En el debate contemporáneo sobre la migración, la filosofía política ha ocupado un lugar relevante al ofrecer marcos normativos centrados en la justicia global, la soberanía estatal y los derechos humanos (León, 2025a). Sin embargo, buena parte de estas reflexiones se estructuran en torno a un conjunto de dilemas abstractos —a menudo centrados en opciones normativas como las fronteras abiertas, cerradas o porosas— que tienden a eludir una confrontación directa con las formas concretas que adquiere el control de la movilidad humana, lo que contribuye a desentenderse de una crítica más profunda a las prácticas migratorias que, en la actualidad, limitan o incluso clausuran toda posibilidad real de reflexión práctica sobre esas opciones teóricas. En un contexto marcado por regímenes fronterizos cada vez más violentos, externalizados y tecnificados, la distancia entre el discurso normativo y la realidad material no solo resulta insalvable, sino también irreconciliable: allí donde la filosofía discute principios, los cuerpos son detenidos, deportados, explotados o abandonados a su suerte.

Este artículo no busca, por tanto, tomar partido en el debate normativo o las opciones teóricas sobre cómo deberían organizarse las fronteras en un mundo globalizado, sino poner en evidencia cómo las políticas migratorias contemporáneas, bajo el control estatal y los regímenes internacionales, anulan en gran medida la posibilidad de pensar la movilidad de personas en términos éticos o políticos. En muchos casos, estas políticas han configurado verdaderas “zonas de no-derechos para millones de personas forzadas a desplazarse” (Villalobos y Ramírez, 2019, p. 13), al operar como mecanismos de segregación selectiva y generar espacios donde la vulneración masiva de derechos se institucionaliza como rasgo estructural (Velasco, 2016). Aunque este carácter restrictivo no logra frenar por completo los flujos migratorios ni disuadir a quienes buscan atravesar las fronteras, sí produce efectos colaterales graves en términos de justicia (Velasco, 2012).

Desde esta perspectiva, el trabajo se ocupa críticamente de una línea de reflexión dentro de la filosofía política contemporánea que, al mantener la centralidad del Estado como único agente legitimado para regular la movilidad humana, contribuye a invisibilizar otras formas de violencia y exclusión en las fronteras (León, 2025a).

Cabe aclarar que esta crítica interpela, principalmente, a la perspectiva más abstracta y normativista de la filosofía política de la migración, inscrita en el paradigma liberal, de raíz anglosajona y heredera de la tradición analítica (Risse, 2016). Dicha corriente ha centrado el debate en la justificación moral de la admisión, concibiendo la frontera como una línea estática y relegando sus dimensiones materiales y violentas. En contraposición, se ha configurado una tradición crítica —representada, entre otros, por Balibar (2004), Brown (2010) y Shachar (2020)— que, en diálogo con las ciencias sociales, concibe las fronteras como dispositivos históricos, jurídicos y materiales de exclusión. El enfoque necropolítico aquí adoptado profundiza esa línea de cuestionamiento al revelar cómo estos dispositivos constituyen regímenes fronterizos que, en última instancia, administran y deciden sobre la vida y la muerte de los migrantes.

Con este trasfondo, se analiza el desfase entre los enfoques filosófico-normativos y aquellos desarrollos críticos que, desde otras tradiciones —como la crítica poscolonial, los estudios fronterizos o la biopolítica—, permiten problematizar las fronteras no como realidades neutras o dadas, ni únicamente como un problema de distribución o justicia, sino como dispositivos de poder necropolítico. Esta crítica se sustenta en la observación de que un segmento significativo de la filosofía política contemporánea sigue concibiendo las fronteras como instrumentos de una distribución justa —entre Estados, deberes, o derechos— sin atender a las formas concretas, históricas y violentas en las que se ejerce hoy este control. En consecuencia, se propone que el debate sobre migración necesita desplazarse hacia una comprensión más situada y material de las fronteras, capaz de reconocer las lógicas de exclusión, explotación y muerte que las configuran. La pregunta, entonces, no es si las fronteras deben abrirse o cerrarse, sino por qué el régimen actual de gestión de la movilidad hace imposible siquiera formular esa pregunta sin vaciarla de sentido.

Con este marco, el artículo se estructura en tres momentos analíticos: primero, se presentan algunas de las discusiones normativas sobre migración; segundo, se examinan las fronteras como espacios de ejercicio soberano, donde prácticas de gestión exceden el marco jurídico y operan bajo una lógica necropolítica; y, finalmente, se argumenta que esta relectura permite comprender el régimen contemporáneo de movilidad como un orden que impide la reflexión política y ética sobre la migración.

