Desde sus primeros escritos, Wendy Brown critica al liberalismo y a la racionalidad jurídica porque en el liberalismo toda reivindicación política se juega en el campo de los derechos. En este artículo me centro en las críticas que Brown a los proyectos políticos que centran sus objetivos en la obtención de derechos asumiendo que los derechos equivalen a la emancipación. La apuesta de Brown entraña ir más allá de un marco legal. Ella reconoce que la lucha por los derechos es necesaria, aunque limita la imaginación y la acción políticas al impedir una innovación de las fronteras simbólicas de nuestra sociedad y otro tipo de soluciones frente a las injusticias estructurales.

En Los derechos como paradojas (Brown, 2020a), la autora comienza con la siguiente pregunta: “¿cuál es el valor del lenguaje de los derechos para las mujeres?”. Ella sabe que es una pregunta difícil; no obstante, la toma como eje de análisis para reflexionar sobre la relación entre derechos y emancipación política. El tema de fondo se halla en la paradoja expresada por Spivak (1993, pp. 45-46): los derechos son “aquello que no podemos no querer” y, a pesar de ello, son insuficientes para una transformación de mayor calado. Esto mismo también lo ha señalado la historiadora Joan Scott al estudiar la lucha por los derechos que llevaron a cabo las mujeres en Francia de finales del siglo XVIII a inicios del XX. Ella da cuenta de cómo la ley, la legalidad, fue una de las herramientas cardinales para la reproducción del orden social establecido, pues ayudaba a la “conservación del orden simbólico” (Bourdieu, 2001, p. 212). Especialmente en cuestiones sobre género la ley servía para reproducir el sistema que excluía sistemáticamente a las mujeres de la vida pública y les negaba derechos civiles y políticos. Scott explica que existen principios políticos que no pueden justificarse apelando a lo natural; en tales casos se suele recurrir a la ley y, gracias a ese acto de prestidigitación, la ley permite regresar, tras un rodeo, al ámbito natural y legitimar aquellos principios que no se sabía cómo justificar. Así, “la ley sustituyó a la verdad como guía de la acción humana. Sin embargo, esa sustitución no era reconocida como tal, sino que, por el contrario, la norma aprobada era presentada como basada en la naturaleza o en la verdad” (Scott, 2012, p.12). Scott hace patente que la legalidad justifica el orden establecido con decisiones políticas esenciales como establecer quiénes son sujetos de derechos, a quiénes se reconoce como ciudadanos, o como propietarios, así como con principios aún más generales como, por ejemplo, quién es un ser humano, qué vida vale más, etc. De ello se desprende el hecho de que la ley brinda un efecto de universalización traducido en normalización y naturalización del orden vigente. Por lo cual, tanto para Scott como para Brown, es difícil pensar que la legalidad, por sí misma, sea la base para una mutación política de fondo. Esta es una idea subyacente a la obra de Wendy Brown y, por eso, tiene reticencias frente al uso de la legalidad y los derechos como la vía regia de la lucha social.

Un aspecto que vale la pena rescatar de la metodología de Brown es que siempre enmarca históricamente el tema investigado. Brown enfatiza la necesidad considerar los derechos siempre en su especificidad histórica, porque si se pretende un cambio político, debemos imaginar algo diferente; tal ejercicio es imposible sin tomar en cuenta las relaciones sociales existentes, es decir, es imposible realizar un buen “diagnóstico explicativo” (Allen, 2016), sin examinar las formas en las que se ejerce el poder y sus manifestaciones. Esa exigencia metodológica explica por qué Brown no examina los derechos en general, sino que se centra en algunas “aspiraciones feministas contemporáneas y el discurso de los derechos en Estados Unidos.” (Brown, 2020a, p. 245) Trata de pensar en qué medida ayuda la lucha por derechos para la emancipación política de los grupos desaventajados de la sociedad, principalmente para las mujeres y los movimientos feministas contemporáneos. En tal sentido, su indagación, aunque queda restringida, también gana en efectividad.

Brown inicia la discusión haciendo exégesis de una aserción de Spivak: el liberalismo y los derechos “son aquello que no podemos no querer”. Reconoce que hay instrumentos de poder que no podemos rechazar, no obstante, surgen paradojas al pensar sobre la utilidad de los derechos para la emancipación, dado que son indispensables al ser la concreción de luchas sociales libradas desde la conformación de los Estados-nación modernos; aun así, lo que no se observa es que tal estrategia podría “encerrar nuestras esperanzas en un lenguaje del cual no podemos escapar ni blandir a nuestro favor” (Brown, 2020a, p. 245). En el caso analizado por Brown, los derechos peleados y ganados por las mujeres a lo largo de los últimos ciento cincuenta años no es algo que pueda no quererse, pues la construcción heteronormativa del mundo significa la construcción de un orden simbólico que sitúa a las mujeres en un papel subordinado. Por eso fue necesaria la positivación de ciertos derechos, pensados como políticas afirmativas, para tratar de romper la lógica masculinista hegemónica.¹ Sin embargo, para Brown:

En consecuencia, pelear exclusivamente por derechos para grupos invisibilizados o minusvalorados no siempre permite salir del lugar de vulneración. Incluso podría darse una doble paradoja: mientras más específicos sean los derechos para el grupo vulnerable en cuestión (sea que se basen en el género, la raza, la etnicidad, la edad, la riqueza, el nivel educativo o cualquier otro marcador que se quiera), mayores son las posibilidades de crear un cerco simbólico. Ello es debido a que tales derechos extremadamente detallados y explícitos constituyen al tipo de subjetividad que pretenden liberar; pues definen normativa e implícitamente aquello que significa ser mujer, hombre, indígena, pobre, viejo, etc. La ley y los derechos pasan a ser la norma que define a esos grupos sociales; y dichas aserciones no son neutrales, de hecho, muchas veces terminan por reproducir la lógica social. Por eso Brown enfatiza que el derecho tiene una producción discursiva de subjetividades. Dicha definición opera mediante la asignación de funciones de estatus, roles sociales, ideales e introyecta mandatos sobre lo que tienen que ser tales sujetos. Así, el derecho juega un papel relevante en la reproducción del sistema social, especialmente si no se toma críticamente (cf. Núñez, 2018).

