A mediados de octubre de 2019, un aumento en el precio del metro de Santiago desencadenó una serie de protestas que rápidamente se expandieron para incorporar diversas demandas sociales, dando paso a graves hechos de violencia. Las manifestaciones, inicialmente centradas en el precio del transporte, se transformaron en un movimiento masivo, carente de liderazgos definidos, que exigía cambios políticos y económicos profundos en áreas relativas a las pensiones, la salud, la educación y los salarios (Bartoli, 2022). A fin de encauzar el conflicto y reestablecer el orden público, los partidos de la coalición oficialista Chile Vamos y parte de la oposición firmaron el Acuerdo por La paz y la Nueva Constitución (15 de noviembre 2019), ¹ al que las cámaras dieron curso mediante la aprobación de una Ley de Reforma Constitucional (24 de diciembre de 2019). Con ella se incorporaba un nuevo capítulo XV titulado “Reforma de la constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República” (arts. 127-143) en el que se establecían las reglas del proceso constituyente para reemplazar la Constitución de 1980, asociada a la dictadura de Pinochet. El proceso se abrió mediante un referéndum (“plebiscito de entrada”), donde se les pidió a los votantes responder a dos preguntas: primero, si la constitución debía ser reemplazada o no; segundo, mediante qué mecanismo: una “Convención Constitucional” electa de 155 miembros o una “Convención Mixta Constitucional”, compuesta por legisladores en ejercicio y parcialmente por ciudadanos electos. El plebiscito mostró un apoyo abrumador para el reemplazo constitucional (78,27%) y para la Convención enteramente electa (79%).

Las elecciones para designar a los 155 convencionales (15 y 16 de mayo de 2021), reguladas por una normativa garante de la igualdad de géneros y de la participación de los pueblos originarios, ² dieron cuenta de una preferencia por candidaturas independientes o provenientes de movimientos sociales, cuyas campañas incluían la agenda ecológica, feminista e indigenista, y reivindicaban el acceso a bienes y servicios esenciales que habían sido objeto de privatizaciones desde finales de los años 70. ³ La Convención se instaló el 4 de julio de 2021 en la sede del ex-Congreso en Santiago de Chile, donde sesionó durante doce meses. Su enfoque fue progresista y vanguardista. No solo se centró en la necesidad de establecer las bases materiales para dar efectividad al ejercicio de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales reclamados por las clases popular-intermedias, sino que también incorporó demandas que los movimientos sociales llevaban décadas exigiendo: derechos sexuales y reproductivos, eco-dependencia, discursos LGTBIQ+, plurinacionalidad, autonomía regional, pluralismo jurídico y derechos indígenas (Noguera Fernández, 2023; Acevedo, 2024).

La propuesta de Nueva Constitución (de aquí en adelante Propuesta constitucional) ⁴ fue entregada el 4 de julio de 2022 al presidente de la República, quien convocó un “plebiscito de salida” para su ratificación popular el 4 de septiembre de ese mismo año. El 61,86% de los votantes (de un universo de 85,82%, probablemente la tasa de participación más alta en la historia de Chile) rechazó la propuesta. Las explicaciones del fracaso abundan y son materia de un debate complejo entre politólogos, sociólogos y especialistas en teoría constitucional (Verdugo y García-Huidobro, 2024; Noguera Fernández, 2023). Aquí no profundizaremos en esto, sino que nos centraremos, más bien, en uno de los elementos descollantes de la Propuesta constitucional: el enfoque socio-ecológico que recorre todo el texto y que, a nuestro modo de ver, merece rescatarse como horizonte teórico-práctico para futuras propuestas regulatorias. Conceptos como los de bienes comunes naturales, derechos de la naturaleza, interrelación, defensoría de la naturaleza, eco-dependencia, ecosistemas comunales, entre otros, son innovaciones jurídicas que vale la pena examinar para pensar en un constitucionalismo socio-ecológico preparado para formular respuestas a los desafíos derivados del cambio climático. A continuación, trataremos de indagar cuál es la filosofía subyacente a tales conceptos e instituciones normativas, concentrándonos en dos principales focos: bienes comunes naturales y derecho a la interrelación. Sin embargo, antes de entrar a analizar en detalle ambas cosas, necesitamos hacer unas breves consideraciones de orden metodológico.

Los procesos constituyentes no suelen ser fruto de teorías concretas. Más bien son puntos de confluencia de derivas históricas e ideológicas dispares, en los que se sedimentan influencias de diverso cuño, a menudo difíciles de rastrear. En algunas ocasiones, puede destacarse la función de una figura notable que ejerce un papel preponderante en la redacción del nuevo texto constitucional ––el caso de Hans Kelsen en la Constitución austriaca de 1920, o el de Agustín de Argüelles en la Constitución gaditana de 1812––, pero ni siquiera en esos casos es posible identificar un corpus de ideas filosóficas que se transfiera con nitidez al texto jurídico. De hecho, cuando tal cosa sucede, lo más habitual es que el texto termine siendo rechazado por ser incompatible con las costumbres vigentes o por asumir un posicionamiento unívoco que no se aviene con la diversidad ideológica reinante. Un caso célebre, recordado por Norberto Bobbio en su estudio sobre la génesis del positivismo jurídico, es el proyecto de código civil de Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753-1824): ideado según la horma del iusnaturalismo racionalista, bajo principios lógico-deductivos de exquisita decantación filosófica, suscitó una reacción tan acerba entre los juristas de la época, que Napoleón terminó encomendando la tarea a un jurista con menor vuelo especulativo, pero mayor talante práctico: Jean-Étienne-Marie Portalis (Bobbio, 1996, pp. 60-64).

Nuestro caso no es una excepción a este respecto: en la Convención Constitucional chilena de 2022 confluyeron diferentes movimientos sociales, demandas de muy diversa naturaleza y planteamientos teóricos heterogéneos: socialdemocracia, liberalismo, republicanismo, feminismos, reivindicaciones de pueblos originarios, animalismo, ecologismo, etcétera. ⁵ Para tener una visión precisa de los distintos estratos que cristalizaron en el borrador final, sería necesario cribar y organizar todas esas influencias de forma detallada. Sin embargo, realizar un barrido completo y exhaustivo de las deliberaciones de la Convención es una tarea difícilmente abordable, dado que habría que considerar las actas de todas las comisiones, las propuestas de articulado realizadas por cada comisión, los informes de reemplazo que estas emitieron ––una vez que las primeras propuestas eran rechazadas o enmendadas por el Pleno–– así como las propias actas del Pleno. Incluso si restringiéramos el radio de búsqueda a las actas de la Comisión de medio ambiente ⁶ y a las actas de las sesiones plenarias donde se debatieron los temas atinentes a nuestro objeto de estudio, el volumen de páginas a examinar se volvería inmanejable: alrededor de las dos mil páginas.

