En los últimos años, los denominados «discursos de odio» se han convertido en objeto de atención debido, fundamentalmente, a los peligros que implican para la vida de personas pertenecientes a colectivos y grupos vulnerables. Estos suponen un atentado contra los principios y valores éticos esenciales, tales como la dignidad humana, la igualdad o la integridad física y moral de las personas. La Recomendación europea n.º R (97) 20, de 30 de octubre de 1997, del Comité de Ministros a los Estados miembros acerca de los discursos de odio, incorpora en su apéndice una de las definiciones de este término más frecuentemente utilizada al exhortar a los Estados a actuar contra

Una definición que se encuentra en consonancia con la brindada hace algunos años por la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia con la que se ponía el énfasis en el hecho de que estos mensajes, además, promueven, instigan o justifican el menosprecio, el descrédito, el acoso y/o la difusión de estereotipos negativos o estigmatización hacia una persona o grupo de personas debido a su «raza», ascendencia, origen nacional o étnico, discapacidad, religión, género u orientación sexual, entre otras condiciones personales (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, 2016, p. 4). A todo ello, cabe agregar que el vocablo «odio» significa, según el diccionario de la Real Academia Española, «antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea» ¹ . Resulta plausible considerar, en suma, que el incremento de los discursos de odio pone al descubierto la deshumanización y el deseo del mal hacia el colectivo inmigrante, lo que supone una verdadera amenaza para nuestras sociedades.

Los mensajes fóbicos -un término que remite a «fobia» y, por tanto, a «pánico», esto es, un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante situaciones concretas- pueden ser entendidos como una manifestación de violencia simbólica, definida por Bourdieu y Passeron (1996) como todo poder que impone y legitima significaciones encubriendo las relaciones de fuerza en que se basa. Es decir, se trata de una violencia indirecta que propicia que la parte «dominada» no sea capaz de identificarla con claridad y que así, de algún modo, sea cómplice de su propia dominación. La violencia simbólica, en cualquier momento, puede ser materializada en actos violentos y delitos de odio. De este modo parecía entender precisamente Kaufman el discurso de odio, quien señalaba que este vocablo provenía del inglés hate speech, y que, este último, a su vez, provenía de la expresión hate crime, poniendo así de relieve su vínculo con la ejecución de crímenes en contra de determinadas personas debido al grupo social al que pertenecen (Kaufman, 2015, p. 41).

En el marco de referencia de la necropolítica enunciada por Achille Mbembe y la vida precaria y los marcos de guerra de Judith Butler este trabajo se propone ahondar en los discursos de odio (Butler, 2006; 2010; Mbembe, 2011). Para esta labor se asume la existencia de una gestión necropolítica de las migraciones en la Unión Europea, aunque esto también sucede en otras partes del mundo, que se caracteriza por sobreexponer a la violencia, simbólica y material, a este conjunto humano. Pues a la vez que procesos migratorios cada vez más inseguros y costosos han hipervisibilizado la propensión de los gobiernos a incrementar riesgos asiduamente mortales a estas poblaciones, al mismo tiempo, parece ponerse de manifiesto que la permisividad en el discurso público a formas de intolerancia que propagan el racismo y la xenofobia es consustancial a la estrategia necropolítica de administrar los movimientos migratorios no deseados. Es por ello por lo que se estima valioso plantear que las retóricas, narrativas y políticas en esta materia enmarcadas en relaciones de hostilidad y enemistad hacia la inmigración promueven, en última instancia, expresiones y discursos de odio. La discriminación y el prejuicio, en ningún caso, son innatos, sino que se aprenden fundamentalmente del discurso público (Van Dijk, 2006). Y circunscrito el análisis al caso de la población migrante irregular, se pone el acento en que la construcción política y social del sujeto inmigrante como una amenaza política, social, económica, cultural y/o étnica para los países receptores resulta útil para el proyecto de construir una Europa Fortaleza mientras, a la vez, se expande apresurada y transnacionalmente la cultura del odio.

