A partir del enunciado jurídico la Corte Constitucional ha dado cuenta en veintidós ocasiones de los ‘derechos de la naturaleza’ consagrados en la Constitución. De los casos que la Corte Constitucional ha resuelto hasta el momento en lo que sigue daré cuenta, a modo explicativo, del que más contenido explicativo sobre el contenido de los ‘derechos de la naturaleza’. ⁸ En el caso ‘Los Cedros’ la Corte declaró la aprobación del proyecto minero en el Bosque de Los Cedros inconstitucional y contrario la normativa ambiental vigente. ⁹ El proyecto vulneraba los ‘derechos de la naturaleza’, el derecho humano a un ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la consulta ambiental previa. La Corte desarrolla su argumentación en tres niveles: (1) qué son los ‘derechos de la naturaleza’ y los principios aparejados; (2) cómo se fundamentan; y (3) la relevancia del principio precautorio en su aplicación.

En primer lugar (1), la Corte da cuenta de dos derechos de la naturaleza relevantes para el caso: (i) el derecho a que se respete integralmente su existencia; y (ii) el derecho a mantener y regenerar sus ciclos, estructura, funciones y procesos evolutivos. ¹⁰ Estos dos derechos tienen plena fuerza normativa ¹¹ e imponen la obligación a los órganos con potestad normativa a adecuar formal y materialmente las normas a estos derechos y a promover que las políticas públicas se orienten a hacer efectivos, entre otros, los derechos de la naturaleza. ¹² Los ‘derechos de la naturaleza’ (a nivel sustantivo) y sus garantías (a nivel procesal) son “de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. ¹³ Además, el principio ‘pro-natura’, implica que “todo servidor público (…) debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos y garantías, incluyendo los derechos de la naturaleza, que, en el caso de existir varias interpretaciones de una misma disposición es también relevante el principio in dubio pro natura (…) por el cual en caso de duda sobre el alcance específica y exclusivamente de la legislación ambiental, debe interpretarse en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”. ¹⁴

En segundo lugar (2), la Corte sostiene que los ‘derechos de la naturaleza’ se sostienen desde la idea de valor intrínseco, afirmando que “la idea central de los derechos de la naturaleza es la de que esta tiene valor por sí misma y que ello debe expresarse en el reconocimiento de sus propios derechos, independientemente de la utilidad que la naturaleza pueda tener para el ser humano” ¹⁵ por ello, considera la Corte, a partir de la definición de ecosistema, ¹⁶ afirma que “tanto los ecosistemas con sus especies y biodiversidad son objeto de valoración intrínseca en la Constitución ecuatoriana”. ¹⁷

En tercer lugar (3), la Corte vincula el principio de precaución con la satisfacción de los ‘derechos de la naturaleza’, ¹⁸ que se consagra en tres parámetros interpretativos: (i) el riesgo de un daño grave e irreversible sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado o a la salud; (ii) la incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas; y (iii) la obligación del Estado a adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas. ¹⁹

A partir de la interpretación de la Corte podemos tener el output del enunciado normativo. La Corte intenta resolver cuatro problemas interpretativos derivados de este: (i) la determinación de la ‘naturaleza’; (ii) la extensión y límite de la vulneración de los derechos protegidos; (iii) legitimación activa para salvaguardar los derechos de la naturaleza; (iv) la justificación del valor intrínseco de la naturaleza