El debate filosófico contemporáneo sobre migración se ha desarrollado, en gran medida, en el marco de una teoría normativa de la justicia, centrada en las condiciones bajo las cuales los Estados deberían permitir la entrada de migrantes y reconocer su membresía. Estos enfoques, en su mayoría liberales o cosmopolitas, se han ocupado de pensar la justicia más allá de las fronteras nacionales, promoviendo su expansión o reinterpretación. Sin embargo, esta preocupación por la justicia distributiva o por la legitimidad de los mecanismos de inclusión política ha tendido a presuponer la existencia de fronteras como hechos dados, sin problematizar de forma suficiente su función política, sus efectos concretos ni su institucionalización práctica. Este apartado busca mostrar cómo la filosofía política ha tratado el problema de las fronteras y la migración, destacando tanto las contribuciones como las limitaciones de este marco normativo para comprender los dilemas contemporáneos de la movilidad humana.

Esta revisión permite advertir una desconexión persistente entre el enfoque normativo de los debates filosóficos y las formas concretas que asume hoy la gestión de las fronteras y la movilidad. Allí donde la filosofía política ha privilegiado una mirada centrada en la justicia, los derechos y la legitimidad de la inclusión, la práctica política se ha orientado, en muchos casos, hacia el control, la exclusión y la securitización de los flujos migratorios. Este distanciamiento invita a repensar no solo las condiciones normativas de la pertenencia, sino también el papel que juegan las fronteras como instituciones productoras de desigualdad, violencia y muerte.

Y es que esta tensión entre el ideal normativo y la realidad empírica se intensifica en el contexto contemporáneo, marcado por una contradicción estructural: mientras se promueve la libre circulación de capitales, mercancías e información, se restringe sistemáticamente la movilidad de personas (Arango, 2003; Benhabib, 2005). Este doble estándar pone en cuestión no solo las políticas migratorias, sino también los supuestos normativos sobre una teoría de la justicia. Al enfrentar la demanda de inclusión por parte de quienes migran, los Estados recurren a dispositivos de control, exclusión y coerción que desafían los principios de la tradición liberal-democrática (Aguerre, 2018; Zapata-Barrero, 2002). Las instituciones políticas, y los propios conceptos fundacionales de la filosofía política —como ciudadanía, soberanía o comunidad política—, se ven así interpelados por una realidad migratoria que revela sus límites históricos y teóricos (Zapata-Barrero, 2002).¹ En este marco, la filosofía política ha concentrado sus esfuerzos en reflexionar sobre la necesidad de ampliar las fronteras de la justicia y elaborar una teoría con alcance global (Nussbaum, 2007). Esta tarea responde, según diversos teóricos, al intento de trascender los modelos formales de justicia procedimental para concebir la justicia en términos más sustanciales, “vinculando cuestiones de distribución con problemas de la teoría política, incluyendo debates sobre democracia, legitimidad, pertenencia e identidad” (Mezzadra y Nielson, 2014, p.3). Tanto liberales como comunitaristas han abordado la migración como una cuestión que oscila entre la justicia distributiva y la autodeterminación de las comunidades (Benhabib, 2005), entendiendo la justicia como el problema de distribuir de forma equitativa bienes sociales en un campo social caracterizado por la desigualdad (Mezzadra y Nielson, 2014).

Sin embargo, un aspecto que tienen estos enfoques en común es que las fronteras, aunque cruciales, no han tenido un desarrollo sistemático dentro de los análisis filosóficos. Campillo (2009, p. 7) señala que, tanto para los filósofos antiguos como para los modernos, “las fronteras de la comunidad política no necesitaban ser instituidas de forma expresa, puesto que ya estaban naturalmente dadas por la sangre y por el suelo, por la nación de pertenencia y por la tierra de nacimiento”; lo cual explica su ausencia en debates políticos y reflexiones desde la filosofía. Es en el contexto de la globalización donde las fronteras adquieren un nuevo protagonismo: comienzan a marcar decisivamente el adentro y el afuera de las comunidades políticas y sus consecuencias se evidencian, sobre todo, en las experiencias de migrantes económicos y solicitantes de asilo y refugio.

Joseph Carens (2013) —cuyo planteamiento inicial apareció en 1987— es uno de los teóricos pioneros en denunciar la arbitrariedad de las fronteras, desde un punto de vista moral, enfatizando en la oportunidad que representan en la carrera por mejorar las condiciones de vida de quienes nacieron en países desfavorecidos. “El argumento moral a favor de la libre migración surge así de la realidad de que existen grandes desigualdades económicas entre los Estados” (Weiner, 1996, p.174) y que las circunstancias de nacimiento son inmerecidas, pero igualmente determinantes en lo que los individuos pueden lograr en la vida (Loewe, 2018).