En los últimos años, la superposición de crisis de refugiados y emergencias migratorias ha dejado al descubierto el potencial mortífero de las fronteras, materiales y simbólicas, al mismo tiempo que se han visibilizado maniobras y discursos políticos que refuerzan la vulnerabilización de estas poblaciones. Desde una óptica continental, y particularmente en lo que se refiere a Europa, la construcción de artefactos de contención en fronteras responde principalmente a obstaculizar la inmigración no deseada (Brown, 2015; Ruiz, Akkerman y Brunet, 2020). En este sentido, conviene tener en cuenta que la incomprensión del fenómeno migratorio y la representación criminalizada, deshumanizada y estereotipada de migrantes y potenciales refugiados, pero, también, el auge del populismo político y la legislación antinmigración caracterizada por el incremento de restricciones en el derecho de migración y asilo, han contribuido a la construcción de una fobia colectiva ante las llegadas y la presencia de estas personas en los países receptores (Verea, 2012; Akkerman, 2018; Kaya, 2017). Y que dicha fobia colectiva a una suerte de «invasión migrante» parece poner al descubierto encarnizadamente el significativo impacto del discurso público en la percepción social y en la opinión pública imperante acerca del fenómeno migratorio y sus protagonistas (Borges, 2010).

En líneas generales, el discurso público sigue la lógica de las políticas migratorias europeas consistentes en la externalización de las fronteras y la producción estatal y mediática del estatuto de irregularidad de la migración (Fajardo y Soriano, 2016). De este modo, las lógicas de estigmatización confluyen con las lógicas de la renacionalización de la política migratoria europea, lo que agudiza la tendencia al racismo y la xenofobia en consonancia con un programa político fundamentado en la criminalización de la población migrante indocumentada (Guerra, 2016). Con todo ello, no solo está en riesgo el universalismo moral que otorga dignidad y derechos a todas las personas, sino también la convivencia en sociedades democráticas y pluralistas. Y si bien las actuales restricciones y penalizaciones del discurso del odio ponen de manifiesto el compromiso democrático con la igualdad y la dignidad humana, hay que advertir su insuficiencia o limitado alcance cuando se está fomentado una cultura del odio tanto a través de las prácticas discursivas políticas y mediáticas cotidianas como mediante el diseño de mecanismos basados en la exclusión del sujeto inmigrante «ilegal».

El devenir de la crisis migratoria en Europa en tragedia humanitaria junto con las repercusiones negativas de la crisis económica parece haber contribuido al resurgir de ideas y argumentarios discriminatorios, racistas y xenófobos enarbolados con especial ahínco por los partidos de la extrema derecha europea (Akkerman, 2018; Kaya, 2017). Así, se ha revelado sin tapujos que la promoción de un discurso ultraconservador que responsabiliza a las personas inmigrantes de los males que padecen los Estados miembros de la Unión Europea se ajusta al diseño de medidas caracterizadas por su tratamiento discriminatorio (Oroza y Puente, 2017). Desde este plano, no se puede pasar por alto el nexo entre narrativas migratorias y respuestas políticas y, en este sentido, atender a que en muchos casos estas se caracterizan por cierta ambigüedad semántica. Un ejemplo de ello se revela al atender al poder del lenguaje en lo que respecta a la política migratoria. A menudo, el proceso de construcción y el empleo de determinados conceptos, como es el caso de la utilización de «migrantes económicos» -a pesar de las grandes dificultades de delimitar a migrantes «económicos» y «forzosos» dado el aumento de las denominadas «migraciones de supervivencia» impulsadas por el miedo y la desesperación- o los frecuentemente rotulados menas -menores de edad no acompañados-, asociados a la conflictividad social, visibiliza cómo esto, por un lado, oculta otros aspectos de la realidad migratoria, y, por el otro, justifica y legitima determinaciones que son presentadas como la imperativa reacción a hechos descritos de manera sesgada (Ceriani, 2016).

