ISEG Isegoría Isegoria 1130-2097 1988-8376 Consejo Superior de Investigaciones Científicas isegoria.2025.72.1675 10.3989/isegoria.2025.72.1675 Artículos Jurisprudencia ecocéntrica. Fundamentos filosóficos, éticos y políticos del reconocimiento de derechos de la naturaleza / Ecocentric jurisprudence: philosophical, ethical, and political foundations of the recognition of the rights of nature Los derechos de la naturaleza y el tikanga maorí: sinergias y retos Tikanga Māori and the rights of nature: synergies and challenges https://orcid.org/0000-0002-9440-0237 Toki Valmaine valmaine@waikato.ac.nz Universidad de Waikato Aotearoa Nueva Zelanda Conceptualización Análisis formal Investigación Metodología Administración del proyecto Redacción – borrador original Redacción – revisión y edición 30 06 2025 30 06 2025 72 1675 Recibido 26 11 2024 Aceptado 16 06 2025 Publicado 08 07 2025 Resumen

El aumento del nivel del mar y los cambios en los patrones meteorológicos dan cuenta de que el cambio climático tiene una dimensión global, sin embargo, los pueblos indígenas son los más vulnerables a sus efectos. Al mismo tiempo, desde la práctica de sus cosmovisiones, los pueblos indígenas han aportado respuestas eficaces para paliar los peligros del cambio climático. No es de extrañar, entonces, que exista un creciente interés por conocer estar “soluciones indígenas”. En este contexto, este artículo explora la relación entre la cosmovisión indígena maorí y los derechos de la naturaleza, destacando cómo estos conceptos convergen para abordar desafíos ambientales en Aotearoa (Nueva Zelanda). Las tradiciones y prácticas maoríes ofrecen soluciones fundamentadas en una ética relacional que reconoce la interdependencia entre humanos y naturaleza. El texto analiza casos emblemáticos, como la personalidad jurídica otorgada a ríos y territorios naturales, mostrando cómo estas iniciativas reflejan valores maoríes como el kaitiakitanga (guardianía) y el whakapapa (conexión ancestral). Finalmente, el estudio de iniciativas como la personalidad jurídica ejemplifica las diferencias y similitudes entre la cosmovisión indígena y los derechos a la naturaleza y da cuenta de las ventajas y retos de integrar perspectivas indígenas en los marcos legislativos y políticos contemporáneos.

 Abstract

From rising sea levels to shifting weather, patterns the effects climate change are global. Nonetheless, Indigenous Peoples are the most vulnerable to the adverse effects of climate change and yet by implementing their Indigenous worldview Indigenous Peoples are providing solutions to ameliorate the adverse effects of climate change. Unsurprisingly there is a desire to understand these Indigenous solutions. In this context, this article examines the relationship between the Māori indigenous worldview and the rights of nature, emphasizing how these concepts converge to address environmental challenges in Aotearoa, New Zealand. Māori traditions and practices provide solutions grounded in a relational ethic that acknowledges the interdependence of humans and nature. The text discusses emblematic cases, such as granting legal personhood to rivers and natural territories, illustrating how these initiatives reflect Māori values like kaitiakitanga (guardianship) and whakapapa (ancestral connection). Finally, exploring initiatives such as legal personality exemplifies differences and similarities between an Indigenous worldview and rights to nature and accounts for the advantages and challenges of integrating indigenous perspectives into contemporary legislative and political frameworks.

Tikanga maorí derechos de la naturaleza personalidad jurídica Aotearoa cosmovisión indígena Tikanga Māori rights of nature legal personhood Aotearoa Indigenous worldview Introducción

La intensificación del cambio climático y el correspondiente aumento de los desastres naturales han generado un renovado interés en las propuestas y soluciones de los pueblos indígenas para enfrentar estos problemas. Este enfoque tiene como elemento central la convicción de que las respuestas para hacer frente a la crisis climática se deben fundamentar en una cosmovisión indígena del mundo, la cual es la antítesis de la visión antropocéntrica (y no indígena) que ha dominado nuestra relación con el planeta hasta ahora.

Esta creciente atención da cuenta no solo del impacto de las soluciones indígenas en los debates contemporáneos, sino también de la necesidad de comprender en profundidad tanto su contenido como el contexto en el que se aplican. Este artículo busca contribuir en dicha tarea, a partir de la exposición de la cosmovisión del pueblo maorí y su vínculo con los derechos de la naturaleza. Con dicho objetivo, en una primera sección, se abordarán los fundamentos filosóficos y ontológicos de la cosmovisión maorí, destacando su convergencia con los principios que sustentan el reconocimiento jurídico de los derechos de la naturaleza. En una segunda parte, se analizarán casos concretos en el territorio maorí de Aotearoa/Nueva Zelanda, con el fin de ilustrar tanto los beneficios como los desafíos asociados a la implementación de figuras jurídicas que otorgan personalidad jurídica a entidades naturales. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones sobre la relación entre la cosmovisión indígena y los derechos de la naturaleza.

 Cosmovisión indígena y naturaleza: el pueblo māori de Aotearoa

La forma en que los pueblos indígenas ven el mundo está intrínsecamente entrelazada con sus costumbres, cultura y tradiciones. Para los māori, los pueblos indígenas de Aotearoa (Nueva Zelanda), el Te Ao Māori o el mundo maorí se basa en el tikanga, esto es, en las costumbres y tradiciones maoríes. Estas costumbres y tradiciones se derivan de la cosmología maorí o de las historias maoríes sobre la creación. Los relatos de la creación sientan las bases de las relaciones o whakapapa entre las personas, el ambiente y el mundo espiritual. 1

La historia de la creación maorí comienza con la nada (Te Kore), seguida de la larga oscuridad, (Te Po) donde Ranginui (el padre cielo) y Papatūānuku (la madre tierra) se sentaron juntos, tuvieron a sus hijos y permanecieron unidos en un abrazo estrecho que impedía el ingreso de la luz. De esta unión nacieron sus hijos, quienes, al verse privados del espacio y la luz, decidieron separar a sus progenitores. Esta separación dio origen al Te Ao Mārama, el mundo de la luz y de la vida. A partir de este acto fundacional emergen diversos fenómenos naturales. Así, la lluvia, la niebla y el rocío son comprendidos como lágrimas por la pérdida de la unión entre Ranginui y Papatūānuku, mientras que los amaneceres y atardeceres representan la sangre derramada en la ruptura de los tendones que los unían. Por otro lado, la separación de los padres y el conflicto continuo entre sus hijos simbolizan la tensión dinámica y permanente entre los distintos elementos del entorno natural. Finalmente, en este nuevo mundo habitan los descendientes divinos de Rangi y Papa, entre ellos Tangaroa (atua (dios) del mar), Tāne Mahuta (atua (dios) del bosque) y Tāwhirimātea (atua (dios) del clima). Este relato de creación no solo estructura la visión del universo en la cosmovisión maorí, sino que también establece principios normativos que guían la vida cotidiana, las prácticas culturales y la relación espiritual con el entorno. Esto incluye la conexión espiritual con el ambiente que, a partir de la cosmología maorí, ayuda a gobernar y comprender las relaciones con el mundo no-humano.

