Pese a que, como hemos advertido, nuestra atención se va a centrar en la vinculación entre la dimensión penal y punitiva del populismo y el movimiento neoconservador norteamericano, es preciso en este punto distinguir el carácter transversal que vertebra al populismo como movimiento político y un populismo penal que, a nuestro juicio, se identifica con tendencias conservadoras y en el que no tienen cabida discursos progresistas. ¹ La apelación performativa a un informe sujeto colectivo al que se ha de dotar de una cierta consistencia y homogeneidad (Villacañas, 2015, p. 35) frente a un poderoso enemigo en la sombra, la movilización de los afectos y la priorización del sentimiento y de un “sentido común mayoritario” frente a un estrecho intelectualismo minoritario es una estrategia transversal en la política contemporánea que no puede ser identificada en exclusiva con el proyecto neoconservador. El populismo como «ideología delgada» (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2019, p. 33) tiene un carácter híbrido, maleable y moldeable que frecuentemente obtiene su significación dependiendo del calificativo que le acompañe (autoritario, conservador, socialista, nacionalista, etc.). Es precisamente ese carácter delgado, ese significante vacío y siempre en construcción de la comunidad y su anverso amenazante, y el carácter impreciso y dinámico de una voluntad general conformada en torno a un sentido común necesariamente interpretable lo que permite hablar de populismos de distinta índole. Sin embargo, en el ámbito penal y punitivo sostenemos, frente a quienes defienden la transversalidad también del populismo penal, que este es un fenómeno o una reacción esencialmente ligada al conservadurismo -fundamentalmente al neoconservadurismo o, por decirlo con Cooper, al “nuevo social conservadurismo” (Cooper, 2022, p. 24)- y, por definición, antiprogresista. Si bien es cierto que determinados marcos punitivistas, criminalizadores de la pobreza y la asistencia e incluso políticas de law and order han sido asumidas por sectores presuntamente progresistas (Wacquant, 2009), ello no basta, como veremos, para encuadrar dichas políticas penales y criminológicas dentro de un populismo penal propiamente dicho, cuyas demandas -afirma Pratt en una entrevista con Penna- “se guían por características claramente de derecha” (Penna 2019, p. 5) sin posibilidad de incorporar reivindicaciones o discursos progresistas. Pese a que, de acuerdo con Hamilton (2023, p. 890), el protagonismo del crimen, la ley y el orden se ha enfriado tras su estelar papel en la década de los noventa y principios del siglo XXI, lo cierto es que la estrecha relación que vincula la penalidad y el control de la criminalidad con una dimensión política del law and order en una línea fundamentalmente conservadora sigue siendo patente en nuestros días. Este fenómeno populista penal tiene unas características específicas que lo enraízan con la penalidad neoconservadora y lo distinguen de otras lógicas criminológicas. De acuerdo a nuestro propósito de aproximación al populismo penal desde una óptica cercana al movimiento neoconservador es necesario prestar atención a una serie de consideraciones al respecto de esta lógica penal, punitiva y, en definitiva, política que nos permitan incidir en la vinculación necesaria entre ambas tendencias frente a otras aproximaciones más transversales. Es preciso para ello poner de relieve dos distinciones fundamentales: por un lado, analizar el populismo penal como una suerte de síntesis de demandas ascendentes procedentes de ámbitos extraparlamentarios y, por otro, prestar atención a una explicación de este fenómeno que incida en su dimensión cultural, en su importante carácter “reactivo” en el marco de una batalla ideológica y cultural contra cualquier vestigio de welfarismo penal.