En relación con ello, conviene atender, desde una perspectiva crítica, a la relación que se ha venido fraguando en nuestros días entre el refuerzo de las fronteras territoriales y las simbólicas. Douglas Massey, por ejemplo, ha denunciado cómo en Estados Unidos los discursos mediáticos y políticos han creado un «problema» hasta entonces inexistente, pues la migración mexicana era en la mayoría de los casos circular hasta que en la década de 1980 se inició el diseño de restricciones fronterizas (Massey, 2015). Por su parte, Nira Yuval-Davis ha enunciado desde una perspectiva interseccional la existencia de un «trabajo sucio» (dirty job) en la manera de proceder del discurso público en aras de intensificar las fronteras entre «nosotros» -las personas nacionales y nativas- y «ellos» -las personas migrantes- (Yuval-Davis, 2010). Otros estudios han concentrado sus esfuerzos analíticos en indagar en el estado de excepción de facto erigido en zonas fronterizas según un marco conceptual de «crisis fronteriza» al que subyace la asunción de que no se puede aplicar la ley en estos espacios y del mismo modo que en el resto del país dada la convergencia entre la «excepcionalidad jurídica» y la «excepcionalidad narrativa/conceptual» enmarcada en narrativas de emergencia y crisis (Ferrer-Gallardo y Gabrielli, 2018). Javier de Lucas, por su parte, se ha situado en la tragedia que tiene lugar en el Mediterráneo, uno de los caminos más mortíferos al continente para las personas desplazadas, poniendo el foco en que es el hecho de «extranjerizar» a las personas migrantes lo que favorece la creación de respuestas jurídicas y políticas que, al subrayar las diferencias, intentan justificar su incompatibilidad y, de esta manera, la necesidad de relegar a estos individuos a un estatus de dominación o de «subor-discriminación» (De Lucas, 2015, p. 29). En suma, pensar en la realidad de las fronteras supone pensar en su azar, pues estas no dejan de ser «caprichos de la historia» (Velasco, 2016). En este sentido, el filósofo Juan Carlos Velasco ha prestado especial atención a la necesidad de desnaturalizar la retórica hegemónica sobre el afán de fortificar las fronteras, sin éxito, antes personas vulnerables de por sí en aras de establecer las bases para un sistema migratorio fundamentado en la solidaridad y los valores democráticos (Velasco, 2020). Una tarea que también ha sido asumida por el filósofo Sami Naïr, quien ha subrayado que la Unión Europea no hace frente a una suerte de invasión migratoria, sino a una crisis humanitaria que requiere de una respuesta justa, solidaria y humana (Naïr, 2016).

Ahora bien, la «hiperpolitización negativa» de la que ha sido objeto la inmigración no hace más que dificultar esta tarea (Arango, 2019). De acuerdo con el análisis del sociólogo, esta es el resultado de dos hechos. Por una parte, el ascenso de partidos y movimientos políticos constitutivos de una nueva derecha radical que en el contexto político internacional se asocia al populismo y nacionalismo y en el que, ciertamente, cada vez se agregan más protagonistas. Por la otra, las exaltaciones excluyentes y repulsivas respecto a la migración y al asilo por parte de tales fuerzas políticas. En la estrategia de estos partidos el rechazo a la inmigración juega un papel crucial porque, además de adherirse a su ideología nacionalista en relación con rasgos identitarios, resulta provechoso para ganar réditos electorales. La hiperpolitización negativa de la inmigración puede considerarse, en general, el resultado de la instrumentalización por parte de tales fuerzas políticas de este fenómeno, sin embargo, cabe advertir que no siempre el impacto de la crisis y el apoyo a partidos que promueven visiones antinmigración tienen lugar de manera equilibrada y que el endurecimiento de las políticas en materia de inmigración y asilo no se nutre exclusivamente las fuerzas (Arango, 2019, pp. 104-106). Por todo ello, resulta plausible afirmar que el racismo ha mostrado, independientemente del color político que abanderen los gobiernos, su capacidad de coexistir con valores democráticos e igualitarios (Buraschi y Aguilar, 2019, p. 74). Por consiguiente, concebir las migraciones como una amenaza fundamentalmente político-identitaria implica considerar que este fenómeno se contempla, en última instancia, como un factor de fragmentación social que estimula el racismo y el radicalismo político (Campesi, 2012, pp. 7-8).

La exaltación del sistema de vigilancia y control de las fronteras no se limita al discurso y tratamiento político, sino que cobra gran relevancia en el discurso mediático. En relación con ello, hay que tener en cuenta, por un lado, que el tratamiento informativo (framing) que los medios de comunicación hacen de la realidad migratoria tiende a influir significativamente en la opinión pública, y, a menudo, se da cobertura informativa al carácter negativo de la inmigración según un tratamiento del fenómeno en el que impera un encuadre que vincula inmigración con violencia. Sobre todo, cuando se trata de representar mediáticamente al otro cultural y religioso por antonomasia, el migrante de origen musulmán o árabe (El-Madkouri, 2006; El-Madkouri y Taibi, 2006).