Por otro lado, Brown retoma la crítica sobre la universalidad abstracta del derecho que, al no cuestionarse, puede llevar tácitamente ciertos sesgos normativos sobre el sentido de lo humano. Esto mismo lo recuerda Iris Marion Young al explicar que los análisis feministas demuestran que existe un sesgo masculino implícito en los ideales normativos hegemónicos: la racionalidad, la ciudadanía o la igualdad se piensan desde un marco masculinista (Young, 2000, p. 19). Incluso, como sugiere Giacomo Marramao, los derechos pueden ser un dispositivo de inclusión/exclusión y dictan quiénes son incluidos en la sociedad (Marramao, 2011, p.147). En consonancia con estas ideas, Brown nos recuerda que “cuanto más ciego al género o más neutral sea un derecho particular, más probable es que refuerce el privilegio de los varones y eclipse las necesidades de las mujeres como subordinadas” (Brown 2020a, p. 247).

Por lo mismo, Brown enfatiza el poder performativo de los derechos y las paradojas que conlleva. Una primera paradoja se halla en que los poderes sociales regulan identidades y el derecho no escapa a ello. Tener derecho en calidad de mujer, indígena, extranjero, viejo, etc., implica que el poder, específicamente el poder del Estado, reconoce a las personas, pero sólo de la manera en que lo estableció de antemano. Aquel que quiera ser reconocido y protegido por la legislación debe responder a los requerimientos del Estado, pues este ejerce un poder de interpelación y en ese instante crea a los sujetos por los que responderá. De tal modo, los derechos para las mujeres no ayudan sólo a luchar contra la lógica machista; potencialmente poseen un efecto negativo al inscribir la categoría de mujer en la lógica del poder hegemónico. Tal inscripción es consecuencia de la ley y puede convertirse en regulación y normalización. Consecuentemente, ese ideal regulativo y normativo sobre el sujeto de la ley no siempre resulta de un proceso democrático, ya que suele ser el poder instituido quien toma las decisiones. Las instituciones, políticas públicas y organismos del Estado están disponibles para los sujetos que encajen en las designaciones impuestas por el Estado. Eso crea espacios de vulnerabilidad para todo aquel que no se reconozca en la ley, para aquellos sujetos cuyas reivindicaciones no se plasmen en un código. Así, el Estado se arroga la monopolización del “poder simbólico”, que para Löic Wacquant (2017, p. 1266) entraña la “capacidad de imponer clasificaciones en sociedad”. Y Brown (2019, p. 198) se pregunta precisamente por la genealogía de este proceso: “¿En qué momento la identidad que se articula mediante los derechos pasa a ser una producción y regulación de la identidad a través de la ley y la burocracia? ¿En qué momento el reconocimiento legal se transforma en instrumento de regulación y el reconocimiento político en instrumento de subordinación?” En la discusión que presentamos se traduce en la siguiente pregunta: ¿En qué momento la emancipación se volvió el ser nombrado por el poder del Estado?

La segunda parte de la paradoja expuesta por Brown es consecuencia de su lectura de Marx, porque él muestra que la pretendida neutralidad liberal conlleva una forma distinta de empoderar a los grupos sociales desiguales. Marx sabe que la ley y los derechos contribuyen a empoderar más a quienes tienen mayor capital económico, “a mayor cantidad de recursos sociales y menor vulnerabilidad con la que se cuenta en el ejercicio de un derecho, más poder se recogerá en ese ejercicio, tanto si el derecho en cuestión es la libertad sexual, la propiedad privada, la libertad de expresión o el aborto” (Brown, 2020a, p. 248). La neutralidad del derecho oculta que su acceso procede del capital económico, cultural o simbólico de quien lo exige. Asimismo, impide advertir que la fuerza emancipatoria de los derechos se debe a situaciones históricas concretas, pues la norma jurídica positivada es la conclusión de luchas sociales de tiempo atrás, pero, al retomar el lenguaje formal, universal y abstracto del derecho se pierde la historia y la fuerza emancipatoria con la que nacieron. Por eso mismo, muchos movimientos sociales no se sienten representados mediante la obtención de derechos, pues muchas ganancias jurídicas pierden parte del poder emancipatorio con el que surgieron al entrar al campo jurídico, porque requieren aceptar las reglas del poder constituido, es decir, del Estado. Tal redefinición implica plegarse al orden vigente, ya que es el único capaz de aplicar la ley legítimamente. Por ello, podría cuestionarse si esto equivale a la emancipación de los grupos vulnerados, en tanto que el poder que legitima el derecho de esas minorías es quien había producido muchas de las condiciones de desigualdad por las que fue forzoso luchar. Los derechos mitigan las relaciones injustas de subordinación, pero son incapaces de ir a la raíz de la problemática social. Puede suceder que el lenguaje universal del derecho olvide la facticidad social y esencialice las relaciones dadas por el orden simbólico vigente y codificadas por la racionalidad jurídica. Entonces se pierde el poder emancipatorio derivado de las luchas de los movimientos sociales. Por ello, Brown cierra su análisis sobre esta primera paradoja del siguiente modo:

Profundizando aún más, la politóloga pone de manifiesto que todo derecho, desde un punto de vista fenomenológico, inscribe en la ley una experiencia concreta, la cual puede ser compartida por un grupo amplio de personas, pero difícilmente abarca a todos los afectados. Allí hay otro problema, ya que la ley no puede ser particular; su eficacia, su “magia social” depende de la fuerza de la forma, es decir, de su estructura pretendidamente universal, ya que ella “redobla el efecto de autoridad social que ya ejercen la cultura legítima y sus detentadores para dar toda su eficacia práctica a la coacción jurídica” (Bourdieu, 2001, p. 213). A pesar de ello, Brown expone que la forma de la ley implícitamente lleva la negación de otras visiones de la realidad y la justicia. Homologa en un concepto, igualmente abstracto, el sentido de la justicia y espera que la mayoría se sienta representado allí; y no siempre es el caso. En leyes para grupos específicos existe una codificación que funciona como dispositivo que excluye a ciertos grupos de personas. La universalidad proyectada suele no expresar las condiciones de desigualdad estructural de quienes más lo necesitan. Es decir, se deja de lado la concreción que haría efectiva una lucha por una justicia mucho más amplia. En el caso particular de las leyes para mujeres, afirma que tal tipo de leyes tienden a fijar el género tan ampliamente “que las particularidades de lo que constituye la desigualdad y vulneración de las mujeres no puede llegar a articularse ni abordarse” (Brown, 2020a, p. 248). Esto tiene resonancias en los debates actuales del feminismo. Dejando un momento de lado que toda ley conserva sesgos de clase, raza, edad, etc., muchas de las leyes para las mujeres las escribieron grupos que no siempre eran los más progresistas (cf. Bernstein y Schaffner, 2004) y también se ha dado una alianza entre algunos discursos progresistas y neoconservadores debido al punitivismo que impone la racionalidad neoliberal. Entonces hay que reconocer que la legalidad no siempre lleva hacia una sociedad menos injusta (cf. Masson, 2020).

Brown sabe que este es un tema transcendental dentro de los feminismos, pues estos no tienen pautas unívocas, sino que parte de su productividad ha sido el pluralismo que habita en ellos. Aun así, reconoce que si los derechos se toman como el objetivo central de las luchas feministas, es imposible no tomar en cuenta sus efectos performativos, y si existen posiciones encontradas, que buscan codificarse en el derecho, debe verse que toda posición defendida en nombre de la libertad, la igualdad, u otro valor equivalente de algún grupo implica crear un horizonte desde el que se crearán técnicas de gobierno concretas que limitarán o dirigirán la conducta de los demás (Cf. Miller y Rose, 2008). Si tomamos los temas candentes como el comercio sexual o la pornografía, siempre existirán posiciones contrapuestas. Así, habría que cuestionarse si una regulación mediante derechos puede navegar diferencias entre tales posiciones, ya que podría darse el caso de que algunas mujeres consideren la pornografía como una estrategia de opresión masculina, como Andrea Dworkin (1981) o Catharine MacKinnon (2014), mientras que puede haber otras que la crean parte de la liberación femenina, una estrategia para erradicar la doble moral sexual y un rasero diferenciado para la sexualidad femenina. De tal modo, debe tenerse una conciencia clara sobre los límites que tiene el campo jurídico y la búsqueda de derechos para cumplir las expectativas de todos los grupos que se sienten vulnerados o agraviados.

Lo dicho permite notar algunos de los problemas que existen al recurrir a los derechos como vía para la emancipación. No obstante, quiero ahondar en el tema al que Brown le pone mayor énfasis: el nexo entre derechos e identidad. Me interesa saber si una posición basada en identidades ayuda a luchar en favor del reconocimiento de los grupos vulnerables y contra la subordinación o si, por el contrario, carga con peores males de los que subsana. Presentaré los argumentos relevantes de Brown, complementándolos con una discusión con la jurista y socióloga Tamar Pitch. Ambas proveen un panorama completo de los problemas existentes con los efectos disciplinarios de los derechos.

En Estados del agravio, Brown ahonda en los problemas que implica la apelación de las identidades políticas para reivindicaciones sociales. Primero, las “producciones disciplinarias trabajan para hacer aparecer y regular sujetos mediante esquemas clasificatorios, nombrando y normalizando comportamientos sociales como posiciones sociales” (Brown, 2019, p. 136). Existe la posibilidad, como señalamos, de que las producciones identitarias terminen en posiciones esencializadas; y de que las reivindicaciones sociales demanden que las personas anclen su identidad a partir de esas normas regulatorias. A pesar de ello, Brown reconoce que hay un aspecto positivo al pelear por las identidades políticas: poder disputar el universalismo abstracto de procedencia liberal (Gutman, 2003). Lo malo es que dichas identidades no combaten el horizonte político que las hace posible. Por el contrario, lo necesitan, pues “las identidades politizadas generadas por sociedades liberales disciplinarias, mientras estén basadas en la exclusión de un ideal universal, requieren ese ideal, tanto como su exclusión de él, para su propia existencia continuada como identidades” (Brown, 2019, p. 146. Énfasis mío).