Esta crítica abrió un amplio debate que ha reconocido en las fronteras el epicentro de conflicto ético-políticos en la era de la interdependencia global —económica, ambiental, tecnológica, política y social— (Bauman, 1999; Castles, 1997; Kymlicka, 1995). Un aspecto que no ha pasado desapercibido para la teoría liberal contemporánea y sus pretensiones normativas (Loewe, 2018).² Por ejemplo, los pensadores cosmopolitas fueron los que “postularon desde el principio el carácter artificialmente instituido de todas las fronteras entre los pueblos, y las denunciaron como la causa principal de las guerras, dominaciones y masacres entre los humanos” (Campillo, 2009, p. 12). De allí en adelante, el debate filosófico se ha concentrado en torno a los argumentos a favor del cierre, la apertura o la porosidad de las fronteras como condiciones necesarias para sociedades justas. En esta línea, Michael Walzer es uno de los renombrados filósofos contemporáneos que se ha dado a la tarea de introducir un estudio normativo acerca de la membresía —o pertenencia a una comunidad política— para las teorías sobre la justicia. Para Walzer (1983), la membresía es el primer bien social que es repartido y es fundamental porque es condición de posibilidad para la participación en las restantes esferas distributivas. Sin embargo, esta no es otorgada sin más, ya que para él esta admisión o rechazo es una decisión eminentemente política que depende de la comprensión que tienen sus miembros de sí mismos y de la de comunidad que desean tener. Linda Bosniak (2006) señala que este aspecto —la elegibilidad de migrantes en la teoría de Walzer—ha recibido gran atención en la literatura académica sobre migración, en especial por lo que ha significado para pensar analíticamente la estructura de división extranjero/ciudadano en la ley; lo que ha tenido, en la práctica, efectos institucionales concretos, dado que tácitamente indican las pautas de las actuales políticas de exclusión (Di Cesare, 2020; Zapata-Barrero, 2002).

Lo distintivo de la contribución de Walzer es que, a diferencia de otros teóricos para los que la idea de fronteras abiertas y vía libre a la circulación de personas parece moralmente clara ante las grandes desigualdades globales, para él tal apertura puede generar muchas más injusticias, ya que puede verse vulnerada la voluntad colectiva de las comunidades de proteger y definir sus fronteras (Benhabib, 2005; Weiner, 1996). Aunque no se hace explícito, las fronteras cumplen una función especial en la teoría de Walzer. Por un lado, delimitan el derecho de la comunidad de defender los valores y principios que dan lugar a la conformación y la estabilidad del tipo de comunidad por la que han optado sus miembros. Por el otro lado, respaldan su derecho a defenderla de la inmigración, haciendo retroceder a quien venga de afuera (Di Cesare, 2020).

Seyla Benhabib (2005) es otra de las teóricas que ha reconocido en las fronteras los límites políticos para definir a algunos como “miembros” y a otros como “extranjeros”. En su argumentación denuncia que estas han permanecido invisibilizadas tanto o más que las prácticas e instituciones que regulan la admisión de extranjeros, intrusos, refugiados y solicitantes de asilo. Las fronteras son la piedra angular de los supuestos Estadocéntricos contemporáneos y reafirman el dilema constitutivo de las democracias liberales en las que se contrapone el derecho soberano de controlar y limitar la admisión de migrantes con la adhesión a los principios universales de los derechos humanos.

Si bien Benhabib destaca los vacíos y el desinterés teórico detrás del control policial y la protección de las fronteras, su análisis se presenta como una crítica a las posturas que restringe el papel de justicia a meros asuntos de distribución de recursos y no a principios de incorporación a entidades políticas existentes que, en últimas, son los que involucran asuntos alusivos a los derechos de participación o inclusión política. En sus palabras, “una teoría cosmopolita de justicia no puede restringirse a esquemas de distribución a escala global, sino que también deben incorporar una visión de membresía justa” (Benhabib, 2005, p.15). En esta medida, su propuesta no desconoce que la categoría principal para regular la entrada y la participación política sigue siendo el ciudadano, por lo que propone el establecimiento de un régimen de fronteras porosas que permita que algunos sean admitidos y reconocidos como miembros con plenos derechos de participación y otros no. Para esto serán necesarios criterios claros –prácticas no discriminatorias, transparentes en su formulación, ejecución y justificables en caso de negativas− para la primera admisión de migrantes y el cumplimiento de ciertas condiciones para que les sean otorgados derechos de ciudadanía una vez estén dentro.

Finalmente, el argumento a favor de las fronteras abiertas recoge el interés de Carens por la libertad de movimiento, al tiempo que se distancia al denunciar el carácter abstracto de la igualdad moral como derecho humano que justifica su apertura. Para Arcos (2020a), las exigencias éticas de este tipo pueden considerarse —si se quieren— exigencias pre-institucionales basadas en la mera condición humana y no su factibilidad en el marco del actual sistema de relaciones internacionales: relaciones políticas con los Estados. A pesar de esto, desde esta perspectiva, los debates contemporáneos señalan que, en un mundo con recursos finitos, restringir la migración constituye una forma ilegítima de restringir el acceso a oportunidades de las personas (Velasco, 2012); de modo que en la admisión de migrantes no deberían primar las necesidades del país anfitrión, sino la difícil situación de quienes buscan mejorar sus condiciones (Weiner, 1996). En este punto, el énfasis más que en las fronteras, oscila entre la proximidad (vínculos especiales) o la imparcialidad (independiente de la identidad o interés propios) de los vínculos con quienes son menos favorecidos (Arcos, 2020b). Estas circunstancias pueden derivar en que “se antepongan o se dé prioridad a los intereses de los familiares, compatriotas y a las personas que se encuentran más próximas frente a esos mismos intereses de los que no son parientes, son extranjeros o se encuentran alejados físicamente” (Arcos, 2009, p. 25).