Este hecho se encuentra estrechamente relacionado con la violencia simbólica de la deshumanización (Butler, 2006). Una problemática en la que abundaba hace algunos años la historiadora feminista Mary Nash, quien centraba su estudio en el discurso periodístico acerca de la inmigración en la prensa española a partir de la década de 1990 y concluía que el término «persona» brillaba por su ausencia mientras era asiduo el empleo de vocablos deshumanizados como «ilegales» o «sin papeles» (Nash, 2005). Una representación deshumanizada de las personas migrantes y su realidad que se revela hoy sin tapujos (Red Acoge, 2020). La presentación de datos empíricos, muchas veces, resulta cuestionable, y, en demasiados casos, el discurso del miedo se caracteriza por presentar a aquellos seres designados como «ilegales» o «sin papeles» como intrusos de «nuestro» espacio y «nuestros» privilegios primermundistas en sintonía con «juegos metafóricos» tendentes a calificar los «flujos» migratorios con «mareas» rebosantes y «oleadas» masivas (Borges, 2010, pp. 196-222). En esta coyuntura, una reciente investigación que daba voz a los productores del discurso mediático, los periodistas especializados en esta materia, revelaba cierto consenso sobre la existencia de un tratamiento informativo de la inmigración en el que abundan estereotipos mientras falta profundidad, contexto y, sobre todo, otorgar la palabra a las personas migrantes (Oller-Alonso, Blanco-Herrero, Splendore y Arcila-Calderón, 2021).

Por otro lado, resulta pertinente subrayar que la propagación de discursos de odio, en lugar de limitarse hoy al canal tradicional de las comunicaciones, se extiende a un ritmo vertiginoso en el escenario virtual debido, en buena medida, a la dificultad de identificar y atajar tales discursos (Pantoja, 2011; Oleaque, 2015; Bustos, De Santiago, Martínez y Rengifo, 2019; Buraschi y Aguilar, 2019). Desde este ángulo, destaca el papel de las redes sociales como un instrumento al uso para la difusión apresurada de informaciones sesgadas, tergiversaciones, bulos y, en última instancia, percepciones erróneas sobre el fenómeno migratorio y las personas desplazadas. A este respecto, conviene advertir que no se trata meramente de una simple transmutación, sino de un hecho que está implicando la emergencia de nuevas propiedades que en la comunicación se relacionan con ciertos principios, tales como la deslocalización, la imprevisión, la inmediatez o la interacción (Pantoja, 2011). Y algunas características que incrementan las repercusiones negativas del ciber-racismo y los discursos de odio online son la propagación masiva de estos discursos a través de mensajes multimodales -vídeos, sonido, textos, etc.- y un amplio abanico de plataformas, la facilidad de publicación y visibilización, la descentralización de la comunicación que obstaculiza su reglamentación, el potencial de viralización, la perdurabilidad en el tiempo de los mensajes y su capacidad de resurgir en diferentes formatos y plataformas, y, el anonimato en la medida que la sensación de virtualidad produce cierta disonancia en el individuo respecto a la realidad contribuyendo a una sensación absoluta de impunidad (Buraschi y Aguilar, 2019, pp. 109-110). En efecto, la instrumentalización negativa de la inmigración propia de los discursos mediáticos y políticos tiende a agravarse en una atmósfera de redes sociales y saturación de información. Y en un contexto en el que las redes sociales y el discurso popular generado de manera online están ganando peso en las prácticas comunicativas cotidianas, no cabe duda de que la opinión pública resulta susceptible a las informaciones y los mensajes desplegados por estos medios.

En suma, la correlación entre la representación estereotipada de la inmigración en los medios de comunicación y la emergencia de actitudes antinmigración eleva la plausibilidad y pertinencia de concebir el discurso antinmigrantes como una forma de difundir la intolerancia, la discriminación y el odio (Álvarez-Gálvez, 2009; Casero, 2006; Retis, 2006; Fajardo y Soriano, 2016). A tal efecto, se asume que no son solo territoriales las fronteras que nos separan con las y los otros migrantes, sino también simbólicas y, específicamente, son «fronteras morales» aquellas que dejan fuera de nuestra comunidad moral a estas personas (Buraschi y Aguilar, 2016). Diagnosticar que asistimos actualmente a la mundialización de la intolerancia nos habla de una normalización del odio identitario y los delitos de odio en perjuicio de los valores democráticos (Movimiento contra la Intolerancia, 2018). Y si el odio implica, en el caso que aquí nos ocupa, un deseo colectivo del mal hacia la y el otro migrante, se puede afirmar, en términos arendtianos, que la «banalidad del mal» se ha recrudecido en la sociedad contemporánea al compás de los discursos políticos y los mass media.

