Cualquier manual de leninismo defiende la misma y contundente tesis: todo poder político es la dictadura de (una) clase sobre las demás con independencia casi absoluta de los mecanismos institucionales. Lenin despeja dos incógnitas con un solo movimiento teórico: 1) dictadura no se opone a democracia, sino a comunismo, entendido como sociedad sin clases; y 2) el poder político siempre pertenece exclusivamente a una clase tomada en su conjunto (Balibar, 2015, 32). El Estado no se contempla como un espacio atravesado por la lucha de clases y donde esta cristaliza de forma atenuada; es, por el contrario, un instrumento detentado por la clase dominante, en cada caso, para el ejercicio exclusivo de su dominio. No obstante, Lenin añade una segunda tesis: el aparato de Estado y los aparatos ideológicos de Estado, siguiendo la terminología althusseriana, solo se compadecen con las necesidades políticas de la clase dominante de ese modo de producción, por lo que no pueden ser puestos al servicio de otra clase dominante ocupando las instituciones: deben ser destruidos y sustituidos por otros que se ajusten a la nueva clase dominante. Del mismo modo que las estructuras jurídico-políticas feudales se desajustan al dominio burgués, el Estado burgués sería disfuncional para el dominio proletario, ni siquiera en sus formas más democráticas participativas (Balibar, 2015, 33). Estas dos primeras tesis de Lenin remiten, siguiendo a Balibar, a la transformación que se produce en el pensamiento político de Marx y Engels tras la Comuna de París. Lenin añade una tercera tesis: dictadura del proletariado y socialismo son términos que se corresponden. El socialismo, la organización económica del periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo, es la dictadura del proletariado; mientras que la dictadura del proletariado, el ejercicio del poder político por los obreros y los campesinos, es el socialismo (Balibar, 2015, 35).

Esta tercera tesis inscribe por primera vez la teoría de Marx y Engels en la práctica política revolucionaria frente al «retroceso» al dominio burgués que suponía la II Internacional (Balibar, 2015, 34). Balibar incardina esta incomprensión de la dimensión práctica de la dictadura en un fetichismo de las instituciones parlamentarias y el sufragio universal de la socialdemocracia alemana. No obstante, en Marx y Engels convive, según Balibar, esta idea radical republicana con un Estado distinto fruto de la experiencia de la Comuna como aporía. Balibar, desvinculado del Partido Comunista de Francia (PCF), ⁵ no trata de deslindar a los pensadores alemanes de Lenin, sino que este continúa el concepto que Marx y Engels toman de Blanqui tras el fracaso de la Revolución de 1848, profundamente transformado tras la experiencia de los communards, pero sobredeterminado por la situación de la I Guerra Mundial (Balibar, 2017b, 29). Así, las tesis bolcheviques conforman la tercera coyuntura revolucionaria de conformación del concepto.

Balibar reconstruye la dictadura del proletariado desde su último desarrollo, tal y como Marx (1971, 26) afirma en los Grundrisse que la economía capitalista suministra la clave para la comprensión de la economía antigua. En Marx y Engels el término solo aparece en dos momentos históricos, con un largo eclipse entre ambos: las revoluciones europeas de 1848 y los escritos sobre la Comuna de París. En torno al primer momento histórico, Marx utiliza dictadura del proletariado para definir un periodo de excepcionalidad, de violencia política necesaria, en aquellos estados cuyo proletariado esté menos desarrollado durante un proceso revolucionario más amplio llamado revolución permanente. Tras este periodo de excepción, la institucionalidad que corresponde con el socialismo es una república democrática con predominio del legislativo sobre el ejecutivo (Balibar, 1982, 324-325).

