, en la presencia de minorías en órganos de representación, en valores interculturales, empáticos, ligados a la calidad del trato, por ejemplo en la competencias de mediación en la policía- en oposiciones que no consistan solo en memorizar largos temarios? En ese punto hay que recordar, retomando las definiciones más neutras de las ideas históricas de mérito y meritocracia, que el mérito admite bases muy distintas. Uno de los mejores estudiosos de este concepto, George Sher, ya señalaba en los años ochenta que hay tantas bases para el mérito como valores que permiten identificar ciertos rasgos de las personas como justificación para recibir un beneficio o una carga. ¿Y cómo podríamos combinar el mérito y la igualdad con esos otros valores que aún no hemos logrado articular?

Creo que esa es una interesante pregunta sobre la que el lector de Isegoría podría reflexionar.