No es casual que bastantes de las propuestas de derecho ecocéntrico/ecológico que han tratado de tomar como base el mejor conocimiento científico disponible hayan terminado por aproximarse a la noción de Gaia. Al fin y al cabo, la Teoría Gaia (Castro Carranza, 2019; Lovelock, 2003 y Margulis, 2002) es una de las innovaciones más importantes de la biología y la ecología en las últimas décadas y está revolucionando por completo el paradigma dominante en la biología y la ecología. Trabajos como los de Lynn Margulis —cuya investigación sobre los mecanismos de la simbiogénesis se inician en los años ´60— han permitido dar un giro de 180º a nuestra interpretación de la historia de la vida en nuestro planeta y tensionar la síntesis moderna neodarwinista, el marco aún hoy hegemónico en la explicación evolutiva de la vida (Smocovitis, 1996).

La Teoría Gaia cuestiona este marco al menos a dos niveles. El primero de ellos es el celular. Margulis describió la que hoy se conoce como teoría de la endosimbiosis seriada (Martin, Garg, y Zimorski, 2015). Esta explica el paso de las células eucariotas a las procariotas como una asociación simbiótica a largo plazo entre diferentes tipos de bacterias y es, por ejemplo, la explicación hoy aceptada como mecanismo de aparición de las mitocondrias o los cloroplastos.

No obstante, su pretensión fue más allá de este nivel celular. Sin abandonar la importancia de la selección natural, Margulis fue muy crítica con la idea de que el mecanismo clave de la evolución fueran las mutaciones genéticas al azar, como defiende el neodarwinismo. Así, defendió la posibilidad de una teoría simbiogenética más amplia, para la que la simbiogénesis “se refiere al origen de nuevos tejidos, órganos, organismos e incluso especies mediante el establecimiento de simbiosis permanentes de larga duración” (Margulis, 2002, p. 15).

Es desde ese punto desde el que se pasó a formular la hipótesis Gaia, que considera “la Tierra (biosfera-con-geosfera-con-hidrosfera-con-atmósfera) como un sistema autorregulado, con elementos de homeostasis” (Riechmann, 2023, p. 170). O, dicho de otro modo, como el resultado de un macroproceso de simbiogénesis anidado. Desde esta perspectiva la naturaleza ya no puede considerarse un objeto inerte, sino un actor con agencia. Desaparece también la idea de una adaptación pasiva y mecánica a un ambiente externo y se introduce una interrelación profunda entre medio ambiente y agencia de lo viviente, ya que la segunda contribuye de manera decisiva a dar forma a la primera.

Por último, tampoco es posible separar absolutamente lo vivo y lo inerte, ya que Gaia solo es comprensible como una interconexión de espacios como la biosfera y la hidrosfera o la atmósfera (Lovelock, 2003). Nos encontramos, por tanto, ante una perspectiva inherentemente ecocéntrica en la que la división moderna al uso entre naturaleza y sociedad queda obsoleta.

La ya hoy considerada Teoría Gaia no está exenta de debates y hoy todavía no hay consenso sobre hasta qué punto supone o no una ruptura radical con la síntesis evolutiva. Aunque las formulaciones iniciales de la hipótesis Gaia Lovelock eran compatibles con dicha ruptura, sus trabajos posteriores (Lovelock, 2004 la han descartado para plantear una complementariedad entre ambas. Desde ese punto de vista se ha desarrollado una visión de mínimos de Gaia que Carlos de Castro propone definir como Gaia cibernética. En esta formulación “Gaia es el sistema homeostático que emerge de la interacción entre la biota y la biosfera, cuyo resultado son estados que permiten la permanencia de la vida” (Castro, 2019, p.59). Una forma habitual de referirse a esta interpretación es la de Sistema Tierra (Steffen et al., 2016, p. 326), que suele definirse como un sistema interconectado y adaptativo de procesos, redes y ciclos que permiten la vida sobre la Tierra.