El término desaparece de la obra de Marx y Engels hasta la Comuna, pero, siguiendo a Balibar, con la coyuntura se habría producido un paso de lo abstracto a lo concreto, una «corrección» de El manifiesto comunista en la concepción de la política proletaria y la concepción del Estado (Balibar, 1974, 72-73). Marx encuentra en los comuneros parisinos los mecanismos institucionales específicos que destruirían el aparato de Estado burgués. Para definir estos mecanismos retoma dictadura del proletariado. El término pasa de nombrar una excepcionalidad a ocupar una posición universal de correspondencia con el poder político proletario. Al mismo tiempo, la institucionalidad propia de la dictadura del proletariado destruiría el aparato de Estado burgués, por lo que Balibar lo caracteriza con el paradójico concepto de «Estado no Estado» (Balibar, 1982, 326). ⁶ La destrucción del Estado se despliega en cuatro aspectos: 1) el mantenimiento del pueblo en armas; 2) la eliminación del parlamento por un sistema de democracia directa con ejercicio indiviso del poder legislativo y ejecutivo; 3) desmantelamiento de la maquinaria represiva del Estado y la independencia del poder judicial; y 4) la inclusión de mecanismos que impidan la formación de un nuevo aparato de Estado distinto del pueblo como la revocación, la rendición de cuentas y la limitación de los salarios de los cargos públicos al salario medio de un obrero (Engels, 2010, 92-94). No debemos olvidar que Lenin desarrolla esta misma concepción en El Estado y la revolución: la dictadura del proletariado es la forma del poder político que, en su mismo funcionamiento, socava su propio poder.

Junto a esta lectura dialéctica convive la inversa: Marx, Engels y, en cierto sentido, Lenin, conservan una fidelidad democrática a la República fraterna de 1848 que se resquebraja en 1918. Esta es la interpretación que, en consonancia con Arthur Rosenberg, va a hacer Antoni Domènech. Desde esta perspectiva, Marx y Engels se mantuvieron fieles a la concepción primigenia de la dictadura del proletariado que la entendía como un periodo de excepcionalidad en los países con el proletariado menos desarrollado durante el momento álgido del proceso revolucionario. Domènech apela a la formación clásica de Marx para indicar que el término dictadura conserva su significado romano: la entrega del poder político a un dictator en situaciones de agudización de la guerra civil (Raventós, 2019, 570). Este tipo de dictadura, denominada comisaria, se caracteriza por: 1) estar sometida a un periodo temporal previamente fijado por aquellos que delegan el poder en el dictador y 2) el dictador, en este caso el proletariado, es un agente que ejecuta el mandato del pueblo, quien sigue siendo el depositario del poder político (el principal) ante el que el dictador tendrá que rendir cuentas. La guerra civil en Francia no alteraría en lo sustancial esta concepción. La dictadura del proletariado sigue siendo ese momento de suspensión de las garantías democráticas ante la agudización de la lucha de clases. Los procedimientos institucionales de la Comuna lo son de garantía para la consolidación de una república democrática. La «dictadura democrática de obreros y campesinos» bolchevique continúa esta institucionalidad republicana frente a la ruptura que supuso la II Internacional. Como vemos, ambos autores imponen una interrupción filosófica y política entre la I y la III Internacional. Domènech causa el eclipse en que la II Internacional sustituye la política de alianza de clases de la I Internacional, por una política de clase contra clase en la que todas las clases son reaccionarias frente a la clase obrera. Lenin, frente a esta lectura lassalleana de la II Internacional, recupera la tradición clásica que define la democracia como «el autogobierno de la masa pobre» (Rosenberg, 1977, 12).

La clase revolucionaria atraviesa las mismas coyunturas del movimiento obrero. Balibar nos recuerda que en la primera edición de El Capital (1867) el término proletariado solo aparece en dos ocasiones en estrecha relación con referencias históricas a la Liga de los Comunistas y su participación en las Revoluciones de 1848 (1994, 126). ¿Quiénes conforman el proletariado en 1848? Cuando un juez preguntó a Blanqui por su profesión en 1836, le contestó que era «proletario». El juez indicó que aquello no era una profesión, a lo que replicó que era la ocupación de millones de franceses que vivían de su trabajo y que carecían de derechos políticos. Rosenberg (2022, 61) concluye que «el proletariado incluía a los campesinos, los artesanos, los obreros industriales y también a los intelectuales pobres como él». Lo importante para Rosenberg es que el proletariado sumaba la mayoría de la población francesa y, especialmente, que era imposible reducir el concepto a la clase obrera industrial minoritaria entonces.

