Democracia sin atajos es un libro muy ambicioso y extremadamente bien argumentado, que introduce y discute con maestría la mayoría de las posiciones actualmente en liza sobre la legitimidad democrática, defendiendo una concepción participativa de la democracia deliberativa.

El problema al que se enfrenta Lafont no solo responde a la lógica interna de la academia, sino ante todo a un problema real, que a todos nos afecta. Y es que no hace falta especial sagacidad para darse cuenta de que la democracia hoy en día está en riesgo. Primero, por su confrontación externa con regímenes totalitarios de diverso pelaje. Puede que hace algunos años o décadas las noticias nos invitaran al optimismo: desde la caída del muro de Berlín hasta la primavera árabe. En cambio, los acontecimientos más cercanos no pueden despertar en los demócratas más que un pesimismo desconsolado. Pero, segundo, y quizás de modo aún más doloroso, la democracia está en crisis internamente, en las propias sociedades democráticas, ante el descontento de buena parte de su ciudadanía con el orden institucional y con sus representantes políticos, una crisis de legitimidad que ha dado lugar a diversos movimientos populistas, no solo anti-democráticos sino profundamente anti-políticos, restauradores nostálgicos de las esencias perdidas de otros tiempos menos dados al diálogo y la confrontación pública.

Ante este panorama externa e internamente desolador, Lafont nos recuerda la necesidad de recuperar un ideal fuerte de democracia: no solo como aquel régimen político en el que decide la mayoría, sino como aquel donde la política se dirime en un espacio de participación pública donde el pueblo es capaz de orientarse por sí mismo, construyendo su propia autonomía, sustentado en unas instituciones que posibilitan y fomentan un debate razonado acerca de los medios y de los fines, dando voz a posiciones diversas, por mucho que quizás sean irreconciliables. Vista así, la democracia es incompatible con un pueblo iletrado e irracional. No puede sencillamente ser «la voz del pueblo»: tiene como condición de posibilidad transitar la vía larga de hacer que ese pueblo mejore a través de la educación, el fomento de las virtudes cívicas y el cuidado de la esfera pública.

Ante el desánimo por la dificultad de esa vía larga, han aparecido en los últimos años diversas propuestas que nos ofrecen atajos, sorteando los retos imposibles de nuestras democracias con soluciones factibles a corto plazo: atajos tecnocráticos (delegar en los que saben) o procedimentales (confiar en la legitimidad de los procedimientos), atajos que si bien pueden ser bienintencionados e imaginativos (como el atajo lotocrático), conllevan un precio demasiado alto, en opinión de Lafont, pues cada uno de ellos socava de un modo distinto el proyecto de construir una autonomía colectiva en la que podamos reconocernos como ciudadanos libres.

Ante a la tentación de los atajos, este libro nos avisa de que corremos el riesgo de perder de antemano aquello que aspirábamos a salvar. Frente a este pesimismo, Lafont se plantea demostrarnos que el ideal de una democracia deliberativa y participativa ha de seguir siendo no solo nuestro ideal regulativo, sino ante todo nuestra hoja de ruta -una propuesta por tanto que se enfrenta al pesimismo con la mayor de las ambiciones-.

El libro contiene tres partes. La primera defiende la necesidad de una democracia deliberativa, presentando el ideal democrático del auto-gobierno (cap. 1) y las concepciones «profundamente pluralistas» de la democracia (cap. 2). La segunda sostiene que la democracia deliberativa no puede implantarse de modo que los ciudadanos deleguen su contribución a la vida pública en expertos (modelo epistocrático discutido en el cap. 3) o en subgrupos de otros ciudadanos elegidos al azar (modelo lotocrático criticado en los caps. 4 y 5), sino que han de participar ellos mismos a través de la deliberación pública (cap. 6). La tercera y última parte elabora esta propuesta con una concepción participativa de la razón pública afrontando el problema de la inclusividad en el contexto de la dicotomía secular/religioso (cap. 7) y el carácter democrático de las instituciones judiciales (cap. 8).

Lafont empatiza con las defensas epistémicas de la democracia frente a las numerosas críticas que han recibido en tiempos recientes. Muy probablemente, la deliberación pública conlleve más ventajas en la búsqueda de soluciones viables y respuestas correctas a los problemas públicos que otras estrategias como la delegación en expertos o subgrupos. Pero su empatía con las defensas epistémicas no se convierte en identificación. En su opinión, no son las consecuencias epistémicamente beneficiosas de los procesos democráticos deliberativos y participativos lo que justifican la necesidad de la participación cívica, porque estas ventajas son en el fondo contingentes, empíricamente refutables y peligrosamente frágiles. La justificación de la necesidad de la participación cívica a la que aspira Lafont, heredera directa del planteamiento de Habermas, es más consistente y trascendental. Para ella se trata ante todo una cuestión de autonomía, constitución y ejercicio de la voluntad pública. Ante una ciudadanía iletrada y ocupada, incapaz de participar en política con una mínima destreza, la delegación en expertos o la selección de mini-públicos ilustrados ad hoc podrían de facto ser más eficientes a la hora de alcanzar puntualmente o a corto plazo los fines que beneficiarían a la ciudadanía. Pero estos atajos, al no poner a la propia ciudadanía en marcha, al no nutrirse de las cabezas y los corazones de cada uno de nosotros y nosotras, acaban necesariamente pervirtiendo los fines de emancipación y autonomía que constituyen a la democracia.

Comparto completamente la postura de Lafont, y permítaseme defenderla con una analogía distinta de la del atajo, que espero sea iluminadora. Es preciso tomar la vía larga de educar a la ciudadanía, fomentar su participación e integrarla en el debate público porque el objetivo de todo el proceso es, por así decirlo, encender la bombilla del pueblo. Ese largo camino es un enrevesado circuito eléctrico que produce, evidentemente, resistencia, y que es costoso mantener. Visto así, el problema con los atajos epistemocráticos o lotocráticos no es que sean atajos (¿quién no los iba a querer tomar, si nos hacen llegar antes?), sino que son cortocircuitos. El recorrido de los expertos o los mini-públicos es mucho más breve y rápido, pero ninguno de ellos enciende aquello que se tendría que encender, y el sistema acabará inevitablemente fundido.