Por otro lado, existen propuestas que abrazarían más bien la perspectiva de una Gaia orgánica (Castro, 2019). Estas proponen ir más allá de la metáfora de una Gaia que se comporta “como si” fuera un inmenso superorganismo para afirmar con rotundidad que lo es. En ese marco, el de Gaia como un organismo de pleno derecho, el neodarwinismo tendría que desplazarse de su posición central para ser sustituido por nuevas descripciones científicas en las que Gaia “dirige los procesos internos a ella, todos los ‘organismos’ que forman parte de ella se supeditan a sus dictados […], de igual forma que mis células están a mi servicio como organismo” (Castro, 2019, p.139).

Han sido varios los intentos de adecuar el derecho a la idea de Gaia, por ejemplo, el “derecho ambiental antropocénico”, el “derecho centrado en la Tierra”, o la “lex anthropocenae” (Kotzé, 2019, pp. 5-6). No obstante, ninguna de ellas haya logrado establecer un marco integral como sí lo ha hecho el Derecho del Sistema Tierra (Earth System Law) en plumas como la de Kotzé. Según esta teoría, la situación de extralimitación planetaria presente requiere un Derecho que subsuma también las características propias del Sistema Tierra, esto es, a Gaia interpretada en términos de sistema cibernético: interconectividad, impredecibilidad, inestabilidad y complejidad (Kotzé et al., 2022, p. 2). Así, la propuesta de un Derecho del Sistema Tierra implica una interrelación dinámica entre diferentes especialidades del derecho, por un lado, y su diálogo permanente con disciplinas como la ecología, la filosofía, la biología, la química, la antropología y la geología, por el otro.

Son pocos los casos de autores que, partiendo del Derecho del Sistema Tierra, hayan derivado una ética rectora que pudiera guiar las relaciones entre Gaia y los humanos. Un ejemplo de ello, no obstante, es el reciente trabajo de Kim (2022). En este, tomando como base la noción de Gaia 2.0 (Lenton y Latour, 2018, p. 1067), el autor propone que la única salida a la situación de extralimitación actual es “domesticar” a Gaia. Es decir, poner en funcionamiento sistemas afinados de técnicas científicas y de ingeniería que permitieran implementar un control cibernético por parte de los humanos de las dinámicas planetarias. Desde su punto de vista hemos atravesado “puntos de no retorno” en el Antropoceno que impiden ya aspirar a conservar el sistema de interconexiones que constituye Gaia (Kim, 2022, p. 415). Por ello no nos queda más remedio que tomar medidas de contención y readaptación y desarrollar una red de conocimientos y acciones complejas e interrelacionados capaces de fomentar el desarrollo de energía sostenible, teniendo en cuenta los ciclos de regeneración de Gaia.

Como no existen teorías del derecho fundamentadas en la versión orgánica de la Teoría Gaia no podemos más que hipotetizar qué tipo de ética rectora se derivarían de esta. No obstante, no es difícil adivinar que sería antagónica a la de Kim (2022). Mientras que el marco cibernético puede hacernos proyectar la posibilidad de una intervención dirigida en el conjunto de dinámicas de retroalimentación anidadas que nos situara en una posición de gestores planetarios del sistema Gaia, entender esta como un organismo acentuaría en gran medida su autonomía y reforzaría la conclusión ecocéntrica a la que antes señalábamos y el descentramiento del ser humano, invitando más bien a pensar en acciones y éticas rectoras basadas en la precaución y el cuidado. Son esas las que, de hecho, se derivan de las recientes teorías en la ética ecológica fundamentadas a partir de la idea de una Gaia orgánica, como las de Riechmann (2023).

Como señalábamos antes, existe una cantidad importante de nuevas propuestas en el ámbito del derecho que han asumido una perspectiva descolonial y reinterpretado la noción de naturaleza en el marco de ontologías no modernas. La fundamentación teórica básica de muchas de estas teorías la podemos situar en el conjunto de trabajos que vienen englobándose bajo el paraguas del conocido como “giro ontológico”.

