La teoría de los derechos de la naturaleza (en adelante, teoría RoN ¹ ) ha recibido una creciente atención desde la literatura académica jurídica y filosófica durante los últimos años. Este paradigma emergente de carácter político-jurídico y sociocultural se puede entender como una propuesta más dentro de una teoría de la justicia más amplia, conocida como la teoría de la justicia ecológica (Montalván Zambrano, 2020). En términos muy generales, la justicia ecológica aspira a reinterpretar las concepciones de justicia distributiva, de reconocimiento y participativa más allá del ámbito humano, imaginando una idea de justicia para un mundo más-que-humano (more-than-human world) (Schlosberg, 2007, 2014). Sin embargo, a pesar de la progresiva sofisticación teórica de esta visión no antropocéntrica de la justicia, que ha dado lugar a múltiples ramificaciones ² e incluso a la aparición de propuestas alternativas —o complementarias— como la justicia multiespecie (Celermajer et al., 2021), existe una falta de acuerdo sobre un elemento fundamental: determinar exactamente qué entidades no humanas quedarían incorporadas en el discurso sobre la justicia, esto es, colectivos ecológicos (ecosistemas en su conjunto, especies), animales sintientes individuales, ³ todos los animales (sintientes y no sintientes) o todos los seres vivos (Jaria-Manzano, 2013, p. 67). Como era de esperar, la teoría RoN ha interiorizado esta controversia, y tanto quienes promueven esta teoría como las materializaciones jurídicas de los derechos de la naturaleza siguen sin precisar exactamente qué entidades serían consideradas titulares de derechos en sentido jurídico. ⁴

En un intento por arrojar algo de luz sobre esta última cuestión, la Corte Constitucional del Ecuador conoció un caso que ofrecía la posibilidad de esclarecer el contenido y alcance de los derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución ecuatoriana, determinando si este marco constitucional incluía también los derechos de los animales o, al menos, los derechos de los animales silvestres. En la Sentencia n.º 253-20-JH/22 del 27 de enero de 2022, conocida como caso Estrellita, la Corte Constitucional del Ecuador trasladó al ámbito jurídico, de manera más o menos voluntaria, una larga discusión entre distintas posiciones en ética normativa, posiciones que podrían reunirse en torno a dos grupos de enfoques éticos: la ética ambiental y la ética animal. El punto de partida en esta discusión ética es el desacuerdo sobre el estatus moral de las entidades, ya que unas y otras posiciones lo hacen depender de ciertos atributos o propiedades (Morris, 2011, p. 262), como son la condición de ser humano (antropocentrismo), la capacidad de sintiencia (sensocentrismo), el hecho de estar vivo (biocentrismo) o algún tipo de propiedad ecológica (ecocentrismo). De hecho, la literatura en ética ambiental y animal está repleta de ejemplos que reflejan los desencuentros entre las distintas posiciones éticas (p. ej., Callicot, 1980; Faria y Páez, 2019; Horta, 2017; Sagoff, 1984), así como la búsqueda —con diversos matices y propósitos— de espacios de encuentro entre ellas (p. ej., Bovenkerk y Verweij, 2016; Finsen, 1988; Fox, 1993; Luke, 1995; Varner, 2011).

Como ya se ha adelantado, la argumentación de la Corte Constitucional del Ecuador acabó reflejando en el caso Estrellita —de forma más o menos deliberada— esos encuentros y desencuentros entre posiciones éticas. Sin embargo, y considerando la argumentación de la Corte, esa búsqueda de un espacio de encuentro entre posiciones constituye una tarea plagada de escollos teóricos y prácticos, especialmente cuando la supuesta incompatibilidad entre ellas ha ido dando forma a los fundamentos morales del Derecho ambiental y animal actual. De hecho, los enfoques holístico e individualista procedentes de estas áreas del Derecho suelen chocar a la hora de ofrecer soluciones a un mismo conflicto, con las especies “invasoras” como ejemplo paradigmático. En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador se habría precipitado en su argumentación, lo que la habría llevado a caer en diversas incoherencias. Por lo tanto, parece que el futuro continúa incierto con respecto a la conexión entre la teoría RoN y otras posiciones que reconocen derechos jurídicos a los animales.