En conjunto, estos debates revelan que, si bien la filosofía política ha avanzado en la reflexión sobre los derechos de los migrantes y la legitimidad de las fronteras, aún persiste una brecha importante respecto a cómo se materializan las formas de control y exclusión en las prácticas contemporáneas de gestión migratoria. La teoría tiende a operar con un concepto abstracto de frontera, mientras que, en la práctica, estas se configuran como dispositivos móviles, externalizados y cada vez más letales. Esta constatación obliga a desplazar la mirada: de una teoría de la justicia centrada en principios normativos hacia un análisis del control migratorio como ejercicio soberano, cuyas formas de gubernamentalidad implican decisiones sobre la vida y la muerte. Es lo que explora el siguiente apartado, al analizar cómo las fronteras se convierten en espacios donde se reconfigura el ejercicio de la soberanía y se despliegan estrategias necropolíticas.

Si en la primera sección se expuso cómo la filosofía política ha reflexionado sobre la justicia migratoria y el significado de las fronteras, esta segunda parte se interroga acerca de cómo tales conceptos se traducen —o se distancian— de las prácticas contemporáneas de control fronterizo. Mientras los debates normativos tienden a centrase en la legitimidad del derecho a migrar y en la inclusión de extranjeros, en la práctica, la soberanía estatal se ejerce mediante políticas migratorias restrictivas que operan a través de mecanismos de control, exclusión y violencia. Aquí se analiza cómo las fronteras, lejos de ser simples delimitaciones geográficas, funcionan como dispositivos soberanos de producción de muerte, en el marco de una racionalidad necropolítica. Desde esta perspectiva, las fronteras no solo marcan un adentro y un afuera, sino que producen espacios de precarización y abandono que, para ciertos cuerpos, equivalen a una condena a la muerte física o social (León, 2025b).

El concepto de necropolítica lo introduce el filósofo camerunés Achille Mbembe (2011) como una concepción del poder moderno, en la cual la última expresión de la soberanía recae en la capacidad de decidir quién debe morir o, lo que es lo mismo, en la facultad de regular la muerte y definir la vida. En este sentido, la soberanía no solo se ejerce sobre la vida, sino también sobre la muerte. En su teorización, Mbembe no se refiere directamente al fenómeno migratorio, ya que su análisis se sitúa en el contexto africano, tanto colonial como poscolonial, marcado por la constante amenaza sobre la vida que conduce a la muerte o al abandono total (Rodríguez, 2017). La necropolítica constituye una mirada descolonizada, periférica y al mismo tiempo cosmopolita que permite interpretar los procesos sociales contemporáneos como dispositivos de disciplinamiento y control sobre la vida y la muerte de los sujetos (Varela, 2020). Se trata, entonces, de una nueva concepción de la política de la muerte que se abre paso en el escenario político actual y que ha adquirido creciente relevancia como enfoque crítico en los análisis sobre migraciones forzadas y regímenes fronterizos.

Cabe señalar que, si bien ni la migración ni los regímenes fronterizos fueron objeto central de análisis en la obra de Michel Foucault ni en la de Achille Mbembe, sus conceptualizaciones del poder —como biopolítica y necropolítica, respectivamente— se han convertido en marcos analíticos fértiles para pensar la gestión contemporánea de la movilidad humana. En ambos casos, estos enfoques permiten examinar cómo operan las prácticas concretas del poder en contextos donde migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se enfrentan a dispositivos de control y exclusión en países de origen, tránsito y destino. En el caso de Foucault, como observa Chavel (2015), aunque la migración apenas aparece de manera tangencial en su obra, su noción de biopoder ha sido retomada para analizar cómo los Estados administran y controlan la vida de estas poblaciones mediante normas, políticas públicas, dispositivos tecnocráticos y tecnologías de vigilancia funcionales al capitalismo global. Por su parte, Mbembe (2011) se distancia de la lectura foucaultiana al considerar que las dinámicas contemporáneas del poder —especialmente en el llamado Tercer Mundo— responden a una lógica más próxima al neoliberalismo que al liberalismo económico descrito por Foucault. En este contexto, vastos sectores de la población son sometidos a condiciones de existencia tan extremas que adquieren el estatus de muertos-vivientes (Ortega, 2021).