Fuertemente influenciados por los trabajos pioneros con los pueblos amazónicos (Escobar, 1999; Viveiros de Castro, 2014), que posteriormente se han exportado a muchos otros territorios (Descola, 2012), el objetivo explícito de esta corriente es ir más allá del lenguaje de la cultura a la hora de abordar las diferencias y hablar en términos de diferencias ontológicas entre diferentes experiencias de mundo (Blaser, 2013; Marisol de la Cadena, 2015; Escobar, 2017). Así, pretenden mostrar que, más allá del dualismo moderno, existen en realidad formas de vida en las que “las entidades no son pre-existentes a la relación, sino que esta las constituye, todo es mutuamente constituido” (Escobar, 2017, p. 8).

Se puede, por tanto, afirmar que están construyendo “una fenomenología no antropocéntrica del ser, estar, hacer y habitar que no puede ser reducida a explicaciones, pues solo existe en su continua enacción […]. No hay separación aquí entre humanos, no-humanos y ‘lugar’” (Escobar, 2017, p. 9). Más que vivir en el mundo, se hace mundo con otros agentes ―considerados no-humanos en la perspectiva moderna― con los que se crean ensamblajes (Blaser, 2013, pp. 551-552).

Estas teorías sirven para entender que cuando muchos pueblos originarios hablan de Pachamama, no están simplemente definiendo la naturaleza en otro marco “cultural”. Lo que nociones como esta ponen sobre la mesa, para estos autores, es una ruptura total con los dualismos antropocéntricos de la modernidad, una nueva forma de distribuir las agencias, los reconocimientos e incluso los parentescos que desactivan la misma noción de naturaleza y nos obligan a buscar otras ontologías como la que encierra la noción de seres-tierra (Marisol de la Cadena, 2020, p. 278).

Este tipo de reflexiones y de reinterpretaciones, no solo de la noción de naturaleza, sino incluso de nuestro propio marco ontológico, está siendo fundamental para el despliegue de la empresa institucional del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en espacios como América Latina (Berros y Carman, 2022, pp. 30-41). Aunque no podemos delimitar los derechos de la naturaleza a una sola propuesta teórica cerrada, resulta convincente el modo en que Berros y Carman apuntan a que ya sea en el espacio Constitucional (Ecuador y Bolivia) o a través de diferentes leyes:

Así, los derechos de la naturaleza aparecerían como inseparables de un proceso de pluralización ontológica que atacaría directamente a toda forma de antropocentrismo y sometería al derecho a una profunda depuración de sus vínculos históricos con los imaginarios modernos. En ese sentido, la ética rectora que se deriva de este planteamiento engarza más bien con visiones tanto de reverencia por la vida como, sobre todo, con el proyecto histórico de reivindicación de un derecho al territorio para los pueblos originarios desde una perspectiva descolonial (Montalván-Zambrano y Wences, 2022).

En este sentido, es imposible disociar el concepto de Pachamama de otros esenciales en las cosmovisiones de las comunidades originarias. El sumak kawsay del kichwa en Ecuador, entendido como el Buen Vivir entre los pueblos mediante una relación armoniosa con la naturaleza apunta directamente al desarme de las construcciones sociales y políticas que entendemos en las sociedades occidentales, donde la naturaleza es “dominada” (Estupiñan- Achury, Parra Acosta y Rosso-Gauta, 2022, p. 55).

Estos conceptos fueron incorporados —en algunos casos tras largas luchas por parte de Asociaciones de Pueblos Originarios como fue el caso ecuatoriano— para poder reconfigurar el entendimiento de la naturaleza a través del derecho. De esta forma, constituciones como la ecuatoriana o la boliviana enarbolan muchos de estos principios (como el suma qamaña en lengua aymara en Bolivia) ⁶ en sus Cartas Magnas.

Aun así, también se alzan voces críticas sobre la contradicción que representa la presencia de estos principios o incluso de la Pachamama en Constituciones que cuentan con otras secciones en las que se hace referencia a la naturaleza como fuente de recursos naturales (Estupiñan-Achury, Parra Acosta, y Rosso-Gauta, 2022, p. 56). Es el caso del texto constitucional boliviano, que en el capítulo inmediatamente posterior al que consagra a los principios guiados por la cultura ancestral aymara, afirma: “Son fines del Estado: (…) 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización …”. ⁷

Como señalábamos antes, una de las preguntas que nos interesa responder en este artículo es si los conceptos de “naturaleza” que articulan los dos grandes grupos de propuestas dentro del derecho ecocéntrico/ecológico son complementarias o antagónicas.