El whakapapa o “entramado conectado” vincula a los dioses, o atua, con el mundo natural y los seres humanos. Como constructo relacional, el whakapapa refleja la explicación de cómo surgió el universo y cómo la convergencia de pares complementarios o equilibradores, creó nuevas formas de vida dentro de una compleja red de realidades que vincula a todos los objetos. Como el whakapapa vincula a los Māori con la naturaleza, el concepto de whanaungatanga (relación) implica también una obligación hacia las entidades inanimadas o no humanas. Esta perspectiva subraya la premisa de que todos estamos relacionados y debemos tratarnos con respeto.

La estrecha conexión, parentesco o whanaungatanga entre los Māori y el ambiente se refleja claramente en sus formas de autoidentificación. Los modos de identificación propios de los maoríes están vinculados a marcadores ambientales. Por ejemplo:

Ko Aotea te moutere rongonui Ko Motairehe raua ko Kawa nga marae
La Gran Barrera (Aotea) es mi isla Motairehe y Kawa son mis casas de reunión
Ko Hirakimata te maunga tapu Ko Ngati Rehua te iwi
Hirakimata es mi montaña sagrada Ngati Rehua es mi tribu
Ko Moana nui a Toi te moana Ko Kawhena raua ko Kino nga tupuna
Moana nui a Toi es mi mar Kawhena y Kino son mis ancianos

Con el fin de preservar la salud del entorno, los maoríes desarrollaron prácticas destinadas a fortalecer el mauri (fuerza vital) de los recursos naturales y asegurar su sostenibilidad. En la cosmovisión maorí, no existe la noción de propiedad sobre los recursos ambientales; en su lugar, se ejerce un rol de guardianía (kaitiakitanga) basado en principios tikanga. El acceso y uso de los recursos se regula a través de conceptos como mana (autoridad), tapu (lo sagrado o restringido), noa (lo común, opuesto a tapu) y ea (estado de equilibrio). El ambiente es concebido como un taonga (tesoro) protegido por los kaitiaki (guardianes), quienes, guiados por estos principios, median la relación entre las personas y los recursos naturales, con el objetivo de preservar el mauri (fuerza vital) de cada elemento del entorno

La kaitiakitanga (guardianía), junto con otros principios como manaakitanga (deber de cuidado hacia los demás), taonga tuku iho (legado para las generaciones futuras) y kotahitanga (unidad), conforma una filosofía que sustenta tanto el Te Ao Māori (mundo maorí) como el tikanga Māori. La interacción entre estos conceptos permite preservar la equidad tanto intergeneracional como intrageneracional, en coherencia con el principio de “gestión sostenible”, cuyo objetivo central dentro del tikanga Māori es mantener el equilibrio.

La noción de que el conocimiento indígena constituye un medio fundamental para alcanzar la sostenibilidad ambiental es ampliamente reconocida y valorada como un recurso de incalculable importancia (Richardson, 2001, p. 3). Aunque distinto del concepto de “desarrollo sostenible”, diversos autores han señalado cómo la adopción de enfoques basados en el conocimiento indígena puede contribuir significativamente al avance hacia dicho desarrollo:

los beneficios del conocimiento indígena, que son evidentes en las comunidades indígenas, pueden utilizarse hoy en día para evitar las crisis ecológicas y económicas de la modernidad, conduciendo así a las sociedades en proceso de modernización hacia el desarrollo sostenible (Maragia, 2006, p. 210).

 ¿Qué es el tikanga maorí?

El Tikanga Māori es reconocido como la primera ley de Aotearoa 2 y procede de Te Ao Māori o el Mundo Maorí, una compleja filosofía tridimensional, que establece las relaciones o whakapapa entre las personas, la naturaleza y el mundo espiritual. 3 El whakapapa es fundamental para la identidad del individuo. El individuo forma parte del colectivo y, a su vez, está vinculado a los demás por el whakapapa, una “matriz de conexiones ancestrales en constante renovación”, que “establece el tejido moral del universo maorí” (Stephens, 2022, pp. 472-473). La dinámica entre estos elementos sustenta un mecanismo similar al de una constitución social.

El significado comúnmente aceptado de tikanga es “recto, directo, vinculado a las connotaciones de las nociones morales de justicia y equidad, incluidas las nociones de correcto y justo” (Benton, Frame y Meredith, 2013, p. 429). El obispo Manuhuia Bennett señala que el tikanga es la “obligación de hacer las cosas de la manera ‘correcta’ y que el tikanga se nutre de muchas semillas y tiene muchos matices y aplicaciones” (New Zealand Law Commission, 2001, p. 70).

Como concepto contextual, el tikanga Māori constituye un sistema integrado de prácticas, principios, procesos y procedimientos que abarca dimensiones consuetudinarias, espirituales y sociopolíticas. Este sistema se articula a través de estructuras organizativas tradicionales, flexibles y dinámicas, como el whānau (familia extendida), hapū (clan) e iwi (tribu). La whanaungatanga actúa como el “pegamento” que une las distintas “partes”, generando los derechos, responsabilidades y comportamientos esperados en el marco de esas relaciones. El Dr. Te Kahautu Maxwell describe estos valores fundamentales como “un whāriki, un tapiz tejido, pues deben mantenerse unidos para que el tikanga pueda sostenerse.” 4

Aunque “existe un conjunto relativamente estable de normas jurídicas maoríes derivadas del tikanga, entre ellas whakapapa (red de relaciones), whanaungatanga (relaciones de parentesco y responsabilidad mutua), mana (autoridad o poder espiritual), tapu (lo sagrado o restringido) y utu (reciprocidad, equilibrio y justicia)”, “su eficacia depende del correcto ejercicio de la autoridad y la responsabilidad”. En este sentido, los principios o mecanismos reguladores como tapu, mana y utu resultan fundamentales (Stephens, 2022, p. 464). Los conceptos de mana y tapu cumplen un papel central en la regulación de las relaciones —o whakapapa— entre las personas, el entorno natural y el mundo espiritual, al proporcionar los valores y principios que sustentan las prácticas consuetudinarias de resolución de conflictos.