La cuestión del populismo penal no es nueva, lo novedoso es el protagonismo que ha cobrado en las últimas décadas (Garland, 2021, p. 264) en las que el crimen, su persecución y su castigo han ocupado un lugar central en la disputa política dando lugar a una verdadera “era de populismo penal” (Lacey, 2008, p. 22). Los primeros acercamientos a esta “punitividad populista” (Bottoms, 1995), que supone una ruptura con los consensos welfaristas de posguerra convirtiendo a la penalidad “en un asunto medular en la competencia electoral” (Garland, 2005, p. 49), inciden precisamente en su dimensión electoralista (Bottoms, 1995), en el “desprecio negligente” (Roberts, Stalans, Indermaur y Hough, 2003, p. 25) que dichas políticas penales muestran por la efectividad y en el amplio margen para la “creación política” (p.136) que una deliberada desinformación de la opinión pública hace posible a través de la promoción de distintos estados de ánimo. No obstante, pese a que el electoralismo y la instrumentalización de la política penal y punitiva son sin duda fundamentales en cualquier explicación del populismo penal, el poner el foco del análisis en estos ámbitos puede hacernos pasar por alto importantes consideraciones fundamentales en esta articulación de un populismo penal neoconservador que queremos poner de relieve. Frente a esta dimensión electoralista, sostenida por Bottoms y Roberts, que de una u otra forma, privilegia una configuración descendente de un poder que conforma una opinión pública mediada por las “ideologías del crimen y del castigo” (Hall et al., 2023, p. 144) que sustituye el papel de los expertos en el proceso penal (Garland, 2021), resultan especialmente significativos los análisis de Pratt que, desde una lógica foucaultiana, abogan por complejizar (Pratt, 2007, p. 8; Hogg, 2022, p. 17) esta visión poniendo de relieve la debilidad de un Estado en el que “los políticos tuvieron que correr para alcanzar el impulso que ya había sido ganado por los grupos de presión” (Penna, 2019, p. 4). ² Estos análisis resaltan el carácter ascendente de unas demandas punitivas promovidas por grupos y fundaciones ajenas y externas al sistema penal ³ que canalizan unas reivindicaciones punitivistas que el Estado se ve obligado a asumir ⁴ (Pratt, 2014, p. 335), y advierten acerca de la naturaleza sintomática de este populismo penal que no es sino la antesala o la “fase de inoculación” (Pratt y Miao, 2017, p. 73) de un movimiento reaccionario mucho más amplio y con horizontes más ambiciosos. Estas tres dimensiones: el carácter externo de las reivindicaciones penales, la vulnerabilidad del Estado y la articulación de la dimensión penal y punitiva dentro de un movimiento más amplio son fundamentales, como vamos a ver, en la articulación de un populismo penal neoconservador.

La naturaleza reactiva del populismo penal es unánimemente aceptada. Esta tendencia aparece como una reacción virulenta, emotiva e “impaciente” (Da Silva Gadino, 2021, p. 42) en un contexto de inseguridades y ansiedades generalizadas. Mayores discrepancias se suscitan, no obstante, a la hora de determinar las causas o el contexto de esta reacción. Atendiendo, por una parte, a la restructuración económica neoliberal (Pratt y Lutyens, 2022, p. 288) y a sus consecuencias -tanto en la pérdida de antiguas seguridades como en la conciencia del fracaso de las promesas de prosperidad alentadas por estos discursos- y, por otra, a los temores despertados por las masivas migraciones que podían hacer tambalear los cimientos de la identidad nacional (Pratt y Miao, 2017, p. 37), aparece una visión del populismo asentado en la crisis (Hamilton, 2023, p. 891). Desde esta perspectiva el populismo penal, concebido únicamente en términos de una emotividad negativa, es lo “radicalmente otro” de la razón, una anti-Razón vociferante que se opone a los principios clásicos del derecho penal, pero en cuyo horizonte no se vislumbran certezas sino nuevas incertidumbres e inseguridades (Pratt y Miao, 2017, p. 60). Sin embargo, desde otro punto de vista, desde un enfoque que pudiéramos convenir como más cultural -pero que en absoluto cuestiona la importancia de los factores económicos en la voladura de las antiguas seguridades welfaristas- se pone en duda no solo esa dimensión únicamente emotiva del populismo penal, sino también la misma dicotomía que enfrenta razón y emotividad. Este marco cultural cuestiona esta supuesta irracionalidad populista que, presa de una desbocada y espasmódica pasión, se erigiría como una mera culminación de la emotividad opuesta a cualquier vestigio de racionalidad. Dentro de este enfoque cultural, en el que se desenvuelven nuestros análisis, la reacción populista penal y punitiva no obedece únicamente a una emotividad negativa fruto de un desamparo económico o de una crisis financiera, sino que penalidad y castigo han de ser entendidos como instrumentos para la articulación de consensos y el refuerzo del sentimiento comunitario; cobran sentido en una lógica identitaria que funciona a través de la exclusión constitutiva (del migrante, del delincuente o de todo aquel que pone en riesgo la identidad homogénea del grupo). ⁵