Pelear por identidades concretas ata a un horizonte simbólico donde esas identidades cobran sentido y, por lo mismo, tomar la identidad como punto de partida (o como punto de llegada en la lucha por derechos para grupos específicos) no puede cuestionar radicalmente ese orden simbólico, lo necesita como norma idealizada desde la cual se les ha excluido y el cual, al mismo tiempo, sirve como ideal regulador para pensar lo que se espera de la lucha política:

Las identidades dentro de un orden simbólico son relacionales, pero a final de cuentas dependen de ese mismo orden para existir. No reconocerlo impide una lucha efectiva. Cierto, la identidad puede ser una vía estratégica para entrar al espacio público donde se discuten los temas políticos “relevantes”, aunque si uno queda atado a la lucha por esa identidad será muy difícil cambiar el campo social o proponer una nueva institución imaginaria de la sociedad. La lucha por identidades políticas es un punto de entrada, no el fin mismo de la lucha. Sin embargo, a veces aferrarse a la identidad parece cardinal porque puede verse como una “carta vencedora”. Hay gran fuerza retórica al pelear por cualquier grupo marginado. No obstante, enfocarse en este tipo de lucha deja de lado que toda identidad es un efecto político, no algo esencial. Las identidades políticas tienen cierta verdad; no obstante, por sí mismas están lejos de ser una lucha realmente democrática, donde todo es algo por construir. Por eso mismo, para Brown las identidades políticas limitan el campo de lucha, ya que a veces impiden que se incorporen nuevos sujetos políticos al movimiento. Aspecto notorio en las disputas internas actuales del feminismo, donde grupos “radicales” excluyen no solo a los varones, sino a todo a quien no se ajuste a su noción de feminidad, que a veces termina siendo una definición biologicista de mujer (cfr. Valcárcel, 2019; Miyares, 2021 y 2023). Debido a ello, Brown se niega a pelear por identidades políticas o derechos para grupos particulares. Si con ello mejoran las condiciones para grupos desaventajados, es algo que no puede no quererse, mas no es el fin de un cambio social. Su apuesta es saber “si una política feminista puede prosperar sin un aparato moral, si las teóricas feministas dejarán sustituir la política por la Verdad y Moral” (Brown, 2019, p. 120). Política es conflicto, enfrentamiento sobre visiones del mundo encontradas, no cuestión de verdad o moralidad, no verlo lleva a políticas incapaces de diálogo y de crear acuerdos. Atrincherarse en convicciones entorpece la democracia y cambiar la realidad social. Allí está el fallo de las políticas identitarias y de pensar que pueden eliminarse los agravios ganando o peleando solo por derechos.

Llevando el tema de la identidad a los derechos, y sobre todo los derechos que se ven como derechos para las mujeres, Brown sabe que pueden tener las mismas carencias que las luchas por las identidades políticas.

Esto último lo corrobora el hecho de que las leyes en favor de las parejas homosexuales tienen una carga valorativa que los presenta como excepciones a la norma. Son leyes y normatividades burocráticas “especiales”, temas de gays y lesbianas, son una forma más de naturalizar la heterosexualidad mediante la codificación de la excepción en el derecho. Este tema ha sido bien trabajado por Núñez (2018) en su último libro sobre la ley penal en México. La autora muestra cómo la legislación actual tiende a reproducir sesgos de género y una visión de la mujer necesitada de protección y del hombre como el presunto victimario, sobre todo en los tipos penales que tienen que ver con la violación, el acoso y los delitos sexuales. Al igual que Brown, ella reconoce que la ley posee una carga axiológica y coordenadas de subjetivación que reproducen un orden normativo masculinista, y que la ley es un arma para configurar estigmas sociales al prohibir tipos de conductas y obligar a las personas a aceptar el sistema simbólico heterosexual. Teniendo esto en mente, es más claro por qué la politóloga estadounidense afirma que pelear por derechos específicos termina por consolidar y naturalizar un orden normativo masculinista-heterosexual.

En el feminismo, uno de los mejores análisis sobre el nexo entre neoliberalismo y la racionalidad jurídica lo realiza Tamar Pitch. Introduce un conjunto de reflexiones que permiten vislumbrar que apoyarse en el derecho, en especial en el derecho penal, ha traído mayores problemas de los que han solucionado. Sobre todo, porque, como afirma la jurista italiana, esta orientación se debe a la reconfiguración del horizonte político actual. Para Pitch, la destrucción sistemática del Estado social y el auge neoliberal es parte de la explicación del cambio en la racionalidad política y que conlleva una transformación del Estado, al ver que el neoliberalismo, en tanto estrategia política y económica, requiere de un Estado mucho más punitivo (Bumiller, 2008). Un Estado que no se limite a crear condiciones del mercado, como suelen decir los defensores del neoliberalismo, sino que transforma sus funciones, erigiendo una tendencia hacia la legalidad, donde existe una tendencia para crear “nuevas políticas penales”, pues el Estado ya no enfoca tanto en la creación de un mínimo de bienestar para sus ciudadanos, sino forma instituciones de punitivas destinadas a castigar a quienes no se ajustan a las normas y mandatos sociales y del mercado (Bernstein y Schaffner, 2004, p. 286). Aspecto que Löic Wacquant (2010) llama la “remasculinización del Estado”. Antes la meta del Estado se centraba en limitar desigualdades; hoy en día, sin embargo, debido al desmantelamiento institucional vigente y a la insistencia en centrarse en la responsabilización del individuo (cfr. Shamir, 2008), el Estado ya no tiene la fuerza ni la inclinación para limitar las injusticias estructurales, y deja que el sujeto individual cargue con la responsabilidad de su vida (cfr. Brown, 2015 y 2020b). Debido a ello, surge la tendencia a criminalizar a los individuos, porque es más fácil culpar a los individuos que analizar qué es lo que generan los problemas estructurales de la sociedad. La consecuencia de este nuevo empleo del Estado es la invisibilización del contexto social. Lo que queda en el espacio público son individuos y al Estado le es más fácil usar el derecho penal que intentar mitigar los problemas estructurales de la sociedad.