Volvamos a la lectura de Balibar de El Capital. En la 3.ª edición de 1872 aparece la segunda concepción de dictadura del proletariado. Se ha dado el paso, entre una y otra edición, de una concepción del Estado alienado que la revolución pone al servicio de la sociedad a la significación de la dictadura del proletariado como una organización institucional universal (Balibar, 1994, 129). Pero el proletariado queda prisionero en una antinomia constitutiva que puede ser leída en sentidos opuestos. Por un lado, Marx introduce una precisión económica de la que carecía el término hasta entonces: proletario es aquel a quien se le extrae plusvalía. Hasta el Marx posterior a la Comuna, el proletariado se definía por su exclusión de la ciudadanía activa; Antoni Domènech (2019, 19), por ejemplo, insiste en que la característica principal del proletario clásico es su confinamiento al espacio privado, ya fuese este la familia o la fábrica. La consecuencia evidente de esta precisión es la identificación de proletario y clase obrera. Por otro lado, el término conserva su referencia a las masas: «Marx no afirma precisamente que ‘las clases hacen la historia’, sino que ‘las masas (o el pueblo en masse) hacen la historia’» (Balibar, 1994, 145). ⁷ Balibar abre la legitimidad textual de la lectura que recluye el sujeto revolucionario en la clase obrera -reducida incluso a solo los trabajadores productivos- y otra amplia, aunque siempre opte, como antiguo leninista, por la segunda. ⁸ Desde otros presupuestos, Domènech (2019, 197) señala que la reclusión del movimiento obrero en el trabajador productivo fue el gran error de la socialdemocracia alemana y la II Internacional. En Marx no existiría, para Domènech, una contradicción entre clase y masa, sino que la clase obrera industrial tiene como función «encabezar» el movimiento popular de todos los sometidos tanto por el capitalismo como por las formas de dominio previas. No existe contradicción entre masas y proletariado porque son sujetos distintos. El proletariado es la clase obrera «en sentido estricto», pero es un error político mayúsculo que acometa la revolución en solitario sin el apoyo del resto de clases dominadas (Domènech, 2019, 173).

Ambos acuerdan que uno de los grandes errores del movimiento obrero posterior a la Comuna, y señeramente el de la socialdemocracia alemana heredera del Programa de Gotha, fue dividir la sociedad en «dos mundos»: el proletario que incorporaba en sí el socialismo y el burgués, donde se arrojaba al resto de clases como una masa reaccionaria frente a ese futuro de libertad e igualdad. La Revolución Soviética se condujo, según Domènech, por derroteros ajenos a la ortodoxia de la II Internacional. El bolchevismo recuperó a Marx en cuanto devolvió el movimiento obrero a la tradición democrática cuarentayochista. Lenin y Trotski dirigieron «una revolución con consignas y programa básicamente burgueses-radicales encabezadas por un proletariado industrial resuelto y capaz de arrastrar tras de sí, unido, al conjunto del demos contra la burocracia absolutista […]» (Domènech, 2019, 283-284). La dictadura democrática de obreros y campesinos era el periodo de excepción en un imperio atrasado a la espera de la república democrática que devendría de la revolución en los países avanzados, como en la revolución permanente de las primeras batallas de Marx y Engels. Y, en esto, llegó enero de 1918.