El objetivo del tikanga maorí es lograr el equilibrio y la armonía, el equilibrio dentro del individuo y el equilibrio dentro de la comunidad o colectivo más amplio. Los reguladores –tapu y mana– ayudan a restaurar cualquier desequilibrio y son relevantes para cualquier proceso de resolución de disputas, un proceso que se sustenta en la reciprocidad, aroha (amor) y manaaki (cuidado). El proceso para restablecer este equilibrio es utu. En este sentido, el tikanga se autorregula. Desde un punto de vista “jurídico”, el tikanga es la estructura “legal” que pone en práctica los principios básicos.

En Aotearoa (Nueva Zelanda), el reconocimiento del tikanga maorí siguió un patrón de aceptación temprana y posterior marginación. Antes de 1840, el tikanga maorí era “el modo de vida” de los maoríes. La colonización y la firma del Te Tiriti o Tratado de Waitangi—un acuerdo entre los maoríes y la Corona—supusieron la imposición de un sistema Te Ao Pakeha, es decir, no maorí, el cual acabó dominando el panorama jurídico de Aotearoa y redujo al mínimo el reconocimiento del tikanga maorí. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley Constitucional de Nueva Zelanda de 1852, que establecía el autogobierno de los distritos y el derecho de tino rangatiratanga, nunca llegó a aplicarse, y la Ley de Supresión de Tohunga (Tohunga Suppression Act) de 1907 sustituyó el término “tohunga” (curandero tradicional) y el uso de medicinas tradicionales por conceptos pakeha (no maoríes). A pesar de ello, el tikanga maorí se celebra como la primera ley de Aotearoa y ahora es considerado un valor del common law de este país. En esta línea, la jurisprudencia ha señalado que el tikanga seguirá desarrollándose y podría convertirse en una tercera fuente de derecho. 5

¿Cómo se alinea el tikanga maorí con el enfoque de los Derechos de la Naturaleza?

El enfoque de los derechos de la naturaleza subraya que, al igual que los seres humanos, la naturaleza tiene derechos. 6 Se basa en la idea de que, del mismo modo en que los derechos humanos se derivan de la existencia de la humanidad, los “derechos de la naturaleza” se derivan de la existencia del mundo natural y, en segundo lugar, que la supervivencia de los seres humanos depende de un ambiente sano. Se trata de un enfoque que reconoce que los derechos inherentes asociados a la naturaleza deben gozar de la misma protección y respeto que los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, la naturaleza debe gozar de derechos jurídicos que respalden y protejan su existencia y su capacidad de regeneración.

Aunque el enfoque de los derechos a la naturaleza es diverso, por lo que no puede simplificarse en una única ideología, al igual que el tikanga maorí, las historias de origen influyen y pueden dar forma a este enfoque (Tănăsescu, 2022, p. 19). Además, al igual que el tikanga, un enfoque basado en los derechos de la naturaleza proporciona un potencial marco jurídico para la protección del ambiente, al conceder derechos a elementos de la naturaleza, como montañas y ríos (Tănăsescu, 2022, p. 9). Desde una perspectiva similar, el tikanga proporciona también un marco de conceptos “tikanga” que buscan proteger al ambiente.

Los derechos de la naturaleza se basan en la filosofía o el principio de que somos cuidadores y no propietarios de recursos naturales. Como cuidadores, nuestro papel es garantizar que el ambiente prospere para la siguiente generación. Para ello, este enfoque propone atribuir derechos legales a la naturaleza, como herramienta que permita garantizar que esta pueda defenderse por sus propios intereses ante los tribunales, por ejemplo, cuando el desarrollo corporativo intente avanzar en proyectos de propiedad y desarrollo que sean incompatibles con los derechos de la naturaleza. 7 Así, un ecosistema podría poseer legitimación procesal como parte perjudicada y hacer frente a las violaciones que puedan producirse en su contra. 8 Teniendo en cuenta que los derechos de la naturaleza no son una forma de derecho de propiedad, se reconoce que la naturaleza tiene derecho a existir y los seres humanos tienen la responsabilidad jurídica de hacer valer esos derechos.

Sin embargo, si concentramos nuestro análisis de forma exclusiva en la idea de que un enfoque basado en los derechos de la naturaleza conduce a una mejor protección del ambiente, se puede pasar por alto las complejidades y el contexto desde el que emergen estos derechos. Por ello, es necesario una mejor comprensión sobre el propósito detrás de la consagración de los derechos de la naturaleza en cada caso (Tănăsescu, 2022, p. 149). En otras palabras, se debe dar cuenta de que el objetivo principal del enfoque de los derechos a la naturaleza es político, pues su efectividad depende de si consigue alejar el poder que tiene el Estado sobre la toma de las decisiones ambientales (p. 168). Por ejemplo, en 2011, un juzgado de Ecuador reconoció y protegió legalmente los derechos del río Vilcabamba y dictaminó la prohibición de desviar su cauce, en un fallo que es celebrado como un hito de la justicia ecológica (Tanasescu et al., 2024). Hasta 2019, la mayoría de las demandas de derechos a la naturaleza en Ecuador aportaron positivamente en la protección de distintos elementos del ambiente. Sin embargo, el razonamiento detrás de estos fallos no siempre es coherente, lo que plantea importantes preguntas sobre, por ejemplo, la relación entre los derechos a la naturaleza y los derechos humanos (Tănăsescu et al., 2024). A diferencia del caso maorí, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador no se basa ni deriva de un derecho consagrado en un tratado, o de la violación de este, sino de un derecho constitucional que no prevé ninguna prerrogativa especial hacia los pueblos indígenas en relación con los derechos de la naturaleza. La escasez de sentencias en Ecuador que mencionan la cosmovisión indígena a la hora de resolver casos ambientales pone en duda la supuesta correlación entre los derechos de la naturaleza y las cosmovisiones indígenas en dicho país, lo cual es preocupante (Tănăsescu et al., 2024).