Retomando los postulados de Mbembe, Estévez (2022) ha identificado dos facetas que constituyen el proceso necropolítico de la migración forzada. La primera se refiere a la producción de las condiciones estructurales que originan la migración forzada, mientras que la segunda —de mayor interés para esta investigación— apunta a la administración de la movilidad humana mediante una gestión que consolida un derecho diferencial a la vida. Esta última se manifiesta en políticas migratorias restrictivas y punitivas que transforman las fronteras en potentes dispositivos de control desterritorializados, los cuales tienden a incrementar las muertes evitables de poblaciones ya vulnerabilizadas (García, 2020). Desde esta perspectiva, se advierte una progresiva desprotección legal y física de los migrantes, que son forzados a transitar por geografías marcadas por la violencia, el abandono y la muerte. Tales trayectorias conducen no solo a la aniquilación, sino también a lo que Varela (2020, p. 1) describe como la “miserabilización de la vida de quienes son considerados “desechables” o “hiperexplotables” hasta la muerte.”

Ahora bien, estas formas de gestión no surgen de un vacío, sino que se inscriben en un marco político y jurídico más amplio, donde la soberanía estatal continúa operando no solo como referente central para el mantenimiento de las relaciones entre Estados, sino también para la gestión de la movilidad humana y la legitimación de la violencia fronteriza, a pesar de los reiterados cuestionamientos sobre su eficacia normativa en un mundo globalizado (Benhabib, 2005; Solanes, 2016). En este contexto, las fronteras se configuran como dispositivos estratégicos del ejercicio soberano, mientras que la soberanía estatal se reconfigura: no desaparece, sino que se expresa de nuevas formas. En palabras de Brown (2010), esto se manifiesta en la construcción de muros y dispositivos fronterizos como actos performativos de poder, en un escenario donde su autoridad tradicional se ve desafiada. Lejos de desaparecer, esta soberanía performativa multiplica y expande las fronteras a través de corredores, campamentos, centros de detención, hotspots y dispositivos móviles de vigilancia (Ceyhan y Tsoukala, 2002; Jones et al., 2017), consolidando así una infraestructura global de confinamiento y control que criminaliza el tránsito de migrantes y lo equipara a amenazas como el narcotráfico y el tráfico de armas (Estévez, 2014).

Es importante agregar que el reforzamiento fronterizo no se limita a la construcción de infraestructura física ni al despliegue de dispositivos tecnológicos de control; también incluye ejercicios proactivos y reactivos de demostración soberana que reflejan y alimentan una retórica política nacionalista. Esta retórica sostiene que los recursos y oportunidades deben reservarse exclusivamente para los ciudadanos, en detrimento de quienes no lo son (Jones et al., 2017). Tal narrativa criminaliza la migración y reafirma el papel de las fronteras como símbolos de la nación y de la identidad política colectiva (Walzer, 1983). Velasco (2025) señala que esta retórica se apoya en el malestar de sectores sociales que se sienten marginados por la globalización, para quienes la frontera fortificada y el rechazo al inmigrante se convierten en un recurso simbólico para recuperar un sentido de identidad y pertenencia. De hecho, el término frontera se ha vuelto central en prácticas y discursos que vinculan migración y seguridad (securitización), alimentando la percepción de una contención migratoria absoluta (García, 2020).

Para Campesi (2012), las nuevas prácticas de control difuminan la distinción entre seguridad interna y externa, proyectando una lógica securitaria que penetra, incluso, en el interior de la esfera política. Esta dinámica permite comprender las fronteras “no como una realidad fija elaborada de una vez y para siempre, sino como un proceso, de manera que en distintos momentos y lugares se ponen en juego diferentes elementos” (Velasco, 2025, p.72). Sin embargo, este proceso dista de ser neutral o aleatorio. Responde más bien a una lógica global de clasificación que, en la conceptualización de Steffen Mau (2023), convierte al régimen fronterizo contemporáneo en una vasta “máquina clasificadora” que evalúa, selecciona y jerarquiza las movilidades humanas. En este marco, se despliega un conjunto de estrategias diseñadas para reducir drásticamente estos flujos humanos, entre las que se destacan: i) el condicionamiento de la cooperación para el desarrollo, ii) la creación de espacios de contención (centros de detención y hotspots), y iii) la instrumentalización de los regímenes de asilo para admitir o rechazar solicitantes de protección. Estas constituyen piezas clave en la configuración de verdaderos regímenes necropolíticos de frontera.

Una de las primeras estrategias en este entramado necropolítico es la externalización del control fronterizo mediante la cooperación para el desarrollo. Lejos de responder únicamente a objetivos humanitarios o de ayuda al crecimiento económico — como la disminución de la pobreza, el abordaje de algunas de las causas estructurales que la producen, o la consolidación de la paz y la democracia—, esta forma de cooperación se ha reconfigurado como un instrumento de externalización del control fronterizo. En lugar de apostar por el desarrollo como fin en sí mismo, se prioriza su uso como medio para contener y disuadir los flujos migratorios desde sus países de origen o de tránsito. En la práctica, esto se traduce en acuerdos bilaterales o multilaterales en los que la ayuda financiera, técnica o logística depende del compromiso de terceros países de colaborar en la vigilancia de fronteras, la aceptación de retornos forzados o la instalación de dispositivos de control migratorio en sus territorios. De este modo, los países se ven presionados a asumir funciones policiales en nombre de las potencias emisoras de ayuda, en una lógica de subcontratación del control migratorio que reproduce desigualdades geopolíticas y naturaliza la selectividad de las movilidades humanas (Akkerman, 2021; Estévez, 2022).