En un intento de hacer que este futuro sea un poco menos incierto, las próximas páginas ofrecen un análisis del caso Estrellita. En cualquier caso, conviene señalar que este trabajo pretende ser una modesta contribución a la reflexión crítica sobre la función moral de la teoría RoN. Aunque otros aspectos jurídicos de esta sentencia merecen un estudio en profundidad, como los mecanismos legales y las garantías judiciales que la Corte considera más apropiados para proteger los derechos de la naturaleza y para resolver casos similares, no se dispone del espacio necesario para abordar estas cuestiones. Por lo tanto, este trabajo se limita a la subsunción que hace la Corte de los derechos de los animales en el marco constitucional de los derechos de la naturaleza. Teniendo esto en cuenta, el apartado segundo comienza con una necesaria visión general de los principales aspectos de la teoría RoN, identificando, con un propósito meramente esquemático, tres funciones de esta teoría: la sociocultural, la instrumental y la moral. Posteriormente, el apartado tercero presenta el caso Estrellita y esboza las principales aportaciones de la Corte a la teoría RoN, ubicadas mayoritariamente en la Primera Parte de la sentencia. Por último, el apartado cuarto analiza críticamente cómo la Corte establece la conexión entre los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales a través de ciertos principios que ella misma reconoce, señalando algunas incoherencias que habría que resolver.

La propuesta de conceder derechos jurídicos a la naturaleza surge como un imaginario jurídico que viene a poner en cuestión la dicotomía occidental de naturaleza y humanidad, una dicotomía que ha servido de fundamento en la concepción de los ordenamientos jurídicos actuales. ⁵ Quienes respaldan la teoría RoN sostienen que apropiarse de conceptos jurídicos como “sujeto de derechos” o “persona jurídica”, y reimaginar su significado más allá de lo humano, podría contribuir a concebir una relación jurídica, política e incluso cultural alternativa y no dominante del ser humano con la naturaleza. De forma muy esquemática, podríamos distinguir tres dimensiones o funciones principales que están presentes en las distintas propuestas que nutren de contenido a la teoría RoN.

En primer lugar, podríamos mencionar una función sociocultural. Se ha argumentado que este paradigma jurídico emergente implica una integración de formas no occidentales de percibir y estar en el mundo (Martínez y Acosta, 2017). Como señala Tănăsescu (2020, pp. 431-434), gran parte de la reflexión teórica sobre los derechos de la naturaleza parte del supuesto de que esta propuesta está fuertemente relacionada con formas indígenas de ser y estar en el mundo. Así, el reconocimiento de derechos jurídicos a la naturaleza normalmente se sitúa dentro de una transformación epistemológica y ontológica más amplia del Derecho: un proceso de apertura jurídica a realidades interculturales y prácticas culturales que se enriquecen mutuamente (Coombe y Jefferson, 2021; O’Donnell et al., 2020, pp. 405, 410). A modo de ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 2008 hace hincapié en el principio rector del Buen Vivir o Sumak Kawsay.

Este término en kichwa resume la idea de un proceso político, económico y sociocultural alternativo al paradigma de desarrollo economicista. En esencia, el Sumak Kawsay representa una perspectiva paraguas que engloba todo un conjunto de prácticas, experiencias, valores y conocimientos indígenas que comparten una crítica al colonialismo cultural, político y socioeconómico (Acosta, 2013, 2015). Frente a este colonialismo que adopta múltiples rostros, el Sumak Kawsay propone una forma de vida comunitaria, interdependiente y postcolonial en armonía con la naturaleza (Gudynas, 2009). Además, esta perspectiva se ha vinculado con narrativas de carácter transicional en países occidentales que también proponen una alternativa al paradigma de desarrollo actual, como los movimientos de decrecimiento y postdesarrollo (Escobar, 2015). A partir de lo anterior, se ha argumentado que del Sumak Kawsay se desprende necesariamente el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos (p. ej., Borràs, 2016, p. 136).