Para los maoríes, el tikanga, la primera ley de Aotearoa (Nueva Zelanda), se basa en valores más que en reglas (de hecho, a menudo es vista como valores y prácticas consuetudinarias maoríes). Al igual que el enfoque de los “derechos de la naturaleza”, los conceptos del tikanga Māori incluyen el kaitiakitanga, que se traduce, a grandes rasgos, como cuidador o guardián, o el concepto de taonga tuku iho, que es similar a la idea de longevidad o protección de las generaciones futuras, también presente el discurso de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, los “derechos de la naturaleza” y el tikanga maorí o Te Ao Māori difieren en que mientras los “derechos a la naturaleza” suelen ser presentados como el resultado del reconocimiento de la existencia de un mundo natural independiente del ser humano (Nash, 1989, p. 5), el Te Ao Māori se basa, como ya he expuesto, en una historia sobre la creación que sustenta precisamente lo contrario, un marco de relaciones armónicas y equilibradas entre lo animado y lo inanimado.

A pesar de las diferencias y similitudes, en Aotearoa, Nueva Zelanda, el reconocimiento de la ética Te Ao Māori está presente tanto en el derecho consuetudinario, como en las leyes que han reconocido personalidad jurídica a entes naturales. Pero, mientras el Te Ao Māori dispone de una vía más “segura” para lograr la reparación en caso de infracción o incumplimiento de las obligaciones del derecho consuetudinario, 9 el cumplimiento del enfoque de los “derechos de la naturaleza” y del reconocimiento legislativo de personalidad jurídica a ente naturales, por el contrario, está sujeto a la voluntad política y al cambio legislativo, respectivamente.

 Estudios de caso: personalidad jurídica y derechos de la naturaleza

Hablar de derechos legales y de derechos humanos no es lo mismo, por ello, una persona jurídica puede tener derechos legales sin ser un “ser humano” (Finlayson, 2022). La idea de que se pueden atribuir derechos legales a elementos del ambiente y otorgarles el estatus de persona legal, fue introducida por Sir John Salmond en 1902, al insinuar que el concepto de personalidad jurídica puede aplicarse a elementos naturales “no vivos”:

Las personas jurídicas, al ser creaciones arbitrarias de la ley, pueden ser de tantos tipos como a esta le plazca, pero, las reconocidas por nuestro sistema jurídico son comparativamente de pocos tipos... Sin embargo, si tenemos en cuenta sistemas jurídicos distintos al nuestro, encontraremos que la concepción de la personalidad jurídica no es tan limitada en su aplicación, y que existen otras diversas variedades de la misma (Salmond, 1907, p. 283).

Una persona jurídica, por tanto, posee legitimación activa ante los tribunales, lo que implica la capacidad para interponer demandas y ser demandada. Un aspecto especialmente relevante es que no puede ser apropiada por una persona natural: una persona jurídica no constituye propiedad y, en consecuencia, no puede ser objeto de posesión. Esta es la propuesta, precisamente, del famoso artículo del profesor estadounidense Christopher Stone, Should the Trees Have Standing, donde se examina si los árboles pueden tener legitimidad procesal (Stone, 1972). Influido por el artículo de Stone, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos William O. Douglas, en su voto disidente dentro del caso Sierra Club v Morton de 1972, señaló que:

Los objetos inanimados son a veces parte en los litigios. Un barco tiene personalidad jurídica, una ficción útil a efectos marítimos. La sociedad anónima -una creación del derecho eclesiástico- es un adversario aceptable y en sus casos se mueven grandes fortunas... Así debería ser con respecto a los valles, las praderas alpinas, los ríos, los lagos, los estuarios, las playas, las crestas, las arboledas, las tierras pantanosas o incluso el aire que siente las presiones destructivas de la tecnología y la vida modernas. El río, por ejemplo, es el símbolo viviente de toda la vida que sustenta o alimenta... Las personas que tienen una relación significativa con esa masa de agua -ya sea un pescador, un piragüista, un zoólogo o un leñador- deben poder hablar en nombre de los valores que el río representa (Douglas, 1972, pp. 742–743).

El reconocimiento de personalidad jurídica a elementos de la naturaleza ha dado lugar a relevantes discusiones en el ámbito de la jurisprudencia analítica y la filosofía ambiental, particularmente en lo que respecta a la legitimidad de considerar a la naturaleza como sujeto de derecho y a las implicaciones ontológicas, normativas y epistemológicas derivadas de tal reconocimiento (Sanders, 2018, p. 210). A pesar de las controversias teóricas que aún persisten, diversos ordenamientos jurídicos contemporáneos han avanzado en esta dirección, otorgando personalidad jurídica y derechos a determinados entes naturales. Entre los ejemplos más representativos se encuentran los siguientes (Finlayson, 2022):

Ecuador (2008): su Constitución reconoció los derechos de la naturaleza. 10

Colombia (2016): la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato derechos de “protección, conservación, mantenimiento y restauración” y a las comunidades indígenas ribereñas derechos bioculturales. También establece la tutela conjunta del río entre el Gobierno y los pueblos indígenas. 11

Colombia (2018): La Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció a la Amazonía colombiana como entidad, sujeto de derechos y beneficiaria de “protección, conservación, mantenimiento y restauración.” 12

Bangladesh (2019): El Alto Tribunal reconoce a los ríos como entidades vivas, personas jurídicas y legales. 13

Este enfoque se considera ahora un concepto clave de un movimiento más amplio que aboga por los derechos legales de la naturaleza (Sanders, 2018, p. 10). En este marco de creciente influencia, es pertinente preguntarnos como se relacionan los derechos de la naturaleza con el tikanga maorí.

La personalidad jurídica y el tikanga maorí

Desde la promulgación del te Tiriti o Tratado de Waitangi, 14 la ley de tino rangatiratanga ha consagrado el derecho a proteger el tikanga maorí, garantizando los derechos maoríes a la pesca y el aprovechamiento de los bosques. No obstante, varias vulneraciones de estos derechos por parte del Estado dieron lugar a un proceso de solución de reclamaciones con arreglo al Tratado, en el que la Corona trató de subsanar dichos incumplimientos con medidas de reparación que incluían disculpas de la Corona por los agravios cometidos, compensaciones económicas, culturales y comerciales, y medidas que reconocían el vínculo espiritual, cultural, histórico y tradicional del pueblo maorí con su entorno natural. Sin embargo, las medidas de conciliación ofrecidas por la Corona solo devolvieron una pequeña parte de lo que se enajenó a los maoríes. Así, la negativa de la Corona de devolver las tierras a los maoríes ha obligado a este pueblo a ser creativo en la implementación de los acuerdos, en un esfuerzo por hacer realidad sus derechos. Un ejemplo es la iniciativa de la “personalidad jurídica”, que vincularía al Te Ao Māori con el sistema jurídico estatal (Morris y Ruru, 2010, p. 50).