El primer problema es de carácter ontológico. Es difícil comprender qué es la naturaleza de los ‘derechos de la naturaleza’. El enunciado lingüístico no da ninguna pista sobre qué es la ‘naturaleza’ que tiene derechos en el sistema constitucional ecuatoriano. No conocemos, a partir de lo que prescribe la Constitución, qué ‘zona natural’ tiene derechos y cuáles son sus componentes físicos concretos que deben ser protegidos. ²⁰ La solución de la Corte parece sencilla, pero no deja de ser controvertida. La Corte traza un vínculo entre naturaleza y ecosistema a partir de la legislación ambiental vigente y, por analogía, los derechos de la naturaleza pasan a ser los derechos de los ecosistemas. La determinación de qué es un ecosistema deriva de la definición de carácter genérico que recoge el Código Orgánico del Ambiente. Los derechos conferidos por la Constitución pasan a ser los derechos de los ecosistemas a partir de esta definición que, además, continúa siendo muy amplia porque conecta con un enunciado normativo que se fundamenta en una definición trasplantada de las ciencias naturales. De este modo, los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución los tienen los ecosistemas, entendidos como “una unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos y las variables ambientales bióticas y abióticas de un área determinada” ²¹ , lo que implica que el sujeto de derecho es un conjunto de elementos totalizantes e indivisibles —una unidad estructural, funcional y de organización —. Sin embargo, no sabemos si tienen derechos subjetivos sus partes de forma individualizada —los organismos y las variables bióticas y abióticas —.

El segundo problema interpretativo se fundamenta en la dificultad de distinguir entre los ‘derechos de la naturaleza’ y el derecho ambiental y, consecuentemente, la dificultad para determinar la extensión y límite de la vulneración de los derechos de la naturaleza. Los derechos subjetivos de la naturaleza en el caso ecuatoriano están íntimamente vinculados con los mecanismos de protección del derecho ambiental. En estos derechos subyace la pretensión de proteger ciertos lugares de interés ecológico a partir de unos parámetros a través de mecanismos jurídicos correspondientes. En lugar de plantear la prohibición de dañar, junto a la aplicación del principio de precaución y prevención, se reconocen derechos subjetivos que estipulan una prohibición de acción bajo un estándar de protección determinado a partir de los mecanismos reglados en el derecho ambiental, sumado a la obligatoriedad de realizar una interpretación en favor de la naturaleza en caso de duda. Esta interpretación favorable no se diferencia de los principios consagrados en el derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión. Esto implica que existe una protección por dos vías paralelas, una a través de los derechos de la naturaleza, y otra a través de la interpretación del derecho ambiental clásico.

El tercer problema interpretativo cuestiona cómo se pueden accionar los derechos de la naturaleza. La respuesta de la Corte se traduce en una obligación de acción por parte de las instituciones públicas (proteger y actuar en la protección de dichos derechos); en una prohibición (no dañar); y en una capacidad procesal amplia para hacer efectivos los derechos de la naturaleza. Este tercer problema lo soluciona la Corte a través de mecanismos propios del derecho ambiental. El Acuerdo de Escazú (Medici, 2018) sobre el acceso a la justicia ambiental podría ser un mecanismo análogo a esta interpretación normativa que lleva a cabo la Corte. El reconocimiento jurídico y la expansión del principio 10 de la Declaración de Río sobre justicia ambiental podrían permitir alcanzar unos resultados análogos a los alcanzados en esta sentencia en términos de acceso a la justicia.

El cuarto problema interpretativo surge al reconocer derechos a la naturaleza como derechos subjetivos en sentido estricto, lo que plantea un debate fundamental sobre la capacidad de los ecosistemas para ser titulares de tales derechos. Esta discusión necesariamente remite a la teoría del derecho subjetivo, cuya aplicación en este caso particular sólo sería viable desde la teoría del interés ²² , enfoque que, como demostraremos, presupone necesariamente una valoración moral acerca de quién puede ser considerado sujeto de derechos.

En este sentido, la teoría del interés definida por Raz (1986, p. 166) se concreta de la siguiente manera:

En este sentido, para el caso de Los Cedros, los derechos de la naturaleza se fundamentarían en que la naturaleza tiene un interés último. Siguiendo el mismo esquema:

Los dos requisitos de la teoría del interés de Raz incorporan un elemento valorativo del sujeto para poder determinar si tiene o no tiene derechos subjetivos. Raz (1986, pp. 177-179) elabora una distinción entre valor intrínseco, instrumental y último, y solamente aquellos que tienen ‘valor último’ pueden ser sujetos de derechos. En este caso, la consideración de la naturaleza como fin último requiere que consideremos que un ecosistema o la naturaleza tiene un estatus moral determinado.