En segundo lugar, la concesión de derechos jurídicos a la naturaleza tiene una clara función instrumental. Dada la performatividad del lenguaje de los derechos —es decir, el potencial que tiene el reconocimiento jurídico de los derechos para alterar materialmente la realidad—, las personas defensoras de la teoría RoN sostienen que conduciría a una mayor protección de la naturaleza. Numerosos estudios científicos advierten sobre un escenario actual de crisis socioecológica, en el que las propias condiciones ecológicas que hacen posible la continuidad de la vida humana y no humana en la Tierra tal y como la conocemos están gravemente comprometidas. Las presiones antropogénicas están empujando a la Tierra más allá de ciertos límites planetarios científicamente establecidos, entrando en una zona de gran incertidumbre y posibles cambios irreversibles (Richardson et al., 2023). Frente a este contexto, la función instrumental de la teoría RoN debe leerse como un intento (entre muchos otros) de responder a la dimensión político-jurídica de esta situación: el Derecho ambiental en su forma actual, ya sea por su contenido, por su deficiente aplicación, o por ambos extremos, se ha demostrado inadecuado para afrontar y frenar esta crisis socioecológica. Esta función instrumental ha quedado reflejada en varias materializaciones jurídicas de los derechos de la naturaleza, en donde la degradación ecológica de ecosistemas concretos constituyó un factor decisivo en su reconocimiento como sujetos de derechos. ⁶

En tercer lugar, también podemos referirnos a una función moral de la teoría RoN. Quienes defienden el reconocimiento de derechos jurídicos a la naturaleza sostienen que permitiría concebir un sistema jurídico y político no antropocéntrico. Ya se ha mencionado con anterioridad que el antropocentrismo es un enfoque sobre el estatus moral de las entidades. Antes de abordar este enfoque, conviene aclarar brevemente lo que se entiende en este trabajo por estatus moral:

Si partimos de esta definición de estatus moral, ⁷ el antropocentrismo haría referencia a que solo los seres humanos cuentan moralmente por derecho propio, y que los agentes morales solo tienen obligaciones morales directas hacia ellos. En este sentido, algunas posiciones antropocéntricas sostienen que solo los seres humanos gozan de estatus moral. Sin embargo, la noción de antropocentrismo tiene un segundo significado. Siguiendo a Palmer (2017a), el término estatus moral ⁸ debe entenderse como un umbral mínimo, es decir, cuando decimos que una entidad tiene estatus moral, solo significa que cuenta moralmente. Por lo tanto, no dice nada sobre el valor comparativo. Si acudimos al concepto de relevancia moral (moral significance), que se refiere a los “juicios comparativos del ‘peso’ moral en casos de conflicto” (Goodpaster, 1978, p. 311), el antropocentrismo también significaría que los humanos tienen una relevancia moral mucho mayor que otras entidades, pero que al menos algunas entidades no humanas también tienen estatus moral y, por lo tanto, cierto grado de relevancia moral (Palmer, 2017a, p. 16). A partir de lo anterior, podemos sostener que para la teoría RoN reconocer derechos jurídicos a la naturaleza contribuiría a dejar atrás un Derecho positivo de raigambre antropocéntrica, al menos en ese primer significado que solo reconoce estatus moral a los seres humanos.