La segunda estrategia necropolítica se centra en la creación de espacios de contención, cuyo propósito es generar las condiciones que imposibiliten que los migrantes logren obtener estatus legales y documentados en los Estados receptores. Esta estrategia se materializa principalmente en los centros de detención y los hotspots, los cuales funcionan como dispositivos de confinamiento y exclusión que suspenden las garantías procesales y crean grandes zonas de no-derechos para los migrantes. En este sentido, los migrantes, a menudo sin un estatus legal claro, son retenidos por períodos indeterminados, sin acceso a procesos judiciales justos, sin información sobre sus derechos o el estado de sus solicitudes de asilo, y frecuentemente sujetos a condiciones inhumanas. Estos centros no solo suspenden las garantías procesales, sino que, como señalan Anguiano y Lucero (2020), los migrantes detenidos a menudo desconocen incluso su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria.

Por otro lado, los Estados que presionan a terceros países con este tipo de medidas no suelen responsabilizarse por las consecuencias profundamente opresivas para los migrantes: tortura, desaparición forzada, violencia sexual y muerte (Akkerman, 2021). En este sentido, Akkerman (2021) señala “una tendencia a mostrar la privación de la libertad de un modo favorable o, como mínimo, menos amenazante, al hacer un uso más amplio de “eufemismos de hospitalidad” para caracterizar las prácticas de detención y deportación” (p. 10). Este uso de eufemismos solo enmascara la verdadera función de los espacios de detención, que no es otra que el aislamiento y la exclusión de las personas consideradas indeseables o no deseadas por los Estados receptores (Akkerman, 2021).

La tercera estrategia necropolítica, de acuerdo con Estévez (2021), radica en que los regímenes migratorios se sirven del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para excluir a quienes los Estados buscan mantener fuera de sus fronteras. Esta estrategia opera mediante categorías tanto jurídicas (asilo y refugio) como no jurídicas (“migrante forzado”, “refugiados convencionales”, “flujos mixtos” y nuevas clasificaciones dentro de la legislación internacional), cuyo propósito es dispersar y restringir la protección internacional, instrumentalizando así el régimen internacional de los refugiados (Estévez, 2021).

Más que proteger a quienes sufren persecución, los regímenes de asilo y derechos humanos persiguen objetivos de gestión y contención de la nueva migración forzada (Campesi, 2012). De hecho, se basan en “la preocupación generalizada de los Estados por controlar las fronteras y, en este sentido, reafirmar su derecho a decidir quién puede entrar en sus territorios y quién no” (Ortega, 2022, p. 303). Según Elisa Ortega (2022), esta lógica ha prevalecido en el derecho internacional de los refugiados, caracterizándose por la selección y control del sujeto refugiado, mientras se excluye a otros migrantes forzados. Esta es solo una parte de un dispositivo general de regulación migratoria que actúa según los intereses de los Estados, constituyendo “una forma políticamente aceptable de maximizar el control fronterizo frente a la migración involuntaria recurrente” (Ortega, 2022, p. 306).

En este contexto, el sistema internacional se ve respaldado por la figura del refugiado, definida en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967,³ que reduce el alcance de la protección internacional al no contemplar adecuadamente el creciente número de conflictos y la proliferación de actores violentos que provocan desplazamientos forzados a gran escala. Además, el hecho de que el asilo sea considerado una prerrogativa estatal y no un derecho humano, facilita su instrumentalización mediante políticas como el “primer país de llegada” o el “tercer país seguro”, que transfieren las solicitudes de protección internacional y despojan a los solicitantes de sus derechos fundamentales (Ortega, 2022).

Así, los esfuerzos por contener los flujos migratorios recurren a diversas estrategias que tienen consecuencias devastadoras para los migrantes. Como se ha mostrado, estas estrategias se basan en el imperio de la ley para evitar ingresos legales y promover una cultura de desaliento entre los migrantes. Eventualmente, los migrantes se ven forzados a vivir en “áreas de injusticia especial”, donde enfrentan condiciones inhumanas y mercados laborales ilegales que gozan de la aprobación tácita de los gobiernos, que en teoría deberían protegerlos bajo la legislación de los derechos humanos (Estévez, 2018, p. 15). De este modo, los migrantes y solicitantes de protección internacional son conducidos inevitablemente por lo que en la literatura crítica ha denominado “geografías de muerte” (Estévez, 2022; Ortega, 2022), ya sea porque los expulsa a una muerte casi segura a los lugares de los cuales huyen, o porque los llevan hacia una red de estados necropolíticos ilegales (organizaciones criminales), donde son contrabandeados, extorsionados y asesinados.