La lectura preliminar de algunas voces centrales en este proceso de ecologización del derecho, como por ejemplo la del juez Zaffaroni (2011), parecerían más bien apuntar hacia la complementariedad. Este autor afirma: “Gaia llega de Europa y la Pachamama es nuestra, pero esos son solo nombres de la Tierra, en la que no solo estamos, sino de la cual formamos parte” (Zaffaroni, 2011, p. 145). Es decir, para él los dos conceptos son reformulaciones de la noción de naturaleza que la depuran de sus lastres modernos y, sobre todo, del antropocentrismo.

No obstante, tal y como ha defendido Montalván-Zambrano (2023, pp. 355-357), es posible identificar un antagonismo entre ambas concepciones en dos niveles: el conceptual y el de la ética rectora. En relación a lo primero, de la exposición anterior se deriva una incompatibilidad evidente. Mientras que Gaia no sería más que una reformulación de la naturaleza dentro del marco onto-epistémico occidental, el conjunto de propuestas del giro ontológico propone romper de raíz con este. Siendo así, en términos conceptuales existiría un antagonismo entre una noción que de nuevo refuerza el eurocentrismo y una propuesta netamente descolonial. Matizando a Montalván-Zambrano, no obstante, se podría señalar que, para el caso de Gaia orgánica, no está claro si incluso a nivel conceptual no veríamos también una ruptura con el antropocentrismo y con la posibilidad misma de pensar lo humano como algo otro a lo natural. Es decir, una confluencia de facto con muchas de las propuestas del giro ontológico.

No obstante, donde el antagonismo se perfila con más fuerza es en relación a las éticas rectoras. Con buen criterio, Montalván-Zambrano identifica en la teoría Gaia un nuevo peligro para los pueblos originarios, ya que esta, utilizada en el sentido propuesto por Kim (2022) o Lenton y Latour (2018), podría convertirse en argumento para una nueva erosión del derecho al territorio de los pueblos originarios, que podrían verse desplazados o expulsados en el marco de una propuesta de gestión planetaria como la de Gaia 2.0. Es evidente que así es. Es más, incluso podríamos identificar en la idea de una Gaia 2.0 una entrada por la puerta de atrás del antropocentrismo en una expresión absolutamente fáustica y prometeica, que aspira ahora a alzar al ser humano (o, mejor dicho, a los estados y empresas del capitalismo blanco y colonial) al papel de gestores del conjunto de las dinámicas terrestres.

Identificando ese riesgo, y compartiendo la necesidad de desactivarlo en el marco de la construcción de una justicia socioecológica, surge la pregunta siguiente ¿existiría un antagonismo entre la ética rectora de la Pachamama y, de nuevo, una Gaia en versión orgánica como la que defiende Riechmann (2023)? Desde nuestro punto de vista, y como antes señalamos, no resulta descabellado decir que no. Ideas como autolimitación, reverencia por la vida, ecodependencia o interdependencia, ejes rectores de la simbioética de Riechmann, conducen a la apuesta por vidas territorializadas y basadas en una fuerte relacionalidad con el territorio, y a la defensa del decrecimiento (González-Reyes y Almazán, 2023). Un tipo de vida que contiene importantes paralelos con las éticas rectoras de los pueblos originarios. Sin negarlas o subsumirlas, por supuesto.

De las 63 sentencias habidas y analizadas, solo dos —una argentina y una brasileña— hacen referencia explícitamente a Gaia, y ambas, notablemente, en estrecha relación con la Pachamama (lo cual será analizado en este mismo apartado más adelante).

En un caso sobre domesticación de especies salvajes, el Tribunal Superior de Justicia de São Paulo sostuvo que la justicia ecológica está “centrada en el respeto y los deberes que los seres humanos deben observar al interactuar con el entorno natural y las formas de vida no humanas”, destacando que es posible limitar los derechos de seres humanos basándose en el reconocimiento de intereses no humanos. ⁹ Esta interpretación, realizada a la luz del artículo 225 de la Constitución de Brasil, donde se establece la protección de derechos de la flora y la fauna, interpreta holísticamente las relaciones entre diferentes especies que coexisten en el Sistema Tierra.