Ahora bien, estas tres funciones no son, ni mucho menos, un espacio libre de disputa teórica. Existen reflexiones críticas en la literatura académica que podríamos redirigir hacia una u otra de las funciones identificadas. En este sentido, y comenzando con la función sociocultural, varios estudios ponen en cuestión las implicaciones reales asociadas a la teoría RoN. A modo puramente ilustrativo, Virginia Marshall advierte lo siguiente desde el contexto australiano:

Desde una perspectiva más genérica, Rawson y Mansfield (2018, p. 100) sostienen que “los derechos de la naturaleza representan una lógica contradictoria, en la que, en nombre de la superación del dualismo occidental ser humano-naturaleza, y su concomitante antropocentrismo, recurre a las nociones occidentales de derechos, persona y holismo como solución”. Esta afirmación se hace eco de otra importante cuestión pendiente en la teoría RoN: ¿son los derechos jurídicos, como expresión distintiva de la modernidad europea, el medio más apropiado para abrir el Derecho a formas no occidentales y alternativas de percibir y estar en el mundo?

Con respecto a la función instrumental, Jaria-Manzano (2020, p. 249) cuestiona que “el uso real de los derechos de la naturaleza en la praxis jurisdiccional no parece aportar grandes novedades en relación con las herramientas tradicionales del Derecho ambiental”. Asimismo, varias voces en el ámbito de la Unión Europea sostienen que, de hecho, aquellos defectos del Derecho ambiental actual que han sido cuestionados por la teoría RoN vienen siendo discutidos desde hace tiempo por la doctrina iusambientalista. Además, estas voces sugieren la posibilidad de reorientar determinadas ideas de la teoría RoN hacia propuestas jurídicas más tradicionales. Una cuestión a considerar sería la incorporación definitiva de principios ambientales emergentes —como los principios de no regresión, integridad y restauración ecológicas— en el actual sistema jurídico ambiental de la UE, lo cual reforzaría al mismo tiempo el problema de la aplicación de la norma jurídica ambiental (Darpö, 2021, pp. 60-63; Bétaille, 2019). Sin embargo, también parece adecuado señalar que esta crítica podría estar pasando por alto los contextos políticos y socioeconómicos en los que se reconocen derechos jurídicos a la naturaleza. Volviendo al ejemplo de la Constitución ecuatoriana, la incorporación de los derechos de la naturaleza en el texto constitucional podría entenderse como el punto de partida de un proceso de transformación profundo y paulatino del sistema político-jurídico. Este nuevo paradigma jurídico requiere de operatividad institucional y voluntad política. Sin embargo, el enfrentamiento político en términos discursivos y la situación socioeconómica en la que se ven reconocidos derechos a la naturaleza, pueden acabar distorsionando las posibilidades de esa transformación del sistema político-jurídico y limitar la ambición de cambio. De hecho, algunos estudios sugieren que en Ecuador ha prevalecido una “interpretación desarrollista antropocéntrica” de los derechos de la naturaleza, erigiéndose como el discurso político dominante con evidentes implicaciones prácticas (Laastad, 2020).

La función moral también suscita algunas dudas. Por ejemplo, podríamos argumentar que, en algunos casos, se ha producido una traslación y aplicación erráticas de conceptos procedentes de la filosofía moral al ámbito jurídico, en particular en lo que respecta a los distintos enfoques sobre el estatus moral de las entidades. Esta distorsión en el significado de conceptos éticos, como “ecocentrismo” o “biocentrismo”, aparece tanto en la literatura académica jurídica como en cierta jurisprudencia que reconoce a ecosistemas concretos como sujetos de derechos. Un ejemplo ilustrativo de esto último sería, precisamente, la popular sentencia T-622/16 de la Corte Constitucional de Colombia, que reconoce al río Atrato como sujeto de derechos. Esta sentencia parece confundir el enfoque biocéntrico con otros enfoques, al menos si tenemos en cuenta su origen y recorrido teórico-conceptual en el ámbito de la filosofía moral. En este sentido, la Corte se refiere al enfoque biocéntrico como una derivación del antropocentrismo pero con una perspectiva intergeneracional, es decir, que el patrimonio ambiental de un país no pertenece exclusivamente a las generaciones humanas actuales sino también a las generaciones futuras y a la humanidad en general. ⁹ Sin embargo, el biocentrismo es un enfoque individualista sobre el estatus moral de las entidades desde el cual se sostiene que todos los seres vivos individuales poseen estatus moral, ¹⁰ una definición que estaría muy alejada del significado propuesto por la Corte Constitucional de Colombia. Parece razonable sostener que, si se exige cierta rigurosidad y precisión en la traslación al Derecho (ambiental) de conceptos extrajurídicos provenientes de las ciencias naturales (o al menos ese es el escenario deseable en la relación ciencia y Derecho), la misma rigurosidad se habría de exigir cuando esos conceptos tienen su origen en la filosofía moral, máxime cuando se trata de conceptos éticos cuyas posibles consecuencias prácticas pueden ser tan diferentes —como sucede con los enfoques sobre el estatus moral de las entidades.