El severo giro securitario suscitado en materia de inmigración (Bigo, 2002; Arango, 2011) junto a una miopía económica de las políticas migratorias europeas han contribuido a la distancia que estas han tomado con las exigencias de una democracia plural e inclusiva (De Lucas, 2002). Esto ha puesto de relieve que la «política del combate» contra el inmigrante «ilegal» no es más que la encarnación del «odio institucionalizado» hacia un grupo heterogéneo, indeterminado y variable de personas (Pomares, 2014, p. 167). El afán político de contención de los flujos migratorios no deseados ha contribuido activamente a criminalizar y estigmatizar los movimientos migratorios y a las personas procedentes del Sur global que los protagonizan. En especial, en el caso de la Unión Europea, donde la peligrosa asociación entre este fenómeno y el crimen organizado transnacional ha resultado eficaz para que, en muchos casos, con la coartada de luchar contra redes delincuenciales destinadas al tráfico y a la trata de seres humanos, los Estados miembros adopten prácticas políticas más que cuestionables.

En este sentido, el miedo parece ser la piedra angular de las retóricas antinmigración que promueven y justifican la exclusión y alimentan los delitos de odio (Baltazar, 2021). En otros términos, este formato de exclusión puede ser interpretado a la luz de la ideología del miedo, promovida en buena parte por la exigencia de blindar las fronteras según una concepción de la inmigración que, desde una visión de seguridad y orden público que interseca con la perspectiva social, incurre en la pretendida homogeneidad europea (Solanes, 2005), y de dicha institucionalización y cultura del odio presente en muchas de las legislaciones que califican en términos delincuenciales a migrantes y a potenciales refugiados (Pomares, 2014). No se puede pasar por alto que el vínculo entre el Estado y la nación redunda en la configuración de una identidad nacional que se encuentra en sintonía con la aspiración política de homogeneidad de la nación, lo que implica, en última instancia, que aquellas minorías nacionales que no cumplen los requisitos de pertenencia a la nación pasen a ser considerados «habitantes ilegítimos» (Butler y Spivak, 2009). En definitiva, en la medida en que las narrativas dominantes instrumentalizan y promueven una concepción de la inmigración como amenaza para la seguridad y las respuestas políticas se enmarcan en estos términos se crea el caldo de cultivo propicio para la expansión de la cultura del odio hacia este conjunto humano. Es por ello por lo que estima valioso explorar el discurso del odio desde el marco butleriano y mbembesiano.

El reconocimiento del discurso y el delito de odio en los diferentes ordenamientos jurídicos responde fundamentalmente a la necesidad apremiante de proteger a minorías y grupos tradicionalmente discriminados (Correcher, 2020). En efecto, no se puede pasar por alto que las personas migrantes y potenciales refugiadas se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Pues esta, además de ser una condición antropológica común a todos los seres humanos y en este sentido manifestación de la condición humana y su fragilidad, también es la expresión de circunstancias específicas. Las posibilidades de ser heridos o dañados física o moralmente -significado al que remite la propia etimología del término- pueden ser intensificadas o, en cambio, mitigadas. Este era, en buena medida, el telón de fondo de las formulaciones de la filósofa Judith Butler cuando, desde una perspectiva crítica a la respuesta bélica estadounidense a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, teorizaba sobre la configuración de una vida precaria sobreexpuesta a la vulnerabilidad, la precariedad y, en último término, a la muerte (Butler, 2006). En esta línea, resulta provechoso dar cuenta del particular nexo entre deshumanización y ejercicio de violencia que Butler enunciaba. A su juicio, para que una vida resulte potencialmente eliminable se requieren de estrategias y mecanismos del poder capaces de constituirla como una «vida no digna de vivir» e, incluso, como una amenaza o riesgo para el potencial de la «vida digna». La filósofa subrayaba que la deshumanización emerge en el límite de la vida discursiva, un límite establecido mediante prohibiciones y represiones. Cuyo resultado es la articulación, por un lado, de una vida digna de ser vivida y llorada, la de «nosotros», en contraste, por el otro, de la de «ellos», una vida no digna de vivir ni de ser objeto de un duelo público (Butler, 2006, p. 63). No obstante, precisaba que, en cualquier caso, el problema no es reductible a la existencia de un discurso deshumanizador capaz de despojar de las características propiamente humanas a determinados colectivos o grupos humanos, sino que trasciende a la existencia de los límites del discurso que establecen las fronteras de la inteligibilidad humana (Butler, 2006, p. 52). Esto significa que ciertas vidas (y muertes) no desaparecen tanto dentro del discurso explícito como en las «elipsis» mediante las que opera el discurso público (Butler, 2006, p. 61).