Los ‘derechos de la naturaleza’ se justifican por el valor intrínseco (que en términos de Raz sería el valor último) de la naturaleza. Sin embargo, esta no deriva de una valoración objetiva determinada, ya que el valor —como categoría axiológica— es algo propiamente humano y no intrínseco al objeto valorado. El debate sobre el valor intrínseco de la naturaleza presenta una complejidad que excede los límites de este análisis (Arribas Herguedas, 2006). Sin embargo, cabe destacar que dicho debate se articula en torno a dos posturas fundamentales: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto moral —debido a su valor intrínseco— o su reducción a un valor instrumental al servicio de sujetos moralmente relevantes. En este debate debemos comprender la relación entre el agente que atribuye valor y el objeto valorado. El proceso de valorar pasa por conmensurar el valor de algo —la naturaleza en este caso— atendiendo a las características atribuidas por parte de un agente externo que valora (el ser humano en este caso). Es el ser humano que define con sus propios términos el valor de aquello externo a él mismo, pues no preexiste un valor antes de que el agente valorador lo haga. Los términos que el agente utiliza para valorar un objeto dependerán de los criterios utilizados para llevar a cabo la actividad valorativa. Esta actividad implica inevitablemente que el agente valorador dote al objeto valorado de un valor determinado y, en función del valor otorgado, el objeto tendrá una relevancia mayor o menor para el primero. Esta relevancia, sin embargo, es siempre considerada en términos de valor o utilidad, porque es el resultado del ejercicio racional de otorgar valor. Esto necesariamente implica que la naturaleza tiene un valor instrumental y no intrínseco, porque no puede preexistir un valor previo sin que el humano de cuenta de dicho valor. ²³

No obstante, esto no se tiene por qué traducirse en que deba ser un instrumento para un beneficio económico o egoísta (Valdivielso, 2025, p. 5), contrariamente, es posible aceptar que la base biofísica en la que habita el ser humano no tiene un valor intrínseco, pero, igualmente, debemos protegerla y no dañarla porque le otorgamos un valor superior que, en la ponderación con otros, consideramos que amerita una protección preferente. En este sentido, Hayward (1997, pp. 55-56) afirma que existe un elemento antropocéntrico no eliminable en ética pero que, sin embargo, no es óbice para superar lo que él define como “chovinismo humano”, que daría pie a incorporar perspectivas no especistas (Singer, 1990).

Consecuentemente, si la naturaleza no tiene un valor intrínseco (o último) no podemos afirmar que tenga intereses. La naturaleza tiene un valor instrumental para los humanos que dependen de ella para su existencia. Es por ello por lo que los intereses que el derecho debe salvaguardar son los humanos —que podrían ser extensibles al resto de animales sintientes—. En este sentido, si la naturaleza no tiene un valor intrínseco, no es posible afirmar que tiene un derecho subjetivo, a no ser, como afirma Raz, que sea una “persona artificial”. Esta segunda opción la evaluaré en la siguiente sección.

En el primer caso, en 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó la ley ‘Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act’ otorgando personalidad jurídica al río Whanganui. ²⁵ El río es reconocido como a una persona jurídica después de un largo proceso de negociación entre maoríes y el Estado que busca reparar los daños derivados de un periodo de dominación colonial cuyo legado todavía hoy perdura (Tănăsescu, 2020, pp. 440-443). Esta norma, vinculada con el reconocimiento de las comunidades indígenas (Collins y Esterling, 2019), considera al río Whanganui como una entidad viva, otorgándole personalidad jurídica y derechos equivalentes a los de una persona (Art. 14). A su vez, se estableció una entidad denominada ‘Te Pou Tupua’ para actuar en nombre del río (Art. 20). Esta entidad está compuesta por dos custodios, que son los responsables de representar y proteger los intereses del río. El río goza, entre otros, los derechos procesales plenos, a poseer propiedades, y a recibir compensaciones por daños que le sean ocasionados.

El segundo caso de nuestro interés es el reconocimiento de la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor en España (Salazar Ortuño y Vicente Giménez, 2022; Soro-Mateo, Álvarez-Carreño y de los Cobos Hernández, 2023).