Por otra parte, un rastreo preliminar permite constatar que no existen influencias filosóficas precisas y unívocas. No se verifican remisiones a autores clásicos de la ética ecológica como Aldo Leopold, Arne Naess o John B. Callicott; tampoco hay referencias a representantes específicos del conservacionismo –John Muir, George Perkins Marsh, Henry D. Thoreau––, ni a otros autores frecuentemente citados en la filosofía ecológica contemporánea: Hans Jonas, Andrew Dobson, Jorge Riechmann, entre muchos otros que podrían citarse. Lo mismo sucede si prescindimos de los autores y buscamos corrientes de pensamiento: ecosocialismo, ecologismo, ecofeminismo, etcétera. Ninguno de estos descriptores se encuentra de manera suficientemente palmaria en las deliberaciones de la Comisión 5. ⁷ Sí aparece dos veces el concepto de “ecología profunda”, en boca del diputado Fernando Salinas, activista independiente: “El humane es parte integrante e indisoluble de la naturaleza, somos naturaleza, ser naturaleza es lo que han sentido los pueblos originarios desde hace miles de años, aquello que la ecología profunda ha ido internalizando solo desde hace algunas décadas”; “mi lema de campaña era: ‘Ecología profunda en el corazón de nuestra Constitución’, y junto con mis compañeros ecologistas pudimos aprobar los derechos de la naturaleza y tantas normas que hacen que esta Constitución sea ecológica”. ⁸ Sin embargo, paradójicamente, lo que más a menudo se ve en las actas es que el término “ecologismo” es empleado por los diputados conservadores de forma despectiva: “ecologismo religioso ⁹ ”, “ecologismo radical ¹⁰ ”, “ecologismo extremo ¹¹ ”, “ecologismo profundo o conservacionismo exacerbado ¹² ”, entre otras expresiones similares.

Tampoco pueden encontrarse apelaciones a los referentes jurídicos sobre derechos de la naturaleza: no se hallarán apenas menciones al clásico texto de Christopher Stone (1972) ––Should trees have standing?––, ni a Thomas Berry y sus prolongaciones en la teoría del Wild Law de Cormac Cullinan (2011), ni a las más recientes aportaciones de Minhea Tănăsescu, ni a los múltiples escritos de Ramiro Ávila o Alberto Acosta, que han sido enormemente influyentes en el debate latinoamericano sobre derechos de la naturaleza. ¹³ Si obviamos la teoría y giramos la mirada a los procesos político-sociales de los últimos lustros, tampoco se detectan influencias claras: en las actas de la Comisión de medio ambiente no hay casi ninguna referencia al río Whanganui, ni a los procesos colombianos del Atrato o la Amazonía, ni a las leyes de derechos de la Madre Tierra de la vecina Bolivia. Sí aparecen, en cambio, algunas remisiones a la constitución ecuatoriana de 2008. De hecho, las pocas alusiones que hemos podido localizar a los autores y contextos arriba mencionados se encuentran en algunas intervenciones de varios diputados de la Comisión de derechos fundamentales, y no para defender la inclusión de los derechos de la naturaleza, sino justamente para lo contrario. El caso del río Whanganui, en efecto, se enarbola como ejemplo de fracaso de la estrategia de los derechos de la naturaleza en varias intervenciones de diputados conservadores. ¹⁴ Del mismo modo, pueden encontrarse algunas menciones a Stone en representantes de la derecha, que se apoyaron en el presunto “cambio de opinión” del profesor estadounidense respecto a la subjetividad de la naturaleza, como argumento para restar credibilidad a la propuesta de incluirlos en el borrador constitucional:

Por supuesto, se trata de opiniones desinformadas, ya que, en realidad, Stone nunca abogó por atribuir derechos a la naturaleza ni por concebir a la naturaleza como sujeto, sino por reconocerle legitimación procesal, que no es lo mismo en absoluto. ¹⁶

En definitiva, la penetración de concepciones filosóficas en los debates de la Convención fue indirecta y capilar. Así y todo, pueden hacerse las siguientes salvedades.

En primer lugar, pese a que no se establezca una filiación expresa con los procesos constitucionales andinos de 2008 y 2009 (Ecuador y Bolivia), sí es posible trazar una continuidad con aquellos. Para empezar, porque la constitucionalización ecuatoriana de los derechos de la naturaleza ha sido un referente para toda la región, por lo que una buena parte de los movimientos eco-jurídicos latinoamericanos ––y no solo latinoamericanos–– se ha inspirado en aquel proceso. Por otro lado, el borrador de constitución chilena asumió explícitamente uno de los elementos conceptuales fundamentales del texto ecuatoriano ––también de las leyes sobre derechos de la Madre Tierra en Bolivia––, la idea de “buen vivir”. Al contrario que en los casos anteriores, la noción de buen vivir sí se nombra con recurrencia en las actas de la Comisión de medio ambiente y en los debates plenarios. Además, aparece fuertemente ligada a las demandas de los pueblos originarios, que adoptaron dicha noción como bandera para la reivindicación de sus territorios y culturas. El texto final del borrador la incorporó, como veremos más adelante, en su artículo 8:

Sin embargo, en las iniciativas de norma de la Comisión 5, la noción de “buen vivir” aparecía también en otros contextos ––así, por ejemplo, como principio constitucional junto a otros principios ambientales tradicionales, como el precautorio o el de prevención–– y a menudo con una impronta multicultural:

En segundo lugar, hay dos referencias teóricas que sí podrían destacarse por encima de otras. Por un lado, el biólogo uruguayo Eduardo Gudynas participó como experto externo en las sesiones de la Comisión 5. ¹⁸ En ese sentido, no parece descabellado postular que algunas tesis biocéntricas, derivadas de la ecología profunda, pudieran influir en el texto constitucional. Gudynas, en efecto, es uno de los autores latinoamericanos más relevantes de la ecología política contemporánea y ha sido un activo defensor de los derechos de la naturaleza (que él prefiere escribir en mayúscula: Naturaleza). Es un posicionamiento que ha tejido en diálogo con la experiencia ecuatoriana y con otro intelectual particularmente destacado en aquel proceso constitucional: Alberto Acosta. ¹⁹ Por otro lado, en las deliberaciones de la Comisión 5 participó activamente Ezio Costa, actual director de la organización no gubernamental FIMA (Fiscalía del Medio Ambiente) y exponente destacado del ambientalismo jurídico chileno. En su intervención, Costa se pronunció acerca de la necesidad de incorporar el principio del buen vivir dentro del modelo económico y señaló la importancia de una “Constitución Ecológica”. ²⁰ Es una idea que se sitúa en consonancia con la defensa del “derecho ecológico”, preconizado décadas atrás por el jurista y filósofo chileno Godofredo Stutzin, quien fue uno de los pioneros en la teorización de los derechos de la naturaleza (Stutzin, 1976). ²¹ Stutzin, en efecto, reivindicó la necesidad de replantear el sistema jurídico bajo la premisa de que la naturaleza también debía ser considerada sujeto de derechos. Consecuentemente, a su modo de ver, era necesaria una mutación correlativa de numerosas instituciones jurídicas: superación del derecho ambiental antropocéntrico en favor de un derecho ecológico ecocéntrico, subjetivación de la naturaleza, tutela de un patrimonio propio de la naturaleza, creación de una “procuraduría de la naturaleza” capaz de actuar en su nombre, establecimiento del principio “in dubio pro natura”, entre varias otras medidas (Stutzin, 1984). ²²

Más allá de estas influencias, el calado filosófico del borrador constitucional solo se deja leer entre líneas. Es natural que así sea, dado que los procesos constituyentes están forzados a asumir compromisos entre distintas orientaciones y, por lo tanto, no suelen partir de posicionamientos teóricos o ideológicos rotundos. Además, se trata de procesos político-jurídicos en los que las influencias llegan de forma indirecta, a través de un proceso de decantación que, aun no preservando el nombre de autores o teorías de forma explícita, sí incorporan conceptos y formas de pensar. Hemos de recordar que el proceso constituyente chileno se caracterizó por una presencia muy fuerte de colectivos sociales independientes, cuya formación se nutría en buena medida del activismo social, no de la academia. Por todas estas razones, hemos desechado aproximarnos al texto con la vocación de encontrar “teorías” concretas y hemos preferido ceñir nuestro análisis a dos asuntos de la propuesta constitucional que, en nuestra opinión, tienen una enjundia filosófico-jurídica que vale la pena desentrañar. En primer lugar, nos referiremos a las causas y consecuencias de adoptar el concepto de “bienes comunes naturales”. En segundo lugar, nos preguntaremos por el significado de expresiones como interdependencia, ecodependencia y derecho a la interrelación, que jalonan todo el texto y que, como veremos, parecen dibujar un fundamento del derecho más allá de la clásica noción de autonomía.

Una de las características más relevantes del borrador constitucional chileno fue que, junto a los derechos de la naturaleza, ²³ se incorporó la categoría de bienes comunes naturales. Si esto se analiza sin mayores precisiones de contexto, es algo que puede generar perplejidad. Tengamos en cuenta que, al menos a priori, estamos ante dos estrategias de tutela aparentemente contrarias: en el primer caso, se trata de dotar de personalidad a la naturaleza, de configurarla como un sujeto; en el segundo caso, se trata de blindarla como un objeto no susceptible de apropiación. Además, son dos herramientas que han sido propuestas con finalidades diversas y por movimientos no necesariamente coincidentes. En efecto, la apelación a subjetivizar la naturaleza se encuentra en corrientes ecologistas cercanas a la ecología profunda, o bien en movimientos indígenas que han encontrado en el instrumento de los derechos un asidero táctico para traducir al lenguaje jurídico hegemónico algunos elementos de sus cosmovisiones. ²⁴ Las teorías de los comunes, en cambio, parten de diversas orientaciones teórico-prácticas que suelen estar en sintonía con enfoques ecologistas, pero que no siempre lo son: desde el neomarxismo ––Silvia Federici, Massimo De Angelis, Christian Laval, Pierre Dardot–– hasta el institucionalismo económico en la versión de Elinor Olstrom, pasando por diversos movimientos del Sur Global: Raquel Gutiérrez, Vandana Shiva o Gladys Tzul-Tzul. ²⁵

Centrémonos en las consecuencias jurídicas que se desprenden de las teorías arriba mencionadas. En términos generales, la mayoría de los enfoques sobre bienes comunes recelan del derecho como herramienta emancipatoria. Al partir de planteamientos marxistas o anarquistas, en sentido amplio, desconfían de la institucionalidad estatal y apuestan por la construcción de espacios de autonomía en detrimento del derecho del Estado. Por supuesto, las cosas son complejas y existen varias teorías comunalistas que sí han defendido la utilización del derecho como vehículo para la defensa de los comunes. Ugo Mattei, por ejemplo, sostiene que el derecho privado ofrece una batería de instituciones potencialmente útiles para crear espacios de acción colectiva no mediados por el mercado ni por la injerencia estatal: asociaciones, fundaciones, servidumbres, land trusts, etc. (Mattei, 2015). Helfrich y Bollier, por su parte, entienden que el derecho se puede “hackear” y resignificar, en aras de la construcción de espacios comunitarios no estructurados según la lógica de la soberanía estatal o de la propiedad privada (Helfrich y Bollier, 2019). Pese a estas y algunas otras excepciones, las teorías de los comunes tienden a percibir el campo jurídico con suspicacia y, por ende, no tendrían por qué acompasarse bien con la estrategia de los derechos de la naturaleza.