En relación con ello, resulta plausible estimar que la cultura del odio y, en particular, los discursos de odio son un mecanismo necesario de la necropolítica, la cual produce activamente vulnerabilidad hacia estas poblaciones. La necropolítica remite a una «política de muerte» desde un enfoque de intersección entre clase/pobreza y raza/etnia que se encuentra alineada con los criterios ideológicos y económicos del mundo actual (Mbembe, 2011). La aplicación categorial y teórica de la necropolítica se limita en su obra, en buena medida, al mundo poscolonial y la guerra, sin embargo, es reconocida su adecuación a nuevos horizontes de aplicación. En este sentido, el afán en obviar en la administración migratoria la inevitable dimensión política de las manifestaciones de la movilidad humana de inmigrantes y refugiados y, como acertadamente subrayaba De Lucas, imponer una perspectiva «sectorial, unilateral y cortoplacista» concentrada en la construcción de una categoría jurídica de inmigrante ciertamente «demediada» termina por propiciar condiciones de vulnerabilidad para estos sujetos y, en última instancia, por tornar las políticas de inmigración y asilo en emblemas de la necropolítica (De Lucas, 2017, pp. 81-82). Hay que tener en cuenta que, en demasiados casos, las personas que migran proceden de países donde impera esta misma modalidad negativa que repercute directamente en la producción masiva de desplazamientos forzosos (Estévez, 2022) y que la fantasía política de contención migratoria, materializada con muros, vallas y políticas restrictivas en aumento, redunda en un aumento de la mortalidad (García-González, 2020).

En la base de la propuesta de Mbembe descansa la premisa de que la política opera a través de la producción de muerte -directa o indirecta, simbólica o material- de aquellos individuos o conjuntos humanos concebidos como «enemigos». En otros términos, la relación de enemistad, instrumentalizada por los gobiernos, discierne entre aquellos que «deben vivir» y aquellos que «deben morir» (Mbembe, 2016; 2018). La construcción de una vida no digna de ser vivida, o en términos de Mbembe de un «enemigo ficcionalizado», autoriza la sobreexposición a peligros, a menudo, mortales a aquellos identificados con una amenaza o un peligro para quienes detentan una vida digna de ser vivida. Es decir, «ficcionalizar» un enemigo supone alguna forma de construcción simbólica y falseadora que autoriza el despliegue de la violencia. Y, en este sentido, la cuestión racial resulta clave. Para Mbembe, la razón negra ha operado históricamente como un conjunto de discursos y prácticas que construyeron al «negro» como sujeto de raza, lo que impulsaba su identificación con lo salvaje en aras de justificar el dominio y la descalificación moral (Mbembe, 2016, p. 13). Ciertamente, en el pensamiento de Mbembe parecen confluir dos tradiciones que, sobre todo en los últimos tiempos, parecen haber tomado cierta distancia, la tradición del pensamiento crítico respecto a la formación y lucha de clases y la de la formación de las razas. No obstante, a su juicio si bien la raza y el racismo se encuentran vinculados con antagonismos que descansan sobre la estructura económica de las sociedades, la transformación de esta no supone necesariamente la desaparición del racismo (Mbembe, 2016, p. 81). En otros términos, desde la óptica del filósofo la raza es, al mismo tiempo, ideología y tecnología de gobierno, sin embargo, en nuestros días las narrativas neoliberales parecen haber extendido la condición negra a toda la humanidad para legitimar la susceptibilidad global a la exclusión

