El principal argumento de D. Sternberger para dejar atrás el modelo clásico de comunidad política era la considerable distancia entre la antigua ciudad-estado y la sociedad o los Estados modernos con una ley fundamental, la Constitución (Sternberger, 1982, pp. 5-6). La polis como ideal político quedó anclado en el pasado, hundido. De este modo, D. Sternberger se hacía eco de tesis de historiadores como N. D. Fustel de Coulanges sobre las diferencias radicales entre la ciudad antigua y la moderna. El argumento era que contemplar otras épocas desde la óptica actual solo conduce a errores. Sin embargo, el tópico de la ciudad bajo las aguas resulta ambivalente o, al menos, tan complejo como puede serlo la relación con el pasado.

La imagen de la ciudad perdida o hundida se encuentra en relatos tradicionales y en la literatura moderna. Aparece, por ejemplo, en uno de los poemas de H. Heine. Desde el barco y en el fondo del Mar del Norte, el viajero cree ver una ciudad antigua, con sus casas y habitantes. Los sonidos de las campanas llegan hasta la superficie. Él desea ir a ese lugar. Va a lanzarse al agua, pero el capitán del barco logra impedírselo. Aquella ciudad hundida era solo un espejismo. En ese momento, el viajero se siente liberado del recuerdo que lo atormentaba y puede seguir adelante (Heine, 1998, pp. 199-203). La ciudad hundida ha tenido nombres diferentes, como Wineta o Vineta. Así la recuerdan la mujer y el hombre que pasean entre las dunas, cerca de la orilla. Esa escena y la conversación de los personajes sobre Vineta están en Effi Briest, conocida novela de Th. Fontane (1994, p. 159).

Al parecer, la Atlantis del Mar del Norte sí existió. Publicaciones especializadas en arqueología y en historia, algunas recientes, se refieren a una antigua civilización que ocupaba un territorio muy extenso. Acabó luego bajo las aguas. Durante el Mesolítico, lo que hoy es Gran Bretaña estuvo unido al continente (Gaffney, Thomson y Fitch, 2007, pp. 105-118). Doggerland es otro nombre para aquella antigua civilización hundida en el Mar del Norte. Ha sido recordada en los últimos años, a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. A veces, los relatos y los mapas antiguos de la ciudad bajo las aguas son más que arqueología.

El Brexit ha sido un reto importante para la Unión Europea, entendida como proyecto político de integración y derechos para la ciudadanía. Reactivarlo -una «reconstrucción» racional (Habermas, 2011, pp. 39-61)- sería la alternativa para evitar futuras crisis de parecido calado. Sin olvidar los crecientes riesgos de la llamada «post-democracia», la erosión del sistema político. La forma y los procedimientos pueden mantenerse, ya que no es lo mismo que «anti-democracia»; aun así, el sistema que reduzca la participación ciudadana propiciará la desigualdad en la distribución de lo público. Consecuencias indeseables serán el deterioro de los servicios, el predominio de los intereses corporativos y, sin duda, la fragmentación de la acción política. Es también probable que se empobrezcan las formas de comunicación y, con ello, la calidad del debate político (Crouch, 2004, pp. 1-30, 104-123).

¿Es una ciudad hundida? La terminología es similar en varios análisis sobre el estado de las democracias en el siglo XXI. La «recesión», «retroceso» o «degeneración» del sistema (Taylor, 2022) estaría motivada tanto por sus pobres resultados en algunos países -con el consiguiente estancamiento del sistema, también en países con trayectoria democrática-, como por el rápido avance del autoritarismo. Con este llegan los abusos de poder y la falta de transparencia (Diamond, 2015). Por si fuera poco, a las distintas causas internas y externas del declive se han sumado las sucesivas crisis, económicas, sociales y también políticas (Plattner, 2015). Han terminado afectando a la estabilidad de las democracias, tanto en América como en Europa. Los procesos de institucionalización ¿por qué han quebrado? ¿Ha fallado la rendición de cuentas? (Fukuyama, 2015).

Pero la tendencia a erosionar las instituciones desde dentro no es reciente. La dinámica «suicida» -y sin frenos éticos (Garzón Valdés, 1994)- ha estado casi siempre asociada al poder ejercido sin limitaciones ni contrapesos, con efectos especialmente negativos para las democracias. Tal vez por eso, en los años ochenta del siglo XX se insistía en vincular la estabilidad democrática al grado de participación y a la cultura cívica (Almond y Verba, 1989, pp. 337-374). En el siglo XXI, se insiste más en la rendición de cuentas ante la ciudadanía, siendo decisiva para reducir la distancia entre las promesas del ideal democrático y lo que el sistema realmente ofrece. Por su parte, el modelo de democracia deliberativa apuesta por la construcción de un espacio de razones, abierto siempre a la participación ciudadana (Cohen y Rogers, 2003).