Este fragmento de Lukács pertenece a «Legalidad e ilegalidad» de 1920, recogido en Historia y conciencia de clase. En él, realiza una encendida defensa de las posiciones de Lenin contra los detractores a la participación en el parlamento o cualquier otra forma de lucha política legal. El texto hace hincapié en despojar de heroicidad a la violencia frente a otras formas de lucha, porque en 1920 lo cuestionable en el movimiento comunista no era la violencia, era la legalidad. A la premisa de que el Estado es una herramienta de la clase dominante, hemos de añadir una condición capital: la lucha política es la intervención en una guerra civil. Todo comunista luchaba en un ejército en la batalla final contra un capitalismo a punto de extinguirse de éxito o crisis. La guerra, afirma Balibar, es el elemento estructural que sobredetermina toda la política bolchevique: la consigna, que no se puede confundir con el pacifismo, de convertir la guerra imperialista en guerra civil es su forma más elaborada (Balibar, 2017b, 30). Quizá donde se recoja mejor sea en la sentencia que Lenin ([1918]; 1986, 253) espetó en su panfleto contra Kautsky: «la dictadura es un poder que se apoya directamente en la violencia y no está coartado por ley alguna». Esta afirmación, desgajada del texto, invita a identificar el Estado como una herramienta de poder arbitrario de quien lo detente, pero sería más acertado comprenderlo como que todo derecho se mide según su capacidad de imponerse en la lucha de clases, por lo que el Estado no pasa de ser una «represión institucionalizada» (Balibar, 2015, 43). La violencia revolucionaria en Lenin tendría dos momentos: la violencia insurreccional, que tendría un carácter breve, y una segunda violencia, amparada en el ejercicio del derecho como fuerza capaz de garantizar la conservación del poder y la transformación del Estado, pero, al mismo tiempo, no limitada por la ley (Balibar, 2009, 117-118). Durante el periodo de redacción de La revolución proletaria y el renegado Kautsky, Lenin escribió «Esbozo de tesis para el decreto sobre la observancia exacta de las leyes». Apenas seis tesis de escasa extensión, la segunda de las cuales requiere que incluso las medidas de guerra que «no deben ser restringidas por las leyes» deben ser comunicadas y justificadas ante la institución superior con copia al Comité Central ([1918] 1986, 132). La ley puede ser sobrepasada durante la revolución, pero su propia inobservancia debe ser remitida al poder político.

Esta doble cara de la violencia -la violencia insurreccional y la violencia necesaria para que las leyes no sean violadas, incluso cuando se legitima su violación- es lo que traduce Domènech como el riesgo de conversión de la dictadura comisaria en una dictadura soberana. Antes definimos la dictadura comisaria como una suspensión temporal de las garantías democráticas, decretada por el propio pueblo, ante una agudización de la guerra civil. La dictadura soberana, por el contrario, es aquella en la que el poder político se independiza del pueblo para adoptar el papel de principal ante los ciudadanos. Estos últimos son relegados a la posición de agentes de forma homóloga a la de los trabajadores respecto al capitalista o los siervos respecto al señor (Domènech, 2019, 423). Domènech sostiene la distinción entre la dictadura comisaria de Lenin y Trotski frente a la dictadura soberana de Stalin en dos argumentos. El primero señala que los dos revolucionarios eran conscientes del peligro de conversión de la dictadura del proletariado en una dictadura de partido, pero sus discursos estaban afectados por las «retóricas guerracivilistas». El segundo, dimana de la analogía histórica con la situación revolucionaria de 1848: la Revolución rusa era una dictadura a la espera de que estallasen las revoluciones en los países más desarrollados que acudirían en su ayuda (Domènech, 2017, 112-113).

No obstante, Domènech apunta hacia el error que supuso para la dictadura democrática de obreros y campesinos la disolución de la Asamblea en enero de 1918. En las elecciones de noviembre de 1917 los social-revolucionarios obtuvieron la victoria en las elecciones a la Asamblea Constituyente. Los bolcheviques habían ganado en las grandes ciudades, pero una población mayoritariamente campesina volcó los resultados hacia los social-revolucionarios (Faraldo, 2017, 102). La respuesta bolchevique fue disolver la Asamblea el 19 de enero, un día después de su constitución, bajo el argumento de que la representación institucional salida de las elecciones no se correspondía ya con la situación de la voluntad popular. Domènech, de acuerdo con Rosa Luxemburg, señala que, ante esa evidencia, la repetición de elecciones hubiera resuelto la no correspondencia entre institución y la voluntad popular. Disuelta la Asamblea, el único mecanismo de representación eran los soviets, cuyo anquilosamiento y pérdida de fuerza política habría sido una de las causas del fin de la dictadura democrática en la URSS nacida en 1922.