Además, aunque la jurisprudencia que reconoce determinados ecosistemas como sujetos de derechos suele argumentar que se basa en una fundamentación moral no antropocéntrica (ya sea una posición biocéntrica o ecocéntrica), la praxis jurisdiccional parece indicar una mayor probabilidad de decisiones judiciales favorables a los postulados generales de la teoría RoN cuando existen otro tipo de argumentos que se alejan de una fundamentación no antropocéntrica. Tales argumentos son, principalmente, la existencia de una grave degradación ambiental o la violación de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la vida o el derecho humano a un medio ambiente sano. Incluso, existen casos en los que la decisión de la parte demandante al escoger el mecanismo jurídico equivocado ha sido un obstáculo para el reconocimiento de ecosistemas concretos como sujetos de derechos, tal y como sucedió con las ciénagas de San Silvestre y Miramar en Colombia. ¹¹

Precisamente, es en esta reflexión crítica sobre la función moral de la teoría RoN desde donde han de entenderse los próximos apartados.

La Corte Constitucional del Ecuador decidió conocer el caso de una acción de habeas corpus presentada en diciembre de 2019 a favor de una mona chorongo llamada “Estrellita”. Esta mona había vivido durante 18 años con una persona humana que se autodefinía como su madre (párrs. 24-26). ¹² Tras recibir una denuncia anónima por supuesta tenencia de fauna silvestre en una vivienda, la autoridad ambiental competente procedió a incautar a Estrellita, quien fue trasladada al Eco Zoológico San Martín de Baños (párr. 30). La persona humana que vivía con Estrellita fue declarada responsable durante el procedimiento administrativo por haber cometido una infracción muy grave de la legislación ambiental, consistente en la tenencia de un animal silvestre sin la correspondiente autorización administrativa (párr. 34). ¹³ Estrellita murió en cautividad, y según el informe de necropsia aportado por el Eco Zoo, se debió principalmente a patologías que son frecuentes en animales decomisados (párr. 36). Sin embargo, cuando se interpuso la acción de habeas corpus contra la autoridad ambiental competente (Ministerio del Ambiente), el Eco Zoológico San Martín de Baños y la Procuraduría General del Estado (párr. 38), la accionante no tenía conocimiento de la muerte de Estrellita, sino que recibió esta noticia una vez iniciado el procedimiento. Así pues, el habeas corpus se reorientó a solicitar la entrega del cuerpo de Estrellita, la responsabilidad de la autoridad ambiental competente y del Eco Zoológico, la declaración de la vulneración del derecho a la vida de Estrellita y la creación de un protocolo especial en casos de retención de animales vivos, para que sean considerados como seres sintientes (párr. 45). La acción de habeas corpus recibió dos resoluciones judiciales adversas, tanto la de primera instancia como la de apelación. El fundamento de esta negativa fue doble: por un lado, la necesidad de proteger el patrimonio natural, dada la existencia de tenencia no autorizada de un animal silvestre; por el otro, el hecho de que, en el momento de la petición de habeas corpus, Estrellita ya había fallecido (párrs. 47-49). Frente a estas resoluciones, la accionante decidió interponer una acción extraordinaria de protección de conformidad con el Art. 94 de la Constitución de la República del Ecuador, ¹⁴ momento en el que la Corte Constitucional asumió el caso.