La primera conclusión es, entonces, que hay diferencias entre un sistema democrático en pleno retroceso y la transición difícil hacia otro tipo de ciudadanía -con mayor capacidad para integrar diferencias (Santamarina, 2010)- y de calidad democrática (Schmitter, 2015). El realismo político suele ponerlo en duda, recordando que las circunstancias marcan límites a los proyectos (Williams, 2005, pp. 18-28). Sin embargo, el realismo no es la única opción para valorar el alcance de las crisis en los sistemas democráticos. El «deber ser» con base ética también cuenta o ha de contar, sobre todo en los momentos de incertidumbre. En este sentido, la imagen del hundimiento de la polis puede ser reemplazada por otra, algo diferente, para nombrar situaciones que son críticas aunque no irreversibles: la ciudad sumergida.

Está bajo las aguas, no perdida ni olvidada. Los restos aun visibles de lo que fue (o pudo ser) dicen que, pese a todo, salir a flote será o ha de ser el objetivo. Hay buenas razones y bastantes motivos para ello. La ciudad sumergida vale entonces como metáfora de lo perdido y, a la vez, de la reconstrucción a emprender en la esfera pública democrática (Habermas, 2022, 2020). Los principios pueden ser, entonces, el núcleo de una renovada cultura política, cívica y participativa (Almond y Verba, 1989, pp. 45-62). No más pero tampoco son menos.

El papel constructivo de los principios empieza por dar nombre a lo real. Puede ser algo tan real como la salud o la enfermedad, se ha comprobado durante la emergencia a gran escala, provocada en 2020 por el virus SARS-CoV2 (López de la Vieja, 2022a). No cabe duda de que la autonomía es básica para todas las actuaciones en el ámbito sanitario, así lo reconoce la legislación vigente sobre derechos y obligaciones de los pacientes (Ley 41/2002, arts. 1-3). No obstante, los problemas de salud pública, como los causados por la pandemia, tienen otra dimensión al afectar a la salud colectiva, la de toda la población (Ley 33/2011, Preámbulo, arts. 10 y 25). Por eso, porque van más allá de la salud y de la autonomía individual, hace falta un enfoque complementario, el de la justicia como equidad (Rawls, 2021, pp. 3-46).

Quiere decir que cualquier forma de distribución de recursos ha de tener en cuenta diferencias que sean razonables y, en todo caso, el tipo de necesidades que tengan los ciudadanos. En el ámbito de la salud, las desigualdades y los condicionantes son siempre determinantes (Ley 33/2011, arts. 3a, 4c y 12.2,1º). En 1979, el principio de justicia como equidad en la distribución de beneficios y costes de la investigación fue incluido en el conocido Informe Belmont (The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979, part B,3). Aun así, en 2020 se habló a menudo de eficiencia, poniendo el acento en los resultados a obtener para el mayor número personas antes que en la distribución equilibrada de los recursos disponibles. Estos eran insuficientes para atender a las crecientes necesidades de la población, sobre todo en la fase más crítica de la pandemia. Había, pues, dos enfoques a la hora de abordar el grave problema sanitario. Eficiencia y equidad ¿podrían ser enfoques complementarios? (López de la Vieja y Rodríguez-Arias, 2020). En aquella circunstancia apenas se recordó o no se recordó lo suficiente otro principio de rango similar, la igualdad o equidad entre mujeres y hombres. Forma parte del marco normativo (y de la legislación en algunos países) para llegar a prácticas sanitarias cada vez más inclusivas. No se ha conseguido durante ni tras la pandemia

¿Con qué resultados? Las consecuencias de la «pandemia en la sombra» han afectado directamente a la mitad de la población, las mujeres. Lo han denunciado organizaciones internacionales como Naciones Unidas en los informes sobre el impacto de la desigualdad sobre la salud pública. Los datos resultan muy elocuentes (UN Women, 2020, pp. 2-3, World Health Organization, 2020, pp. 1-2), demuestran que a lo largo del confinamiento y en los meses posteriores se incrementaron de forma significativa los casos de violencia contra las mujeres. Al mismo tiempo disminuyeron los recursos destinados a atender la salud sexual y reproductiva, los cuidados profesionales y no profesionales tampoco se distribuyeron de forma equitativa (López de la Vieja, 2022a). Eran una prueba más de que no se habían seguido las recomendaciones sobre equidad de género en la política sanitaria, hechas en el año 2002 por la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2002, pp. 3-4). Solo que la igualdad es, no ha dejado de ser un objetivo fundamental para los movimientos y las teorías feministas que han cuestionado a lo largo de varias etapas -y con diferentes estilos argumentativos- el funcionamiento del sistema de dominación patriarcal (Amorós, 2000). Es un sistema que hoy tiene alcance global (Guerra, 2014).