Las demandas de una penalidad más severa y punitiva están sustentadas y promovidas por amplios sectores de la población que, tras perder las seguridades económicas y sociales welfaristas, se han de enfrentar a la proliferación de nuevos y significativos cambios culturales que ponen en cuestión ese estatus tradicional y simbólico que constituía el último asidero al que aferrarse. La reivindicación de estas cuestiones postmaterialistas -que ya a finales de la década de los 70 eran calificadas como una “revolución silenciosa” (Inglehart, 1977)- asumidas por sectores progresistas acomodados que dejan las cuestiones redistributivas en segundo lugar, generan rechazo y resentimiento entre poblaciones que se autoperciben como víctimas desfavorecidas por medidas políticas que ahondan en una injusticia histórica no subsanada (Hörnqvist, 2021, p. 130). Es precisamente en la quiebra de esas seguridades extraeconómicas (aunque en estrecho contacto con las económicas), en la percepción de una ruptura del orden moral de la que el crimen es solo la punta de lanza, su visión última y más sangrante pero cuya profundidad alcanza a los cimientos mismos, donde debemos entender la reivindicación populista del castigo como apelación a una conexión entre “solidaridad hostil” (Carvalho y Chamberlen, 2018, p. 224), inseguridad e identidad (Hamilton, 2023, p. 892). El crimen no supone únicamente una infracción, sino el síntoma de una debacle moral que se abre camino por la permisividad benevolente -cuando no abiertamente cómplice- de unos gobiernos más preocupados por la defensa de los derechos minoritarios y autoexpresivos que por la protección del orden público (y moral). En este sentido el crimen se convierte en una pieza fundamental para la derecha populista consciente de la importancia de la guerra cultural y del valor de enmarcar la agenda política en torno a “resentimientos culturales” (Hogg, 2022, p. 26).

El crimen suministra una doble metáfora victimizadora: en torno a la seguridad cotidiana y alrededor de las prioridades de una élite política centrada en privilegiar y asistir a minorías en detrimento de la gente común (Hogg, 2022, p. 27). Ante esta doble amenaza, ⁶ el castigo aparece como un intento simbólico de defender el orden social y moral, de restaurar una identidad homogeneizante y un status puesto en cuestión por toda una suerte de reivindicaciones culturales. El castigo se muestra como “salida legítima” (Hörnqvist, 2021, p. 134) para canalizar esa ansiedad social. En este sentido podemos decir que existe una estrecha relación entre crimen, penalidad y una dimensión política del law and order en una línea fundamentalmente conservadora (Hamilton, 2023, p. 890). En esta órbita de batalla ideológica y cultural el populismo penal puede entenderse como “una forma de hacer política-criminal y de moldear la cultura de una determinada sociedad a través de una serie de dispositivos, en la actualidad principalmente comunicativos, que explotan el potencial simbólico y emocional del delito y su castigo” (Cigüela Solá, 2020, p. 4). La calculada indeterminación o flexibilidad constitutiva de este fenómeno -que deja un amplio margen a particularidades locales, territoriales o culturales (Lacey, 2008; Koning y Puddister, 2022)- dificulta que podamos hablar de un concepto unitario sino más bien de una serie de nociones fragmentarias conectadas por una misma familiaridad (Shammas, 2016, p. 336). Esta meditada imprecisión conceptual no nos impide identificar una serie de elementos estructurales en los que las similitudes con algunas reivindicaciones político-penales neoconservadoras (fundamentalmente norteamericanas) son especialmente significativas.

La definición, en términos políticos y culturales de Cigüela Solá, proporciona algunos de los mimbres con los que poder esbozar esa vinculación o familiaridad. El populismo penal ha de ser analizado siempre dentro de una lógica política, no meramente jurídica, cuyo objetivo es la articulación de nuevas y amplias mayorías sustentadas en consensos flexibles moldeados a partir del enfrentamiento. ⁷ Es una estrategia de confrontación política, un talante, una persuasión, un “fenómeno político y social negativo que recae sobre el derecho penal” (Huerta Molina, 2021, p. 228) atacando sus principios desde justificaciones iusnaturalistas, del derecho penal del enemigo o del derecho simbólico. El carácter político de esta tecnología penal y punitiva no se limita, como hemos dicho, a la inmediatez electoralista sino que remite a varias dimensiones entre las que destacamos tres: la conformación política de nuevas mayorías en torno a sentires comunes en los que la emoción y el sentimiento actúan al mismo tiempo como argamasa cohesiva y factores de exclusión; el carácter políticamente reactivo y anti establishment contra todo un sistema de justicia penal progresista y benevolente; la redefinición y simplificación (Da Silva Gadino, 2021, p. 45) en términos penales de un sinfín de problemáticas de naturaleza diversa y compleja que pasan a ser competencia exclusiva del brazo penal del Estado (Wacquant, 2009). ⁸