El Mar Menor ha sufrido una serie de crisis ambientales debido a la contaminación, la eutrofización (exceso de nutrientes que provoca proliferación de algas), y la presión urbanística y agrícola. La degradación del Mar Menor ha causado la pérdida de biodiversidad, mortandad masiva de fauna marina y deterioro de la calidad del agua, afectando tanto al medio ambiente como a las comunidades locales que dependen de este ecosistema. Dada la situación de la laguna, la sociedad civil se organizó para promover una Iniciativa Legislativa Popular, que fue aprobada en septiembre de 2022 por el Congreso de los Diputados. ²⁶

Esta ley se declara la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor y de su cuenca, que se reconoce como sujeto de derechos. A la laguna, que la norma delimita geográficamente, se le confieren los derechos a “la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, (…) a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, que incluirá todas las características naturales del agua, las comunidades de organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos que forman parte de la laguna del Mar Menor y su cuenca”. Además, se crea un Comité de Representación, que actúa como el portavoz del Mar Menor que está compuesto por representantes de las administraciones públicas, científicos y miembros de la sociedad civil; una Comisión de seguimiento, encargada del seguimiento y control del respeto a los derechos de la laguna y su cuenca; y el Comité Científico, encargado de asesorar al Comité de Representantes y la Comisión de Seguimiento (art. 3). El de 20 de noviembre de 2024 el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 142/2024 avalando la constitucionalidad de la Ley 19/2022 para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca ante un recurso de inconstitucionalidad de cincuenta y dos diputados. ²⁷ En esta sentencia, el Tribunal Constitucional no solo avala la constitucionalidad de la norma en base a la deferencia al legislador ²⁸ sino que además afirma que la norma un cambio de paradigma de protección “desde el antropocentrismo más tradicional, a un ecocentrismo moderado” ²⁹ lo que supone cambio de paradigma en el sistema jurídico español.

Estos dos casos tienen fundamentos históricos diferentes. El primero está asociado al respeto y reconocimiento de tradiciones indígenas fundamentadas en una relación con la naturaleza diferente a la occidental debido a una visión ontológica distinta. La segunda es fruto de un daño ambiental continuo, en el que se evidencia la incapacidad del entramado institucional de corregir los daños a la laguna del Mar Menor.

En estos casos, a diferencia del modelo ecuatoriano, observamos una delimitación geográfica precisa del ecosistema reconocido como sujeto de derechos, lo que permite identificar con claridad al titular de los derechos establecidos normativamente. Sin embargo, esta delimitación espacial no resuelve la cuestión fundamental: la relación sistémica entre los componentes del ecosistema y, consecuentemente, la determinación de la relevancia jurídica del conjunto y de los elementos particulares con la componen. Mientras podemos identificar al sujeto de derechos, sus componentes individuales mantienen una relación de interdependencia que se fundamenta en la preservación del equilibrio ecosistémico. En esta concepción holística, el ecosistema funciona como una totalidad orgánica donde la protección jurídica debe garantizar que las interacciones entre sus partes mantengan la capacidad de regeneración del sistema en su conjunto.

Es por ello por lo que en estos casos no es necesario identificar al sujeto de derechos, ya que queda constituido a través de la personalidad jurídica. En este caso debemos dar cuenta de qué significa tener personalidad jurídica, su configuración y, si mediante ella es posible que los ecosistemas gocen de derechos subjetivos. Para llevar a cabo un correcto análisis es necesario dar cuenta de la noción de personalidad jurídica, su estructura teórica y su conceptualización, y, a partir de este análisis, evaluar su aplicabilidad a los ecosistemas.

El debate teórico gira en torno a la posibilidad de las condiciones de existencia de personas jurídicas establecidas por una norma jurídica que no sean personas naturales. La doctrina más crítica ha dado cuenta de la analogía entre las corporaciones y la naturaleza como sujetos de derecho a través de la personalidad jurídica (Blanco y Grear, 2019). En este sentido, el debate en torno a los derechos de la naturaleza desde esta perspectiva, deberán resolver en primer lugar, qué es la personalidad jurídica y qué entidades, colectivos o procesos comunicativos (como las empresas), pueden estar dotados de personalidad jurídica.