En Nueva Zelanda se han reconocido diversos elementos de la naturaleza como personas jurídicas autónomas, dotadas de capacidad para ejercer derechos y asumir responsabilidades. Un aspecto crucial de este enfoque es que tales entidades no pueden ser consideradas propiedad. Entre los ejemplos más relevantes de este reconocimiento se destacan los siguientes: el Parque Nacional Te Urewera ( Te Urewera Actde 2014), el río Whanganui o Te Awa Tupua ( Whanganui River Claims Settlement Act de 2017), y más recientemente, las montañas ancestrales que forman parte de Te Kāhui Tupua en la región de Taranaki o el Te Ture Whakatupua mō te Kāhui Tupua (Taranaki Maunga Collective Redress Act de 2025). Estos tres espacios naturales se beneficiaron de la aplicación del concepto de personalidad jurídica, a través de un proceso de solución de reclamaciones con arreglo al Tratado Waitangi. Cada ley contiene una disposición relativa a la entidad que gobierna y representa estos espacios. Dicho ente de gobierno está compuesto por representantes de las iwi (tribus maoríes) y del Gobierno, los cuales, en conjunto, actúan en beneficio de cada espacio natural.

El reconocimiento de derechos al Parque Nacional Te Urewera

En el 2014, la Ley de Te Urewera declaró que el territorio que había constituido el Parque Nacional de Te Urewera, una zona boscosa y escasamente poblada de las duras colinas de la Isla Norte de Nueva Zelanda, es una entidad jurídica con “una identidad en sí misma, la cual inspira a las personas a comprometerse con su cuidado.” 15 Dicha ley señala que el Te Urewera es una entidad jurídica, con todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona jurídica. Estos derechos, poderes y deberes deben ser ejercidos y realizados en nombre y representación de dicho espacio natural por la Junta del Te Urewera. Esta entidad o junta de gobierno está compuesta por el Tuhoe (las tribus maoríes) y la Corona (Sanders, 2018, p. 207). Esta Junta está a cargo de las responsabilidades legales del Te Urewera, 16 entre cuyas funciones se incluyen los conceptos tikanga de rāhui, tapu y mana. 17 Con lo anterior, el Te Urewera dejó de ser un parque nacional y pasó a tener entidad jurídica propia. Una junta de representantes maoríes “habla” en nombre del Te Urewera, como ente de gobierno y gestión de este espacio natural. De esta forma, la Ley del Te Urewera hace efectiva parte del acuerdo que resuelve los agravios históricos del Tratado hacia los Tuhoe.

El reconocimiento de derechos al rio Whanganui

Para los maoríes nada carece de vida. Existe una sinergia entre las creencias espirituales relativas al agua y el concepto de guardianía (kaitiakitanga) (Durie, 1998, p. 22). Por ello, para los maoríes, “el río Whanganui se considera una entidad viva con su propia personalidad y fuerza vital” 18 . Desde esta perspectiva, en el 2017 se aprobó la Ley Te Awa Tupua (Resolución de reclamaciones sobre el río Whanganui). Esta ley buscaba resolver las reclamaciones históricas de los maoríes de Whanganui relacionadas con el río. La Ley establece un marco jurídico y una entidad de gobierno centrados en el reconocimiento del Te Awa Tupua como “un todo indivisible y vivo, que comprende el río Whanganui, desde las montañas hasta el mar, incorporando todos sus elementos físicos y metafísicos.” 19 Más concretamente, la Ley del Te Awa Tupua de 2017, en su artículo 14(1), establece que “Te Awa Tupua es una persona jurídica y tiene todos los derechos, poderes, obligaciones y responsabilidades de una persona jurídica”, y el artículo 69(2) de la misma Ley establece lo siguiente:

La Corona reconoce que para Whanganui Iwi el concepto perdurable de Te Awa Tupua -la inseparabilidad del pueblo y el río- sustenta las responsabilidades de las iwi y hapū de Whanganui en relación con el cuidado, la protección, la gestión y el uso del río Whanganui de acuerdo con el kawa y el tikanga mantenidos por los descendientes de Ruatipua, Paerangi y Haunui-a-Paparangi.

Con lo anterior, los elementos naturales de la tierra están reconocidos legislativamente como poseedores de su propia personalidad jurídica y representados por el Te Pou Tupua (el rostro humano del río). 20 El Te Pou Tupua se compone de dos personas con intereses en el río Whanganui, una nombrada por la Corona y otra nombrada por las iwis (tribus) de ascendencia indígena. Así, se estableció un marco para la gobernanza del río, el te Pā Auroa na Te Awa Tupuna. Reconociendo que todo el mundo debe trabajar en colaboración para garantizar el bienestar o el equilibrio, dentro del te Pā Auroa na Te Awa Tupuna los intereses maoríes y comunitarios trabajan bajo un conjunto común de valores fundamentales que reconocen el vínculo directo entre la necesidad de mantener la salud del río y la salud de las personas (Cribb, Macpherson, y Borchgrevink, 2024).

 Derechos para un monte sagrado: el caso del Taranaki Maunga

El ejemplo más reciente de concesión de personalidad jurídica a una entidad natural se dio en enero de 2025, cuando el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó el proyecto de ley de reparación colectiva Taranaki Maunga. El Te Ture Whakatupua mō Te Kāhui Tupua de 2025 (Taranaki Maunga Collective Redress Act) reconoce al Monte Taranaki (también conocido como Taranaki Maunga) y a sus tierras circundantes (Te Kāhui Tupua) los mismos derechos, deberes y responsabilidades legales que a un individuo, incluido el derecho a poseer bienes y a ser defendido ante los tribunales. En específico, la Ley señala que el “Te Kāhui Tupua es un todo vivo e indivisible que comprende al Taranaki Maunga y otros tūpuna maunga, incluyendo Pouākai y Kaitake, desde sus cumbres hasta, e incluyendo, todas las tierras circundantes, e incorporando todos sus elementos físicos y metafísicos.” 21 Adicionalmente, establece que el “Te Kāhui Tupua es una persona jurídica y tiene todos los derechos, poderes, deberes, responsabilidades y obligaciones de una persona jurídica.” 22

La ley establece una entidad jurídica denominada Te Tōpuni Kōkōrangi, un órgano estatutario compuesto por cuatro representantes de los iwi (tribus maoríes) locales y cuatro personas designadas por el Ministro de Conservación. Esta entidad actúa en nombre de Te Kāhui Tupua, 23 proporcionando un rostro humano y una voz legal a la montaña. Su función principal es velar por que los intereses de la montaña estén representados en los procesos legales y administrativos y que su salud y bienestar estén profundamente vinculados con la identidad, las costumbres (tikanga), la lengua (reo) y el bienestar de Ngā Iwi o Taranaki. 24 Este reconocimiento legislativo explícito del tikanga subraya su importancia dentro del marco jurídico neozelandés y destaca la integración de principios culturales maoríes en la gobernanza ambiental.