El periodo de la Guerra Civil fue también el primer momento de expansión de la planificación económica tal y como el estalinismo la ha hecho pasar como sinónima de economía socialista. El periodo comprendido entre mediados de 1918 y finales de 1921 fue un intento, desechado, de organización completa de la economía por parte del Estado. Alec Nove (1973, 50-51) señala tres causas que empujaron a la adopción de una estatalización estricta de la economía: 1) la situación de anarquía y caos generalizados en la política y la economía rusas, 2) la combinación de guerra civil y mundial y 3) los errores incurridos por medidas utópicas. Hasta ese momento, el bolchevismo se limitaba al kontrol: término ruso que implicaría la supervisión, pero no la asunción de todas las funciones económicas. El Estado debía, antes que incautarse el capital por completo, prevenir el fraude y la estafa, como demuestra que en junio de 1918 solo se habían nacionalizado 487 empresas (Nove, 1973, 44-45, 57).

Dos cuestiones nos interesan para las tesis finales de este artículo: la política agraria durante la planificación del Comunismo de Guerra y la política respecto a la alianza de clases, esto es, si durante el Comunismo de Guerra se mantuvo la alianza con el campesinado o se regresó a la II Internacional y la teoría de los dos mundos. En primer lugar, Lenin mantendría hasta sus últimos días la tesis de que la transformación socialista de la economía agraria debía ser lenta y gradual. El decreto de 8 de noviembre de 1917, que regulaba la expropiación de latifundios, refuerza el mandato de reparto de la tierra con la que los bolcheviques llegaron al poder; este permitía el trabajo individual, familiar o cooperativo, pero con la prohibición explícita del trabajo asalariado. De acuerdo con Domènech, esta organización cumple estrictamente con la concepción de la propiedad republicana. El Estado es el principal de la propiedad de una nación, pero cede su uso a los ciudadanos bajo ciertas condiciones que garanticen la libertad y la igualdad de todos y cada uno de ellos. Esta organización de la propiedad requiere mercados de distribución de mercancías. Es cierto que entre 1818 y 1921 se sucedieron las requisas de grano que iban contra la legislación imperante, pero se consideraba errada, al menos, en el discurso. Bujarin, en aquella época escorado en el ala izquierda del bolchevismo, ¹⁰ y Preobrazhensky, economista muy cercano a Trotski, escribieron en 1919: «Debemos recordar que nosotros no expropiamos la pequeña propiedad. No se trata en absoluto de nacionalizarla: primero, porque seríamos absolutamente incapaces de organizar la dispersa pequeña producción, y, en segundo lugar, porque el Partido Comunista no desea, ni debe desear, atacar a los millones de propietarios» (Nove, 1973, 72). Este «ni debe desear» nos avisa de que dentro del Partido Comunista sí existía ese deseo que había que reprimir. Reaparecía la idea de los dos mundos que rompería la alianza entre obreros y campesinos. Es esta idea de los dos mundos, las dos ciencias, los dos conocimientos, etc., la que sostiene la conversión del partido en el exégeta científico de la sociedad y la economía contra la política (Moreno Pestaña, 2019, 103). Se produce en tres niveles: 1) el aislamiento de la clase obrera del resto del demos, 2) el paso de una dictadura democrática de obreros y campesinos (comisaria) a una dictadura de partido (soberana) y 3) la planificación económica con la eliminación de todo rastro de propiedad individual (el fin de la propiedad republicana). El peligro que, según Domènech, intuían Lenin y Trotski no es otro que el estalinismo. Volveremos sobre ello, pero se deriva una comprensión distinta del estalinismo que conjuga tres elementos: en primer lugar, el partido posee la seguridad del conocimiento científico que suprime la política -¿qué se puede debatir cuando el materialismo dialéctico y el materialismo histórico se sirven de la certeza científica?, sería como discutir acerca de la temperatura a la que hierve el agua- y, por ende, convierte a todo oponente político, o incluso discrepante en el seno del partido, en un enemigo objetivo de la revolución. En segundo lugar, el estalinismo supone una eliminación de la alianza de clases y, con ella, de toda forma de democracia de la que emergió el proceso revolucionario. Por último, se produce una concentración de las funciones económicas en el Estado que, identificado con el partido, es el mejor ejecutor del conocimiento científico «proletario», aunque ni en los peores momentos de la Guerra Civil la planificación estuvo tan extendida ni incontestada como a partir de 1928.