El análisis del populismo penal en su apelación a la emotividad y a la movilización pulsional de sentimientos negativos, como el resentimiento (Ilouz, 2023; Hörnqvist, 2021, p. 127 y ss.) o la ira, frecuentemente deja en segundo plano el importante papel que los afectos políticos, no meramente negativos, tienen en este movimiento. Afectos como el orgullo, la empatía o el sentimiento de pertenencia, movilizados de forma extraordinaria desde una óptica neoconservadora, no perciben de forma excluyente racionalidad y emotividad, sino que apelan a una cierta conexión; la emoción se moviliza de acuerdo a una evaluación previa de una problemática (real o inducida). El efecto simbólico del castigo es la culminación de un proceso que había comenzado mucho antes a través de una serie de prácticas culturales y políticas que definen y diferencian comportamientos dañinos y peligrosos para el orden moral. Estas prácticas activas movilizan afectos y emociones que serán incorporadas en la tipificación, persecución y enjuiciamiento de conductas y comportamientos (Carvalho y Chamberlen, 2018, p. 223). Es fundamental en esta concepción del castigo como reforzador de una “solidaridad hostil” prestar atención al proceso criminalizador en el que se promueve un imaginario de una comunidad vulnerable, siempre amenazada, que precisamente encuentra su fuerza y su cohesión en la lucha contra el crimen. El castigo forma parte representativa de esa gente común amenazada (Hörnqvist, 2021, p. 134). Esta representatividad punitiva de la gente común en aras de la defensa solidaria del orden moral permite y promueve una mayor participación popular en la penalidad y el castigo que ya era defendida por los neoconservadores y será una pieza fundamental del populismo penal. El populismo penal aboga por un derecho penal instrumental con objetivos moralizadores (Da Silva Gadino, 2021, p. 27) centrado en la conformación de un orden moral y la persecución de cuanto lo amenace. El derecho penal torna en una práctica preventiva y securitaria que ha de actuar sobre virtualidades que puedan constituir amenazas potenciales para la “gente corriente”.

Como hemos puesto de relieve en la primera parte de este artículo, a la hora de poner el foco sobre la deriva penal del populismo muchas son las aristas de este fenómeno sobre las que los distintos análisis han incidido. En este sentido, el protagonismo fundamental de la criminología mediática, el denostado papel de los expertos en el proceso penal o la importancia del discurso penal y punitivo en una avanzadilla populista de carácter más global, por mencionar algunos, han sido objeto de interesantes controversias. No obstante, como adelantamos, la evidente conexión entre estos discursos populistas en materia penal y las apelaciones y reivindicaciones que desde los entornos neoconservadores -fundamentalmente norteamericanos- clamaban, desde los setenta, por una reforma punitivista que inevitablemente acabaría envolviéndose en ropajes populistas, han sido repetidamente dejadas en un segundo plano cuando no directamente ignoradas. Quizás, de acuerdo con Loader (2020, pp. 1182-1183), la causa del persistente descuido en el estudio de esta criminología neoconservadora (que insistimos en reivindicar como fundamental para el desarrollo del populismo penal) ha sido la óptica despectiva de una mirada que incidía en su carácter obvio como “lo otro” de una penalidad racional y en la sospecha de que tras este discurso criminológico no se escondía sino un propósito legitimador de una postura de clase que defendía la desigualdad. No obstante, a pesar del indiscutible carácter militante de la criminología neoconservadora (en realidad de todo un pensamiento neoconservador en el que la barrera entre el análisis académico y el activismo queda difuminada), este no es exclusivo de este movimiento ni puede erigirse como barrera que dificulte la comprensión del atractivo y las simpatías que dicha penalidad provoca y su extraordinaria resonancia, sino al contrario, ha de servir para denotar el significativo papel que la penalidad y el crimen adquieren en dicho pensamiento.