Esto es lo que Pitch tiene en mente al hacer su análisis sobre el derecho penal basado en la violencia contra las mujeres. Su investigación inicia al notar cómo se llegó a enmarcar el tema de desigualdad y subordinación de las mujeres en nuestras sociedades con el término de violencia. Le importa porque se da cuenta de que antes las leyes hablaban de opresión, una noción que incluía una mayor complejidad social e intentaba enfatizar que la discriminación tenía que ver con cuestiones económicas, supeditación política, al introyectar mandatos de género; por tanto, el término opresión “indicaba una condición que invadía todos los ámbitos de la vida de la mujer individual, condición que dicha mujer compartía con las demás mujeres, precisamente por una cuestión de género, y, por tanto, delineaba un sujeto colectivo en estrecha relación con la ‘clase’” (Pitch, 2014, p. 20). Pitch muestra que a partir de los ochenta el movimiento feminista cambió su léxico, combatió cada vez más contra la violencia y menos contra la opresión. Lo sugestivo de su revisión sobre la transformación conceptual empleada por el feminismo son las implicaciones del concepto de violencia: 1) la violencia permite recurrir al lenguaje y potencial simbólico del derecho penal, 2) separa claramente la víctima (inocente) y el agresor, y deja de lado todas las complejidades del contexto social y cultural; 3) permitió que se diera la legitimación del discurso penal en el mundo occidental, no solo en casos de violencia sexual, sino para un uso más punitivo del Estado, por ello, al encuadrar la lucha feminista bajo el concepto de violencia, sin pretenderlo, se legitimó la función carcelaria del Estado; 4) la auto-percepción del estatus de víctima cumple la función de reintroducir a los sujetos como actores de un contexto y discurso político individualizante. Antes, el discurso sobre la opresión remitía a condiciones estructurales, injusticias sistémicas provocadas por el sistema vigente. En tanto víctimas, la responsabilidad de las injusticias descansa en opresiones individuales, ya no hay un nexo claro con el sistema social (Cf. Pitch, 2014; Bumiller, 2008; Bernstein y Jakobsen, 2021).

Uno de los aspectos de mayor importancia de la investigación de Pitch ha sido mostrar que el marco teórico basado en la noción de violencia reduce sustantivamente la complejidad del mundo social. La dicotomía víctima/victimario es incapaz de reproducir cabalmente las injusticias sociales. No obstante, cada vez hay más luchas sociales basadas en tal noción. Las consecuencias son claras. En los Estados modernos hay un mayor énfasis en el derecho penal, se castiga más y las funciones del Estado se concentran cada vez más en la seguridad, lo cual termina por criminalizar a los inmigrantes y a los pobres. Con suma preocupación Pitch se hace la misma pregunta que Nancy Fraser, ¿será que algunos sectores del feminismo han contribuido a consolidar la lógica neoliberal? (Fraser, 2020, p. 137). Pitch recuerda que parte de la legitimidad del neoliberalismo se debió a una crítica feroz al Estado de bienestar, y ésta no provino únicamente de grupos conservadores, o libertarios, sino que muchas herramientas teóricas vinieron de la izquierda; críticas válidas y necesarias, aunque auxiliaron a afianzar la lógica social imperante (cf. Escalante, 2015). Además, la autopercepción mediante la nominación de víctima juega en favor del neoliberalismo, al ser contrapartida de una visión de un sujeto individualista y emprendedor. Está en sintonía con la definición de lo humano del neoliberalismo, incluso es pieza clave de su imaginario, por ello, Pitch (2014, p. 22) asevera que “la víctima es, precisamente, la otra cara del sujeto neoliberal.” Es el resultado de pensar al sujeto como responsable absoluto de sus acciones, y guiarse exclusivamente por una lógica utilitarista según la cual el sujeto debe pagar los costos de todas sus decisiones, pensar que su libertad depende de él, no del contexto social. Es una ruptura radical con la racionalidad del Estado de bienestar. Pitch incluso declara que a la noción de víctima le es esencial a la lógica neoliberal, especialmente para legitimar la mano dura del Estado, ya que la división entre víctimas y victimarios construye una división imaginaria entre buenos y malos; dicha simplificación es necesaria para formar nuevas “clases de personas peligrosas” definiéndolas como quienes no se ajustan a la lógica del mercado, por lo regular personas empobrecidas, especialmente algunas mujeres. Además de ello, la retórica de víctimas/victimarios permitió obtener la venia de una clase media empobrecida que se halla cada vez más insegura (cf. Lorey, 2016) y, por último, justifica las acciones del gobierno orientadas a la defensa de las víctimas, inclusive las de mano dura.