La Corte encontró en este caso una oportunidad para delimitar el contenido y el alcance del marco constitucional de los derechos de la naturaleza, considerando si este marco incluye la protección de un animal silvestre individual y, en caso afirmativo, si en el caso de la mona Estrellita se vulneraron los derechos de la naturaleza. Para ello, la Corte también examinó si los animales silvestres, y los animales (sintientes) en general, podían considerarse sujetos de derechos.

Siguiendo el mandato constitucional ecuatoriano, la naturaleza es un sujeto de derechos con valor intrínseco, es decir, “es un fin en sí misma y no solamente un medio para la consecución de los fines de otros” (párr. 57). Para la Corte, la naturaleza adquiere esta condición desde una perspectiva sistémica, abarcando todos los elementos bióticos y abióticos que conforman este “sujeto complejo.” ¹⁵ El estatus de la naturaleza como sujeto de derechos no solo se limita a esta perspectiva sistémica, sino que se extiende a sus miembros, elementos y factores (párr. 66). Esto significa que la subjetividad jurídica de la naturaleza también puede manifestarse en titulares concretos. Esta interpretación del marco de los derechos de la naturaleza ya estaba presente en la jurisprudencia de la Corte antes del caso Estrellita, al haber especificado este marco constitucional mediante el reconocimiento de ecosistemas concretos como titulares de derechos. ¹⁶ Sin embargo, la Corte argumenta que no es necesario un reconocimiento judicial específico de cada elemento de la naturaleza para confirmar que efectivamente son sujetos dignos de protección. Tal y como la Corte declaró, por ejemplo, en la sentencia n.º 22-18-IN/21, de 8 de septiembre de 2021, el Estado dispone de múltiples mecanismos para respetar, promover y garantizar los derechos de la naturaleza reconocidos con carácter general en la Constitución. A ello añade que uno de estos mecanismos es el reconocimiento judicial específico de un ecosistema u otros elementos de la naturaleza como titulares de derechos (párr. 35, sentencia n.º 22-18-IN/21). Según la Corte, este reconocimiento “podría contribuir a determinar con mayor precisión las obligaciones que se derivan de la titularidad de derechos en las situaciones concretas y, sobre todo, reforzar las garantías para la protección de derechos y así protegerlos de manera más eficaz” (párr. 36, sentencia n.º 22-18-IN/21). Parece, pues, que en opinión de la Corte cualquier elemento de la naturaleza podría ser considerado titular de derechos, es decir, estaríamos ante una especificación de este sujeto complejo que es la naturaleza en su conjunto. Ahora bien, si el reconocimiento específico de titulares de derechos contribuye a una protección más eficaz de esos derechos, el reto consiste en determinar qué elementos de la naturaleza tiene en mente la Corte al formular esta afirmación.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el caso Estrellita debe entenderse como un intento de aportar mayor claridad sobre qué entidades han de tenerse en cuenta en el discurso sobre la justicia ecológica en general y los derechos jurídicos en particular. Según la Corte, un animal es una unidad básica de organización ecológica y, como tal, es un elemento de la naturaleza. Por lo tanto, está protegido por los derechos de la naturaleza y tiene un valor intrínseco individual (párrs. 70-73). Es importante subrayar que la Corte añade que los animales no deben protegerse únicamente desde una perspectiva ecosistémica o basada en las necesidades humanas, sino desde un enfoque centrado en su cualidad de seres sintientes, por lo que han de ser individualmente considerados (párr. 79). Esto lleva a la Corte a formular dos afirmaciones generales. En primer lugar, los animales sintientes son sujetos de derechos. Ahora bien, para la Corte esto no implica que sean comparables a los seres humanos, ya que cada especie tiene sus propias necesidades de protección basadas en unas características únicas (párr. 89). En segundo lugar, los derechos de los animales constituyen una dimensión específica de los derechos de la naturaleza, con sus propias particularidades (párr. 91). Por lo tanto, los derechos de los animales (sintientes) silvestres, individualmente considerados, quedarían integrados bajo esta perspectiva (véanse, entre otros, los párrs. 120-121).