La concesión de personalidad jurídica, junto con la utilización de derechos de propiedad no posesorios, facilita las relaciones entre la Corona y los pueblos maoríes al reconocer las reivindicaciones contrapuestas sobre la autoridad en torno a elementos naturales. La legislación resultante reconoce e integra el Te Ao Māori —la cosmovisión maorí— dentro del marco legal neozelandés. En este contexto, los derechos de propiedad se adaptan para alinearse con modelos de cogestión y cogobernanza que priorizan el bienestar y el equilibrio ecológico y cultural. La aplicación de la personalidad jurídica a elementos del entorno natural otorga a los maoríes el derecho legal de proteger estos espacios —considerados también como ancestros— conforme a los valores del tikanga (sistema normativo maorí). En su etapa inicial, este modelo se implementa mediante regímenes de cogestión entre la Corona y las comunidades maoríes, con disposiciones que, en algunos casos, contemplan la transición hacia una gobernanza plenamente maorí. Aunque es relativamente pronto, la concesión de la personalidad jurídica es bien recibida, pero no está exenta de críticas.

La concesión de personalidad jurídica es una figura que, en última instancia, está enmarcada dentro de un sistema jurídico occidental y no maorí. A pesar de la inclusión y el reconocimiento del tikanga en la legislación correspondiente, su implementación sigue estando inherentemente limitada por la capacidad del Parlamento para decidir en torno a las aspiraciones del pueblo maorí. En este sentido, cuando se abordan cuestiones más amplias —como el derecho al desarrollo—, la personalidad jurídica puede, de hecho, socavar las reivindicaciones maoríes de tino rangatiratanga (autodeterminación) y propiedad sobre los taonga (bienes culturales y naturales). No es de extrañar que el éxito de este modelo dependa, en gran medida, del consejo o junta que se establezca para actuar en representación del ente natural (Toki, 2025).

El enfoque de los “derechos de la naturaleza”, al igual que el Te Ao Māori (cosmovisión maorí), no parte de la idea de que una característica natural deba ser propiedad ni estar sujeta a explotación. Por el contrario, se basa en la comprensión de que los seres humanos y el mundo natural están intrínsecamente interconectados. Esta visión se alinea con el Te Ao Māori, en el que los recursos no se poseen, sino que se cuidan, y donde tanto los objetos animados como los inanimados son considerados parte de una red de relaciones.

Para el pueblo maorí, la aplicación de la personalidad jurídica representa una vía creativa ante la reticencia persistente de la Corona colonial a devolver tierras y derechos que fueron históricamente despojados. Esta figura legal ofrece un marco de cogobernanza sustentado en los principios del Te Ao Māori, en el cual los derechos de los maoríes pueden ser, eventualmente, restituidos y el tikanga plenamente reconocido y aplicado.

 El derecho a la pesca - Herramientas consuetudinarias

Antes de la colonización, los maoríes ejercían sus derechos consuetudinarios sobre la pesca de acuerdo con el Te Ao Māori y tikanga. El artículo 2 del Tratado de Waitangi garantizaba a los maoríes derechos sobre su pesca. La introducción del Sistema de Gestión de Cuotas (SGC) por parte de la Corona creó derechos de propiedad privada sobre la pesca, vulnerando los derechos existentes de los maoríes y también las protecciones otorgadas a estos en la Ley de Pesca (Fisheries Act ) (Durie, 2005, p. 114).

Los maoríes impugnaron la implementación del Sistema de Gestión de Cuotas, presentando demandas ante el Tribunal de Waitangi y otras cortes. En estas demandas se estableció que los derechos de pesca de los maoríes se mantenían y ejercían como consecuencia del tikanga maorí, las relaciones whakapapa y que los whanau y los individuos se beneficiaban de los derechos de pesca y de esas relaciones whakapapa. 25 El Tribunal de Waitangi, el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación reconocieron que la introducción del sistema de gestión de cuotas por parte de la Corona afectaba al derecho de propiedad de los maoríes a explotar este recurso. Estos tribunales también reconocieron que la base de esta reivindicación a la pesca se basaba en el tikanga maorí. El acuerdo resultante de este recurso ante el Tribunal y los tribunales de Waitangi fue, en última instancia, la concesión de un derecho de propiedad privada a los maoríes en forma de cuotas de pesca, acciones en empresas pesqueras y dinero en efectivo. A cambio, los maoríes aceptaron que el acuerdo resolviera todos los derechos e intereses de pesca comercial maoríes. Los maoríes también acordaron aceptar las regulaciones para la pesca consuetudinaria que incluían herramientas consuetudinarias como el “Rahui” y el “Mataitai”, incluidas en la Ley de Pesca. 26

El Rahui y la pesca maorí

La gestión de la pesca tradicional en Aotearoa (Nueva Zelanda) se rige por el tikanga maorí y se denomina gestión pesquera consuetudinaria. La práctica de la gestión pesquera consuetudinaria se basa en el mātauranga maorí (conocimiento consuetudinario maorí), que se fundamenta en conceptos como mauri, whakapapa, whanaungatanga, mana y kaitiakitanga.

Para mantener los recursos pesqueros, los maoríes utilizaban herramientas tradicionales como el rahui para restablecer la pesca y el equilibrio, el objetivo del tikanga. Cuando las poblaciones de peces disminuyen, se producen varios “desequilibrios”. En primer lugar, la pérdida de la pesca. En segundo lugar, la relación entre los grupos whānau se ve afectada, ya que no pueden cosechar para su sustento y, además, la pérdida de la pesca impide su capacidad de manaaki (cuidar) a sus visitantes. En tercer lugar, la pérdida de la pesca afecta a la capacidad de transferir la mātauranga de la pesca a las generaciones futuras.

En virtud del Reglamento relativo a la pesca consuetudinaria, la Ley de Pesca establece que: 27

El Gobernador General puede, de vez en cuando, mediante Orden en Consejo, dictar reglamentos que reconozcan y prevean la recolección consuetudinaria de alimentos por parte de los maoríes y la relación especial entre los tangata whenua y los lugares de importancia para la recolección consuetudinaria de alimentos (incluidos tauranga ika y mahinga mataitai), en la medida en que dicha recolección de alimentos no sea comercial en modo alguno ni tenga fines de lucro o comercio.