Pensemos, en efecto, que la mayoría de las teorías de los bienes comunes mencionadas se asientan en concepciones solidaristas. Ya sea por reflexionar desde marcos culturales no individualistas, ya sea por el afán de reivindicar una sociedad vertebrada en torno a la cooperación y la comunidad, la perspectiva teórica e institucional de los derechos les resulta ajena, por lo menos cuando estos se entienden desde una lógica propietaria y competitiva. Más bien, el enfoque se pone en los deberes de cuidado y de solidaridad que los integrantes de una comunidad tienen respecto de una “cosa común” que les vincula y que, generalmente, les sirve de sustento: un bosque, un río, un monte, un campo de labor, etc. Dicho de otro modo: para la mayoría de las teorías de los bienes comunes, el interés de preservar cualquiera de esos elementos “naturales” no solo reside en los beneficios materiales que se derivan del aprovechamiento del bien en cuestión ––agua, alimento, energía––, sino en los lazos de cooperación que se tejen entre quienes colaboran en su uso y su cuidado. De hecho, muchos bienes comunales históricos no son solo formas de tenencia de la tierra ––como los montes vecinales gallegos, los boalares valencianos o los fetosines segovianos ²⁶ ––, sino instituciones de trabajo comunitario que se activan cuando es necesaria la participación colectiva en alguna tarea especialmente gravosa: el tequio mexicano, la minga andina, las hacenderas castellanas o el auzolan vasco son algunos ejemplos. En definitiva, a primera vista, las teorías de los comunes se sitúan más bien en la perspectiva de los deberes que en la de los derechos. ²⁷

Así pues, la apuesta de la Convención constitucional chilena por complementar los derechos de la naturaleza con los bienes comunes naturales no era un proyecto libre de fricciones. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? La respuesta se halla en la propia redacción de la propuesta. El artículo 134 del borrador establecía que “los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”. En esta formulación hay, por lo menos, dos elementos que merecen destacarse. El primero se refiere a la definición del Estado como ente “custodio” de los bienes comunes naturales. Es una expresión afortunada, parcialmente inspirada en las doctrinas del “public trust”, porque sitúa al Estado en un papel subalterno y configura una noción de soberanía atenuada. En efecto, el Estado deja de tener derechos respecto de aquellas partes del territorio que quepa definir como “bienes comunes naturales” y únicamente ostenta deberes de protección sobre tales ecosistemas. He aquí, de nuevo, un argumento en favor del enfoque de los deberes, que se liga de forma natural con la idea de los bienes comunes. El segundo elemento destacable del artículo 134 tiene que ver con el propósito que se asigna a los bienes comunes naturales, ya que estos se instituyen “con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras”. Es decir, la propuesta parece optar por un concepto instrumental de los bienes comunes, según el cual estos serían algo así como la “garantía” de los derechos de la naturaleza, un elemento material indispensable para que tales derechos sean realmente eficaces. Así pues, en este segundo inciso del artículo, el foco se desplaza hacia el polo de los derechos.

No es este el momento para entrar a fondo en la vieja polémica derechos-deberes, un asunto sobre el que la filosofía jurídica ha derramado ríos de tinta. Pero sí vale la pena hacer la siguiente reflexión. Cuando pensamos en proteger la naturaleza mediante la estrategia de los deberes, podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, podemos pensar en deberes condicionados, en cuyo caso tendríamos la siguiente proposición: los seres humanos tenemos el deber de cuidar a un determinado ecosistema ––o a la biosfera en su conjunto–– porque de la buena salud de la naturaleza dependen una serie de derechos ambientales ––al agua potable, a vivir en un entorno no contaminado, etc.–– que nos asisten en tanto que humanos. Por otro lado, podemos pensar en deberes incondicionados, en cuyo caso tendríamos la siguiente proposición: los seres humanos tenemos el deber de proteger a las entidades naturales, pero no porque de ello dimanen una serie de ventajas para nuestra supervivencia o nuestra salud, sino porque comportarnos así es lo correcto. En el primer caso, nos movemos en una lógica plenamente antropocéntrica. En el segundo caso, depende. Si ese comportamiento correcto se deriva del hecho de que nuestra conducta debe ajustarse a un imperativo categórico de no dañar, porque con ello satisfacemos un criterio moral con el que nos hemos comprometido previamente, entonces nos seguimos moviendo en un enfoque antropocéntrico: actuamos correctamente para preservar nuestra identidad moral, no porque haya algo más allá de lo humano que merezca consideración especial. Si, en cambio, el comportamiento correcto se define en función del bienestar, la salud o la integridad de aquellas entidades que debemos cuidar ––un río, un bosque, una laguna––, entonces sí transitamos a una posición biocéntrica o ecocéntrica. ²⁸ Ahora bien, así las cosas, cabría preguntarnos hasta qué punto ese deber sigue siendo incondicionado. Porque, bien mirado, se trataría más bien de un deber que reposa sobre el derecho de tales ecosistemas a subsistir y a no sufrir alteraciones que amenacen su equilibrio.

En resumidas cuentas, el discurso de los deberes termina desembocando en el de los derechos. Con esto no queremos incurrir en una comprensión simplista de la correlatividad derechos-deberes, porque se trata de una idea frecuentemente malentendida. Existen deberes que no llevan aparejada una obligación correlativa del sujeto sobre quien tenemos tales deberes. Por ejemplo, las madres y los padres tenemos el deber de cuidar a nuestras criaturas, pero no tenemos un derecho a ser cuidados por ellas a modo de contrapartida. Sin embargo, nuestras criaturas sí tienen un derecho que dimana de nuestro deber de cuidarlas. Algo parecido sucede con la naturaleza: sobre los seres humanos pesa la obligación de proteger ––y eventualmente restaurar ²⁹ –– a los ecosistemas, pero estos no tienen ningún deber de “devolver” ese servicio. ³⁰ Ahora bien, este “deber sin contrapartida” no es incondicionado, porque no es un deber independiente del “otro” sobre quien se proyecta. Al igual que en el ejemplo de la infancia, nuestros deberes hacia las entidades naturales no existen por sí mismos, sino porque consideramos que hay algo que les debemos, porque percibimos a la naturaleza como acreedora de determinadas acciones, prestaciones o conductas. O sea, porque, al menos intuitivamente, le atribuimos derechos que exigen ser satisfechos. Dicho de otro modo: por mucho que algunos rechacen la idea de los derechos de la naturaleza, en favor de una narrativa de los deberes supuestamente contraria a la anterior, en realidad no podemos escapar de la primera. Si los derechos y los deberes son inseparables, no es porque las personas nos debamos unas a otras obligaciones bidireccionales, sino porque, como dijo Juan Ramón Capella, los deberes son “el contenido de los derechos” (Capella, 2013, p. 46). Desde este punto de vista, nuestros deberes hacia la naturaleza no son sino el contenido de los derechos de la naturaleza.