El propósito de este artículo no ha sido, como anticipábamos, insistir o ahondar en las características del populismo penal, ni en sus tipologías, ni siquiera en las distintas particularidades que este fenómeno presenta en función de factores geográficos o culturales, sino incidir en una caracterización del mismo esencialmente ubicada en la tradición de un pensamiento neoconservador de honda raigambre moralizadora. Desde una óptica esencialmente ligada al análisis cultural de este fenómeno, nuestro análisis ha pretendido ir más allá de aquellas primeras caracterizaciones meramente electoralistas del mismo para destejer todo un hilo de continuidades con un movimiento neoconservador norteamericano que, tras unos dubitativos inicios, se inclina por un giro populista en el que la penalidad, por su alto componente emotivo y cohesionador, se erige como un importante eje vertebrador de consensos innegociables.

El tomar como referencia el discurso político y penal de Kristol y Wilson nos ha permitido ahondar en una criminología neoconservadora que tradicionalmente, pese a sus importantes reverberaciones en las penalidades contemporáneas, ha sido relegada a un papel secundario en el estudio de la contemporaneidad penal. El carácter esencialmente reactivo del discurso neoconservador, su profundo talante moral (y moralizante) y su naturaleza dicotómica marcan las pautas para la emergencia de un populismo penal que, en el marco de una descarnada batalla cultural y política, se constituye no solo como un importante instrumento articulador cohesivo de mayorías sino como un poderoso frente de ataque en aras de un sentido común reaccionario opuesto a cualquier síntoma de benevolencia racionalista por parte de unas élites que pretenden socavar los valores morales de la gente común. A través de esta continuidad, de esta estrecha vinculación entre neoconservadurismo y populismo penal, es como mejor podemos analizar este fenómeno en tanto que parte esencial de un proyecto político, dejando a un lado interpretaciones simplistas que puedan tentarnos a proseguir por una senda enfangada en la que el reduccionismo irracionalista o el énfasis en su emotividad pueda hacernos perder el foco sobre sus verdaderas pretensiones.

Es importante poner de relieve el énfasis que, tanto desde la criminología neoconservadora como desde un populismo penal reaccionario, se ha hecho en la instrumentalización moral de una penalidad que no se limita a sancionar ilícitos, sino que ha de trazar la línea sagital que separa la comunidad moral de una otredad amenazante. Ha sido precisamente esta reivindicación penal moralizante la que nos ha servido -a través de la recuperación de unos textos neoconservadores que, de forma especialmente visible en la década de los noventa, reclaman un mayor protagonismo para una criminología emotiva- para dar cuenta del carácter cohesivo de una penalidad que delimita una comunidad homogénea. Del comunitarismo neoconservador a la “gente común”, pretendidamente encarnada por el discurso populista, encontramos la misma reivindicación de una homogeneidad tejida en torno a la defensa de unos valores morales tradicionales compartidos siempre acechados por un enemigo (relativismo cultural, nihilismo moral, neoliberalismo economicista, progresismo liberal, etc.). Esta reivindicación de unas “amplias mayorías sociales” en torno a unos mismos valores, a un mismo carácter -esencialmente norteamericano-, no solo supone una ruptura con un conservadurismo tradicional elitista -fundamentalmente inglés- sino que permite la conformación de consensos populistas. En esta línea la penalidad constituye una importante fuente de consensos identitarios reivindicados en torno a una amenaza, real o virtual, que se cierne sobre su modo de vida.

En unos momentos en los que el punitivismo parece haber tomado el centro -a izquierda y derecha- de los discursos penales, el objeto esencialmente retributivo de la pena alcanza consensos populares incuestionables y, en aras de una seguridad siempre insuficiente frente a múltiples amenazas de contornos difusos, las intervenciones preventivas son percibidas como necesarias y deseables, es necesario volverse a interrogar no solo sobre el origen de estos discursos populistas penales, sino sobre su importancia estratégica en una lucha más amplia. En este sentido mostrar las evidentes continuidades entre un discurso neoconservador esencialmente reactivo y un populismo penal que, de un modo dicotomizador y actuando como cuña o “caballo de Troya” en la conformación de un nuevo sentido común, trata de conformar amplias mayorías de “gente corriente”, no es tarea redundante sino necesaria en el análisis de unas penalidades contemporáneas en las que la tensa convivencia entre diferentes racionalidades penales y tecnologías punitivas y criminológicas es una realidad que, casi siempre, tiene tras de sí una lucha política.