La sentencia, contraria a un abordaje antropocéntrico de valores fundamentales, destaca:

La segunda sentencia que menciona directamente a Gaia es también una decisión sobre derechos de seres no humanos. En este caso, el Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, Argentina destacó que:

Esta afirmación, muy en línea con la Gaia orgánica antes descrita, entiende que tanto esta como la Pachamama reflejan la compleja ramificación de relaciones entre diferentes componentes de la naturaleza y busca su protección autónoma.

El análisis de la presencia de Gaia no puede limitarse a la búsqueda específica de este vocablo, sino también interpretar el uso de los y las magistradas de otras referencias terminológicas que puedan introducir algunas de las ideas clave de Gaia a través de construcciones conceptuales, sin hacer referencia explícita a ella. En este sentido, son mayoritariamente las sentencias de Colombia y Ecuador las que más han integrado la idea de un entramado sistémico de procesos biológicos, químicos y geológicos para dar cuenta de la interrelación de vida a gran escala.

La conocida sentencia T-622 de 2016 la Corte Constitucional Colombiana sobre los derechos del río Atrato había sentado las bases de un enfoque ecocéntrico al sostener que la protección de la naturaleza como ente autónomo está contemplado jurídicamente en la Constitución de 1991, especialmente a través del mandato derivado de los artículos 7º y 8, los cuales protegen la diversidad cultural y étnica de la Nación.

La Corte destaca que el hombre no es más que “un evento más dentro de una larga cadena evolutiva (…) y por tanto de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta.” ¹² En consecuencia, es la comunidad en tanto representante legal quien ejerce tutela de su protección de los derechos que ostenta como sujeto jurídico la Madre Tierra. ¹³ Dos años más tarde, la Sala Civil de la Corte Suprema determinó que, ante la existencia de amenazas de carácter planetario, es necesario pasar de una ética individual a una pública, resaltando lazos de solidaridad con un “otro”, haciendo referencias a otras especies que habitan el planeta. ¹⁴ De esta forma, la sentencia acerca al ser humano a un entorno ecosistémico, cuya obligación es proteger garantías fundamentales como el aire y el agua. ¹⁵

En este mismo país, la sentencia sobre la protección del ecosistema del Lago de Tota, en Boyacá, resalta:

Los constantes flujos biológicos entre seres vivos, pero también con su entorno, dan cuenta de una relación necesariamente mutualista. Esa solidaridad de la que habla la sentencia de la Corte Suprema en el párrafo anterior no es más que la condición necesaria para la continuidad de los procesos que garantizan la vida.

Algunas de las sentencias también han recurrido a imperativos jurídicos para mediar la relación con la naturaleza. Una de ellas, de 2018, de la Sala Administrativa de Boyacá, determinó que a través de un enfoque ecocéntrico, la protección de componentes del Sistema Tierra —en este caso el Páramo de Pisba— deviene como imperativo moral y responsabilidad del Estado tan fundamental que su observancia se constituye como una norma internacional de carácter imperativo. ¹⁷ Por su parte, la Corte Constitucional Ecuatoriana declaró que la protección de los derechos de la naturaleza tiene efectos para todos los Estados por la relevancia del bien jurídico protegido (efecto erga omnes). Ello, haciendo énfasis sobre el derecho de la naturaleza a ser reparada, asegurando en lo posible que “el sistema natural vuelva a gozar de las condiciones que permitan el correcto desenvolvimiento en relación a sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” ¹⁸

Retomando la teoría del Derecho del Sistema Tierra, una estructura legal interrelacionada con procesos complejos horizontales que emule a Gaia se puede vislumbrar en algunas de las sentencias analizadas. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena determinó en 2018 que es obligación del Estado la promoción de políticas públicas de investigación científica e investigación jurídica comparada para retrotraer la amenaza de extinción que afrontan las abejas como actores de polinización en la naturaleza. ¹⁹ La medida ordenada y la posición del magistrado son ejemplos de un sistema legal basado en la articulación no solo de diferentes áreas del derecho, sino también de otras disciplinas.