Mientras que la primera sección exploró algunos de los debates filosóficos sobre justicia y fronteras en relación con la migración, y la segunda analizó cómo las fronteras operan como dispositivos necropolíticos en el contexto de la gestión migratoria contemporánea, esta tercera parte se detiene en la desconexión entre ambos planos: el normativo y el práctico. A pesar de que la filosofía política ha reflexionado sobre la inclusión, los derechos y la justicia más allá del Estado-nación para las personas en movilidad, ha tendido a omitir las formas materiales en que las fronteras producen sufrimiento, explotación y muerte. En particular, ha desestimado cómo la gestión fronteriza se ha transformado en una tecnología de poder que mercantiliza cuerpos y regula su circulación según criterios selectivos y deshumanizantes. Esta desatención filosófica a la praxis fronteriza no solo limita la comprensión de los dilemas migratorios actuales, sino que también contribuye a sostener un imaginario normativo desconectado de la violencia estructural que atraviesa las fronteras. Esta sección propone, por tanto, repensar el vínculo entre ética y política migratoria desde una perspectiva situada, que confronte la teoría con las consecuencias concretas de las prácticas de exclusión y control.

En este punto, el debate sobre la soberanía estatal y su capacidad para gestionar las migraciones, tal como lo expone la literatura liberal dominante (Sager, 2017, 2021), ha puesto de relieve la aparente desconexión entre la promesa de inclusión y la realidad de las fronteras, particularmente ante el creciente número de personas que intentan cruzarlas cada año. Desde esta perspectiva, se tiende a pasar por alto que, lejos de debilitarse, el poder soberano y las fronteras se han fortalecido y perfeccionado como mecanismos de control en un contexto global cada vez más interconectado. Mientras las fronteras, en lo normativo, siguen siendo objeto de disputas sobre su apertura, cierre o porosidad, los cuerpos de los migrantes se han convertido en el objetivo de una gestión violenta que los deshumaniza y explota al intentar cruzarlas. Este proceso no es solo político o administrativo, sino que está profundamente imbricado en la producción de valor económico y de poder político, donde las vidas de los migrantes se transforman en mercancías explotables, cuyo valor depende de las dinámicas del mercado y de la maquinaria de seguridad que atraviesan las fronteras.

Según Treviño (2020), la retórica sobre la supuesta ineficacia del control soberano es más que cuestionable, ya que tanto las políticas migratorias como la gestión fronteriza han servido de puente para convertir gradualmente a los migrantes en mercancías capaces de generar oportunidades de diversa índole para un amplio espectro de actores. Lejos de generar escándalo, estas prácticas se consolidan como parte de la gobernanza global de las migraciones. En esta línea, Villalobos y Ramírez (2019) advierten que el recurso discursivo de la supuesta amenaza que representan los migrantes y solicitantes de refugio para las comunidades anfitrionas no es en absoluto inocente. Se trata, según los autores, de una técnica de deshumanización que apunta a generar la muerte social de los migrantes y, con ello, convertirlos en el “blanco de formas de gobierno que consideran que existen grupos, individuos y espacios que están inexorablemente fuera de cualquier civilidad y a los que solo resta administrar, excluir o remover espacialmente” (Villalobos y Ramírez, 2019, p. 31).

Ahora, “lo nuevo en este complejo escenario contemporáneo no son las migraciones humanas, sino las fronteras y las formas legales, paralegales e ilegales de gobernar los movimientos humanos” (Varela, 2020, p. 1). Es en este contexto donde se evidencia cómo la deshumanización y la administración de la muerte se convierten en puntos de apoyo sobre los que se sostienen la economía y la política, al transformar a los migrantes en mercancías —además desechables— producidas, comercializadas y eliminadas a través de políticas que sostienen toda una cadena de explotación. De esta participan agentes estatales y no estatales que buscan generar algún rédito económico o cierta sensación de poder (Treviño, 2020; Villalobos y Ramírez, 2019).⁴

Para Wendy Vogt (2013, p. 764), tanto la gestión de la migración forzada como la actuación de actores entre legales e ilegales “deben entenderse como intersecciones entre las economías locales y globales que se benefician de los derechos humanos de las personas en movilidad”. En sus palabras, “la migración es crucial para la acumulación del capital, ya que los movimientos de población están circunscritos en lógicas que demandan mano de obra, drogas, armas, financiamiento militar y remesas” (Vogt, 2013, p. 765). Esta dinámica alimenta toda una industria que no sería posible sin las prácticas estatales, legales y sociales de deshumanización, las cuales estigmatizan a los migrantes como criminales desde una perspectiva de seguridad nacional.

De la mano de la administración de la migración y de la violencia legal —ejercida a través de leyes, estatutos y decisiones administrativas—, los migrantes son conducidos por rutas peligrosas y clandestinas, donde sus cuerpos, su trabajo y sus vidas se transforman en objetos útiles de intercambio y explotación (Estévez, 2021; Treviño, 2020; Varela, 2020). Vogt (2013) señala que los migrantes son tratados como mercancías cuyo valor fluctúa según las condiciones del trayecto y las demandas del contexto.