En la discusión sobre la personalidad jurídica encontramos un gran número de propuestas. Dejando de lado las teorías negativas, que niegan la existencia de personas jurídicas que no sean los individuos (Nino, 2003, pp. 225-228), podemos observar que existen diferentes tesis más o menos inclusivas y que, a partir de estas, podemos dar cuenta del sentido de la personalidad jurídica de los ecosistemas.

Las clasificaciones sobre las teorías que aceptan la existencia de personas jurídicas más allá de las naturales no son sencillas. Una clasificación que puede dar luz a la cuestión es la que propone Naffine (2009, pp. 19-33) que distingue entre las teorías ‘legalistas’ y las teorías ‘realistas’. La discusión que, según la autora, se da entre aquellos que argumentan que el derecho no debe operar con una concepción natural de la persona, y aquellos que sí (Naffine, 2009, p. 20). Las primeras, asumirían una concepción de la persona jurídica como un instrumento del derecho para lograr ciertos fines y su existencia se debe a que el derecho las constituye. Los realistas, por su parte, conciben la existencia de personas jurídicas, pero siempre ligadas a la concepción de persona natural. De esta concepción derivarían tres perspectivas: (a) la racionalista que asume que solo las personas racionales pueden ser persona jurídica; (b) la religiosa que asume que solo las personas que se desprenden de acto de divinidad pueden ser persona jurídica; y (c) la naturalista que asume que solo los individuos con ‘sintiencia’ pueden ser personas jurídicas. Serían las posturas legalistas las que permitirían aceptar que la naturaleza —o un ecosistema particular— sea constituida como persona jurídica y, consecuentemente, como sujeto de derechos.

A primera vista, desde una visión positivista del derecho, no parecería problemático defender las posturas legalistas en relación con la naturaleza o un ecosistema particular. El derecho crea artefactos jurídicos a partir de su propio lenguaje y, el lenguaje jurídico en forma de lenguaje performativo permite al derecho constituir realidades que lo son en la medida que el mismo derecho las crea. Esta perspectiva permitiría extender la personalidad jurídica a cualquier objeto que el legislador considere que amerita dicha atribución para lograr unos fines determinados.

Esta postura contrasta con la posición de otros autores sobre las ‘ficciones jurídicas’. En esta perspectiva solo los seres humanos pueden ser personas jurídicas, pero el derecho crea artificialmente la personalidad jurídica. En sus palabras, “todo individuo y solo el individuo tiene capacidad en el derecho (…) el derecho positivo puede modificar la idea primitiva de la persona restringiéndola o ampliándola, de igual modo que negar a ciertos individuos la capacidad de derecho en totalidad y en parte, y, además, arrancando, por decirlo así, dicha capacidad del individuo, crear artificialmente una personalidad jurídica” (Savigny, 1878, p. 273). Es tesis, en cierto sentido, contradice la perspectiva legalista, pues para los legalistas las personas jurídicas no son ninguna ficción, sino que son realidades materiales debido a que el estatus ontológico de las personas es irrelevante a la hora de reconocer dicha personalidad, solamente es relevante aquello que establece la norma jurídica, que será condición necesaria y suficiente para determinar la personalidad jurídica. Esta contradicción, sin embargo, solamente es desde un punto de vista teórico, pues el resultado de la constitución de ‘personas ficticias’ es análogo a la postura legalista.

En otro sentido, Kurki (2019), busca dar una respuesta analítica a la cuestión de la personalidad jurídica a través de una teoría trazando una conexión entre la teoría y la experiencia práctica. En su teoría sobre la personalidad jurídica plantea que la personalidad jurídica constituye un conjunto de posiciones jurídicas que incorporan derechos y deberes y están asociados a una persona o conjuntos de personas. Esto es, parte de la distinción entre ‘plataforma jurídica’ y ‘persona jurídica’, en las que la ‘persona jurídica’ es una entidad sujeta a derechos y obligaciones y dotada de personalidad jurídica —que pueden ser humanos individuales y un colectivo de humanos, y, potencialmente, los animales—; y la ‘plataforma jurídica’ es una construcción jurídica que consagra un conjunto de posiciones jurídicas (derechos y obligaciones), asociada a una persona jurídica —que debe tener la capacidad de tener derechos (claim-rights) ³⁰ — (Kurki, 2019, pp. 135-140). Esto implica que la personalidad jurídica es un conjunto de posiciones jurídicas (bundles of legal positions) atribuidas por el derecho, pero con un límite material fundado en la conexión con una persona con capacidad de tener derechos (claim-rights). ³¹