La respuesta integral de esta sentencia se equipara al enfoque de interconexiones e integralidad del Derecho del Sistema Tierra, ordenando de manera urgente medidas integrales e interconectadas a problemáticas relacionadas a sistemas con funciones biológicas y químicas complejas. En esta misma línea se decidió la sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Medellín respecto a las medidas ordenadas para retrotraer el daño sufrido por la contaminación del Río Cauca. ²⁰ También se expidió en igual sentido el Juzgado Mixto de Nauta, Perú al establecer que:

Es importante destacar que este mismo Juzgado, a través del reconocimiento del río Marañón como titular de derechos, realizó una lectura integral de la función del agua en el entramado de los procesos de Gaia: la sección resolutiva de la sentencia le reconoce al río el derecho a fluir libre de toda contaminación; a la biodiversidad; el derecho a que se lo restaure, “a la regeneración de sus ciclos naturales, la conservación de su estructura y funciones ecológicas.” ²²

Si nos alejamos de la jurisprudencia latinoamericana, observamos como decisiones de otros sistemas jurídicos, como el derecho anglosajón, están informados también por la teoría Gaia, aunque no la mencionen explícitamente. En un caso sobre el aumento del uso del agua para una empresa cementera, la Corte Suprema de Pakistán destacó que la naturaleza debe protegerse como entidad que tiene derecho por sí misma, y que muchos Estados han optado por ejercer esta tutela adjudicándole el carácter de persona, como se ha visto en la sección anterior. ²³ La Corte caracteriza a este enfoque como una evolución del derecho internacional ambiental, destacando que tanto el hombre como la naturaleza deben hacer concesiones para garantizar la coexistencia de ambos. ²⁴

Por su parte, la jurisdicción india ha determinado que los seres no humanos son sujetos de derechos, basando parte de su argumentación en el valor intrínseco de la naturaleza. La sentencia de 2019 la Corte Superior de Punjab hizo remisión a la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, remarcando que el cambio del uso de la palabra “ambiente” por “naturaleza” deja entrever un cambio de paradigma, adentrándonos a uno “no humano-dependiente y antropocéntrico.” ²⁵ En este sentido, los magistrados advirtieron que existe un vacío en la ley en materia de protección del ambiente y la naturaleza y que es momento de traer nuevas construcciones jurídicas para su tutela. ²⁶ Esta misma Corte en 2020 determinó que son las leyes de la naturaleza las que imponen al ser humano el cumplimiento y prohibición de determinadas acciones. ²⁷ A diferencia del derecho, estas reglas no son susceptibles de cambio o inobservancia. Por tanto, concluyen que todas las regulaciones sociales deben estar regidas por las reglas que determinan los procesos naturales del planeta.

En relación a Pachamama, este término aparece en 11 de las 63 sentencias. Entre estas algunas destacan la función orgánica de la naturaleza para delimitar regulaciones concernientes a la actividad humana. ²⁸ La autorregulación del ser humano en pos de un delicado sistema planetario que entrelaza a todas las formas de vida.

En las dos sentencias que antes habíamos señalado que mencionan explícitamente a Gaia, también se trae a colación la noción de Pachamama. En la sentencia María Angélica Caldas Uliana c. Hacienda del Estado de São Paulo, el Tribunal Superior de Justicia de São Paulo señaló en un caso de domesticación de especies salvajes, que el constitucionalismo latinoamericano ha combinado el concepto andino de Pachamama “que representa a la Tierra como titular de derechos, por ser la expresión última de la vida y de todos los seres (humanos o no)” con el de Gaia, “como un ser vivo que se autorregula a través de la convivencia armónica de sus seres.” ²⁹