De acuerdo con Butler, la configuración de una vida no digna de ser vivida supone un modo de violencia simbólica que parece mantener una relación de complementariedad y constitución con la violencia material en la medida que configurar una vida deshumanizada y deslocalizada, a efectos prácticos, entre la vida y la muerte atribuye autorización a un despliegue de una violencia ilimitada que se torna, consecuentemente, irreal y difusa (Butler, 2006, p. 65). En esta última problemática abundaba la filósofa de una manera más exhaustiva y pormenorizada a propósito de los marcos de guerra al repensar la materialidad de esta y estimar que, por una parte, existe la guerra, y que, después, por otra, surge su representación (Butler, 2010). Esto significa que la guerra acontece como un hecho fáctico en el que el sentido de la materialidad se agota en los aparatos y artefactos destructivos, tales como los recursos armamentísticos, y en su finalidad, el ejercicio de la violencia física y la destrucción de los cuerpos, sin atender a las dimensiones visuales y discursivas como parte del «hacer la guerra». Poner en entredicho esta fractura epistemológica dirigía a la filósofa, en último término, a sostener que la regulación de lo audible y lo visible por parte del Estado y los medios de comunicación al decidir y determinar sobre qué, quién y cómo se informa constituye una dimensión más de la violencia.

La premisa fundamental que guiaba las teorizaciones de Butler es que el punto de partida de la crítica de la violencia debe ser la inteligibilidad de la vida como tal. Es por ello por lo que enunciaba que esta problemática concierne a los medios de comunicación a un nivel más general, pues para que una vida sea percibida como vida se requiere de la incorporación de «estructuras evaluadoras» que la tornen perceptible según esta condición (Butler, 2010, pp. 79-80). Por ende, entendía que solo desafiando a los medios de comunicación dominantes es posible que determinadas vidas puedan ser visibles y/o cognoscibles en su precariedad. Sin embargo, esto solo es efectivamente posible si se reconoce que nuestra supervivencia no resulta dependiente de la vigilancia y la defensa de una frontera, sino del reconocimiento de la relación con los otros (Butler, 2010, p. 83). En líneas generales, la propuesta ética de Butler -en la que se incorporan, en gran medida, algunos presupuestos esenciales de la ética levinasiana-, descansa en el reconocimiento de que la vulnerabilidad emerge como un buen punto de partida para el encuentro ético y la responsabilidad moral en la medida que todos estamos expuestos a la fragilidad de la condición humana y la violencia, lo que resulta fuente de inspiración para una ética de la no-violencia. Y dado que para determinados individuos, poblaciones y conjuntos humanos la vulnerabilidad se exacerba, resulta apremiante dar respuesta a la situación particular de estos en la esfera social.

Grosso modo, la aplicación teórica de estos contenidos a la cuestión migratoria actual y, en particular, a la representación del sujeto migrante en el discurso público resulta provechosa para poner el foco de atención en la necesidad acuciante de moralizar y alinear con valores democráticos el discurso público en nuestras sociedades si se aspira a no tolerar la violencia en ninguna de sus formas de expresión y manifestación. Admitido el papel crucial del discurso público en la representación de la vida humana como tal, la evaluación crítica del tratamiento comunicativo de la inmigración se torna una tarea ineluctable. Sobre todo, cuando la representación deshumanizada y estereotipada de las personas migrantes en el discurso público favorece la proliferación de discursos y delitos de odio vinculados, en gran parte de los casos, a violencias racistas y xenófobas. En relación con esta problemática, no se puede pasar por alto, como enfatizaba la propia Butler a propósito de la producción del «rostro» como un modo de violencia, que quienes detentan el poder de representar y, sobre todo, de autorrepresentarse, tienen más posibilidades de ser humanizados que aquellos que no, y que, consecuentemente, estos últimos resultan más propensos a no ser representados e, incluso, a ser identificados de forma idéntica con el mal y lo no-humano (Butler, 2006, pp. 179-182).