Lo interesante del texto del borrador constitucional chileno es que introducía un tercer elemento en la dualidad derechos-deberes: el de los bienes comunes. Esto le otorga una cierta originalidad que se explica por varias razones. Primero, porque se trata de una institución que renovaba el constitucionalismo andino de la primera década del siglo XXI. Conscientes de que el discurso de los derechos de la naturaleza podía ser infructuoso si no se acompañaba de transformaciones en el modelo económico, los constituyentes chilenos quisieron incorporar novedades en el régimen de los bienes. Esto era particularmente importante en un país como Chile, en el que varias décadas de neoliberalismo habían acometido un programa de privatizaciones sin parangón (Dardot, et al., 2024, pp. 35 ss. ). Por eso, en la primera iniciativa de regulación de los bienes comunes naturales, la Comisión 5 apoyó su argumentación en el hecho de que la categoría de “bienes nacionales de uso público” había sido inútil para contener todos los procesos de expolio y mercantilización de bienes cruciales como el agua. A su modo de ver, en efecto, era necesaria una nueva institucionalidad orientada a blindar determinados “bienes esenciales para la protección de la vida”. ³¹ La idea era construir un espacio a resguardo de la lógica mercantil, pero también del dominio estatal, en el entendido de que la frontera entre lo público y lo privado se había revelado prácticamente inexistente desde los años setenta en adelante. Además, la idea de introducir una categoría de bienes comunes naturales también respondía a inquietudes ecocéntricas, puesto que se pretendía reconfigurar la concepción instrumental de la naturaleza característica de la cultura jurídica dominante. El cambio normativo, en efecto, buscaba abandonar la expresión de “recursos” naturales, para pasar a hablar de “bienes”, que no es lo mismo en absoluto:

Ahora bien, en las primeras propuestas de articulado, los bienes comunes naturales no aparecían vinculados a los derechos de la naturaleza. Se hacía hincapié en la dimensión democrática y participativa de los bienes comunes, en su carácter no apropiable, en su conexión con los pueblos originarios y en su papel como garantes de los derechos de las generaciones presentes y futuras: “Estos bienes no son susceptibles de apropiación y existe un interés general prioritario en su preservación para la existencia de las generaciones presentes y futuras”. Sin embargo, en un momento determinado de las negociaciones, el vínculo se hizo evidente y se optó por ligar los bienes comunes con los derechos de la naturaleza, lo cual ayudó a sacar adelante una propuesta de norma que, hasta entonces, había sido fuertemente objetada por el Pleno. La inspiración para este giro normativo se encuentra en la concepción italiana sobre los bienes comunes, desarrollada por los juristas Stefano Rodotà y Ugo Mattei, quienes habían presidido una Comisión encargada de reformar el Código civil italiano hacía más de diez años, en el marco de las movilizaciones contra la privatización del agua promovida por Silvio Berlusconi. De acuerdo con Rodotà, los bienes comunes son aquellas cosas que expresan utilidades funcionales para el ejercicio de los derechos fundamentales, así como para el libre desarrollo de la persona, y deben ser protegidos por el sistema jurídico, también en beneficio de las generaciones futuras (Rodotà, 2014, pp. 103 ss.). ³³ Se trata de una definición expansiva que, traída al tema que nos ocupa, tuvo efectos muy positivos en las deliberaciones constitucionales. En efecto, dado que la inclusión de los derechos de la naturaleza ya había sido aprobada por el Pleno de la Convención chilena, se propuso subordinar los bienes comunes a la satisfacción de aquellos, entendiéndolos como una suerte de basamento imprescindible para dotar de eficacia a los derechos de la naturaleza. Y así fue cómo, tras varios intentos fallidos, la categoría de bienes comunes naturales logró obtener el beneplácito del Pleno.

El concepto resultante es un tanto sui generis, dado que implica una visión “instrumental” de los bienes comunes y, en ese sentido, parte de su fuerza emancipatoria resultaba cercenada. Al concebirse meramente como “garantía” de los derechos de la naturaleza, su potencial como herramienta para construir comunidades autogestionadas, basadas en una idea fuerte de la cooperación y la solidaridad, quedaba en un segundo plano. ³⁴ Además, como consecuencia de las tensiones entre los diversos grupos parlamentarios, se terminó diferenciando entre algunos bienes comunes “inapropiables” ––el agua en todas sus formas–– y otros “apropiables”, lo cual es sumamente discutible y violenta el concepto de bienes comunes propuesto en un inicio (Míguez Núñez, 2024a, pp. 352-353). Del mismo modo, el énfasis que las primeras iniciativas ponían en los pueblos originarios como sujetos colectivos legítimos para ejercer la custodia de los bienes comunes naturales nunca fue aceptado por el Pleno, de modo que esa labor de custodia terminó recayendo únicamente en el Estado (Lloredo, 2024).

Pese a todas estas insuficiencias, la noción de bienes comunes de la propuesta constitucional es un ejemplo valioso de creatividad institucional. En especial, la idea de ligarlos a los derechos de la naturaleza tiene virtudes importantes. Para empezar, se apoya en una concepción de los derechos fundamentales que podríamos denominar “materialista” y que se encuentra en otros lugares de la propuesta. En el artículo 1.3, por ejemplo, se establece que “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos”. Es decir, el borrador tenía la vocación de radicar los derechos en instituciones políticas y económicas que los hicieran viables, no en una mera enunciación de “sujetos” titulares de garantías ideales. Además, en lo que afecta al discurso de los derechos de la naturaleza, la definición del artículo 134 abría la puerta a una conclusión extraña, pero al mismo tiempo interesante: si los bienes comunes son “componentes o elementos de la naturaleza”, destinados a “asegurar los derechos de la naturaleza”, quiere decir que la naturaleza es sujeto y objeto al mismo tiempo. Por un lado, se le atribuye personalidad, en sintonía con las creencias de algunos pueblos originarios ––o de la mano de la idea de ficción jurídica, según el pensamiento occidental––, pero por otro lado se concibe como un elenco de “elementos” materiales, que configuramos jurídicamente como “bienes”. Pese a lo paradójico que pueda resultar, se trata de una idea legítima y filosóficamente fecunda, puesto que, en el fondo, no es sino una muestra de que la dualidad sujeto-objeto se tambalea cuando introducimos la noción de derechos de la naturaleza. No por casualidad, el jurista belga François Ost desechó la posibilidad de configurar a la naturaleza como sujeto o como objeto, para reivindicar más bien la idea de “naturaleza-proyecto” (en francés, sujet, objet, projet). Es decir: la naturaleza no sería ni una persona allende la humanidad, ni una cosa al albur de la humanidad, sino un proyecto en el que la naturaleza y la humanidad estamos co-involucrados, y en el que la distinción natura-cultura se diluye irremediablemente (Ost, 1995). Es algo que tiene sentido, si tenemos en cuenta que, en realidad, la naturaleza no es una entidad que se encuentra ahí fuera, más allá de nosotros, sino que más bien se entrevera, nos atraviesa, se encuentra entre nosotros (Moore, 2020, pp. 35-46). Por eso, la primera iniciativa de norma sobre bienes comunes de la Convención chilena introdujo la noción de los sistemas “socio-ecológicos” en la fundamentación de la propuesta. ³⁵ Según esto, aquello a lo que se otorga personalidad y derechos no es un sujeto en el sentido tradicional del término, sino un ensamblaje complejo de elementos bióticos, abióticos y comunidades humanas: un socio-ecosistema.