En esta sentencia se atisba el planteamiento de una relación entre la naturaleza y la humanidad en tanto vínculo mediado por la dignidad y el respeto. Trayendo a colación las Constituciones de Bolivia y Ecuador, la sentencia destaca que la adopción de una “visión de la naturaleza como expresión de vida en su totalidad” permite al Derecho Constitucional garantizar un marco de regulación contra el accionar humano en estos ámbitos. ³⁰

La segunda sentencia que relaciona de forma textual a Gaia con la Pachamama es del Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, Argentina, donde se presentó también un caso sobre derechos de seres no humanos. En esta decisión, se presentó a Gaia como la hipótesis según la cual “la Tierra es un organismo vivo, la Pachamama de nuestros indígenas.” ³¹

La sentencia ST-0047 de Sogamoso (Boyacá, Colombia), que versa sobre la protección del Lago de Tota, determinó que la protección del medio ambiente no debe fundarse en la conservación de una garantía perpetua de recursos para el desarrollo sostenible, sino que se fundamenta en la necesidad de proteger a la naturaleza como sujeto de derecho, independientemente de su valor para el hombre, quien es “un ser más en planeta.” Al desarrollar este argumento cita el artículo 71 de la Constitución de Ecuador, sosteniendo que “la Pachamama” tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y ciclos vitales. ³² Aquí vemos, en realidad, una formulación de Pachamama inseparable de una descripción de Gaia en términos cibernéticos como suma de ciclos con valor autónomo.

Varias de las sentencias, ecuatorianas y de otros Estados, mencionan a la Constitución de Ecuador, especialmente su artículo 71. ³³ Ese artículo es explícito a la hora de hacer equivaler los conceptos de Pachamama y una forma de naturaleza interpretada de forma análoga a Gaia: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.” ³⁴

A la misma conclusión han llegado varias autoras (Tórtora Aravena, 2021, p. 31; Gudynas, 2011, p. 5) que ven en esta expresión “naturaleza o Pacha Mama” un intento por equiparar la terminología de las comunidades originarias y los conceptos occidentales, posicionando a ambas construcciones en pie de igualdad. Aun así, también hay un valor simbólico en el uso del lenguaje de las comunidades originarias en el texto constitucional para hacer referencia a la naturaleza. Lejos de ser una concesión folklórica, el uso de esta palabra expande al sujeto protegido para incluir nociones como sumak kawsay (el Buen Vivir) (Gudynas, 2011, p. 16).

En este sentido, la Corte Constitucional ecuatoriana interpretó este articulado como “una constatación trascendente y un compromiso histórico que, según el preámbulo de la Constitución, exige una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza.” ³⁵ Por su parte, la sentencia ecuatoriana de 2021, que aborda la protección del bosque Los Cedros de las iniciativas de exploración minera, destaca no solo el artículo 71, sino también el principio interpretativo in dubio pro natura, que la misma Constitución prevé a favor de la Pachamama. ³⁶ Según este principio, al interpretar el sentido y alcance de una norma, el juez o jueza debe favorecer a la naturaleza, para protegerla.

Como habíamos adelantado, las diferentes construcciones jurisprudenciales no siempre permiten identificar una línea argumental coherente con una crítica al Capitaloceno. Muchas de las decisiones jurisprudenciales analizadas destacan la autonomía de la naturaleza como sujeto de protección, pero al mismo tiempo destacan la necesidad de mantener un sistema equilibrado entre la obtención de recursos naturales y el mantenimiento de los ciclos vitales de Gaia. ³⁷ Algunas de estas sentencias apelan a la protección de las generaciones futuras, dando cuenta del enfoque de justicia ambiental y no ecológico que utilizan. ³⁸ En este sentido, se destaca la sentencia de la Sala de la Provincia de Imbabura en Ecuador, la cual determinó que:

En varias de las sentencias se observa que, a la par de destacar la importancia de una relación respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, se señala al desarrollo sostenible como factor determinante en el futuro de esa interacción. Esta situación se destaca en 27 de las sentencias analizadas, mientras que referencias a la naturaleza en términos de recursos naturales asciende a 39.