No me detengo más en la investigación de Pitch, pero conjuntamente con el análisis de Brown permite ver que hay un profundo sesgo en buscar la transformación social mediante la apelación al derecho, especialmente cuando se apela a derechos particularizados. Brown explica los efectos disciplinantes y normalizadores del derecho, así como la reproducción de una lógica social masculinista y heteronormativa; mientras que Pitch apunta más a mostrar cómo ha permitido enmarcar los problemas sociales como lo solicita la lógica neoliberal, hacer pasar la intervención punitiva como lo natural. Especialmente al dejarse de lado los problemas estructurales de la sociedad. El derecho penal sólo ve víctimas/opresores. Las injusticias se traducen en un brete delictivo de un individuo contra otro. La consecuencia está en el uso del poder del Estado contra aquellos que menos recursos tienen y la defensa de una lógica securitaria. Un último punto de Pitch es que el perfil de la víctima crea una visión de las mujeres como débiles y requirentes de ser salvadas o protegidas por el Estado, tesis que disputó el feminismo desde sus orígenes. Habrá que pensar las implicaciones de algunos sectores del feminismo que plantean la necesidad de más leyes, más penas, más derechos (cf. Masson, 2020; Bernstein y Schaffner, 2004).

Finalmente quiero culminar este artículo vinculando el pensamiento de Brown con el del jurista Roberto Gargarella, pues la propuesta del jurista argentino resuena con las intenciones políticas de Brown. Una de las críticas a los derechos por parte de Brown es que, al plegarse al poder constituido, dan poco juego para la emancipación. Las luchas sociales inician siendo una querella contra el poder establecido, pero con los derechos culminan en su incorporación a ese mismo poder. Por ello, se pasa de un aspecto eminentemente político a uno regulativo. Esto es lo que más incomoda a Brown, pues ¿cómo pensar en la emancipación cuando se ha dejado de lado todo intento político serio de transformar la realidad?² Es decir, el discurso de los derechos puede potencialmente dar pie a una despolitización mayor, a tener que someterse inconscientemente al poder establecido, reproducirlo al garantizar el derecho que él mismo legitima para un grupo oprimido. Esa misma despolitización del derecho es uno de los temas que más le interesa a Gargarella, porque quiere que el derecho sea algo más que una promesa vacía.

Para tal fin, Gargarella critica un aspecto teórico central de muchos juristas liberales, a saber, la desconfianza en la democracia, pues suelen asumir que el marco legal cumple con dos funciones: contener al poder del Estado en la interferencia en la vida de las personas y sentar las bases normativas para controlar la irracionalidad de las mayorías. Esta última es una nota de muchas posiciones jurídicas, con ello se evidencia una suspicacia contra el poder popular. A partir de ello se desprende que una tarea esencial del derecho sería, justamente, limitar una posible kakistocracia (gobierno de los peores). Muchos juristas ven al derecho como un muro de contención para los excesos democráticos. Un ejemplo de ello sería la apuesta jurídica de Luigi Ferrajoli:

Existe un prejuicio asumido: las masas son irracionales, gobernadas por pasiones, por tanto, debe existir un contrapeso contra el exceso democrático. Tal idea tiene bases sólidas. Solo deben verse los problemas que ha causado el populismo en muchos países a lo largo del globo y que en muchas ocasiones éste comenzó eliminando el contrapeso jurídico. Así, Ferrajoli no borda en el vacío, hay hechos que lo impulsan a pensar así. Por eso piensa el derecho como creación de límites y de controles para el poder, en especial, para los excesos democráticos. ¿Y qué mejor control para el Estado y la democracia que los derechos humanos? A ellos los llama la “esfera de lo no-decidible”. Un terreno donde la democracia queda fuera, son derechos que no se hallan en terreno de la negociación, sino que todo Estado para llamarse democrático y civilizado debe cumplir y hacerlos cumplir. Así lo expresa el jurista italiano:

Esta suspicacia contra la democracia es el punto de partida del análisis de Gargarella, y lo que Brown denunció. Si tomamos en serio el derecho como vía emancipatoria, quedamos con un poder formal, donde las decisiones no son de los grupos o movimientos sociales, sino una abstracción sobre lo que debería ser deseable para todos. Ferrajoli, siendo consecuente, afirma que la esfera de lo no-decidible expresa los límites negativos para la fuerza del Estado, y esa fuerza debe usarse para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Defiende al poder del Estado, siempre y cuando se comprometa a brindar tales derechos; un suelo mínimo para las personas. Tiene ventajas su propuesta, aunque implica la imposibilidad de cuestionar al sistema político vigente y el poder del Estado. Como mucho puede emplearse tal poder para mitigar las injusticias sociales. Es una oferta pragmática del derecho, aunque pesimista sobre las posibilidades de emancipación, sobre todo para imaginar alternativas a lo dado, para transgredir las fronteras simbólicas de nuestra visión de mundo.