El orden entre los principios (autonomía, justicia, equidad, igualdad, etc.) define las prioridades y, de ese modo, orienta o reorienta las políticas públicas. La segunda conclusión sería, entonces, que la aplicación de ese marco normativo no surge de manera automática: hace falta la voluntad de trasladar a la práctica lo que dicen los principios. Al fin, estos son formales y mutables, como recordaba J. L. L. Aranguren (1991, p. 44). Es decir, no ese trata tanto del salto cualitativo del «deber» al «es», sino de la decisión por el «puede» o por el «deber ser». En 2023, el escaso interés por las tareas de prevención sería una muestra del peso que tiene tal decisión. Ha evidenciado la brecha que aún existe entre el deterioro del sistema sanitario y, de otro lado, el deber de anticiparse a emergencias similares a la pandemia de COVID-19.

Una de las lecciones importante a retener de esa experiencia tan negativa es que hay que estar preparados (OECD, 2022, pp. 16-18) para responder a aquellas injusticias que condicionan el bienestar y la salud -tienen alcance global (Rodríguez-Arias, 2014)-, con la vista siempre puesta en el futuro (WHO, 2021, pp. 29-30). De momento, la prevención de los riesgos para la salud colectiva no es un tema preferente (López de la Vieja, 2022b), tampoco está en el centro del debate público, nacional o internacional.

En mayo de 2022, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos defendía que los culpables de ejecuciones, torturas y desapariciones de civiles fueran llevados ante la justicia (Bachelet, 2022). Tendrán que responder por la violación de derechos durante la invasión de Ucrania. Hay que investigar a fondo los crímenes de guerra allí cometidos, declaraba el Secretario General de Naciones Unidas, muy impresionado por lo que había visto durante su viaje a lugares como Bucha, Irpin y Borodianka (United Nations Secretary-General, 2022). Es más, la Federación Rusa debería cooperar con la investigación a cargo del Tribunal Penal Internacional, para rendir cuentas por la devastación del país y por las atrocidades.

No cabe duda, tendrán que ser juzgados los responsables directos e indirectos de las masacres y los actos de violencia contra la población en Ucrania. Hay, no obstante, varias cuestiones pendientes sobre el alcance de la justicia y sobre los procedimientos a seguir en tales circunstancias. Para empezar, está la duda de cuándo y ante qué tipo de tribunal habrán de comparecer los culpables, Putin incluido. Y queda lo fundamental ¿cómo prevenir los crímenes y las violaciones utilizadas de forma sistemática como armas de guerra? No más asesinatos ni atrocidades como las padecidas en Bucha y en otros lugares. Nunca más.

«Crímenes de guerra» son todos aquellos actos (asesinatos, torturas, ejecuciones, mutilaciones y otras formas de violencia) contra la población civil. El Tribunal Penal Internacional tiene competencia para juzgar tales conductas, al igual que los crímenes contra la humanidad, el genocidio y, en conjunto, todos aquellos actos que vayan contra lo establecido en La Convención de Ginebra de 1949, según establece el Estatuto de Roma de 1998. Ahora bien ¿será necesario un tribunal especial para juzgar a Putin? ¿Será un juicio como el del Núremberg? (Sands, Barkow y Klinger, 2003). Desde febrero del 2022, los debates se han centrado en el alcance la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Es una agresión y un crimen contra la paz, se afirmaba en la Declaración en favor de un tribunal especial (The Office of Gordon and Sarah Brown, 2022). El principal argumento de Ph. Sands, uno de los firmantes del documento, era que el Tribunal Penal Internacional no puede juzgar el delito de agresión, cometido por un Estado que no había ratificado el Estatuto de Roma. Por eso mismo hará falta completar la labor del Tribunal Penal (Sands, 2022), a fin de que no queden impunes la agresión ordenada por Putin ni las atrocidades sufridas por la población civil en Ucrania.

«Justicia transicional» o restaurativa es otro marco cognitivo y normativo -verdad y justicia- para avanzar en los procesos de paz, siempre con perspectiva de género (United Nations, 2023b, pp. 10-11). Este principio introduce un enfoque más centrado en la asistencia a las víctimas que en la condena penal a los criminales de guerra. Que haya que escuchar tanto a víctimas como victimarios para construir el relato completo de lo ocurrido es un cambio significativo (Gutmann y Thompson, 2000). También lo es que el objetivo de los mecanismos no judiciales y los judiciales sea contribuir a la reconstrucción de la sociedad y a la reconciliación. Serán necesarias tras años de violencia y vulneración de derechos, a pesar de todas las dificultades que surjan a lo largo del proceso. Por eso y para la transición hacia una nueva etapa y la reforma de las instituciones (Teitel, 2005), habrá que investigar a fondo lo sucedido, ofrecer la reparación a las víctimas o supervivientes y, en todo caso, la rendición de cuentas (United Nations Secretary-General, 2004, p. 4; Office of the High Commissioner of United Nations, 2006, p. 5).