Esta circunstancia evidencia los conflictos que atraviesa el Derecho para abrazar de forma integral un enfoque que requiere no solo del reconocimiento de derechos autónomos de la naturaleza, sino también de una visión crítica de los modelos sociales y económicos que sostienen nuestros modos de vida. Hacer referencia a la Pachamama en las sentencias, haciendo referencia al respeto por la naturaleza, pero también reconociendo el valor de entidades como ríos y montañas como sostén de un crecimiento económico basado en la industrialización no permite sostener un enfoque respetuoso de una Gaia orgánica, mucho menos del sumak kawsay. Se reproduce de esta forma la misma tensión observada en la redacción de las Constituciones de Ecuador y Bolivia.

En Colombia, el juzgado de primera instancia de Boyacá destacó que el ser humano tiene “la obligación de identificar cuáles son los lugares más estratégicos por sus características ecológicas y naturales, para así propender por su correcto tratamiento hasta llegar o aproximarse a un punto de impacto ambiental cero.” ⁴⁰ Incluso la Corte Constitucional en 2016 afirmó que:

Esta postura también es respaldada por jurisprudencia como la de la Corte Suprema de Pakistán, la cual afirmó que el Estado debe consagrase como guardián de todos recursos y protegerlos para su administración, ya que la naturaleza se ha transformado en un organismo resiliente compatible con el desarrollo sostenible. ⁴²

Esta jurisprudencia no es unánime, y en este sentido, la Corte Administrativa de Bogotá señaló en su sentencia de 2018, citando a Arturo Escobar, que el concepto de “desarrollo”:

En contraposición a esta tendencia, y a pesar de que el Código Civil protege a los animales en cuanto a objetos—y no sujetos—de derechos atados a la suerte de un ser humano (Ley N° 10.406 (Código Civil), 2002, art. 82), la decisión del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo ha subrayado que mucha de la normativa sigue teniendo una esencia fuertemente antropocéntrica, aunque el sistema jurídico brasileño resguarda la flora y la fauna a nivel constitucional, pues:

Estas descripciones de la relación del ser humano y la naturaleza permiten identificar en las decisiones jurídicas un enfoque que, en parte, se distancia de posiciones exclusivamente centradas en enfoques capitalistas de gestión y cuidado del ambiente. Y decimos “en parte” porque lo realmente difícil es observar en estas sentencias un argumento lineal a lo largo de la decisión en este sentido y que no busquen equilibrar posturas entre el reconocimiento de derechos propios del sistema complejo que es la naturaleza y una justicia ambiental instrumentalizadora de sus elementos.

Por tanto, la presencia de Gaia o la Pachamama como marco analítico no está presente en todas las sentencias. De esto se desprende, que la jurisprudencia no es uniforme con relación a una visión crítica del antropocentrismo. Aunque algunas de las decisiones, como la citada arriba de la Corte Administrativa de Bogotá, es crítica con la noción de desarrollo e identifica en este un vector de destrucción cultural y natural, en otras la relación entre la persona humana y Gaia se plantea per se cómo antagónica. Es lo que se deriva al dar por sentado una relación capitalista irremediable donde el sistema biológico que interconecta toda forma de vida en el planeta solo puede ser respetado hasta el límite que marca el proyecto antropocéntrico de un desarrollo sostenible que garantice el bienestar humano.

En ese sentido, tampoco se ha identificado ninguna sentencia que defienda instaurar una Gaia 2.0 tal y como proponía Kim (2022). Mucho menos se ha hecho referencia (todavía) a la forma maximal de esta propuesta, donde se tendría que avanzar en un sistema tecnológico planetario que sirviera para poder incidir de forma directa y controlado en el conjunto de sistemas del planeta, una Gaia ya no autónoma sino sujeta a dominio cibernético humano.

En síntesis, pese a que mucha de esta jurisprudencia se ha presentado a sí misma y ha sido analizada como revolucionaria por haber asumido una perspectiva ecocéntrica, la realidad es que en muchos de los casos dicho giro no se lleva hasta las últimas consecuencias, particularmente en lo relativo a nuestro modelo social y económico. En la mayoría de los casos, la centralidad no la tiene la naturaleza, sino unos intereses humanos estrechamente interpretados como los intereses de las economías capitalistas.