Las personas migrantes y potenciales refugiadas que comparten vías irregulares e inseguras para acceder a Europa son, por antonomasia, un conjunto humano susceptible a ser radicalmente deshumanizado y también identificado como «enemigos» en las sociedades receptoras. Un hecho derivado, en realidad, de la fractura que subyace a la migración entre una humanidad «legalizada» o «normalizada» y una humanidad «ilegalizada» o «irregularizada» y, por ende, deshumanizada, que tanto induce como promueve y propaga el odio y el racismo (Bello, 2011). En consecuencia, si se pretende abundar en el odio colectivo dirigido a las personas migrantes en nuestras sociedades no se puede obviar la problemática de la representación negativa y deshumanizada de estas poblaciones en el discurso público al constituir esta misma una forma de violencia simbólica. En especial, cuando los discursos políticos y mediáticos han contribuido activamente a que esta población vulnerable se encuentre bajo sospecha según el establecimiento de un estrecho y conveniente vínculo entre inmigración y criminalidad notorio en las propias políticas migratorias de la Unión Europea (Fernández-Bessa, 2010). La deshumanización y la instrumentalización de la enemistad hacia las poblaciones migrantes y refugiadas crean el caldo de cultivo propicio para la expansión del odio. En términos de Mbembe, es sobre la figura de un enemigo sobre la que se descargan las lógicas de la sospecha y, para ello, se requiere de prácticas y mecanismos que articulen a este enemigo y produzcan una «nueva moral» (Mbembe, 2018, p. 81). Pues de lo contrario, sin una relación de odio y enemistad, se carece de la autorización de desplegar políticas combativas y punitivas.

La construcción de la inmigración como un escollo político para los gobiernos de los países receptores se encuentra indiscerniblemente ligada con derivas ideológicas que, además de recusar el marco normativo de los derechos humanos, han influido significativamente en la percepción social imperante acerca de la inmigración y las personas inmigrantes. El paulatino incremento de ideas y proclamas racistas, xenófobas, intolerantes y discriminatorias en la Unión Europea ha dejado al descubierto una verdadera crisis de identidad, por rechazo a los valores ilustrados, manifiesta también en la desatención del derecho de migración y asilo. A tal efecto, el discurso antinmigración puede ser entendido como un ejemplo por antonomasia de la promoción de la cultura del odio en sociedades democráticas que se ajusta a la necropolítica migratoria.

Desde una perspectiva crítica, el análisis del discurso antinmigración como una forma de expresión e incitación al odio indiscerniblemente ligada a las obsesiones securitarias e identitarias de los Estados permite poner de relieve que la forma en que se habla y comunica de este fenómeno y de sus protagonistas tiene un inevitable alcance moral. Sobre todo, cuando estamos siendo testigos, si no cómplices, del diseño de mecanismos políticos basados en la exclusión y en la sobreexposición a la violencia para migrantes y potenciales refugiados. Las narrativas excluyentes hacia estas poblaciones, caracterizadas por exaltar el refuerzo del sistema de vigilancia y control migratorio, abanderan las fronteras territoriales, y también las simbólicas, en la sociedad global al concebir la figura del migrante como un «enemigo» que debe estar en el disparadero de la necropolítica (Mbembe, 2011).

La penalización del discurso del odio responde a la asunción del sentido ético de la responsabilidad que se detenta hacia grupos vulnerables que, en una situación de desigualdad estructural, tienden a ser agentes receptores del odio. Sin embargo, si bien esto supone un avance que puede operar desde un plano jurídico como cortafuegos de discursos y delitos de odio ante las demandas de sujetos y/o colectivos particulares, la problemática moral derivada del discurso público pone en la palestra la exigencia de trabajar en nuevas formas de comunicar e informar sobre este fenómeno. En este sentido, se puede afirmar que solo a través de la promoción de una ética de la no-violencia que haga frente a la problemática de la representación y la violencia simbólica de deshumanizar (Butler, 2006) se puede delimitar el alcance de la cultura del odio y contribuir a aminorar y reducir los impactos negativos de una vulnerabilidad estructural, aunque dinámica y supeditada a diversos mecanismos concernientes a nuestros gobiernos e instituciones.

Los discursos de odio privan a las personas migrantes de su humanidad y, a la vez, las culpabiliza de su destino trágico mientras las presenta como un problema y amenaza para «nosotros». Por todo ello, resulta apremiante poner en entredicho la neutralidad de los argumentos antinmigración que promueven el odio y atribuyen justificación, en última instancia, a una administración necropolítica de las migraciones que se caracteriza por incrementar los costes humanos contabilizados en hostigamiento y muertes.