Esta disposición puede dar lugar a una restricción o prohibición de capturar peces o vida acuática y puede ser aplicada y gestionada por un comité marae. 28

Por ejemplo, en Aotea, en la isla de la Gran Barrera, se produjo un notable declive de especies como el cangrejo de río (koura), la abulón (paua) y la vieira (tipa). Los maoríes, conscientes del impacto negativo de la pérdida de estas pesquerías en los whanau y en las propias especies, impusieron una rahui o restricción de la captura de estas tres especies. Una vez que estas especies se fueron “restaurado” se levantó el rahui o restricción.

Desde el punto de vista del tikanga, cuando la población de peces se agota, también se agota el mauri de la población de peces, lo que requiere una reposición o restauración. El concepto de tapu se aplica estableciendo un rahui o restricción en la zona. Una vez que el mauri o la población de peces se ha recuperado y se ha alcanzado el equilibrio, se levanta el tapu o rahui.

 Ventajas y desafíos del reconocimiento legal de la naturaleza como sujeto de derechos desde la cosmovisión maorí

La aplicación de una cosmovisión indígena, tal como se observa en los dos estudios de caso analizados (la personalidad jurídica y los derechos pesqueros), presenta tanto ventajas como desafíos. Ambos ejemplos suponen la incorporación de una visión indígena del mundo dentro de marcos legislativos formales, lo cual puede ser a la vez una oportunidad y una limitación.

Incluir a los elementos de la naturaleza, es decir, a los sujetos naturales contemplados dentro la cosmovisión indígena —como montañas, ríos o pesquerías—, dentro de la legislación, implica alejarlos de la propiedad gubernamental y situarlos en un marco jurídico de propiedad no indígena, lo cual representa una ventaja. No obstante, este mismo encuadre puede resultar restrictivo, ya que, al inscribirse dentro de un sistema jurídico no indígena, los derechos reconocidos a través de la personalidad jurídica no siempre contemplan mecanismos plenos de restitución o reparación por las violaciones del Tratado de Waitangi. Además, el reconocimiento de una cosmovisión indígena dentro de un paradigma jurídico no indígena está sujeto a las restricciones impuestas por el Parlamento, a la influencia de grupos de presión y a los compromisos políticos asumidos durante el proceso legislativo.

Por ejemplo, para los maoríes, cada componente de la naturaleza tiene su propio “mauri” (fuerza vital o esencia de vida) y “mana” (autoridad espiritual o dignidad), ¿puede esto recogerse en el concepto de personalidad jurídica? Anne Salmond lo explica:

Aunque la Ley Te Awa Tupua declaró al río Whanganui como una persona jurídica, esto apenas logra aproximarse a las realidades ancestrales maoríes. Un tupua no es exactamente una persona, sino un ser de Te Pō, el reino ancestral; y un awa (río) no es un individuo, sino una comunidad viviente de peces, plantas, personas, antepasados y agua, todos entrelazados a través del whakapapa. Convertir al río Whanganui en una persona jurídica con derechos propios sigue siendo, en esencia, una construcción modernista... (el subrayado es mio) (Salmond, 2018, p. 185).

Por consiguiente, aunque innovador, el concepto de personalidad jurídica sigue siendo una construcción occidental y ajena a la cosmovisión indígena, lo que puede limitar su capacidad para propiciar transformaciones verdaderamente profundas. No obstante, los maoríes son plenamente conscientes de estas limitaciones y desafíos. Aun así, consideran que, frente al riesgo de que estos elementos naturales queden bajo propiedad o control exclusivo del Estado, es preferible contar con un mecanismo que reconozca su visión del mundo y les permita participar en la toma de decisiones, antes que no tener ningún tipo de reconocimiento o protección.

 Conclusiones

El enfoque de los “derechos de la naturaleza” parte de la premisa de que la existencia humana está intrínsecamente ligada al mundo natural y que, para garantizar la supervivencia, es necesario mantener un ambiente saludable. En virtud de esta interdependencia, se argumenta que deben existir derechos legales que respalden y protejan esta relación. Sin embargo, aunque en algunos contextos, como en la Constitución de Ecuador, los derechos de la naturaleza están reconocidos formalmente, esto no siempre implica una integración efectiva de las cosmovisiones indígenas en los litigios ambientales. Esta desconexión pone en entredicho la coherencia entre el reconocimiento legal y las concepciones ancestrales del entorno natural.

A pesar de lo anterior, existen similitudes entre el enfoque de los “derechos a la naturaleza” y el tikanga maorí en el sentido de que todos estamos relacionados, objetos inanimados y animados, y todos debemos tratarnos con respeto. El objetivo subyacente es restablecer el equilibrio en las relaciones y lograr la armonía. Sin embargo, a la hora de considerar el apoyo y la protección jurídica, la diferencia clave reside en la existencia de los “derechos-tikanga” inherentes a los maoríes. Tras la colonización, el tikanga maorí fue marginado y se produjo la confiscación y enajenación de tierras maoríes. A pesar de esta marginación y enajenación, los maoríes preservaron el tikanga siendo creativos en la implementación de los acuerdos del Tratado de Waitangi. La introducción del concepto de personalidad jurídica o derechos de la Naturaleza y de los instrumentos consuetudinarios del tikanga en la legislación pesquera, son ejemplos de ese ejercicio de creatividad en la lucha por los derechos maoríes.

Tener presente lo anterior resulta especialmente relevante, pues otros enfoques basados en los derechos de la naturaleza también pueden entender erróneamente que el objetivo de la personalidad jurídica para espacios naturales es similar al de las concepciones conservacionistas occidentales, esto es, considerarlos “lugares silvestres o salvajes” que deben estar alejados de los humanos (Maloney y Burdon, 2014; Cullinan, 2003). Al respecto, la literatura reciente ha criticado este enfoque por no comprender la cosmovisión indígena y por prestar una atención superficial al derecho indígena. Por el contrario, en los casos expuestos el derecho indígena/tikanga maorí es la base principal de la relación con la naturaleza/persona jurídica, una relación guiada por conceptos como mauri y equilibrio (Cribb, Macpherson y Borchgrevink, 2024, p. 4). Así, entidades como los ríos y las cordilleras que son objeto de personalidad jurídica, pero también son antepasados a los que las personas pertenecen y tienen el deber de cuidar (Ruru, 2018).