Además, la sentencia del caso Estrellita incorpora otras dos afirmaciones que merecen una especial mención. Por un lado, reconoce los derechos a la vida y a la integridad física de los animales sintientes en general (párr. 107). Por el otro, identifica ciertos derechos específicos de los animales silvestres, como el derecho a no ser extinguidos por razones antrópicas (párr. 111), el derecho a no ser cazado, pescado, capturado, recolectado, extraído, tenido, retenido, traficado, comercializado o permutado, y el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal (párr. 112).

Llegados a este punto, podríamos admitir que algunos elementos de esta sentencia constituyen pasos importantes hacia un sistema político-jurídico que reconozca, defienda y garantice de manera más adecuada las necesidades de los animales sintientes. Entre estos elementos, cabría mencionar el reconocimiento específico de ciertos derechos de los animales silvestres, como el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal, o, como indica Condoy Truyenque (2023, p. 23), el fuerte simbolismo que esta sentencia podría tener para concebir un imaginario político-jurídico que sea más receptivo a las necesidades de los animales. En adición, la Corte ofrece algunas mejoras de carácter más práctico para los animales silvestres. De hecho, los futuros decomisos de animales silvestres en Ecuador realizados por las autoridades ambientales competentes tendrán que respetar ciertos criterios (párrs. 145-147), basados principalmente en la consideración de los animales silvestres como individuos sintientes.

Sin embargo, todo parece indicar que las posibles consecuencias de reconocer a los animales sintientes como sujetos de derechos no van a suponer una quiebra con el enfoque antropocéntrico que moldea el Derecho positivo ecuatoriano. Esto se debe fundamentalmente a que la Corte interpreta los derechos de los animales a través de dos principios básicos: el principio interespecie y el principio de interpretación ecológica. Asimismo, la adopción de estos principios derivaría en consecuencias negativas para los animales domesticados. Los siguientes subapartados ofrecen una breve reflexión crítica sobre estos dos principios.

Las observaciones aquí realizadas no impiden reconocer que el caso Estrellita es un paso importante en la búsqueda de realidades político-jurídicas no antropocéntricas. Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto que esta sentencia, en un intento por integrar los derechos de los animales bajo el marco constitucional de los derechos de la naturaleza, acaba cayendo en ciertas incoherencias, reproduciendo presuntas incompatibilidades entre distintas posiciones en ética normativa, pero esta vez en el ámbito jurídico.

Con todo, esta sentencia no deja de ser una contribución relevante en ese complejo y largo proceso de desentrañar las posibilidades de un sistema político-jurídico no antropocéntrico, en el que entidades no humanas sean tenidas en cuenta en el discurso de la justicia en general y los derechos en particular. Además, continúan sin respuesta varias cuestiones importantes, como la relación del principio interespecie y el principio de interpretación ecológica con otros principios que la Corte Constitucional del Ecuador ha ido reconociendo en su jurisprudencia. Entre ellos, podemos destacar el principio de aplicación directa de los derechos de la naturaleza, el principio in dubio pro natura, el principio de favorabilidad pro natura o el principio ecológico de tolerancia, ²¹ entre otros, así como la consideración de los animales domésticos en el marco constitucional de los derechos de la naturaleza. En definitiva, el caso Estrellita ha de servir como invitación a seguir recorriendo esos caminos político-jurídicos no antropocéntricos.