En este sentido, Kurki (2022, p. 539), plantea la distinción entre los derechos y obligaciones (plataforma), y la entidad sujeta a derechos y obligaciones (persona jurídica). Esto supone que una persona natural podría tener varias plataformas jurídicas, una plataforma jurídica (derechos y obligaciones) vinculada a su persona natural (con la que nace) y otras creadas a partir de la constitución de otras personas jurídicas asociadas con su persona natural. Además, el autor (Kurki, 2022, p. 541) sostiene, apoyándose en otros autores, que las personas jurídicas constituidas por más de una persona natural o jurídica deben ser comprendidas como “colectividades incorporadas”, caracterizadas por su capacidad de tener intereses autónomos a los miembros que las constituyen. Estas colectividades, en definitiva, tienen capacidad de formar su voluntad autónoma y tener intereses propios, y, por ello, encajan coherentemente en la teoría expuesta.

Así, la clave para el caso que nos ocupa es que la personalidad jurídica se funda en los derechos y deberes que consagra la persona jurídica, y estos deberes y derechos están vinculados necesariamente a una teoría del derecho subjetivo. Es por ello por lo que la personalidad jurídica debe estar vinculada con una persona que pueda tener intereses. La correspondencia de un río o una laguna no es una persona, sino el mismo río o laguna. En el caso de una empresa o asociación, es un colectivo de seres humanos, que sí tienen intereses colectivamente y pueden conformar su voluntad independientemente de los agentes que la consagran. Esto implica que debemos regresar al análisis llevado a cabo sobre los derechos subjetivos en el caso de Ecuador para evaluar si el río o la laguna pueden tener intereses, y, en consecuencia, si su personalidad jurídica está justificada. En esta clave, debemos volver a lo expuesto anteriormente (supra. 3.1.2) sobre la teoría del derecho subjetivo que nos lleva irremediablemente a discutir sobre el valor intrínseco (o último en términos de Raz) de la naturaleza o los ecosistemas.

En este sentido, podemos afirmar que el análisis de los casos de Nueva Zelanda y España debe darse, en primer lugar, a partir de la teoría de la personalidad jurídica. Este debate puede resumirse en tres formulaciones, (1) una postura legalista; (2) una postura realista que asume la personalidad jurídica de las personas en virtud de su estatus ontológico; y (3) una postura en torno a los derechos y deberes asociados a la potencial persona jurídica.

Los sistemas neozelandés y español adoptan una posición estrictamente legalista respecto a la personalidad jurídica. Este enfoque parece superar la indeterminación ontológica presente en el caso de Ecuador, ya que, mediante una zonificación definida, permite delimitar con mayor claridad el sujeto de derechos. Sin embargo, la crítica de Kurki —basada en una teoría de los derechos subjetivos— pone de relieve ciertas dificultades para atribuir derechos a la naturaleza incluso bajo este marco. Aceptar acríticamente la postura legalista implicaría admitir que cualquier entidad, material o inmaterial, podría ser considerada persona jurídica, lo que conduce a una posición excesivamente inclusiva y potencialmente problemática. En contraste, la propuesta de Kurki ofrece un criterio más restrictivo: solo serían reconocibles como personas jurídicas aquellas entidades creadas por el derecho que estén vinculadas con personas o colectivos de personas con capacidad para tener intereses. A diferencia de una corporación o sociedad, cuya correspondencia es con una o más personas, los ecosistemas no están conectados con una persona, sino que su correspondencia es con el mismo ecosistema.