La personalidad jurídica es un enfoque creativo que se refleja en los asuntos relacionados con los acuerdos del Tratado de Waitangi y que, por ejemplo, sitúa el bienestar del río y de sus habitantes en un marco en el que la Corona puede sentirse cómoda. La legislación ofrece un modelo de gobernanza colaborativa, pero no concede el pleno poder político ni la propiedad a los maoríes en primera instancia 29 . Sin embargo, este enfoque creativo reconoce conceptos tikanga claves como tino rangatiratanga y mauri.

El reto, tanto para los derechos de la naturaleza como para el tikanga maorí, reside en la búsqueda de un verdadero reconocimiento legislativo. En el caso de los maoríes, el proceso de negociación del Tratado y la legislación pesquera ofrecen un cierto nivel de reconocimiento, pero el reto es la soberanía del Estado y la capacidad de la Corona para aprobar y modificar la legislación. Para hacer efectivo un enfoque de “derechos de la naturaleza”, el reto es superar el capricho político que se opone al mismo.

 Agradecimientos

La traducción de este artículo del inglés estuvo a cargo de Digno Montalván Zambrano.

 Declaración de conflicto de intereses

La autora de este artículo, Valmaine Toki, declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.

 Declaración de contribución de autoría

Valmaine Toki: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyecto, redacción – borrador original, redacción – revisión y edición.

 Notas

Al respecto se puede consultar el Te Paparahi o te Raki Waitangi Tribunal Report (noviembre de 2014) Wai 1040, p. 20. Disponible aquí: https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_85648980/Te%20Raki%20W.pdf

Corte Suprema de Nueva Zelanda (2022). Sentencia dentro del caso Peter Hugh McGregor Ellis v R, NZSC 115, del 7 de octubre de 2022, párrs. 107 y 22. Disponible aquí: https://www.courtsofnz.govt.nz/assets/cases/2022/2022-NZSC-115.pdf

Véase también Te Paparahi o te Raki Waitangi Tribunal Report (noviembre de 2014) Wai 1040, en 20. Disponible aquí: https://forms.justice.govt.nz/search/Documents/WT/wt_DOC_85648980/Te%20Raki%20W.pdf

Corte Suprema de Nueva Zelanda (2022). Sentencia dentro del caso Ngāti Whātua Ōrākei Trust v Attorney General, NZHC 843, del 28 de abril del 2022, párr. 31. Disponible aquí: https://assets.maorilawreview.co.nz/ngati_whatua_orakei_trust_v_attorney-general_no.4_2022_nzhc_843.pdf

Véase: Corte Suprema de Nueva Zelanda (2012). Sentencia dentro del caso Takamore v Clarke, NZSC 116. En relación con el tikanga como valor del common law: Corte Suprema de Nueva Zelanda (2021). Sentencia dentro del caso Trans-Tasman Resources Ltd v Taranaki-Whanganui Conservation Board, NZSC 127, de 30 de septiembre de 2021; Corte Suprema de Nueva Zelanda (2022). Sentencia dentro del caso Peter Hugh McGregor Ellis v R, NZSC 115, del 7 de octubre de 2022.

Véase también el debate sobre los derechos naturales y los derechos a la naturaleza en (Nash, 1989)

Para el debate sobre la titularidad de los derechos legales y los objetos naturales, véase (Stone, 2017).

Por ejemplo, cuando surgen problemas medioambientales y sociales por la explotación de bloques de petróleo y gas que son propiedad estatal de Petroecuador en Ecuador.

Véase, por ejemplo, lo dispuesto en la ley de que regula la pesca tradicional en Nueva Zelanda: Fisheries (Kaimoana Customary Fishing) Regulations 1998; Offences and Penalties, párrs. 41-46. Disponible aquí: https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1998/0434/43.0/DLM268677.html

Véase Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capítulo Séptimo, en particular los artículos 71-72.

Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia T-622, de 10 de noviembre de 2016 (Río Atrato). Disponible aquí: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm

Corte Suprema de Justicia de Colombia (2018). Sentencia STC4360-2018, de 5 de abril de 2018.

Véase Sigal, Samuel (18 de agosto de 2019). This Country Gave All its Rivers Their Own Legal Rights. Vox.

Acuerdo suscrito en el año 1840 entre la Corona británica y varias tribus maoríes de Aotearoa.

Te Urewera Act 2014 (TUA 2014), s 3. Citado en: (Sanders, 2018).

Ley Te Urewera de 2014 (TUA 2014), artículo 11.

Ley Te Urewera de 2014 (TUA 2014), artículo 18 (2) (b) y (3).

Tribunal de Waitangi (1999). Whanganui River Report (Wai 167). GP Publications, p 25.

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement Act), art. 12.

Véanse las secciones 14 Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (NZ), s. 14. Véanse también ss 18-20. Declara que el propósito del Te Pou Tupua es ser el rostro humano del Te Awa Tupua, representado por una persona nombrada por la Corona y la otra por las iwi (tribus maoríes) con intereses en el río Whanganui.

Te Ture Whakatupua mo Te Kahui Tupua 2025/Taranaki Maunga Collective Redress Act 2025 S 17 (1).

Te Ture Whakatupua mō Te Kāhui Tupua 2025/Taranaki Maunga Collective Redress Act 2025 S 18 (1)

Véase Te Ture Whakatupua mō Te Kāhui Tupua 2025/Taranaki Maunga Collective Redress Act 2025 Ss 27, 28 y 31 (1)

Te Ture Whakatupua mō Te Kāhui Tupua 2025/Taranaki Maunga Collective Redress Act 2025 S 19 (c).

El Tribunal de Waitangi (Reports: Muriwhenua Fishing 1988, Ngai Tahu Sea Fisheries 1992 y Fisheries Settlement 1992) y los tribunales (Tribunal Superior de Auckland. Te Waka Hi Ika o Te Arawa v Treaty of Waitangi Fisheries Commission, de 4 agosto de 1998, CP 395/93, pp. 307 - 312) han llegado a conclusiones sobre la naturaleza y el alcance de los derechos de pesca.

Fisheries Act de 1996, sección “Customary fishing”.

Fisheries Act de 1996, sección 186, "Normativa relativa a la pesca consuetudinaria".

Fisheries Act de 1996, sección 186 (2) (c) (d) y (e).

Véanse ss 41 y 46 Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (NZ), ss. 41, 46. El agua en el río sigue perteneciendo a la Corona en nombre del público neozelandés. Parte del cauce es propiedad de la Corona.

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