Así las cosas, la propuesta constitucional dejó sugerencias valiosas para un derecho ecológico aún por levantar. La dilución de las barreras entre naturaleza y cultura, sujeto y objeto, derechos y deberes, muestra hasta qué punto las bases onto-epistemológicas del derecho tradicional entran en crisis al introducir a la naturaleza como agente. No podemos pormenorizar las consecuencias que se desprenden de todo ello, pero sí nos gustaría bosquejar una transformación conceptual que rezuma de todo el borrador y que se perfila como un posible horizonte para la configuración de ese derecho ecológico: el “derecho (y el deber) a la interrelación”. De hecho, quizá sería deseable invertir los términos: del derecho ecológico a la ecología jurídica (Capra y Mattei, 2015). Es decir, más que introducir reglas e instituciones “ecológicas” dentro de un derecho cuyas formas y estructuras no se modifican, se trataría de remodelar el cableado del derecho en su conjunto, de replantear sus bases epistemológicas desde la raíz. Lo dicho hasta ahora respecto a los derechos de la naturaleza y los bienes comunes no sería más que una faceta de ese cambio sustancial, que implica varios desplazamientos conceptuales: de la autonomía a la interdependencia como valores fundantes del sistema jurídico; ³⁶ del derecho entendido como agregación de sujetos, cuyas esferas de autonomía se salvaguardan recíprocamente, al derecho como artefacto destinado a proteger los vínculos que se establecen entre dichos sujetos (Míguez Núñez, 2024a). A continuación, analizaremos algunas de estas tensiones a la luz de otros pasajes de la propuesta constitucional.

Ante todo, examinemos una serie de artículos de la propuesta constitucional que convergen hacia el concepto que pretendemos abordar:

“Relación”, “interdependencia”, “ecodependencia”, “buen vivir”, “equilibrio armónico”, “vínculo” entre los seres humanos y el entorno, etcétera. Todas ellas son expresiones que apuntan en una dirección similar y que, a nuestro modo de ver, permiten destacar la voluntad del constituyente por consagrar el derecho a la interrelación en las bases de la fallida institucionalidad chilena.

La expresión “derecho a la interrelación” se refiere a la necesidad del “otro”, a la dependencia de lo externo. Mediante ella se establece la correspondencia mutua entre personas, cosas (lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual) o fenómenos (físicos, químicos, culturales) y se revela un presupuesto de hecho, esto es, el vínculo ancestral, primario y material que existe entre las personas y las cosas. De esta forma, el derecho a la interrelación aspira a ratificar una parte distintiva de la realidad factual: en la comunidad biótica y abiótica todo es portador de necesidades y todo es, al mismo tiempo, un ente funcional capaz de satisfacerlas. Reconocer las interrelaciones a través del derecho es atrapar conceptualmente la realidad, pues lo real es relacional: fuera de dicha trama “apenas somos nada” (Riechmann, 2022, pp. 56 y 57).

Esta fundamental premisa es declarada en los principios y disposiciones generales de la Propuesta constitucional desde una perspectiva que asume la retórica de la ecodependencia (Riechmann, 2016, p. 22): la interdependencia de las personas (art. 4), va de la mano del “buen vivir”, es decir, de la necesidad de fijar un equilibrio armónico entre las personas y la naturaleza (art. 8). En esta unión ––que bien puede ser entendida como el ingreso del viviente no humano en el pacto social (Serres, 1991)––, la naturaleza resulta elevada al grado de límite y condicionante de la existencia humana, dentro de un cuadro que introyecta la relevancia del todo y en el que los componentes (personas, cosas, fenómenos) adquieren el rol de agentes de un sistema integrado del cual depende la supervivencia de todas las formas de vida. ³⁸ Es por lo mismo por lo que la Propuesta constitucional concretiza un aspecto relevante de las nuevas “conciencias sobre la tierra” (Zabalza, 2007, pp. 350 ss.), ³⁹ cuyo eje central es pensar la atribución de derechos y responsabilidades desde un punto de vista sistémico, o sea, atendiendo al balance armónico de los agentes que comparten un mismo espacio. En buena medida, este es también el enfoque de la “ecología del derecho” por la que abogan Capra y Mattei, antes recordada.

Precisemos, de inmediato, que el enfoque que establece las interdependencias ecológicas no es una novedad del constituyente chileno. La Carta de la Tierra (2000) ya era explícita en ese sentido, cuando reconocía “que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida tiene valor, independientemente de su utilidad para los seres humanos”. ⁴⁰ Lo era, asimismo, la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), cuando señalaba que “[l]a especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas”. ⁴¹ En este sentido debemos también leer la Declaración de Río del Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), cuando reconoce “la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro hogar”. ⁴² Un planteamiento similar también ha sido adoptado desde el año 2009 por las Naciones Unidas en los diálogos interactivos del programa Harmony with Nature; un programa que, siguiendo muy de cerca las proclamas andinas acerca de la relación armónica con el entorno natural, así como los supuestos teóricos de la Earth Jurisprudence y el Earth-centered law, pone el énfasis en la interdependencia entre los “derechos humanos” y los “derechos de la naturaleza”, con el fin de priorizar el respeto y la reparación de la naturaleza por encima de su manipulación y mercantilización. ⁴³ Por su parte, a nivel europeo, la red ecológica Natura 2000 (introducida por la Directiva Hábitats y por la Directiva Aves, relativa a la conservación de las aves silvestres) plantea la cuestión de la coexistencia de seres humanos y no humanos en un mismo territorio, reconociendo la relevancia de la conectividad y de los corredores ecológicos, para combatir la fragmentación, el aislamiento y la destrucción de hábitats y especies, hasta llegar al reciente Reglamento de Restauración de la Naturaleza, cuyo principal objetivo es recuperar los ecosistemas degradados en la UE, en particular aquellos que tienen mayor potencial para capturar y almacenar carbono, contribuyendo a reducir los efectos del cambio climático desde una perspectiva holística. ⁴⁴ En fin, esa misma lógica permea la ratio de la ley francesa de 2016 para la reconquista de la biodiversidad, de la naturaleza y de los paisajes (n. 2016-1087), cuyo principio de solidarité écologique invita a tener en cuenta “las interacciones de los ecosistemas, de los seres vivos y de las áreas naturales o adaptadas” en toda toma de decisión pública que tenga una incidencia notable sobre el medio ambiente de los territorios afectados. ⁴⁵