Gargarella no comparte esa visión sobre el derecho, principalmente porque tiene una visión antropológica más optimista, piensa que el poder popular, democrático, no significa inmediatamente irracionalidad o el abuso contra las minorías. De hecho, denuncia que la postura de Ferrajoli es demasiado sombría y que “el escenario que describe no puede ser más ominoso y pesimista. Por un lado, porque su postura simplemente imputa a la ciudadanía acciones y decisiones sobre las que ella, en muchos casos, no ha intervenido y sobre las que carece control real” (Gargarella, 2016, p. 69). En suma, el contraargumento de Gargarella se basa en mostrar que la visión sobre la ciudadanía de Ferrajoli es un prejuicio y que esconde una filosofía política elitista, incluso una postura conservadora, pues se basa en una visión elitista donde no se estimula la intervención ciudadana en asuntos públicos, ya que el jurista italiano enfatiza las pulsiones más opresivas y la irracionalidad potencial del actuar colectivo. (cfr. Gargarella, 2016) Si Ferrajoli tuviera razón, varios asuntos de la vida pública deberían excluirse de las agendas ciudadanas y dejar que los especialistas se encarguen; para los demás solo quedaría la aceptación o la resignación. Ese es el peligro de un pensamiento como el de Ferrajoli, dejar de lado la democracia y favorecer el “control del poder”. En un pequeño texto sobre democracia, Brown veía los inconvenientes de este tipo de posturas, porque la nueva razón del mundo da pie a sociedades menos democráticas, sea por la dominación burocrática, por la fe en la tecnocracia o por no tener confianza en que el poder popular puede ser capaz de reflexionar sobre sí y no caer en la kakistocracia que tanto critica Ferrajoli. (cfr. Brown, 2014, p. 176.)

Una de esas fuerzas antidemocráticas que entrevé Brown es el derecho entendido como lo hace Ferrajoli. Como una forma limitante de la política. Esa falta de política es una de las falencias de las democracias modernas, razón por la cual la ciudadanía se siente más alejada de sus instituciones y de los partidos. Justamente por eso debe pensarse si existe alguna forma de acercar el derecho a la política, pues retomando nuevamente a Spivak, si los derechos son aquello que no podemos no querer, es porque, a pesar de sus potenciales efectos negativos, hay algo que impide objetar de tajo a los derechos. Eso es lo que busca Gargarella, encontrar la manera de incorporar una discusión democrática al interior del espacio jurídico. Pero para que esto sea posible debe tenerse una visión más optimista de la ciudadanía, siendo críticos, pero sabiendo que la democracia no ofrece soluciones mágicas, sino sólo la confirmación de que “no hay forma mejor para determinar de qué modo vivir colectivamente” (Gargarella, 2016, p. 71). En el ámbito jurídico, el tema es cómo limitar la parálisis jurídica, e incorporar una mayor participación y democracia.

En el caso de los derechos fundamentales, la lista que hemos hecho de ellos no es difícil de suscribir. Aunque la interpretación que se hace de ellos no es autoevidente. Realmente se requiere que fijemos lo que estamos protegiendo y la apuesta de Gargarella es que, en vez de dejar que un grupo de técnicos jurídicos decidan sobre su sentido, lo hagamos nosotros, con métodos más deliberados y participativos. Tales derechos, los más básicos para nosotros, son una reflexión colectiva, y deben ser discutidos por todos de una manera permanente y cuya interpretación no puede ser única o previsible. Por eso mismo, como sociedad debemos estimar el valor de la discusión, así como la relevancia de tener instituciones públicas que posibiliten esa discusión inclusiva, progresiva e inacabable (cfr. Gargarella, 2016, p. 73). Es posible que todos defendamos el derecho a la vida, no obstante, es muy diferente cómo lo interpretan las feministas a favor del aborto a los llamados pro-vida, grupos conservadores que niegan el derecho a decidir en este aspecto. Por ello, la democracia implica una discusión sobre el sentido de esos derechos, no existe ninguna carta de triunfo, lo que elijamos siempre estará sujeto a revisión. Tener una lista mínima de derechos básicos no colma el sentido de la democracia, para que el derecho no se anquilose, necesitamos definir y redelimitar su sentido cada cierto tiempo. Es el propósito de Gargarella, acercar el derecho a la política. Incorporar mecanismos de participación en un ámbito que ha sido un coto vedado. Eso no significa limitar al poder judicial, que seguiría con sus todas funciones, sino que de lo que se trata es de darle contenido sustantivo a las normas. Si Brown vio la posibilidad de que la ley y los derechos esencialicen identidades y enfaticen al poder del Estado, lo que Gargarella intenta es romper el círculo vicioso mediante participación popular. Parece insuficiente, pero es una forma de recuperar el aspecto político que late en su interior.

Brown por su parte sería más escéptica sobre la posibilidad de politizar el derecho, pero vería con mejores ojos una propuesta como la del argentino. Lo fundamental sería no separar el poder político de las personas. Todo lo contrario, deben pensarse formas de delegarles más poder. Que ellos mismos sean capaces de exigir para sí mismos lo que quieren, pelear contra las injusticias que viven. El derecho es insuficiente, por las razones que hemos esgrimido. El poder popular, democrático, constituyente, también es incapaz de incorporarse totalmente al poder constituido. Aun así, si el ámbito jurídico y los derechos son algo que no podemos no querer y son unos “significantes proteicos”, al menos hay que evitar que se paralicen. Hallar la forma de que lo político se reincorpore a lo jurídico. Allí es donde está la apuesta de Brown, de Gargarella y otros. La diferencia está en cuánta confianza depositamos en el Estado y sus instituciones. Brown es mucho más escéptica:

La emancipación para Brown sólo se dará como una “revolución simbólica”. No hay forma que se haga con las herramientas del poder constituido. Tenemos que meditar opciones posibles, formar un nuevo reparto de lo sensible, mover poco a poco las fronteras simbólicas. No obstante, Brown tiene claro que no podemos imponerle una teleología a la historia. Las utopías teóricas ayudan, pero no serán posiblemente la forma como terminaremos cambiando al sistema. Pero, al menos, favorecen el ejercicio de la imaginación política. Por eso, a veces, el mejor esfuerzo teórico es el que cuestiona las opciones más enquistadas. Y si el horizonte liberal solo habla el lenguaje de los derechos frente a la exigencia de cualquier reivindicación política, una de las labores teóricas importantes será mostrar sus límites. Esa es la función de la obra de Brown, abatir cualquier intento que tiene el poder de naturalizarse y eternizarse. Allí radica su apuesta política y el deseo implícito por la emancipación.