Las comisiones de «verdad y justicia» (también de «reparación» o «reconciliación») tienen, en efecto, el deber de investigar y documentar los hechos; esto es, además, un derecho de las víctimas (United Nations, 2014, p. 1). Con todo, el hecho de reconocer públicamente los daños y acabar con la impunidad de los culpables no equivale a reparar los sufrimientos causados a víctimas y supervivientes. Esto suele ser un proceso mucho más complejo y, las más de las veces, una tarea inacabada ¿cómo hacer cuentas con el pasado? (Elster, 2004, pp. IX-XII). Habrá daños que perduren y, por eso, tampoco han de prescribir las obligaciones hacia las víctimas. Lo cierto es que las tareas del daño -como las ha llamado C. Thiebaut (2022)- se prolongan en el tiempo. Es más, las huellas del daño -mal padecido de forma inmerecida (López de la Vieja, 2003)- quedan durante años en aquellas sociedades o instituciones que sí lo toleraron.

«Hacer memoria» forma parte de ese dilatado proceso de hacer justicia. La necesidad de ir contra el olvido era el argumento de J. Cortázar para reclamar la verdad sobre lo ocurrido con las personas desaparecidas, miles de personas. Hacerlas desaparecer fue una práctica sistemática (Cortázar, 1981) en Argentina y en otros países americanos. Al tocar fondo, aquellas experiencias trágicas dotaron de otra dimensión al valor de la memoria y al ejercicio de las libertades. Lo confirmaba años más tarde J. Semprún al referirse a una etapa central en su vida como experiencia de muerte y de «mal radical». ¿Es posible poner límites al mal? Él mencionaba las normas, la buena voluntad, la razón democrática y, ante todo, la resistencia (Semprún, 2011).

En octubre de 2023 la violencia de los ataques y secuestros de ciudadanos de Israel y, luego, los bombardeos masivos del ejército israelí sobre la Franja de Gaza han vuelto a mostrar por qué se debe insistir en la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y en la obligación de hacer justicia a las víctimas. En su Resolución de 29 de octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas ha condenado la violencia contra civiles, tanto palestinos como israelíes, pidiendo el cese inmediato de las hostilidades y la declaración de una tregua humanitaria, conforme al derecho internacional (United Nations, 2023a, 1 y 2). En esos mismos días, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre la catastrófica situación sanitaria en Gaza, pidiendo con urgencia un alto el fuego. Ha reclamado también la liberación inmediata y atención sanitaria para las personas secuestradas en Israel por Hamás y otros grupos armados (WHO, 2023a, 2023b).

En 2021, Naciones Unidas proponía que se creara una comisión independiente, internacional, para documentar los abusos y delitos contra la población en los Territorios Ocupados de Palestina y en Israel, ya que el respeto por los derechos humanos y la justicia son básicos para el mantenimiento de la paz (United Nations, 2021, pp. 1-10). En Israel, varios sectores de la sociedad civil llevan años defendiendo las negociaciones de paz. Quienes han conocido -e intervenido como militares- otros episodios de guerra en la zona, como el escritor David Grossman (Grossman, 2023), siguen reclamando diálogo real, más allá del miedo y el odio.

La tercera conclusión es, pues, que el «deber ser» cuenta o debe contar para trazar una línea clara entre buenas y malas prácticas, o entre lo tolerable y lo que no lo es, nunca más. El principio de justicia -un concepto denso que responde a varias tradiciones (González, 2016, pp. 244-300)- y, en general, el marco normativo define pautas básicas de actuación, también para las relaciones internacionales. Son el punto de partida -nada más, pero nada menos- para deslegitimar prácticas dañinas y, a la vez, sirven de referencia para establecer reglas que orienten la actuación de grupos e instituciones con responsabilidades en la esfera pública.

Dibujar esas líneas resulta crucial en los procesos de paz y, a ser posible, para transitar antes que después hacia regímenes que garanticen en modo efectivo las libertades y los derechos fundamentales para toda la ciudadanía. A ello remite el término «justicia transicional». Más pronto que tarde, los correspondientes procedimientos tendrán que ser puestos en marcha para identificar a los responsables de la vulneración de derechos y de los crímenes y, ante todo, para atender a la población que ha sufrido los daños. Esto vale tanto en Ucrania como en la Franja de Gaza y en Israel.