De todo lo anterior cabe extraer algo muy particular de la propuesta que aquí nos ocupa: el cambio epistemológico planteado por el constituyente chileno, ya en acto en diversas instituciones de derecho interno, europeo e internacional, se expresa en el reconocimiento del derecho a la equilibrada interrelación entre ecosistemas, entre seres vivientes e inertes (Brown y Garver, 2009), donde equilibro debe entenderse en términos de armonización entre fuerzas agentivas e intereses contrastantes, con la consecuencia de que todo derecho humano (individual o colectivo) queda condicionado al sistema ecológico donde opera. Sobre la base de estas ideas puede ahora comprenderse cómo el principio de la solidaridad entre generaciones y especies (art. 1 de la Propuesta constitucional) se sostiene en la garantía del equilibrio de los sistemas ecológicos como condición primaria de toda iniciativa de desarrollo humano.

Un claro ejemplo de esto lo ofrecen las disposiciones de la Propuesta constitucional relativas al (novedoso) derecho colectivo a la ciudad y al territorio (art. 52), así como al derecho de propiedad (art. 78), ahora dotados de una doble función, “social y ecológica”, de la cual el Estado se declara guardián (art. 138). Lo que interesa aquí recalcar es que la lógica de la “función ecológica” de la propiedad antepone lo real a lo social; es decir, considera primario el dato natural, ecosistémico, que es inherente a todo derecho relativo a la tierra, el cual actúa como presupuesto prescriptivo en el marco de los acuerdos sociales referidos al uso y destino del suelo. Así pues, la función ecológica parte del supuesto de la interconexión e interdependencia de los elementos de la naturaleza que son objeto de derecho, de modo que se matiza no solo la virtud ecológica de los acuerdos sociales relativos a las cosas, sino también el conocimiento y funcionamiento mismo de las porciones de naturaleza y de los ecosistemas. Con base en esta idea se revela la necesaria correspondencia entre la función ecológica de la propiedad y las funciones ecosistémicas del objeto de derecho, que operan como criterios de valoración del uso racional y sostenible del recurso, en un contexto geográfico determinado (Costa, 2021, pp. 20 y s. y Bourgeois-Gironde, 2023, pp. 89-90). ⁴⁶

Todo lo dicho hasta ahora pone en estrecho vínculo la dimensión preceptiva y existencial en un marco medioambiental definido: se acerca y moldea el dato normativo-formal a la realidad ecosistémica, conduciendo a una renovada reflexión sobre la ética del derecho (Lipari, 2024, p. 227). Precisamente, el derecho a la interrelación postula una modificación de las convicciones éticas, de los principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones con el mundo más que humano en un cuadro que propende a la heteronomía con respecto a los derechos que tienen una injerencia directa en la naturaleza y en los ecosistemas. Bajo estas premisas es ahora fácil constatar la convergencia del derecho a la interrelación con el paradigma del derecho ecológico; derecho que supera los estándares antropocéntricos del derecho ambiental y que acoge el principio rector de la primacía de la tutela los ecosistemas como condición para cualquier vía de desarrollo humano (Míguez Núñez, 2024b).

Esta convergencia puede explicarse desde diversos planos. En primer lugar, el derecho se ecologiza a través de la interrelación: pensemos en la ejecución de corredores biológicos de la Red Natura 2000, en la ya señalada función ecológica de la propiedad o en el daño ecológico puro, ⁴⁷ que reconoce lesiones que atañen al cúmulo de intereses representados por las funciones de los ecosistemas y por sus beneficiarios (Camproux Duffrene, 2020, pp. 168 y 169). A su vez, el derecho ecológico reconoce las interdependencias ecológicas y, junto a ello, las responsabilidades colectivas frente a la naturaleza, relegando a un segundo plano la justiciabilidad de los derechos individuales que inciden sobre el mundo natural. Da cuenta de ello, de manera ejemplar, el Manifiesto de Oslo para el Derecho y la Gobernanza Ecológicos, refrendado en 2016 por académicos y profesionales especialistas en derecho ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental:

Así pues, lejos de posicionar a los seres humanos como el “centro de las preocupaciones del desarrollo sostenible” (Principio 1 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), lo que interrelación y ecologización del derecho proponen es un enfoque holístico, exhaustivo, que sitúa a los seres humanos en el contexto de los ecosistemas donde viven. No hay competencia entre los organismos, no hay sujetos ni objetos rivales, sino integración basada en la búsqueda de un equilibrio de los intereses en juego. En tal sentido, ambos enfoques encauzan las actividades humanas dentro de los límites de los ecosistemas, es decir, dentro de los límites del complejo, del conjunto, y ya no solo dentro de los límites referidos a no causar daño a las porciones de la naturaleza. Se delinea, por lo tanto, un cambio radical en la política de las actividades humanas: si el ser humano ya no es la medida de todas las cosas, esta nueva etapa de juridificación de la naturaleza ofrece la preciosa oportunidad de abrir el humanismo a la lógica de la interdependencia, basada en el principio de la solidaridad ecológica. ⁴⁹ Se trata, así, de institucionalizar las condiciones culturales favorables al desarrollo de conductas de “ayuda mutua”; es decir, conductas que consideren la solidaridad y la democracia en una dimensión capaz de renovar la comunión entre las distintas formas de vida.