La propuesta de Wendy Brown es generar una alternativa al orden liberal o neoliberal del mundo. Su proyecto es pensar en una democracia reparativa, una democracia distinta a la liberal, en parte porque ve críticamente los sesgos con los que surgen las instituciones y los Estados modernos liberales. Los elementos que más le incomodan y por los que critica al liberalismo son 1) el individualismo del cual parte, porque evita pensar en otros tipos de sociabilidad, 2) que el liberalismo piensa los problemas sociales a partir de las identidades y, con ello, pierde de vista mucha de la complejidad social; 3) porque la lógica subyacente es la normalización, la cual implica tratar de englobar la diversidad a partir de la homogenización, partiendo de una norma excluyente y, en el caso que hemos tratado, una lógica masculinista naturalizada que mantiene una interpretación esencializada de la diferencia sexual, donde la diversidad, para ser tomada en cuenta, debe ajustarse a esa misma lógica.

La autora reconoce que, si la lógica liberal debe cuestionarse, la crítica debe empezar por sus herramientas teóricas fundamentales. De las cuales, una de las principales es el uso del campo jurídico como solución de las problemáticas sociales; más en particular en la asignación de derechos para las luchas emprendidas por diversos movimientos sociales. A su juicio, es una estrategia fallida, pues la lucha de derechos puede terminar naturalizando el orden simbólico hegemónico, con sus jerarquías (cf. Brown, 2019 y 2020a).

Sin embargo, la crítica de Brown tiene mayor alcance. No se trata solo de criticar los derechos, y las ganancias jurídicas que se han obtenido en los últimos siglos, sino de pensar en una alternativa política para los tiempos venideros. Desde su perspectiva, la democracia liberal está en una crisis profunda por múltiples razones: las personas ya no se sienten representadas por sus gobiernos o por sus legisladores, por la corrupción, o por los asaltos a las instituciones democráticas, entre otras. No obstante, creo que una lectura atenta de su obra apunta a que la falencia más importante es que el poder político dejó de verse como perteneciente a todas las personas y la democracia no es capaz de operar sin ese presupuesto. El liberalismo no pudo cumplir con su promesa esencial: que las personas puedan gobernarse a sí mismas. Volver a intentar retomar esta promesa requeriría un nuevo ethos democrático y esa es una tarea fundamental para nuestras sociedades futuras. Por eso, la tarea de la crítica es desarrollar la imaginación política y romper la dependencia del orden simbólico constituido que implica el recurso al orden jurídico; por eso la politóloga estadounidense es tan severa con la racionalidad liberal y su solución basada en la obtención de derechos. Si bien el recurso a la legalidad fue indispensable para romper con el orden medieval, para la politóloga estadounidense está claro que esos mismos instrumentos no pueden regenerar o dar lugar a una nueva lógica política. El problema, pues, no es eliminar ciertas opresiones, sino cuestionar la lógica política vigente, pues genera las exclusiones constitutivas de la sociedad y las formas modernas de vulnerabilidad.

Más que soluciones, la obra de Brown realiza preguntas relevantes para la democracia por venir. Coincido con su cuestionamiento de la política actual, con el diagnóstico de que la democracia está sufriendo hondos problemas y con qué tal vez el paradigma liberal no puede ofrecer soluciones a los conflictos actuales. Mientras no haya otras opciones, requerimos de los derechos y del poder del Estado, pero esto tiene un límite que no brinda demasiadas opciones. Opciones teóricas como la de Roberto Gargarella ayudan a reformular la participación democrática y ver lo posible en el orden actual. A pesar de ello, la intención política de Wendy Brown es ineludible para plantear opciones democráticas futuras; las reacciones violentas contra la democracia liberal que se dieron en los últimos años hacen ver que se requiere un imaginario político novedoso, deben darse opciones políticas a un sistema que ya no da más de sí. Aunque, la imaginación política no surge del vacío, es necesario criticar los elementos más básicos de la lógica liberal para saber qué caminos no son transitables hoy en día, o para saber cuáles son los límites de las herramientas teóricas que antes nos ayudaron. No creo que su intención sea pensar en una noción de libertad o de poder sin dominación, sino saber si es posible ir más allá de la lógica política actual, ¿podemos pensar en una sociabilidad sin un énfasis absoluto en el individuo?, ¿podemos salirnos de la lógica de la normalización?, ¿qué sería una democracia no liberal, pero sin que la opción sea recurrir a la concentración absoluta del poder o sin iniciar desde la lógica del amigo/enemigo? La obra de Wendy Brown permite desplegar la imaginación política y abordar estas preguntas, tratar de encontrar otras coordenadas políticas, pero, sobre todo, tratar de cumplir la promesa democrática: que las personas se gobiernen a sí mismas.