Con todo esto, la deshumanización y la posterior mercantilización de la vida y la muerte de migrantes y refugiados siguen siendo asuntos prácticamente ignorados en los debates filosóficos sobre migración. Los elementos que componen dichas discusiones han distorsionado el pensamiento político-normativo sobre la movilidad, adoptando de forma acrítica —y, a menudo, inconsciente— categorías simplistas, desconectadas de los dilemas reales que reproduce el fenómeno (Sager, 2021). El contexto asociado a la migración es, claramente, mucho más complejo y no puede reducirse, como pretenden algunos enfoques desde la filosofía política, a la cuestión de si los Estados pueden o no negar la entrada a quienes solicitan ser admitidos.⁵ De hecho, los Estados ya ejercen ese derecho, y lo hacen en el marco de feroces debates públicos que favorecen políticas cada vez más restrictivas, así como la creación de nuevos dispositivos de vigilancia y control para disciplinar a los migrantes (Estévez, 2022; Velasco, 2012).

Según Sager (2017), la filosofía política ha hecho caso omiso a las cuestiones éticas planteadas por las prácticas y procedimientos de quienes dan forma a las políticas migratorias, mismas que sus teóricos buscan legitimar para la admisión de los solicitantes más convenientes que no alteren de ningún modo su modelo de comunidad política. En este sentido, los diferentes debates expuestos en la primera parte del artículo parecen desentenderse no solo de la instrumentalización de la gestión migratoria por cuenta de los actores estatales, sino también de las consecuencias de las dinámicas de control fronterizo sobre la vida de los más vulnerables. Con este panorama, los argumentos filosóficos a favor del cierre, la apertura o la porosidad de las fronteras se quedan cortos y son fácilmente refutables. La discusión no se encuentra tanto en la decisión o los criterios de admisión de migrantes, como se refleja en la argumentación de Benhabib o Walzer, sino en la proliferación de espacios que dan lugar a un régimen de exclusión y violencia sistemática, donde la vida de los migrantes es constantemente amenazada o negada, producto de la gestión internacional de la migración forzada, que, como se ha intentado demostrar, se escuda bajo el imperio de la ley.

Este artículo se inscribe en los debates que señalan la desconexión entre algunos enfoques normativos de la filosofía política contemporánea sobre la migración y las formas concretas en que los Estados gestionan la movilidad humana. La brecha identificada no se limita a la dicotomía entre teoría y praxis, ni al contraste entre teoría ideal y práctica violenta; revela una tensión más profunda: la que se da entre un paradigma filosófico anclado en supuestos westfalianos —como el territorio fijo y la soberanía robusta— y la realidad de un poder soberano reconfigurado en formas desterritorializadas, performativas y, en última instancia, necropolíticas. Al concentrarse en dilemas sobre la justicia de la admisión, una parte significativa de la filosofía política liberal anglosajona no logra captar la naturaleza material y letal de las políticas migratorias contemporáneas.

Como se ha argumentado, la frontera contemporánea ya no puede concebirse como una mera línea geográfica, sino como una red de control móvil y ubicua que se extiende más allá de los límites territoriales y penetra en el interior de las sociedades (Campesi, 2012). A su vez, la gestión necropolítica que en ella se despliega no es la manifestación de un poder estatal omnipotente, sino, como ha sugerido Wendy Brown (2010), el síntoma teatral de su crisis. El poder soberano no se reafirma, sino que se representa performativamente a través de la violencia sobre los más vulnerables, compensando así la pérdida de control efectivo sobre los flujos globales de capital e información que definen nuestra era.

Frente a este escenario, la contribución de este artículo trasciende la mera identificación de una desconexión para proponer un desplazamiento fundamental en el debate. La pregunta clásica de la filosofía política —¿deben los Estados abrir o cerrar sus fronteras? —, al presuponer un modelo estático de soberanía y frontera, resulta anacrónica y mal enfocada. La urgencia crítica ya no reside en ese dilema abstracto, sino en interrogarse por las condiciones materiales que hacen posible la violencia fronteriza: ¿cómo operan los dispositivos actuales para producir y administrar diferencialmente la vida y la muerte, y qué lógicas de poder —soberano, económico, afectivo— sostienen este régimen?

Este cuestionamiento exige, a su vez, un reenfoque radical en la labor filosófica: abandonar el “nacionalismo metodológico” y adoptar una mirada situada y encarnada, formulada desde los cuerpos que sufren, resisten y mueren en las fronteras —no sobre las fronteras como abstracción—. Solo una aproximación así, atenta a la materialidad de la violencia y a las geografías de la muerte, podrá desafiar efectivamente los regímenes necropolíticos de movilidad y contribuir a imaginar horizontes de justicia realmente transformadores.