En la doctrina jurídica, ha sido precisamente la referencia a la interdependencia lo que determina la aplicación de la teoría de los “sistemas socio-ecológicos” (es decir, sistemas adaptativos complejos en los que las personas y la naturaleza están indisolublemente unidas) a la reflexión de los derechos y deberes relativos al acceso y utilización de los recursos naturales, como primer paso hacia la incorporación de consideraciones ecológicas basadas en los aspectos físicos de los lugares. ⁵⁰ Como ya se ha podido entrever en el epígrafe anterior, se trata de una orientación bien presente (aunque con dispar profundidad) en diversas propuestas derivadas de la Comisión 5 de la Convención constitucional chilena, que enfatiza la posición del ser humano como parte de la naturaleza y la arbitrariedad y artificialidad de la demarcación entre sistemas sociales y ecológicos. La dimensión social del sistema abarca los agentes, las instituciones, las culturas y las economías, incluidos los medios de subsistencia, mientras que la dimensión ecológica se compone de las especies silvestres y el ecosistema en el que viven. Así, si los sistemas ecológicos y sociales son inseparables y biunívocamente interdependientes, las sociedades humanas están plenamente “dentro” de los ecosistemas y “coexisten” con los límites de expansión que estos imponen a la conducta humana, recibiendo, a la inversa, los beneficios que representan los servicios ecosistémicos (Monteduro, 2014). ⁵¹ En este marco teórico, el derecho se posiciona dentro de una amplia red de relaciones que abarca los mundos vitales de seres “ecológicamente situados”, de modo que cualquier sistema de normas de acceso y utilización de los recursos naturales ––en sus dimensiones práctica y conceptual, jurídica y social–– forma parte de un “complejo mundo socio-ecológico” con el que el derecho interactúa (Davies, 2023, p. 23).

Razonando desde esta perspectiva, en la actualidad se reconoce ampliamente que la conservación eficaz depende de la adopción de un enfoque “ecosistémico”, ⁵² que contempla una gestión integrada de la tierra, el agua y los recursos vivos para promover la conservación y el uso sostenible de forma equitativa. ⁵³ Esto significa que las decisiones, en particular las relativas a la gestión de la tierra, el agua y los recursos vivos, deben tener en cuenta el sistema de relaciones entre las comunidades humanas y el resto de la naturaleza, dentro de un marco conceptual que considera a la comunidad humana (y a las instituciones que la regulan) como parte integrante de los ecosistemas y sus mecanismos, y no como un “elemento perturbador” del equilibrio natural (Padovani, Carrabba y Mauro, 2003). A este haz de materias abre la puerta la programática de la interrelación de la propuesta constitucional chilena, diluyendo no solo las diferenciaciones dualistas que derivan del binomio naturaleza-cultura, sino también los presupuestos culturales que han imposibilitado el acercamiento de enfoques antropocéntricos y ecocéntricos.

Si nos fijamos bien, el texto de la propuesta perfila un sistema jurídico-constitucional que transita entre la tutela de sujetos (incluso de nuevos sujetos: pensemos en el caso de los animales o de las generaciones futuras) y la defensa de bienes particularmente importantes para la vida; que se ve obligado, por tanto, a repartir la atención entre las personas y las cosas. Ahora bien, la clave de este desplazamiento se encuentra en la idea de interrelación: más que proteger sujetos u objetos, más que moverse disyuntivamente entre el nivel de la autonomía y el de la heteronomía, la propuesta constitucional optó por configurar el vínculo como algo que debe salvaguardarse con particular escrúpulo. No se trata tanto de tutelar a los sujetos o a determinados objetos ––o, más bien, no solo se trata de eso––, cuanto de tutelar el nudo de relaciones que se establecen entre unos y otros. Interdependencia, ecodependencia e interrelación son distintas palabras para nombrar este nuevo marco institucional por el que optó el borrador constitucional chileno; un andamiaje institucional según el cual la dependencia ya no sería algo a rehuir, sino una condición ontológica inextirpable y en muchos sentidos valiosa.

Depender de la tierra y de sus ciclos, sostenernos unos en otros, mantener el vínculo con los ciclos biosféricos, fortalecer los lazos entre individuos y comunidades, profundizar en las relaciones de dependencia recíproca: todas esas cosas, entre otras, son a las que apunta el desplazamiento conceptual e institucional que hemos tratado de dibujar en estas páginas. Se trata de un desplazamiento in fieri, que se ha ido labrando merced a una paulatina modificación del derecho ambiental contemporáneo y que, con todas sus contradicciones, va calando poco a poco en el lenguaje jurídico. Si bien nuestros marcos normativos —tanto nacionales como internacionales— siguen siendo sustancialmente antropocéntricos, en el último epígrafe hemos podido ver cómo algunas transformaciones ya se venían gestando en algunos instrumentos internacionales de protección del medio ambiente. Al mismo tiempo, gracias a la aportación de corrientes ecologistas y feministas, el foco preponderante en el valor de la autonomía se ha venido relativizando en favor de concepciones solidaristas que no están huérfanas de precedentes en la historia del derecho —pensemos en Léon Duguit o Georges Gurvitch, entre otros (Losano, 2011)— pero que ahora se empiezan a reformular en términos de inter- y ecodependencia.

La propuesta de la Convención constitucional chilena supuso un hito importante en todas estas derivas. Hay muchas razones por las que esto es así, pero aquí hemos procurado centrarnos en tres elementos fundamentales de dicha propuesta. Por un lado, en la introducción de los derechos de la naturaleza que, como hemos tratado de mostrar, desestabiliza las dicotomías derecho-deber, naturaleza-cultura y sujeto-objeto. Por otro lado, en la incorporación de la categoría de bienes comunes naturales como complemento de la anterior, con el fin de proveer de un fundamento material a los derechos de la naturaleza, e igualmente desencajando la dicotomía tradicional público-privado. En fin, y como corolario de lo dicho, en la consagración de un modelo de derecho(s) basado en el vínculo y la interrelación. En efecto, lejos de perpetuar lógicas de sujetos y objetos atomizados, expresión de intereses excluyentes, el borrador de constitución de 2022 diseñó una base institucional que restituía al derecho su función primordial de “vector de relaciones” y de garante de sus legalidades, en un plano que proyectaba una profunda transformación conceptual de la manera en que concebimos nuestra relación con el entorno natural. Pese a que la propuesta no llegó a ver la luz como derecho vigente, algunos de sus elementos, aquí evidenciados, representan un empeño perspicaz y virtuoso que necesitamos atesorar, si es que aspiramos a construir marcos normativos eficaces y contextualizados para dar respuesta a la crisis ecosocial en la que nos hallamos.